Urbanismo y bancos (y 2)

Debido a mis flojos conocimientos sobre economía, me resulta bastante difícil entender los farragosos mecanismos del funcionamiento bancario (y financiero, en general). No soy desde luego más ignorante que la inmensa mayoría de los ciudadanos, que aceptamos mansamente los dogmas de la religión economicista como los católicos fieles lo que proclama la Iglesia desde su infalibilidad pontificia. Por ejemplo, durante los últimos meses políticos y periodistas (que dudo mucho que entiendan bien de lo que hablan) nos repiten hasta la saciedad que lo prioritario es reducir el déficit, aunque mucho me temo que la comparación simplona con la economía doméstica (gastamos más que lo que ingresamos) no sea precisamente exacta. Tengo pues la molesta y persistente sospecha de que tan complejo barroquismo terminológico y enmarañamiento excesivo de los mecanismos del sistema financiero no son sino ardides perversos para liarnos y dejarnos como víctimas propiciatorias indefensas ante las ávidas fauces de los tiburones capitalistas, difuminados a su vez en ese eufemismo al que llaman "los mercados". De hecho, el motivo de escribir este post es tratar de aclararme yo mismo mínimamente en relación a uno de estos asuntos, con la excusa de que casualmente me está tocando tratar profesionalmente un caso práctico.

Como dije al final del post anterior, las propiedades inmuebles que se han ido quedando (y seguirán quedándose) los bancos se han dado en llamar "activos tóxicos". Son activos, ciertamente (forman parte de los bienes de la entidad) pero bastante incómodos y ajenos a la actividad bancaria. Piénsese que estos inmuebles "sustituyen" a los créditos hipotecarios que había concedido la entidad (a promotores y compradores); ésos sí eran activos propios de la actividad bancaria, que consiste en prestar dinero para ganar un beneficio con la operación. Pero en vez de perras, que es de lo único que saben los bancos, se encuentran con edificios o suelo por valor (contable) de mucho dinero. Y he aquí, en la desmesurada cantidad de dinero, que radica la razón del apelativo. Porque de pronto tienen una proporción excesiva de activos que (salvo que los vendan y no hay tal posibilidad) no generan ningún beneficio y no sólo eso, sino que además reducen su disponibilidad de capital liquido para prestar o invertir (especular, mejor dicho). Es decir, son tóxicos porque envenenan todo el funcionamiento del banco; así que, como con cualquier otro tóxico, lo que hay que hacer es deshacerse lo antes posible de los mismos. Pero eso, claro está, no es nada fácil, por no decir imposible, al menos en el tan loado mercado.

Todavía puedo admitir que las viviendas (u otros inmuebles edificados) puedan ir encontrando salida poco a poco, desde luego a precio menor del que tengan registrado en su contabilidad. No está de más recordar que los bancos fueron cómplices interesados (no diré que los exclusivos culpables, pero sí los principales) de la sobrevaloración de los inmuebles, con su política de crédito fácil y barato y la seguridad de que la vivienda nunca baja de precio. Pues a joderse toca, que quiere decir que habrán de hacer constar en la columna de gastos las correspondientes pérdidas de valor, lo que reducirá sus escandalosos beneficios. Pero, en el caso de los suelos (que recuerdo que representan con mucho la parte más importante del embolado) veo prácticamente imposible su venta, por la sencilla razón de que pasará mucho tiempo antes de que el mercado demande nuevos crecimientos urbanizadores. Por supuesto, muchas entidades, al no lograr deshacerse de sus propiedades inmobiliarias (del suelo, sobre todo) imagino que tenderán a mantener sus valores ficticios en sus balances, de modo que parezca (falsamente) que se mantienen en superávit. Sin embargo, tal ficción no puede prolongarse demasiado a causa de la asfixia que estos tóxicos provocan en su actividad. Además, aún a regañadientes, el Banco de España tiene que ir apretándoles las tuercas para que afloren esas pérdidas del valor de los activos.

De hecho, nuestro Banco Central ya lo hace, exigiendo que cada entidad reserve un porcentaje en líquido del valor contable de los activos que permanecen por más de un año en su propiedad. Creo que por ahora es un 20% y se está hablando de elevar las provisiones a un 30% (a lo cual se resisten nuestros grandes capitostes financieros) e incluso me han contado que, además, se quiere obligar a que se revisen las valoraciones de cada inmueble para irlas ajustando (poco a poco, se entiende) al valor de mercado. Obviamente, este camino no lo pueden recorrer los bancos hasta el final, porque significaría un progresivo y paralelo aumento de las pérdidas y disminución de la actividad para acabar en la quiebra de la mayoría (si no todas) de las entidades financieras de nuestro país. Imagino que, mientras se impone la "solución" (a la que luego me referiré), la estrategia de los bancos (en cómplice connivencia con las autoridades financieras de este país y de nuestra querida Europa) es sencillamente ir ganando tiempo y renunciar lo menos posible a sus sacrosantos beneficios.

Algo así es lo que pretende hacer el banco que me ha encargado que estudie la situación urbanística del sector de suelo urbanizable al que me refería en el post anterior y cuyo valor contable es de 60 milloncejos de euros. Como no tiene aprobado el preceptivo plan parcial temen, con motivo, que en la próxima vuelta de tuerca del Banco de España se les obligue a asignarle un valor muy inferior (estrictamente debería ser el del suelo rústico), lo que implicaría una pérdida considerable en su cuenta de resultados. Así que quieren que se formule y apruebe el Plan Parcial, no porque tengan ninguna intención de urbanizar (¿para qué habrían de gastar dinero cuando no hay ninguna demanda y de haberla tampoco podrían vender al precio que necesitan para que resulte rentable?), sino porque de esa manera pueden argumentar ante el Banco de España que ese suelo vale lo que dicen que vale. Lo "gracioso" es que, si logran aprobar el plan parcial, lo que les convendría es que el Ayuntamiento desclasificase el sector lo antes posible (que es lo que desde una política urbanística racional habría que hacer en muchísimos municipios españoles: devolver al régimen jurídico del suelo rústico tantos sectores de expansión de las periferias urbanas que hoy en día carecen de todo fundamento), porque en ese caso podrían reclamar a la Administración Pública las pertinentes indemnizaciones por pérdida patrimonial (y probablemente ganarían el recurso en los tribunales). No es tal la intención del municipio en cuestión (no descarto que entre otras razones porque sea consciente del riesgo económico en que incurriría), de modo que lo lógico es que para una siguiente vuelta de tuerca del banco de España, que el sector cuente con plan parcial aprobado no les evitará ser obligados a disminuir radicalmente la valoración del mismo. Por lo menos habrán ganado tiempo y, como de estos casos hay multitud, va a resultar que los bancos, que de urbanismo no entienden mucho, se dedicarán a encargar a arquitectos y abogados planes parciales y otros instrumentos de ordenación y gestión sin ninguna intención de ejecutarlos. Al menos, mientras dure este paripé, unos cuantos colegas conseguirán trabajos, sabiendo perfectamente que lo que hacen no valdrá para nada (bueno sí, para dar tiempo a los bancos).

La "solución", que ya han aplicado en Alemania (y supongo que no será el único sitio), es lo que se ha dado en llamar los "bancos malos". Engañifas aparte, consiste en vender al Estado los inmuebles que el mercado no acepta (ni aceptará) a cambio de deuda pública. Eso sí, se nos está diciendo que el Estado los adquiriría por un valor ajustado al del mercado o, lo que es lo mismo, que los bancos habrán de asumir unas pérdidas en sus cuentas de resultados. Las estimaciones que manejan los "expertos" rondan en torno a una rebaja del 40% de los valores contables lo que, visto de un lado, podemos entenderlo como la cuantía del castigo que se impone a las entidades financieras por haber sido tan imprudentes gestores del crédito (menos es nada, dirán los resignados). Sin embargo, lo cierto es que esa rebaja es a todas luces insuficiente. A ojo de buen cubero, estaría dispuesto a darla por buena en lo que se refiere a las viviendas terminadas, pero el suelo habría que bajarlo por término medio al 10%. O sea que, teniendo en cuenta las proporciones que dicen que hay de estos dos tipos de "activos", los 70.000 M€ totales deberían valorarse en unos 15.000. Pero me temo que nuestros bancos no estarán dispuestos a asumir pérdidas de 55.000 millones de euros y mucho menos de casi 100.000 millones si son acertadas las previsiones de evolución de las futuras ejecuciones hipotecarias que se estiman para los dos próximos años. Y también me temo que el nuevo gobierno tampoco estará dispuesto a hacerles esta trastada a los bancos, tan imprescindibles para el saneamiento de nuestra economía.

Pero es que además resulta bastante estrambótico (por no usar otro calificativo) que el Estado se plantee usar la deuda pública con tales fines. Se supone que la deuda pública tiene por finalidad financiar las inversiones del Estado, o sea que ha de cambiarse por dinero contante con el que pagar los gastos. A lo mejor alguno de los expertos que avala la idea tiene en mente pagar a los contratistas que hacen una carretera o un centro de salud con edificios de viviendas o terrenos urbanizables o quizá (mejor todavía) pedir al banco del que han adquirido esos inmuebles una hipoteca con cargo a los mismos. De locos, oiga. Lo que el Estado tendrá necesariamente que hacer es intentar vender esos inmuebles, algo que si los bancos no han logrado menos conseguirá la Administración. Vuelvo a decir que en lo que se refiere a las viviendas acabadas veo ciertas opciones interesantes. Por ejemplo, ya que tendrán bastantes, que las vendan a precios rebajadísimos a quienes realmente las necesiten, lo cual sería una manera solidaria de compensar (en política social de vivienda) los recortes de gastos que no se cansan de anunciar. Y no aumentaría el déficit (el real, porque sí el contable) de las cuentas públicas, pues éste ya lo habrían creado antes al dar deuda pública a cambio de inmuebles sobrevalorados. Pero en lo que se refiere al suelo la cosa seguirá igualmente jodida, con el agravante de que ahora esa carga nos la repartiremos entre todos los españolitos. Aunque se me ocurren también algunas ideas (que no es el momento de exponer) de lo que podría hacer el Estado si pasara a ser propietario de grandes cantidades de suelo en las periferias urbanas. Pero, bajando al suelo, nada de lo que me viene a la cabeza es mínimamente creíble que sea acometido por el nuevo gobierno (tampoco lo habría hecho el saliente).

Acabo ya. Decía al principio del post anterior que no es ninguna tontería pensar que a los españolitos nos tocará comernos el marrón de los embolados inmobiliarios de nuestros bancos y creo que, con lo escrito, hay indicios más que suficientes en tal sentido. ¿Alguno puede no considerar todo este montaje como escandalosamente inmoral? En mi opinión (claro que soy un perfecto ignorante en economía) lo que habría que hacer con los bancos es ... ¡Nada! O sea, que se vayan al carajo, perdón a la quiebra. Y que el único dinero público que se destine a ellos sea para proteger los capitales de los depositarios, bajo ningún concepto los beneficios de los accionistas. Pero no ocurrirá así.

Hacer dinero - Amparanoia (El Poder de Machín, 1997)

Actualización: Mientras me tomaba un cortado esta mañana en un bar, ojeo en el periódico la crónica del discurso de investidura de ayer. Parece que Rajoy anunció que tomaría medidas para que los bancos actualicen sus balances y afloren su patrimonio inmobiliario devaluado, pero sin concretar cómo. En el debate posterior, respondiendo a una pregunta del portavoz de Izquierda Unida, leo que se declaró "no partidario" de crear un banco malo Puesto a ser suspicaces, resulta significativa la elección del término: no es partidario, que no equivale exactamente a que niegue que al final adopte tal decisión (de hecho, Montoro, que se supone que es el que más sabe de economía en el PP, sí es partidario). En fin, ya veremos qué pasa.

Actualización 2: El nuevo ministro de Economía, Luís de Guindos, es un hombre vinculado al sector financiero que fue, entre 2006 y 2008, nada menos que presidente ejecutivo para España y Portugal de Lehman Brothers. A nuestra modesta escala doméstica, parece repetirse la pauta que ya ha seguido Obama en los USA: quienes dirigían los bancos que propiciaron el embolado actual son los que se ponen al frente de la política económica del Estado. Leo en algún periódico que también es partidario del banco malo. Sigan atentos.