¡¡¡ Intervencionismo, intervencionismo !!!

Con motivo del anuncio de una futura Ley de Vivienda –cuyo texto aun desconocemos– los políticos del PP se han apresurado a descalificarla con el que debe ser uno de los más ominosos epítetos de su vocabulario ideológico: es una norma intervencionista. Cuando escucho sus alharacas me vienen a la cabeza las asambleas de vecinos de una conocida serie española en que siempre algún vecino grita histéricamente: ¡derrama, derrama! El PP, en efecto, se escandaliza de que el Gobierno quiera intervenir sobre la sacrosanta libertad de la propiedad privada de inmuebles (suelo y/o viviendas), como si fuera un pecado terrible, algo que nunca se ha hecho en este país y, por supuesto, absolutamente contrario a las leyes y a la Constitución. Pero nada de eso es verdad y quienes tanto gritan lo saben de sobra. Se trata, como es habitual, de exaltar los ánimos apelando a las emociones más primarias (y negativas) y eludiendo la discusión serena y la verdad. 

 

La propiedad privada no es el derecho de disponer libremente de nuestros bienes. El Tribunal Constitucional reiteradamente ha dejado claro que la Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también y al mismo tiempo como un conjunto de derechos y obligaciones establecido, de acuerdo con las leyes, en atención a valores e intereses de la comunidad. En el caso de la propiedad inmueble (suelo y vivienda) la función social viene definida –desde antes incluso de la Constitución– en las leyes del suelo, tanto estatales como autonómicas. Y, desde luego, siempre se ha entendido que la función social de la propiedad inmueble está supeditada al cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, el que establece el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

 

A través de las leyes y planes de urbanismo y de vivienda llevamos al menos cinco décadas interviniendo sobre la propiedad privada inmueble y sobre el mercado del suelo y de la vivienda, de modo que sobran las hipócritas poses escandalizadas del PP. Pero intervenir en materia de suelo y de vivienda no solo es una potestad de los poderes públicos sino una obligación constitucional, pues no otra cosa les ordena el artículo 47 CE: promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda. El Estado debe intervenir la propiedad privada y el mercado inmobiliario para lograr el efectivo (o suficiente) cumplimiento del derecho del artículo 47, del mismo modo que interviene en los “mercados” sanitarios y educativos para garantizar los equivalentes derechos. 

 

No voy a opinar sobre las medidas que quiere adoptar el Gobierno en la futura Ley, sobre si me parecen más o menos acertadas (entre otras razones porque no las conocemos en detalle). Lo que sí rechazo es esa hipócrita descalificación genérica por intervencionistas. Pues claro que, sean cuáles sean, han de ser intervencionistas. Es que eso es lo que ha de hacer el Estado en esta materia: ¡ INTERVENIR ! No hacerlo es lo que sería el grave pecado, la omisión culpable, el incumplimiento del mandato constitucional. No es posible avanzar un ápice en el derecho a la vivienda si no se interviene (más o menos) sobre la propiedad privada y el mercado inmobiliario. Y el PP lo sabe de sobra; quizá con esta escandalera lo que hace es disimular lo que de verdad le importa.