Contra el cambio climático (escenas chipunas)

Ha quedado ya definitivamente sentada, fuera de toda duda científica, la decisiva influencia de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), en el rápido calentamiento de la atmósfera terrestre. Antes incluso de la publicación del Cuarto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC en sus siglas inglesas), el Gobierno de Chipunia, consciente de la gravedad que sobre nuestra civilización tendrán los inminentes cambios climáticos, apostó decididamente por la lucha institucional contra lo que, en palabras del ex presidente yanquiano, es “la mayor catástrofe que jamás ha amenazado a nuestra especie”. Hace tres años, se promulgó la Ley 53/2005, contra el Cambio Climático y a favor del Desarrollo Sostenible; poco después, se constituyó la Agencia Chipuna de Seguridad Ambiental, cuya dirección fue encargada al prestigioso científico Anselmo Ruiz Fontecalda.

Ya durante la tramitación parlamentaria de la Ley, el presidente del PICHi, Ubaldo Pachulero, proclamó apasionada y rotundamente que su partido asumía con profunda convicción y compromiso la lucha contra el cambio climático, que definía como el primer objetivo del gobierno nacionalista, al que supeditarían cualesquiera otras políticas. Los riesgos que ensombrecen nuestro futuro son tan grandes, afirmó, que no caben tímidas actitudes timoratas. Los propios principios sociales, incluyendo los del Derecho, pueden ser cuestionados si así lo requiriesen medidas necesarias para nuestra supervivencia. Sin pecar de alarmista, añadió, hemos de ser conscientes que nos encontramos en una situación de emergencia global.

Con este calentamiento de la atmósfera política, el PICHi consiguió que se aprobase la polémica Disposición Adicional Primera de la Ley 53/2005, que establecía la “extra-legalidad” de las medidas que se adoptasen en la lucha contra el cambio climático. Las Órdenes ejecutivas del Director de la Agencia, siempre que se enmarcaran en las medidas en el Plan Estratégico de Seguridad Ambiental (PESA), no estarían sujetas a otras normas legales y ni siquiera podrían ser recurridas jurisdiccionalmente. Este carácter de Ley (y actuaciones) al margen del sistema legal se justifica someramente en la propia exposición de motivos en base a lo catastrófico del cambio climático. En el debate parlamentario algún diputado del PICHi trajo a colación, quizá algo cogida por los pelos, la USA PATRIOT Act, mediante la cual el presidente Bush, en 2001, restringió varios derechos civiles para poder garantizar la seguridad nacional y combatir el terrorismo. El terrorismo ahora es contaminar la atmósfera, declamó dramáticamente Aquilino Jambón, el más señalado ideólogo del nacionalismo chipuno, y combatirlo eficazmente es nuestro primer deber patriótico.

Aprobada la Ley y constituida la Agencia, el revuelo político fue amortiguándose poco a poco, ya que el equipo de Anselmo Ruiz Fontecalda, durante los dos siguientes años, apenas adoptó medidas que trascendieran a los medios. Este silencio (quizá fruto del cálculo político) se quebró clamorosamente hace unos días con la presentación del Plan Estratégico de Seguridad Ambiental (PESA), previsto en la Ley. En este documento, a partir de mediciones rigurosas de las emisiones de gases de efecto invernadero en Chipunia así como de la contabilización de los factores económicos implicados, se establecen algunas medidas ciertamente radicales, tanto en la esfera económica como en la ideológica. Pero, aunque sea de forma muy sintética, conviene explicar previamente la argumentación y medidas del PESA.

Como es normal, es el sector energético chipuno el mayor emisor de gases de efecto invernadero, aportando el 90% del total. Por eso, las más importantes líneas de actuación del PESA caen bajo esta rúbrica. De un lado, se plantea que en 2012 se haya culminado la sustitución de las actuales centrales térmicas (de las que proviene el 80% de la energía consumida en Chipuna) por generadores de energía “ecológicamente sostenibles”. De otra parte, se ha de implementar un completo sistema de transporte público (incluyendo una red nueva de infraestructuras ferroviarias ultramodernas) que reducirá sensiblemente el consumo energético derivado de la movilidad privada. Logrados ambos objetivos, las emisiones de GEI se reducirían en un 20% respecto a los valores actuales; es decir, Chipunia emitiría 2,7 millones de toneladas menos a la atmósfera y, teniendo en cuenta las previsiones demográficas, se situaría en una tasa de 4,3 toneladas per capita anuales, sin duda un valor ejemplar.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en Chipunia ascienden a 13.500 kilotoneladas anuales, lo que supone un 46% de incremento respecto a la cantidades de 1990. Como es sabido, el Protocolo de Kioto establece que en 2012 se debe haber logrado una reducción de al menos el 5% en el total mundial de emisiones; esta cifra, no obstante, es un valor medio, que ha sido repartida por países atendiendo a sus situaciones de partida, toda vez que, las emisiones per capita pueden considerarse un indicador del grado de desarrollo. Por eso, en el reparto europeo, a Cascaterra le ha sido asignado un margen de crecimiento hasta el 2012 del 15% respecto a los valores de 1990, mientras que otros países mucho más desarrollados tienen que alcanzar en ese año límite cantidades de emisión sensiblemente menores a las de 1990 (Alemania, por ejemplo, debe reducirlas hasta el 21%). Ahora bien, la situación de Chipunia dentro del estado cascaterrano, presenta especiales singularidades derivadas, según el gobierno nacionalista, de un régimen económico de marcado carácter colonialista. Las emisiones per capita en Chipunia están en 6,75 toneladas por habitante anuales, frente a las 9,50 de media en el Estado. Para colmo, en la última década y media, los chipunos apenas han aumentado sus emisiones (en 1990 eran 6,40 toneladas anuales), mientras que la aportación media del Estado se ha incrementado en más de un 25%. La progresiva divergencia entre los niveles de emisión demuestran claramente la discriminación de la economía chipuna en el conjunto de Cascaterra. Con simples reglas de tres, Anselmo Ruiz Fontecalda argumentó que la evolución diferencial de las emisiones de GEI entre Chipunia y Cascaterra cuantifican meridianamente nuestro déficit de desarrollo respecto al Estado. Éste puede cifrarse, actualmente, en cinco millones y medio de toneladas de GEI.

A partir de estas cuentas el PESA asume un planteamiento de profunda carga política que pretende ser el criterio básico para la financiación pública estatal de la lucha contra el cambio climático. Si bien se expresa mediante fórmulas complejas, la idea central es que la distribución de la financiación del Estado (es decir, de todos los ciudadanos cascaterranos) en la reducción de las emisiones no ha de ser proporcional al exceso de cada una respecto al objetivo de Kioto (es decir, no debe darse más dinero a quienes más gases emiten) sino, por el contrario, respecto al defecto que cada Comunidad presenta con la media nacional. No es de recibo que las Comunidades menos desarrolladas financiemos la corrección de un desarrollo industrial cuyos beneficios no nos han tocado; lo justo es, en cambio, que la solidaridad estatal en la lucha contra el cambio climático prime precisamente a quienes menos resultamos favorecidos por ese desarrollo que, ahora se demuestra, pone en peligro la calidad de vida de todos. En un paso más en esta línea, el PESA calcula la cuantía mínima que anualmente (y hasta 2012) ha de aportar el Estado, así como los porcentajes de la misma que han de corresponder a cada una de las Comunidades Autónomas.

Llegados a este punto surgen dos graves problemas. El primero es que la cuantía total de aportación del Estado según el PESA es aproximadamente diez veces más que la contemplada en el proyecto de presupuestos. Anselmo Ruiz Fontecalda defiende que la cantidad propuesta en el Plan es la mínima que corresponde al Estado para saldar las “deudas del desarrollo desigual contaminante”, tomando como referencia los diferenciales de las tasas de cada Comunidad Autónoma respecto al compromiso cascaterrano con Europa. Es pues, recalca, un dato de estricta justicia, el ejercicio de la solidaridad obligada, ya que tal ha de ser la función del Estado. De otra parte, la escasa magnitud financiera prevista en el presupuesto estatal, así como la preocupante evolución de las emisiones a nivel nacional durante los últimos años, demuestran, a juicio del Director de la Agencia, la falta de voluntad real por parte de los gobernantes de Cascaterra en la lucha contra el cambio climático y desnudan inmisericordes la hipocresía de sus proclamas electorales.

El segundo problema se refiere, obviamente, a las cuotas de participación y, en particular, a la que corresponde a Chipunia. El PESA propone que nuestra Comunidad reciba el 30% de dicha partida presupuestaria, aunque su peso demográfico en el conjunto del Estado se sitúa en torno al 5%. De todas estas cifras resulta que el Estado debe destinar sólo a Chipunia el triple de la cantidad que ha presupuestado para el conjunto de Cascaterra. Las cantidades estimadas no sólo permitirían la completa financiación de las dos grandes líneas de actuación ya señaladas, sino que todavía dejarían unos remanentes cuya administración habría de corresponder al Gobierno chipuno. En principio, tales dineros se destinarían a subvencionar iniciativas que contribuyeran a la reducciones de las emisiones de GEI, siempre que las mismas fueran llevadas a cabo por empresas chipunas, bien en la propia Chipunia o en aquellos territorios que el Gobierno califique de “preferente inversión chipuna”.

Con sólo lo dicho hasta aquí, es fácil comprobar que la viabilidad del PESA depende muy directamente (demasiado) del acuerdo con el Estado y eso no parecería muy probable. Sin embargo, lo cierto es que, contrariamente a su tradición pactista, el PICHi viene manteniendo sobre este asunto una actitud descaradamente intrasigente. El prestigio de Anselmo Ruiz Fontecalda, ajeno a vinculaciones partidistas, y su abrumador despliegue de datos y análisis cuantitativos, han logrado que en Chipunia nadie se atreva a cuestionar la validez de las premisas básicas del PESA. De otra parte, el éxito mediático de las campañas estatales para la concienciación de la gravedad del cambio climático, hacen que tampoco prácticamente nadie ponga en duda que la máxima prioridad de la sociedad deba ser la lucha contra el mismo. Así, en el ámbito político chipuno se ha alcanzado una casi unanimidad en el apoyo al PESA, incluyendo, por extraño que parezca, a los partidos estatalistas. El Partido Moralista de Cascaterra (PMC), pese a las escépticas declaraciones que otrora hizo su líder nacional sobre el calentamiento global, no ha dudado en dar su entusiasta apoyo al Plan Estratégico; si bien es socio del PICHi en el Gobierno de Chipunia, las malas lenguas creen que su comportamiento se debe tanto a las ganas de poner en aprietos al Partido Socialista Cascaterrano a nivel nacional como a los negocios que algunos de sus más destacados dirigentes prevén conseguir con las futuras subvenciones “contra el cambio climático”. Por su parte, el FLiPA, la “marca” chipuna del partido socialista cascaterrano, después de haber mantenido durante la última legislatura que la Ley 53/2005 era un mero brindis al sol y haber acusado duramente al PICHi de carecer de una política efectiva ante la gravedad de la amenaza ecológica, ha caído en su propia trampa y se ha visto incapaz de otra respuesta que validar tímidamente el Plan de la Agencia chipuna.

Así que el PICHi se encuentra, gracias al muy mayoritario consenso político y social en Chipunia y a su hábil propaganda en el resto del Estado, en una posición de fuerza nunca antes vista en la corta (apenas veinte años) historia del partido. Los dirigentes nacionalistas, siempre desde foros ajenos al Gobierno, se explayan en declaraciones que suenan mucho a órdagos al Estado. El pueblo chipuno, ha llegado a decir Aquilino Jambón, no podría admitir ser cómplice de un Estado carente de la mínima responsabilidad ecológica; hemos soportado a lo largo de nuestra historia una continuada opresión colonial pero ésta ha de tener un límite, máxime cuando ese límite atañe a nuestra supervivencia como especie. Pero, al mismo tiempo que se suceden estos cacareos mediáticos, el gobierno chipuno ha empezado a dar algunos pasos, titubeantes todavía, bajo el manto (o con la excusa) de la lucha contra el cambio climático. Así, por ejemplo, ha firmado convenios de colaboración con otras Comunidades Autónomas e incluso con otros países para llevar a cabo actuaciones ambientales conjuntas, comprometiendo, antes de haberlas conseguido, las subvenciones que habrían de venir del Estado. Además, en aplicación de los mecanismos previstos en la Ley 53/2005 (los que calificábamos de “extralegales), se han adoptado ligeras medidas intervencionistas sobre algunas empresas privadas (todas multinacionales cascaterranas) que, de momento, han pasado desapercibidas.

Con este panorama, la atención política chipuna se centra ahora en la próxima reunión que se celebrará en San Trifón del Río entre el presidente de Cascaterra con tres miembros de su gabinete y el Consejo de Gobierno de Chipunia. Ya sólo que la cita sea en Chipunia es claro síntoma de que el gobierno del Estado sabe que debe buscar vías de acuerdo con el chipuno; algunos interpretan incluso que la negociación, en contra de lo que parecería indicar el sentido común, se presenta más favorable a las tesis del PICHi, insinuando que éste cuenta con bazas que todavía no ha hecho públicas. En cualquier caso, lo que todo observador constata es que en ningún otro sitio se ha logrado como en Chipunia convertir la lucha contra el cambio climático en el centro de la vida política, económica y social. Contra todo pronóstico, quizá la apuesta por ocupar la vanguardia ecologista sea el motor del desarrollo chipuno en esta próxima década.

CATEGORÍA: Ficciones