Cultivar sí, pero solidariamente

En esta sociedad que nos ha tocado vivir casi todo está profusamente regulado, tanto que antes de llevar a cabo cualquier acción, incluso una que creamos absolutamente inocua, deberíamos asegurarnos de que lo hacemos en cumplimiento de la normativa correspondiente. Por no atenerme a este prudente consejo he tenido que pagar una cuantiosa multa amén de soportar la indignada regañina de un funcionario que, durante casi dos horas de suplicio, me afeaba mi conducta insolidaria. Pero déjenme que relate lo sucedido a modo de contrita confesión extemporánea (la penitencia ya me ha sido impuesta).

La anécdota data del pasado sábado y ocurrió en nuestra finquita de la medianía tinerfeña. Allí estábamos tan relajados: K arrancando malas hierbas del bancal de la huerta y yo limpiando las cacas del gallinero (mira que son sucias las jodidas). En eso, los perros empiezan a ladrar, como hacen siempre que ocurre la más nimia cosa que rompa la rutinaria tranquilidad de ese entorno. Por la serventía que nos da acceso –un estrecho sendero de tierra que baja desde la carretera general– aparece una pequeña furgoneta en cuyo lateral llevaba el rótulo y anagrama del Ministerio de Agricultura. Se detiene junto a la cancela y se apea un tipo con un pequeño maletín de herramientas en una mano y una pad en la otra. Buenos días, nos dice, ¿son ustedes los propietarios de esta finca? Y sin esperar nuestra respuesta, como si tuviera todo el derecho del mundo, empuja la puerta y entra: soy funcionario del Ministerio y vengo a inspeccionar sus producciones agropecuarias.

Acto seguido nos requirió el carné de productor agrario que, según dijo ante nuestras caras de pasmados, nos lo deberían haber entregado tras darnos de alta en el censo del Ministerio. Es que no sabíamos que había que apuntarse en ningún censo, dije yo. Pues es la primera condición, imprescindible para poder cuantificar las producciones y evaluar la incidencia en el sistema alimentario. Entonces pasó a explicarnos, muy didácticamente, la verdad, que, debido al incuestionable interés público de garantizar el suministro alimenticio a la población, el Estado tenía el deber de garantizar el correcto funcionamiento del mercado, aunque los operadores de éste fueran privados. Naturalmente, si bien hay libertad económica, quienes garantizan la producción y distribución de alimentos en las ingentes cantidades que se necesitan para el consumo ciudadano son las grandes empresas del sector y, por tanto, la viabilidad económica de las mismas debe ser protegida por el Estado a fin de evitar quiebras que podrían suponer desabastecimientos alimentarios.

Ustedes, por ejemplo, nos dijo el funcionario, llevan un tiempo cultivando legumbres y hortalizas; también veo que tienen cuatro gallinas ponedoras. Así que han dejado de comprar huevos, tomates, lechugas, brócolis, zanahorias, judías, calabazas, pimientos, cebollas, ajos, papas, maíz, fresas y algunos artículos más; es decir, han reducido la demanda del sistema alimentario y, consiguientemente, contribuido al riesgo de inviabilidad económica. Imagínense que un número importante de los consumidores decidiera cultivar sus propios alimentos; las grandes empresas que se dedican a la producción y comercialización masiva de ellos quebrarían, con las graves consecuencias de carestía para esa otra parte de la población que no tiene huertas. O, si no, cuando menos se verían obligadas a elevar los precios para cubrir las pérdidas derivadas de la caída de la demanda. Como pueden ver, optar por el cultivo de los propios alimentos no es una decisión inofensiva sino que, por el contrario, pone en riesgo el abastecimiento del conjunto de la población.

Por estos motivos, continuó el inspector, el Gobierno aprobó un decreto en el que se regula la producción agropecuaria para autoconsumo, definiendo con claridad las obligaciones de quienes se dedican a ella. No se trata, se apresuró a justificar, de prohibirla; al contrario, cultivar los propios alimentos es recomendable desde muchos puntos de vista. Sin embargo, por solidaridad con el bien común, han de contribuir mediante un canon a la sostenibilidad del sistema alimentario global. La cuantía de lo que han de pagar tiene una parte fija y otra variable, ésta en función de la extensión de tierra en cultivo. Tengan en cuenta que la reducción de la demanda que ustedes provocan es directamente proporcional a la cantidad de producción. Claro que para eso tendrían que haberse dado de alta en el censo y, como no lo han hecho, he de sancionarles. Yo les dejo los formularios de alta y la notificación; en el plazo de una semana han de acercarse a la Delegación a entregarlos y abonar la multa. Y ahora, si no les importa acompañarme, he de medir y registrar su capacidad productiva.

Así que, durante más de una hora, hubimos de recorrer los terrenos mientras el hombre nos hacía preguntas, tiraba la cinta métrica e iba apuntando en su tableta. Al final tuvo el detalle –dijo que no debería hacerlo– de calcularnos aproximadamente la cuantía del canon que nos correspondía. Enseguida hice una estimación aproximada de lo que nos habíamos ahorrado durante los meses que llevamos sin comprar vegetales y huevos y comprobé que prácticamente era la misma cantidad que habíamos de pagar. Bueno, contestó el funcionario cuando se lo hice notar, es lógico; de esta manera se mantiene la aportación que les corresponde al sistema alimentario. Pero entonces, objeté, el cultivo de los alimentos propios no compensa económicamente. Visto desde una óptica individual, la de ustedes, puede entenderse así; pero las conclusiones son muy distintas si se contempla bajo una perspectiva de conjunto. Además, supongo que la motivación para cultivar su huerta y cuidar a sus gallinas no es económica, ¿verdad? Y con una leve sonrisa que se me antojó irónica, se despidió amablemente, arrancó su furgoneta y desapareció.