Nota previa: Como es sabido referéndum es un latinismo, es decir, una palabra latina incorporada directamente a nuestra lengua y a muchas otras más. El plural de esta palabra en latín es referenda –como el de curriculum es curricula– y así se ha usado en castellano durante mucho tiempo. Sin embargo, la forma correcta en la actualidad es referéndums que a mí se me hace desagradable al oído. Por eso he preferido pluralizar la variante hispana referendo, aunque –reconozco que no demasiado congruentemente– sigo manteniendo el latinismo en singular.
Un referendum entre los romanos era el acto mediante el cual una decisión política de suficiente trascendencia se sometía a consulta popular. La palabra deriva del verbo fero, llevar; es decir, un asunto era referendum cuando debía volver a ser llevado al pueblo, cuando la norma decidida por los representantes políticos debía ser refrendada por los ciudadanos. Este significado original sigue siendo prácticamente el mismo en el español actual; así, según el DRAE, referéndum es el "procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone". La cuestión tiene su importancia porque el artículo 149 de Constitución establece que la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum" es una competencia exclusiva del Estado. Consecuentemente, si la iniciativa del nacionalismo catalán es un referéndum no pueden llevarla a cabo legalmente sin que las Cortes Generales la autoricen; en cambio, si no lo fuera, no requerirían como sostiene Mas de dicha autorización.
Naturalmente, el uso que se hace del lenguaje no es neutral. Así, los que se oponen a esta pretensión catalana la denominan sistemáticamente referéndum (incluyendo, por cierto, la mayoría de los medios de comunicación de ámbito estatal), mientras que quienes la apoyan se cuidan siempre de llamarla consulta. Por ejemplo, ayer mismo nuestra ilustre Soraya, en el cierre de la conferencia política del PP catalán, dijo tajantemente que "ese referéndum está fuera de la ley porque contraviene la ley de leyes, que es la Constitución". Una vez que lo calificas de referéndum la afirmación es incuestionable (siempre que des por supuesto que las Cortes Generales no lo van a autorizar); en cambio, la frase sería muy discutible si hubiera dicho que esa consulta está fuera de la ley. Pero, lo que quiere convocar Mas, ¿es un referéndum o una consulta que no debe calificarse como referéndum? He ahí la cuestión; cuestión sobre la que apenas he oído debates serios en las tertulias de altas audiencias (lo cual no debe extrañar, pues es la tónica habitual de este país nuestro).
La Constitución, por supuesto, no define qué es un referéndum. Para saber qué significa una palabra basta ir al diccionario, pensarían sus señorías. Eso sí, deja claro que se trata de una consulta popular (lo cual nadie pone en duda), un tipo específico de consulta popular que requiere autorización del Estado, ergo el resto de consultas populares en principio no la requerirían. La Carta Magna prevé además hasta tres modalidades de referendos: las decisiones políticas de especial trascendencia que podrán ser sometidas a referéndum consultivo (artículo 92), las reformas o revisión de la Constitución aprobadas por las Cortes que se someterán a referéndum para su ratificación (artículo 167), y la promulgación o modificación de un Estatuto de Autonomía que también han de ser ratificadas mediante referéndum (artículos 151 y 152). Ha de notarse que estas tres modalidades presuponen la existencia de una decisión política previa, sea o no un proyecto de ley. Es decir, los referendos que contempla la Constitución (y cabe suponer que los que no contempla expresamente no son referendos) encajan perfectamente en la definición que para esta palabra aporta el DRAE. Así las cosas, uno diría que cuando se consulta a la ciudadanía sobre cualquier cuestión sobre la que todavía no ha habido ninguna decisión política (justamente para, a la vista del resultado de la consulta, adoptar una u otra decisión) no estamos ante un referendum. Que yo sepa, ningún órgano político catalán (ni ejecutivo ni legislativo) ha adoptado ninguna decisión en cuanto a propiciar que Cataluña sea un Estado independiente (las decisiones políticas requieren plasmarse en actos jurídicos debidamente promulgados; no valen como tales las declaraciones de partidos políticos, por ejemplo). Por tanto, en mi opinión, la consulta catalana no se ajusta a la definición de referéndum en nuestro idioma ni tampoco encaja en ninguna de las modalidades que prevé la Constitución. En suma, en contra de lo que no se cansan de repetir todos los partidos "constitucionalistas" (las comillas son irónicas) su convocatoria sin autorización previa del Estado no está, a mi juicio, prohibida por la Constitución.
Mi opinión, sin embargo, no vale de nada a efectos prácticos; que la iniciativa de Mas sea o no constitucional lo tiene que decidir el Tribunal Constitucional y éste sólo lo hará cuando se le plantee un recurso de inconstitucionalidad sobre algún acto jurídico concreto. Una vez que tienen claro que las Cortes no autorizarían la consulta que pretende, la estrategia del gobierno catalán pasa por aprobar en el Parlament una Ley de consultas populares no refrendarias y participación ciudadana que –se supone– les daría cobertura jurídica. El Gobierno del Estado, por su parte, ha anunciado que, en cuanto dicha Ley se apruebe, presentarían recurso de inconstitucionalidad y la mera admisión a trámite del recurso por el Tribunal implica la suspensión de la Ley hasta la sentencia. Se pretende que el Parlament apruebe la Ley en octubre (ya cuenta con dictamen favorable del Consell de Garanties Estatutàries), de modo que esté en vigor con tiempo suficiente para que el Gobierno catalán promulgue la orden mediante la que se convoca la consulta anunciada para el día 9 de noviembre. Así pues, si no hay sorpresas y ninguna de las partes se baja de sus respectivos burros, cabe esperar que en la segunda quincena de octubre el ejecutivo de Rajoy presente su recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal suspenda la Ley catalana (lo cual no permite adelantar que la declare posteriormente inconstitucional) y Convergencia y sus socios se encuentren con la papa caliente sobre su mesa. ¿Qué harán? ¿Tensar la cuerda y convocar la consulta de forma entonces sí manifiestamente ilegal? Pese a las bravuconerías de algunos y llamadas a la "desobediencia civil", apuesto a que no. No casa con su estilo, ni les conviene, situarse al margen de marco jurídico; ello tendría consecuencias nefastas para la imagen del gobierno catalán en toda Europa, sin necesidad de hacer mención a que pondría al gobierno central en la tesitura de tomar alguna medida al amparo del artículo 155 CE ("Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general").
Ahora bien, que se suspenda la futura Ley catalana y no celebre la consulta el próximo 9 de noviembre (escenario que parece el más probable), no significa en absoluto que el problema se haya resuelto. Se trata sólo de un aplazamiento hasta que el Constitucional emita sentencia y, sin elucubrar ahora sobre cuál podrá ser el sentido del fallo (a ello dedicaré el siguiente post), lo cierto es que más que favorecer al Gobierno, la previsible sucesión de acontecimientos me parece a mí que reforzará las posturas soberanistas catalanas. De hecho, tengo la impresión de que el equipo de Rajoy no está nada cómodo con los movimientos que le obliga a hacer Mas y me atrevería a decir que la iniciativa en esta absurda (para mí, claro) partida la está llevando claramente el gobierno catalán. La suspensión de la Ley le dará a Convergencia el argumento para, alegando "responsabilidad política" y "respeto al marco legal democrático" eludir por el momento el marrón en que se ha metido y, al mismo tiempo, potenciar el sentimiento de colectividad agraviada. Para cuando falle el Constitucional mucho me temo que, con consulta o sin ella, las encuestas reflejarán un incremento de la voluntad independentista de los catalanes. Y –no nos engañemos– la consolidación en el tiempo de una voluntad secesionista de la mayoría de habitantes de un territorio es incompatible, por muchas leyes que haya, con su permanencia en el Estado del cual quieren segregarse.
Vengo de pasar varios días en Gerona (en “Girona”, como dicen ahora unos y otros con posibilismo de corrección política gramaticalmente incorrecto, porque es como si hablando castellano digo o escribo que antes llegué, como es el caso, de France, y aún antes de London en England). Llegué sin prejuicios, Gerona es una ciudad preciosa y Cataluña un país al que siempre admiré. Juro que me faltó oxigeno entre tanta estelada y cuatribarrada (señera o senyera en catalán) aragonesa. Es como si al llegar a Madrid me hubiera encontrado enseñas españolas en cada balcón y esquina. Lo que más me apenó, porque demuestra que esto es resultado de una larga labor de zapa, de cerrar horizontes y levantar fronteras, no de abrir caminos ni tender puentes y reivindicar ciudadanías, siempre universales, es el escaparate de una librería en el casco antiguo donde se destacaba un hermosamente editado libro infantil titulado 'L’ Abecedari de la Independència’. ¿Y qué tal ‘La unidad de España para niños’? Para mí igual de manipulador y repugnante. Se cierran horizontes, se abren para cerrarlos los pequeños corrales.
ResponderEliminarEn el Diario de Sevilla, hace ya unos meses que en los pasatiempos me encuentro definiciones como "Dinamarca e Islandia tuvieron uno en 1918" o "En los países civilizados es posible hacerlos para hablar del territorio del estado". No sé si en algunos partidos políticos se comprendería la ironía.
ResponderEliminarEl artículo 92.1 no habla para nada de decisiones políticas "previas". La decisión a la que se refiere puede ser perfectamente posterior a la consulta
ResponderEliminarLansky: Totalmente de acuerdo con tu comentario. No obstante, el objeto de este post (y lo que quiero escribir a continuación) no es tanto insistir en la murga del nacionalismo sino aclararme sobre la legalidad de la estrategia catalana y poner de manifiesto otro ejemplo de la hipocresía de los políticos (de ambos lados) y de la preversión con que manipulan el lenguaje.
ResponderEliminarOzanu: ¿En el Diario de Sevilla? ¿Está financiado por Esquerra?
Jesús: El artículo 92.1 reza: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". Quizá me expresé mal, pero parece que lo que se somete a referendum es una decisión política que, aunque no esté adoptada jurídicamente, es previa a la consulta. En todo caso, volveré sobre el asunto en el siguiente post, teniendo en cuenta tu advertencia.
Hipocresía por ambos lados, bien lo dices, Miroslav. No olvidemos que ambos son nacionalismos enfrentados, no civismos o ciudadanías.
ResponderEliminarDisiento parcialmente de Lansky. Damos por sentado con demasiada frecuencia que todo lo que se oponga activamente a los nacionalismos catalán o vasco es siempre un nacionalismo español, y que quienes no padecemos de nacionalismo alguno, por tanto, debemos limitarnos a mirar, con reprobatorio desprecio, cómo se atacan mutuamente los enajenados de bandos opuestos, como el adulto razonable que ve pelear a niños malcriados por un juguete que a él no le importa.
ResponderEliminarPero es posible, y yo creo que necesario, oponerse a las pretensiones secesionistas de esta gente sin necesidad de ser nacionalista español, ni nada parecido. Simplemente en nombre del civismo, la legalidad y la democracia. No necesito defender ninguna idea rancia ni trasnochada de España para defender algo que sí me importa: la existencia y la unidad del Estado español realmente existente, tal y como ahora es por decisión de los ciudadanos que lo constituyen; que, todo lo perfeccionable que se quiera, me parece útil y de conservación muy conveniente para esos ciudadanos, todos, incluidos los catalanes y los vascos -especialmente la sufrida, silenciada y acojonada parte de ellos que no son nacionalistas-.
Pues yo disiento de tu disensión, Vanbrugh, porque no se basa en la mía. Yo opongo a ambos nacionalismos mi ‘no nacionalismo’, y creía haberlo dejado claro en ese y en otros comentarios antiguos, pero Miroslav está hablando, opino, de 'políticas' por llamarlas algo, del gobierno catalán y el español que sí, representan ambas un nacionalismo enfrentado al otro, uno centrífugo claramente, el otro integracionista o centrípeto. Y yo detesto ambos
ResponderEliminar"Damos por sentado con demasiada frecuencia que todo lo que se oponga activamente a los nacionalismos catalán o vasco es siempre un nacionalismo español", dice Vanbrugh para supuestamente disentir, siquiera parcalmente, de mí. Releo mi comentario supra y francamente, no sé donde, de qué "entre líneas" ha podido sacar semejante conclusión de mi comentario.
ResponderEliminarEn el post que acabo de colgar abundo en eso.
Pues ignoro si el Diario de Sevilla está financiado por movimientos independentistas de cualquier estilo, o el autor de los crucigramas en un idealista que cree a pies juntillas que el mejor maestro es el Hermano Ejemplo.
ResponderEliminarDije que disentía parcialmente de ti, Lansky, porque dabas por sentado que quienes se oponen al referendum, o lo que sea, de los nacionalistas catalanes, han de ser a su vez nacionalistas españoles. "No olvidemos que ambos son nacionalismos enfrentados...", dices. Y yo no creo ni que hayan de serlo para no estar de acuerdo con la consulta y lo que persigue, ni que de hecho lo sean.
ResponderEliminarNo tengo, como comprenderás, la menor simpatía por el PP ni por el Gobierno Rajoy, pero para que me caigan gordos no necesito creer que sean nacionalistas españoles. Me parece, como te digo, que no son nada parecido a eso. Lo poco y tonto que está fingiendo hacer Rajoy frente a las maniobras nacionalistas no se basa que yo sepa, ni expresa ni tácitamente, en ningún argumento que se pueda considerar nacionalista. Y lo que a mí me gustaría que hiciera, tampoco.
Hablaré ás clarito. A mí me da igual la integridad de España o su presunta disgregación, lo que me importa es la justicia y la igualdad (de trato, de oportunidades y prestaciones) entre los ciudadanos de sus fronteras "actuales". Ese no es el argumento del gobierno de Rajoy sino la puñetera integridad de una nación (qué coño es eso) frente a las aspiraciones de separación de otra dentro de aquella. Ambas posturas me parecen nacionalistas y enfrentadas a mi concepción de la ciudadanía por encima de 'vogel' y patrias, territorios y otras zarandajas. LO que jamás he dicho, y no lo pongas en mi boca, es que quién se opone a un nacionalismo es otro tipo de nacionalismo. Yo me opongo a ambos.
ResponderEliminarIndefectiblemente, la lucha contra el poder acaba en Poder, (digo yo.)
ResponderEliminar"Las lenguas tienen dos enemigos, los que las persiguen y los que las imponen", (dice F. Savater.)
Seré clarito yo también: a mí no puede darme igual la desintegración de España, precisamente porque creo que, tal y como ahora es, es la garantía y la condición para la convivencia civilizada de los actuales españoles, convivencia que incluye lo más parecido a igualdad de trato, oportunidades y prestaciones que hemos logrado nunca alcanzar. (Y, además, porque su desparición por la voluntad de solo parte de sus ciudadanos atentaría directamente contra esa igualdad de trato: como ciudadano español, tengo derecho a decidir sobre la suerte de España tal y como ahora es). Y me da igual si este argumento le suena a alguien a nacionalismo españolista. No lo es, pero si lo fuera ¿quién ha dicho que el nacionalismo españolista deba ser menos legítimo y defendible que los nacionalismos catalanistas o vasquistas, que todos, hasta la izquierda más radical, han dado misteriosamente en respetar mientras execran cualquier atisbo de españolismo?
ResponderEliminarLansky y Vanbrugh: Llego tarde a esta enésima discusión vuestra que, como suele ocurrir, me da la impresión de que mucho tiene de terminológica. En realidad creo (a viejos posts me remito) que los tres (me incluyo) estamos más o menos de acuerdo en nuestro rechazo a los nacionalismos, entendiendo este término como la convicción de que existe algo llamado nación que tiene importancia per se y que incluso puede sobreponerse a los individuos. Lansky dijo que "ambos" son nacionalismos enfrentados y ese "ambos" enlazaba con la misma palabra que había usado yo en el comentario anterior que me contestaba para referirme a los dos lados enfrentados. Y coincido con Lansky en que esos dos lados son ambos nacionalistas. De lo cual no se sigue que –como a mi juicio erróneamente afirma Vanbrugh– que Lansky, con esa frase (que, insisto, enlazaba con la mía previa) "diera por sentado" que todos los que se oponen a un nacionalismo catalán o vasco sea siempre un nacionalista español (ni la de que todo el que se opone a un nacionalismo español sea un nacionalista "regional"). No, Lansky decía que los dos a los que yo había aludido eran ambos nacionalistas (enfrentados), lo cual es compatible con que pueda haber otros ciudadanos que se opongan a la consulta catalana sin tener que ser nacionalistas españoles. Es decir, tiene para mí razón Lansky cuando afirma que con lo que Vanbrugh dice disentir (parcialmente) no es algo que él haya dicho ni que se siga de lo que él ha dicho.
ResponderEliminarPero después de ese equívoco entráis en otro asunto que me parece más enjundioso. Dice Lansky que a él le da igual la integridad de España porque lo que le importa es la justicia e igualdad de los ciudadanos dentro de sus fronteras actuales (y yo añadiría que también de las de fuera). Ante esa afirmación, Vanbrugh sin disentir explícitamente parece hacerlo para decir que a él no le da igual la desintegración de España precisamente porque cree que esa unidad del Estado actual es la garantía y condición para la justicia e igualdad de sus actuales ciudadanos. En realidad, vuelvo a no ver contradicción. Si la premisa para que haya igualdad y justicia es la integridad de España, entonces Lansky dirá, como Vanbrugh, que sí le importa dicha integridad. Pero sólo porque es necesaria para que exista lo que le importa, porque la integridad en sí misma, como valor ahora sí nacionalista, no le importa en absoluto. Y añado que comparto casi al 100% esa posición de Lansky (no completamente porque admito que me quedan unos resabios emotivos hacia esa cosa inventada que llamamos España, aunque la mía diste mucho de la que presentan los "nacionalistas españoles"). Es decir, que oponerse a la desintegración de España por las razones que esgrime Vanbrugh no es en absoluto una posición nacionalista.
Cuestión distinta es que la premisa de Vanbrugh sea cierta, algo que personalmente no tengo nada claro. ¿Empeoraría el nivel de igualdad y justicia de los actuales ciudadanos españoles si éstos se dividen en dos Estados? No lo sé y estaría bien que se argumentase y, de hecho, coincido con Vanbrugh que en esa línea argumentativa es en la que me gustaría que se basara la estrategia del gobierno central y de la Generalitat, sin recurrir (ninguno) a las llamadas a esa emotividad inducida de la identidad colectiva o a esa ficción absurda de los derechos de los pueblos. Pero, insisto, no sé si es verdad eso que cree Vanbrugh y, ante la ausencia de argumentario, mantengo la prevención de que no sea sino un apriori que, en tal caso, estaría justificando tramposamente una nacionalismo de partida (es decir: la integridad del Estado actual es buena y, consiguientemente, hay más justicia e igualdad que si se desintegrara).
Los estados son -donde lo son- los únicos garantes de los derechos de los ciudadanos. Donde no lo son ellos, no lo es nadie. De momento no se ha inventado ninguna otra institución con vocación, ni medios, de actuar como actúan los estados democráticos que, peor o mejor, tratan de garantizar la igualdad de trato, oportunidades y prestaciones entre sus ciudadanos.
ResponderEliminarSiendo optimista, podría pensar que un futuro estado catalán tomaría el relevo del español en esa tarea, y que por lo tanto la secesión no supondría ningún menoscabo para lo que a Lansky, a ti y a mí nos importa, que son los derechos de los ciudadanos.
No hay absolutamente ningún motivo, en mi opinión, para ese optimismo. Persisitir en él es, a mi juicio, ceguera voluntaria. Ya ahora mismo el nacionalismo se ejerce en contra de los derechos de muchos ciudadanos, y a favor de los de ninguno. El deseo de independencia no tiene sus raices en ninguna opresión ni carencia que sufran actualmente los catalanes dentro del estado español y que un futuro estado catalán se proponga corregir: se basa en entelequias necias, referidas a entelequias necias, en identidades colectivas, en derechos de figuras vaporosas e inexistentes, (el pueblo, la lengua, la historia -falseada-...) en nada, en resumen, que afecte a cada ciudadano real más que para peor. No solo no tengo, yo ni nadie, ningún motivo para creer que los ciudadanos de un posible estado catalán tendrán más y mejores derechos que los que ahora tienen como ciudadanos del estado español, sino que los tengo de sobra para pensar que tendrán menos y peores. Ya solo por eso defendería la actual situación del estado español en contra de cualquier cambio que pudiera pretender protagonizar cualquier nacionalismo periférico
Pero es que, además, entre mis actuales derechos de ciudadano español está el de decidir cómo se organiza, o desorganiza, el estado de que formo parte. Es un derecho del que gozo y del que pretenden privarme. Creo tener tanto derecho como un barcelonés a decidir si Cataluña debe o no separarse del resto de España, y no estoy dispuesto a renunciar a él porque le dé la gana a Artur Mas. Ni a ocho millones de Artures Mases. Si ha de haber consulta sobre el asunto, debe haberla en toda España. Si no la hay en toda España, no la debe haber en ninguna parte. Esa, en cualquier caso, es mi opinión sobre el asunto. Si a alguien puede parecerle que es la opinión de un nacionalista español, lo cierto es que me la suda.
Estoy de acuerdo en que no hay ningún motivo claro para esperar que un futuro estado catalán mantenga el mismo nivel en lo que se refiere al mantenimiento de los derechos de los ciudadanos que el que ofrece actualmente el español. Sin embargo, tampoco creo que quepa esperar que estos derechos empeoren. Cuando dices que ya los gobiernos nacionalistas ejercen su actividad en contra de los derechos de muchos ciudadanos (se me ocurre sólo el tema de la lengua) creo que haces una apreciación sesgada desde una concepción apriorística, pero sería un asunto para discutirlo despacio. En todo caso, la conflictividad de esa cuestión está instrumentada desde ambos lados en función justamente de si son o no una nación, con lo cual cabría esperar que se suavizara mucho si Cataluña fuera un estado, ya que entonces no requería ser activada.
ResponderEliminarEl nacionalismo, a mi juicio, no nace de las entelequias a que te refieres. Estas no son sino los medios que utilizan quienes lo fomentan para avivar los sentimientos casi instintivos de los paisanos (los tribales) a fin de convencerlos de la existencia de una nación a la que pertenecen con la finalidad de crearse su propio ámbito de poder. Cualquier cosa vale para este objetivo, que no es otro que justificar que esos ciudadanos tienen una identidad común entre sí y unas diferencias comunes respecto de los que no son de la misma nación. Pero estas maniobras ideológicas las han hecho y las siguen haciendo todos los estados (incluyendo muy especialmente el falseamiento de la historia) porque saben que –lamentablemente– si no logran que los ciudadanos interioricen esa ficción de la identidad colectiva, corren el riesgo de que se desmorone el propio estado. Algo de eso, creo, está ocurriendo en España.
Para mí, el verdadero origen de las carencias en cuanto a la igualdad y justicia no están tanto en el nacionalismo sino en el sistema político-económico que se ha consolidado. Los diferenciales (a mejor o, como tú sostienes, a peor) que puede suponer sobre ese marco un gobierno con ideología más explícitamente nacionalista (porque, insisto, todos son nacionalistas) me parecen meros matices, con escasa incidencia real en ese nivel de los derechos cuya mejora defendemos Lansky, tú y yo. Lo que sí logra el discurso más explícitamente nacionalista es distraer la atención de los ciudadanos del deterioro de sus derechos (no debido al nacionalismo), tal como se ve en Cataluña.
Por último, mucho habría que discutir si ese pretendido derecho que como españoles tenemos, según tú, a decidir cómo se organiza o desorganiza el Estado es real (pero, en fin, esa discusión podría extenderse a casi todos los "derechos"). En todo caso, de momento el gobierno catalán no lo cuestiona al menos en sus actos formales (jurídicos, si quieres), ya que hasta ahora siempre han dicho que a una eventual independencia habría de llegarse siempre dentro de la legalidad, lo que necesariamente supone la reforma de la Constitución y, consiguientemente, que tú votes en el correspondiente referéndum. De hecho, la consulta que pretenden tiene por único objeto que los ciudadanos catalanes se manifiesten sobre si quieren ser independientes, sin que un hipotético resultado mayoritario en ese sentido exima de que para que tal voluntad de una parte de del Estado requiera ser corroborada por la totalidad. Por supuesto que todo esto forma parte de una estrategia hipócrita pero has de ser estricto. La consulta no es para que los catalanes decidan si quieren separarse o no del resto de España, sino para que digan si quieren o no hacerlo, porque obviamente no pueden decidirlo. Me parecería exagerado pretender que no se puede preguntar a un colectivo si quieren separarse de un Estado sin que se pregunte a la vez a todos los demás ciudadanos.
El "pretendido derecho" a decidir cómo se organiza el estado será más o menos 'pretendido', como tantos otros, pero no lo tenemos "según yo". (De momento, lamentablemente, mi opinión no crea derecho). Lo tenemos, claro, según la Constitución vigente. Si tengo que padecerla para lo que no me gusta -monarquía, estado autonómico- espero al menos que sirva para ampararme en lo que sí.
ResponderEliminarMe parece perfectamente necio, rozando lo criminal -esto es, típicamente nacionalista- montar el guirigay mayúsculo, con el no menos mayúsculo coste que conlleva, de una consulta popular con el único objeto de que los ciudadanos catalanes se manifiesten sobre si quieren ser independientes, sin la posibilidad de ninguna consecuencia práctica -que, efectivamente, la ley no contempla para una farsa del tipo de la que quieren montar Mas y sus más o menos amistosos secuaces-. Para eso no se hacen consultas populares, llámeseles o no referendos. Como mucho, se encargan encuestas. En los paises civilizados, quiero decir. Esto es, en los paises en los que la actividad del gobierno NO se guía por criterios nacionalistas, y, por tanto, tiene otros propósitos que el de fomentar y utilizar las más imbéciles pulsiones de lo más rudimentario de los ciudadanos. (Estoy hablando de Cataluña, no del resto de España). Insisto en que, por mal me caigan Rajoy y el PP, comparar su posible nacionalismo español con el nacionalismo catalán o vasco es como comparar a la señora que roba en el super con Al Capone.
El cómo se organiza el Estado lo establece (en su estructura más general) la Constitución y, en efecto, la aprobación de la Constitución, así como las reformas de la misma que atañen a la organización del Estado, las corroboramos mediante votación los españoles. Así que sí, si entendemos que eso es decidir cómo se organiza el Estado, ciertamente te doy la razón y es la Constitución vigente la que nos otorga ese derecho.
ResponderEliminarDe otra parte, también podría estar de acuerdo contigo en la valoración sobre el guirigay mayúsculo que monta Mas y sus secuaces con el único objeto de que los catalanes se manifiesten sobre si quieren ser independientes sin que el resultado de la consulta tenga ningún efecto jurídico (porque práctico en el orden político es obvio que sí tiene). Pero no es esa la cuestión, sino si es legítimo hacer esa consulta (sobre ello irá un siguiente post). O, para atenerme a tu anterior objeción: si tu derecho como español a decidir si Cataluña ha de separarse del resto del Estado es conculcado al preguntar a los catalanes su opinión al respecto.
Por último, no comparo la intensidad de las prácticas nacionalistas entre el gobierno central y el catalán (o vasco), y menos en la actualidad. Lo único que dije es que todo Estado (o entidad que pretende constituirse como Estado) fomenta el nacionalismo porque necesita para autolegitimar su existencia que sus ciudadanos sientan esa "pertenencia a una comunidad imaginada". Naturalmente, las estrategias y formas del nacionalismo dependen y varían según la situación del ente que se quiere sostener y las circunstancias históricas. Te recomiendo encarecidamente un libraco reciente que, a mi juicio, es el mejor repaso que se ha hecho sobre el asunto. "Historia de la nación y del nacionalismo español" (Varios autores, Galaxia Gutenberg, 2013).
Todo Estado precisa de una nación, en efecto, y a la inversa, toda nación aspira a y pretende ser o tener un estado. Thackeray, en la Feria de las vanidades, lo decía de la sociedad de consumo, entonces naciente: "la gente necesita una cosa, por consiguiente se le suministra; o bien, a la gente se la suministra una cosa y, por consiguiente, la termina necesitando". No se trata sólo de crear necesidades (2ª parte de la frase de Thackeray), crear, digamos la demanda para dar salida a la oferta, sino que los nacionalismos están incursos en esa segunda parte de creación de la demanda, y los Estados más bien en la primera
ResponderEliminarNo estoy de acuerdo en que todo estado necesite una nación. No creo que nadie necesite para nada una nación, excepto algunos políticos locales listillos para enmascarar tras ella sus particulares trinques, y algunos individuos inmaduros para sumergir en ella sus frustraciones personales. Lo que los estados necesitan son ciudadanos, que estos pertenezcan a una nación, o a varias, o a ninguna, al estado, en principio, debería darle igual. Pero como en la práctica los estados existentes disponen todos ellos al menos de una nación, y algunos hasta de varias, que la necesiten o no no es cuestión relevante.
ResponderEliminarTampoco creo que las naciones necesiten estados. Quienes de momento, y en tanto la convivencia no se organice de otro modo, necesitamos algo que cumpla las funciones útiles que actualmente cumplen los estados (los que las cumplen, digo), somos las personas. Pero las naciones lo que mayormente necesitarían es dejar de existir o, al menos, dejar de tocar las narices. Las que no lo tienen dicen necesitar un estado porque, inútiles del todo como son -o peor, dañinas- con algo tienen que justificar el griterío colectivo que, en último término, constituye su esencia y su principal manifestación.
Vanbrugh, dices: ”Lo que los estados necesitan son ciudadanos, que estos pertenezcan a una nación, o a varias, o a ninguna, al estado, en principio, debería darle igual” Podría estar en absoluto acuerdo con eso, pero…eso es utópico, en el sentido etimológico: sin sitio. Tú mismo lo aclaras cuando añades: “en la práctica los estados existentes disponen todos ellos al menos de una nación, y algunos hasta de varias, que la necesiten o no no es cuestión relevante.”. Apelo a tu consabida honestidad intelectual: ¿no ves la contradicción? No estamos hablando de topología (matemáticas), sino de topografía sentimental, emociones mezcladas con asuntos prácticos, ¿tú sabes separarlas, manejar ciudadanos impecables sin emociones nacionalistas, patrioteras o como las quieras llamar? ¿Por qué, te pregunto, aparte de herencias históricas del XIX como mínimo, todos los estados disponen al menos de una nación…? Tachán…¿No es una cuestión relevante? Eso qué es ¿un decreto tuyo que no se corresponde con el empirismo de la realidad geopolítica?
ResponderEliminarNo, no veo la contradicción, Lansky. Imagino que todos los estados existentes tienen al menos una nación detrás por razones históricas, porque las naciones son anteriores a los estados, que se han formdo, en general, a partir de ellas. No puedes descartar este innegable dato con la frase "aparte de herencias históricas". Las herencias históricas son determinantes, aquí. Ha sucedido así porque tenía que suceder de algún modo, pero eso no me demuestra que los estados necesiten para nada a las naciones. Una vez alcanzado el estado, que creo un paso posterior a la nación y mejor que ella, esta me parece perfectamente superflua.
ResponderEliminarNo es un decreto mío, claro, es una opinión. No sé qué manía os ha dado de pensar que tener opiniones sea lo mismo que promulgar decretos. Eso qué es ¿un decreto vuestro?
"No sé qué manía os ha dado de pensar que tener opiniones sea lo mismo que promulgar decretos"
ResponderEliminar¿Qué tienes tú contra algunos decretos? Mi primer decreto: decreto que no se me incluya en plurales en los que no me he integrado voluntaria y conscientemente
Lansky y Vanbrugh: En el plano teórico estaría de acuerdo con Vanbrugh en que un Estado no necesita "necesariamente" una nación. Sin embargo, coincido con Lansky en que ese enunciado es utópico y -añado yo– ahistorico. Como ya comenté previamente, los Estados para autolegitimarse necesitan que sus ciudadanos tengan un sentimiento de pertenencia común (la famosa identidad colectiva), a modo de pegamento que los cohesione (o grumo, si prefieres). Durante toda la Edad Moderna –a medida que se iba cuestionando el derecho divino de los monarcas– iba tomando cuerpo como alternativa para este fin el concepto de nación. Aunque hay de todo en la viña del señor, soy muy escéptico en cuanto a la tesis de que las naciones son previas a los Estados; me atrevo a decir que en la mayoría de los casos, las naciones se las inventan los Estados, y con el invento abren la caja de Pandora (porque quienes quieran ser Estado –siempre para mangonear desde el Poder– buscarán argumentos para crear la correspondiente nación oprimida cuya existencia es previa al Estado que la oprime). Es decir, que estoy de acuerdo contigo en que toda nación (salvo contadísimas excepciones que tendrán una explicación específica) aspira a ser un Estado o, para ser más exactos, en toda nación (una vez que alguien la define como tal) habrá necesariamente personas que pretendan constituirla en Estado.
ResponderEliminarLo fantástico sería que el Estado no necesitara de esas identidades colectivas (como la nacionalista) para legitimarse, que bastara con que fuera la institución que garantiza la convivencia de sus ciudadanos. Pero esos Estados utópicos, aunque deseables, no parece que existan, probablemente porque, como bien apunta Lansky, se trata de cuestiones de sentimientos y parece que los humanos "necesitan" identificarse emocionalmente como miembros de un colectivo (residuos evolutivos tal vez). Ojalá fuera posible superar esa dependencia, pero de momento intuyo que estamos bastante lejos de ello (aunque algo hemos avanzado).
Y para acabar abundo en el último comentario de Lansky acerca de tu frase "no sé que manía os ha dado de pensar que tener opiniones sea lo mismo que promulgar decretos". ¿A cuento de qué viene el plural cuando estás contestando a Lansky? ¿He de darme por aludido, por incluido en ese plural? Si es así, disiento, porque no recuerdo que haya calificado una opinión tuya como decreto.