El derecho a la vivienda en estas elecciones

Como todos sabemos, la Constitución española proclama en su artículo 47 que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y ordena a los poderes públicos que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Se trata de un derecho de los que los constitucionalistas llaman "de segunda generación" o, más inteligiblemente, de los económicos, sociales y culturales. Estos derechos, entre los que además se cuentan, por ejemplo, los derechos al trabajo, a la educación y a la salud, se empezaron a reconocer en los marcos jurídicos occidentales hacia mediados del siglo pasado, cuando ya estaban suficientemente consagrados (aunque distantes en muchos sitios de ser efectivos) los llamados derechos civiles y políticos (los de "primera generación") nacidos de las revoluciones liberales de finales del XVIII que están en la base de los Estados Unidos y de la República Francesa. El problema estriba en que los derechos sociales y económicos –cuyo ejercicio efectivo dota de contenido real al llamado Estado del Bienestar– son, en gran medida, más declaraciones de voluntad, aspiraciones bienintencionadas, que derechos en sentido estricto. Así, para ninguno de estos derechos (tampoco para el de la vivienda), en tanto no están recogidos ni en el artículo 14 ni en la Sección primera del Capítulo segundo de la Constitución, puede un ciudadano recabar la tutela judicial ante los Tribunales ordinarios, ni tampoco presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Dicho de otro modo, si tú, españolito, no disfrutas de una vivienda digna (o, por ejemplo, te han desahuciado de la que habitabas) no puedes reclamar ante un juez que te imposibilitan ejercer el derecho constitucional; del mismo modo, si has "ocupado" una vivienda vacía, tampoco te admitirán que sigas en ella aunque digas que estás haciendo efectivo ese derecho. El otro día, en el debate "a cuatro", Pablo Iglesias dijo que su partido pretendía "blindar" estos derechos recogiéndolos en la Constitución y enseguida se le echaron todos encima diciéndole que ya estaban recogidos. Imagino que lo que pretendía decir es que pretendía convertir estos derechos "declarativos" y absolutamente inoperantes en la actualidad, en derechos "efectivos", que el Estado esté obligado a satisfacer a requerimiento de cualquier ciudadano. Ciertamente, en la medida 135 de su programa electoral, este partido se compromete explícitamente a modificar el artículo 53 de la Constitución (justamente el que permite la exigir judicialmente la satisfacción de los derechos constitucionales) para equiparar los derechos económicos, sociales y culturales a los derechos civiles y políticos.

Naturalmente, el asunto se las trae. Imaginemos que un ciudadano reclama ante los Tribunales – por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad– que el Estado le facilite una vivienda digna. La primera cuestión que surge es si el ejercicio del derecho, que debe garantizar el Estado, debe ser gratuito (como, por ejemplo, se supone que es el derecho a la educación o a la sanidad). Hoy por hoy, parece un poco fuerte pretender tal cosa. Unidad Popular-Izquierda Unida se moja a este respecto en su programa (página 66 y ss): proponen que se faciliten viviendas públicas en régimen de alquiler a un precio máximo no superior al 30% de la renta de la familia solicitante (que disminuye hasta un máximo del 10% en el caso de que ésta no alcance el salario mínimo). Fíjense que esta propuesta deshace la ambigüedad constitucional del derecho a la vivienda tal como aparece en la Constitución y lo convierte en algo concreto. Si los precios de alquiler de las viviendas en el mercado libre (o la cuota normal de las hipotecas) están por debajo del 30% de mis ingresos mensuales, no tendría sentido que yo reclamara que se me diera una vivienda pública en alquiler (porque podrían fijarme una renta superior a la del mercado) pero, en cambio, si están por encima tendría la seguridad de que el Estado me garantiza el ejercicio de este derecho, que no quedaría en meras palabras vacías. Si tenemos en cuenta que el contar con alojamiento es algo absolutamente fundamental (mucho más, si me apuran, que el que me faciliten la educación de mis hijos) y que no creo que a nadie que no pueda satisfacer esta legítima aspiración le tranquilice el saber que se le reconocen los derechos civiles y políticos, me parece que va siendo ya el momento de que el Estado –o los políticos que ahora piden nuestros votos para "ocuparlo"– empiecen a tomarse en serio cómo hacer efectivo el derecho a la vivienda. He citado parte de lo que al respecto dicen los de Podemos y los de Izquierda Unida en sus programas, pero he revisado también los de los otros tres partidos con más expectativas electorales. El PSOE (páginas 230 y ss) relaciona hasta una treintena de propuesta en materia de vivienda, pero todas ellas de marcado carácter voluntarista sin que se traduzcan en compromisos concretos y verificables (abusan de verbos como promover, facilitar, procurar, etc); a lo más que llegan en el asunto que estamos tratando es a "proponer la redefinición del derecho a la vivienda en la Constitución, para garantizarlo de manera efectiva" pero, desde luego, sin decir que van a permitir la tutela judicial de su ejercicio (Podemos) ni que van a garantizar un parque público para que a cualquiera con determinadas condiciones de renta se le facilite una vivienda (IU). Ciudadanos, bajo el epígrafe "derecho a la vivienda", se limita a sólo dos frases vaporosas relativas a la protección de los desahuciados en situación de emergencia social sin, desde luego, entrar a las cuestiones de fondo; ya me lo esperaba. El PP, finalmente, ni se molesta en hablar del derecho a la vivienda (lo cual tampoco me sorprende, conocido el recurso que interpuso el abogado del Estado contra la Ley de Vivienda andaluza y del cual ya he hablado en este blog), bastándole asegurar que "mantendremos una política de vivienda orientada a las necesidades reales de las personas que más lo necesitan" ¿esto es lo que han hecho durante los pasados cuatro años?

Los creyentes en la religión neoliberal (en la actualidad casi religión de Estado y que, desde mi punto de vista, es fielmente acatada por PP y Ciudadanos, pero también aunque con ligeras protestas heréticas que no traen luego consecuencias, por el PSOE) me dirán que eso de garantizar el derecho a la vivienda está muy bien en teoría, pero no hay recursos públicos para hacerlo realidad. Supongo que, en algún otro momento histórico, podrían haber dicho lo mismo sobre garantizar una asistencia sanitaria a toda la población o que cualquier niño pudiera (e incluso tuviera que) ir al colegio. De hecho, el hacer efectivos estos dos derechos (que están en el mismo grupo que el de la vivienda) supone las mayores cuantías del gasto público en los presupuestos de las Comunidades Autónomas (en Canarias, el 62%), que son las que tienen estas competencias. En cambio, lo que se gastan en las políticas de "acceso a la vivienda" (también de competencia autonómica) es una cifra ridícula en comparación (en Canarias no llega al 1%). Y es que, mientras hemos asumido –simplemente porque así nos hemos encontrado las cosas– que el Estado tiene que garantizarnos la educación y la sanidad (y hasta los más neoliberales que pretenden desmontar estos sistemas públicos tienen que disimular sus intenciones ante la inmediata movilización ciudadana), aceptamos dócilmente que la vivienda (y los suministros básicos como la energía, el agua, los servicios de transporte, de telecomunicaciones) ha de ser facilitada por el "mercado", en las condiciones y precios que "libremente" resulten de éste. Yo, desde luego, creo que, frente a las actuales tendencias neoliberales, no basta con una actitud defensiva sino que, por el contrario, hay que pasar a reclamar que los derechos sociales que nuestra Constitución proclama sean de verdad derechos, que se aprueben mecanismos que garanticen su efectividad real (o, si no, dejémonos de hipocresías y quitemos de la Carta Magna eso de que todo español tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna). Al final, se trata de una elección política: en vez (o además, si se quiere) de garantizar mediante la famosa modificación del 135 el pago de la deuda pública, garanticemos la eficacia de los derechos que reconocemos (de boquilla) a los ciudadanos.

 Por último, he de añadir que crear en España un parque público de vivienda destinado a posibilitar el ejercicio efectivo del derecho reconocido en el artículo 47 CE (naturalmente, en alquiler) no me parece un disparate en términos de viabilidad económica. Al contrario, estoy casi seguro de que es perfectamente asumible dar satisfacción a la demanda previsible (tomando como referencia los porcentajes de renta familiar que propone Izquierda Unida) sin descalabrar las cuentas públicas, amén de que hay diversas formas complementarias para coadyuvar al mismo fin (entre ellas, por ejemplo, acuerdos "forzosos" con los grandes propietarios de viviendas vacías, entre los que el principal es el SAREB, que no deja de estar avalado por el dinero público). Lo escandaloso es que ni siquiera se ha planteado en serio hacer estos números para que se pueda discutir lo que significaría contribuir a hacer efectivo el derecho a la vivienda. A raíz de las tristes experiencias vividas durante los últimos años como consecuencia de la brutal ruptura del sueño inmobiliario, algunas comunidades autónomas han empezado a reflexionar y legislar sobre los problemas de fondo, si bien con poco éxito real dada la beligerante actitud del gobierno central del PP. Ahora, ante unas elecciones generales es la primera vez que yo recuerde que, al menos dos partidos de los cinco que he revisado, plantean propuestas dirigidas al meollo del asunto, que no es otro que el contenido real de este derecho constitucional. Los otros tres, sin embargo, se quedan en lo retórico. PP y Ciudadanos se limitan a medidas cosméticas para aparentar que les preocupan los desahucios, lo único que ha llegado a tocar la sensibilidad de los aborregados españoles; pero estoy convencido (mucho más con respecto al PP) que son meras concesiones obligadas para ganar votos, que no creen y ni quieren intervenir el "mercado libre" de la vivienda. El PSOE, por su parte, sigue en este tema en la misma crisis de identidad que ya le está durando demasiado: muchas declaraciones "buenistas" (incluso apuntando en la dirección correcta) pero ningún compromiso concreto. Y lo malo es que tienen en su contra que han dispuesto de bastantes legislaturas para avanzar en esa línea que proclaman de hacer efectivo el derecho a la vivienda y en cambio no han dado pasos significativos. Pues nada, así están las cosas; espero que este breve post sirva para ayudar a votar con un poco más de idea a alguno.