El Concordato de 1979 (enseñanza)

El segundo Acuerdo es el que trata el asunto que, a raíz de la propuesta del PSOE, se ha puesto en estos días en el candelero. Me ha llamado la atención, de entrada, una frase de la introducción al texto articulado: “el Estado reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa y ha suscrito pactos internacionales que garantizan el ejercicio de este derecho”. La Constitución, en efecto, reconoce el derecho a la educación como derecho fundamental (art.27) y luego añade que a los padres les asiste el derecho de que sus hijos reciban la educación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones (tercer párrafo del mismo artículo). En mi opinión, calificar de fundamental este que es un derecho “derivado” me parece forzar un poquito la cosa. De otra parte, también es un derecho fundamental el de la libertad religiosa y del mismo, según la Ley Orgánica 7/1989 de Libertad Religiosa, este derecho fundamental se concreta en otros derechos (que, a mi juicio, también son “derivados” y no fundamentales) como el de “elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pero bueno, sea o no un derecho fundamental (yo creo que no), lo que parece bastante claro es que es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, como han puesto de manifiesto varios autores el ejercicio de este derecho y, sobre todo, las medidas que debe adoptar el Estado (lo público) para garantizar su efectivo ejercicio, no es algo obvio.

De entrada, tengamos en cuenta que el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria …” De ello se deriva ineludiblemente que el Estado tiene la obligación de garantizar (y financiar con los impuestos de todos) un sistema escolar que cubra las necesidades de educación del 100% de los niños. Ese sistema educativo, naturalmente, ha de tener un contenido de enseñanza concreto que -otro de los requisitos de la Declaración Universal- se dirija al “pleno desarrollo de la personalidad humana”. Habrá, por supuesto, quienes piensen que no puede haber pleno desarrollo sin contenidos religiosos, pero eso no está expresamente establecido. Por tanto, no me parece que el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa acorde a sus convicciones traiga como consecuencia lógica que el Estado esté obligado a facilitarla. En cambio, lo que sí me parece que cabe concluir del citado derecho constitucional es que el Estado no puede imponer ningún tipo de educación religiosa o moral entre los contenidos obligatorios ni tampoco dar a las materias que estrictamente no son religiosas o morales enfoques que pudieran ir contra las convicciones religiosas o morales de los padres. Como algunos autores dicen, el derecho a la formación religiosa se erige en un límite a la potestad del Estado al regular el sistema educativo, obligándole a mantener una posición lo más neutra posible. Naturalmente, esto en la práctica puede no ser tan fácil, porque podría llevar al absurdo de reconocer el derecho de unos padres “creacionistas” a impedir que a sus hijos se les enseñe la Evolución; pero, afortunadamente, no parece que en España haya demasiados conflictos a este respecto.

Ahora bien, al margen de la discusión sobre si de la Constitución se desprende la obligación del Estado a incluir en el sistema educativo la formación religiosa (que yo creo que no) o, a senso contrario, si es constitucional que el Estado excluya del currículum evaluable la asignatura de religión (que yo creo que sí), lo cierto es que el Concordato es mucho más preciso y no deja lugar a dudas. El artículo 2º del Acuerdo que estoy comentando establece que “los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Más adelante añade que, “por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla”. Es decir, desde 1979, el Estado español está obligado a asegurar que en todos los centros educativos (públicos, privados y concertados) y en todos los cursos exista la asignatura de religión católica y que la misma sea evaluable en condiciones idénticas a las restantes. Por tanto, para que el PSOE convierta en medida efectiva su propuesta de que la asignatura de religión, además de optativa, sea no evaluable necesariamente ha de modificar el Concordato (algo que, por cierto, no les he escuchado decir con rotundidad).

Este Acuerdo sobre enseñanza establece también que los profesores de religión (de toda España) serán designados por las correspondientes autoridades académicas de entre los nombres que proponga el Ordinario diocesano (el obispo, para entendernos). Además, definir los contenidos de la asignatura de religión en sus distintos niveles (incluyendo la propuesta y aprobación de los libros de texto) se establece como competencia propia de la jerarquía eclesiástica. Estos dos requisitos me parecen corolarios lógicos del acuerdo principal: una vez que el Estado acepta que en todos los centros del sistema educativo debe impartirse la religión católica, es natural que sea la jerarquía de la Iglesia la que decida sobre lo que se enseña y quién lo enseña. Imaginemos, si no, el fraude que se cometería al espíritu del Concordato, si se pusiera a dar clases de religión católica un anticlerical, quien, en vez de enseñar a los niños el contenido de ésta se pusiera a ridiculizar los dogmas o a contar barbaridades de la historia relacionadas con los cristianos. Por tanto, si aceptamos que el Estado incluya en el sistema educativo la enseñanza del catolicismo, nada que objetar a que sea la Iglesia la que se asegure de que se hace correctamente; de la misma manera que si hubiera un concordato equivalente con el Islam, el judaísmo o cualquier otra religión que también obligara a ofrecer las respectivas asignaturas, diría exactamente lo mismo.

Y ya puestos, si defendemos que el derecho de los padres a la formación religiosa de sus hijos acorde con sus convicciones se traduce en la obligación del Estado de ofrecer esa asignatura como parte del currículum académico evaluable, habremos de requerir también que todo centro educativo cuente con oferta académica de cualquier otra religión y, si no la tiene, que la implante en cuanto algún padre quiera que su hijo reciba esa formación. Si, en cambio, no compartimos, como es mi caso, esa equivalencia entre el derecho constitucional de los padres y la obligación tan precisa del Estado, se puede suprimir la enseñanza de la religión (de cualquier religión) del currículum académico evaluable, sin que eso esté reñido con que, en los centros en que haya demanda o en los promovidos por la Iglesia, se mantenga la formación religiosa voluntaria y extra-académica. Entiendo que tal es la propuesta del PSOE: satisfacer (más allá de las estrictas obligaciones del Estado) el derecho constitucional de los padres, pero que esta enseñanza específica no forme parte de los contenidos comunes y evaluables del sistema educativo. Aunque por el momento es una propuesta ilegal (habría que modificar el Concordato, repito), me parece que avanza en la dirección adecuada hacia la efectiva aconfesionalidad del Estado. Por cierto, creo innecesario advertir que el que me parezca bien que las asignaturas de religión no sean evaluables no equivale a que defienda que los niños no sean formados, con carácter obligado, en historia de las religiones y, muy en especial, del cristianismo, ya que éste es un componente fundamental en la formación y naturaleza de nuestra sociedad. Mezclar ambas cosas, como hacen interesadamente algunos medios, es hacer trampa.