¿Es constitucional un referéndum de autodeterminación en Cataluña?

 

En su discurso durante el debate de investidura del pasado miércoles 26, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, afirmó que no hay impedimentos en la Constitución para la celebración de un referéndum de autodeterminación de Cataluña, acordado y organizado con el Estado, apoyándose en lo establecido en el artículo 92 de la Carta Magna. Dicho artículo reza que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. En mi modesta opinión, de ese texto no cabe deducir con tanta seguridad como hacen los independentistas el amparo constitucional del referéndum que pretenden. 

 

La primera objeción que se me ocurre es que en el referéndum se consulta a la ciudadanía una decisión política de especial trascendencia. No discuto, por obvio, que lo que quieren consultar los independentistas es de especial trascendencia. Ahora bien, ¿cuál es la decisión política que quiere consultar? Ciertamente, esa decisión (o “predecisión”, toda vez que no se puede asumir como decidida hasta conocer el resultado de la consulta) debe estar dentro de los límites de la Constitución. No puede, por ejemplo, someterse a referéndum la legalización de la esclavitud. La pregunta que se hizo el 1 de octubre de 2017 –“¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”– presupone que la decisión que se consulta es la de constituir Cataluña como república independiente, separada del Estado español. Creo que no hay ninguna duda de que tal “decisión” es inconstitucional porque contradice frontalmente el artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles …”. 

 

Por tanto, no cabe un referéndum en el que se consulte a la ciudadanía sobre la independencia de Cataluña, ya que esta “predecisión” es inconstitucional. Esto, que estoy seguro de que lo saben perfectamente los dirigentes independentistas, debería estar claro para todos sus seguidores a los que mienten. La independencia de Cataluña, para acordarse en nuestro marco constitucional, pasa necesariamente por la reforma de la Carta Magna, lo que algún dirigente de Junts y de Esquerra han negado, demostrando, a mi juicio, irresponsabilidad y voluntad de engaño. Muy distinto sería que se sometiera a consulta algo así como ¿quiere que se inicie la reforma de la Constitución para reconocer el derecho de Cataluña a decidir sobre su independencia? A mi modo de ver, un referéndum con esa pregunta no sería inconstitucional porque la Constitución prevé su propia reforma. Ahora bien, me temo que los independentistas no estarían dispuestos a aceptar ese enunciado pues implicaría admitir que sus machaconamente repetidas afirmaciones no encajan en el actual marco constitucional. 

 

La segunda objeción que cabe hacer a la optimista interpretación se la señora Nogueras sobre el artículo 92 es que el referéndum es una consulta “a todos los ciudadanos”. Para que sea constitucional, la consulta debe hacerse a todos los españoles, no solo a los catalanes. Esta conclusión no solo es literal, sino que obedece a la lógica más elemental: si la decisión es de especial trascendencia para todos los españoles (y la eventual independencia de Cataluña sin duda lo es), todos ellos tienen el derecho de ser consultados. Naturalmente, Junts y Esquerra solo admitirían un referéndum circunscrito al censo catalán, lo cual lo convertiría claramente en inconstitucional en base al artículo 92 en el que se apoya Nogueras. Pero, en realidad, lo saben de sobra. Recuérdese que la base argumental del independentismo es la supuesta prevalencia del supuesto derecho de autodeterminación de los pueblos (aplicado a Cataluña), reconocido en tratados internacionales firmados por España, sobre la Constitución. Así han vuelto a dejarlo claro en la reciente propuesta aprobada por el parlamento catalán este jueves 28: “(el parlamento) se reafirma en la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación, es decir, que Cataluña pueda decidir su futuro colectivo a través de un Referéndum”. Por cierto, sobre el presunto derecho de autodeterminación ya he escrito bastante en este blog (y volveré a hacerlo); basta escribir la palabra en el buscador para encontrar viejos posts al respecto. 

 

Vayamos ahora a la actualidad política española. La citada resolución del Parlamento catalán por la que se aprueba la propuesta transaccional de Junts y Esquerra pronunciándose “a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no apoyen la investidura de un futuro gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum”, conduce necesariamente a la repetición electoral. Porque Pedro Sánchez no puede comprometerse a celebrar el referéndum que reclaman los independentistas, ya que se estaría comprometiendo a hacer algo inconstitucional. La cuestión, claro, radica en lo que entendamos (o, mejor, entiendan ellos) por compromiso. Si se trata de una vaga declaración de intenciones sin ninguna concreción (que es lo que ha venido haciendo el PSOE sobre este asunto), vale. Pero si Junts y Esquerra exigen un acto con capacidad vinculante sobre las instituciones (que es lo que yo haría en su caso), el mismo sería, con absoluta certeza, declarado inconstitucional. Lo cual, dicho sea de paso, no me parecería nada mal: despejaría el tablero de juego de engaños y falsedades. 

 

Pero no me creo que eso vaya a ocurrir. No le conviene en absoluto al PSOE y mucho menos aún a los independentistas. De modo que mi pronóstico a corto plazo es que o Esquerra y Junts abandonan la exigencia del referéndum como condición para votar a Pedro Sánchez (encontrando alguna forma de salvar la cara) o tendremos nuevas elecciones en vísperas de Navidad. En esta más que probable opción, Sánchez logra uno de sus objetivos cuando convocó las pasadas generales: aguantar como presidente del Consejo de la Unión Europea hasta el final del mandato. Y ya veremos cuáles serán los resultados de unos nuevos comicios y cuánto rentabilizará el PSOE el no haber cedido a las pretensiones de los independentistas de romper España, en contra de lo que no cesan de asegurar el PP y VOX.