El concepto de Estado y el engañabobos de la soberanía

Hay múltiples definiciones de Estado, tantas como politólogos que hayan abordado el concepto; ello se debe a que se trata de una construcción histórica que, además, presenta en cada época bastante variabilidad geográfica. En todo caso, sí cabe convenir en algunas notas comunes de lo que podemos entender como un Estado. La primera y más obvia es que tiene unas referencias demográficas y territoriales; hay ciertamente una población humana que se adscribe al Estado y hay también un territorio que es el del Estado. Ahora bien, el Estado no es la comunidad de personas ni tampoco el territorio; ambos, población y ámbito geográfico se configuran (o no) en un Estado, son condiciones del Estado, pero no son el Estado. El Estado –permítaseme recurrir a la terminología marxista, tan denostada en la actualidad– es una superestructura que tiene que ver con la organización de una comunidad humana en términos, sobre todo, de Poder. Aunque quizá resulte hoy algo limitada, creo que sigue suficientemente válida la famosa definición de Max Weber: "el Estado es aquella forma de asociación humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí el monopolio de la violencia legítima". Los Estados pues son entidades que se dotan –con éxito– de capacidad coercitiva, tanto interna como externa. La primera la ejercen sobre las personas y el territorio que son sus referencias reales, y lo hacen organizando diversos aspectos de la vida colectiva (con grado variable de intensidad); surgen así las llamadas instituciones del Estado, desde las Leyes comunes hasta las fuerzas coercitivas. La segunda la manifiestan relacionándose –pacífica o violentamente– con los otros Estados.

La anterior aproximación definitoria permite entender que el Estado, en sentido amplio y en muy diversas formas, existe desde la remota antigüedad histórica (Charles Tilly, por ejemplo, lo ilustra con la Mesopotamia de Hammurabi, quien hace 3.800 años, mediante la conquista, impuso a los habitantes de un territorio suficientemente amplio unas leyes comunes). Lo cual no significa que desde hace tanto la población humana haya estado siempre dividida en Estados pero sí es verdad que éstos han sido las organizaciones mayores y más poderosas del mundo desde el Neolítico, hasta llegar a la Edad Contemporánea en la que la primacía de la división en Estados es casi absoluta. Ahora bien, si miramos hacia atrás, por ejemplo a la Edad Moderna europea, no es tan fácil individualizar los Estados que conformaban el continente. ¿Era España un Estado en el siglo XVI o lo eran los distintos reinos que ocupaban la península? ¿No cabría incluso pensar que el reino de Aragón estaba formado por unos cuantos "estados" (más fácil es admitir el carácter unitario en términos estatales del de Castilla)? Y es que las instituciones que dan contenido real al concepto de Estado no todas han estado siempre referidas a los mismos ámbitos demográficos y territoriales. No obstante, a muy grandes rasgos, la historia de Europa durante la Edad Moderna puede simplificarse como el proceso, bajo las monarquías absolutas, de consolidación de los Estados como las entidades concentradoras del Poder. Naturalmente que este proceso no es de igual intensidad ni con igual éxito en todo el continente (las excepciones más notables son las fragmentadas Alemania e Italia que han de esperar hasta muy avanzado el XIX para constituirse en Estados fuertes y "unitarios"), pero me vale como esquema nemotécnico.

Hay que distinguir entre las causas reales en la conformación histórica de los Estados y las reflexiones de los pensadores sobre éstos, las más de las veces para legitimar a posteriori su existencia. Si –como parecen coincidir casi todos los politólogos– el Estado es una organización humana que tiene que ver con el Poder, no es difícil intuir –como efectivamente se comprueba en la Historia– que el éxito de los Estados se debe en lo fundamental a que resultaron las soluciones más eficaces para resolver las necesidades de acumulación de poder de los poderosos (que justamente, llegaron a ser poderosos gracias a su éxito en la consolidación del Estado). La hoy tan traída soberanía es un concepto "inventado" justamente para legitimar el proceso de construcción y prevalencia del Estado en sus ansias concentradoras del Poder. La soberanía es la supuesta cualidad de un sujeto de la que emana la capacidad de ejercer el Poder. Pero, claro ésta, la tal soberanía no existe en la realidad, es un mero concepto abstracto. Porque –como dice un amigo mío– el Poder se ejerce porque se puede y, por tanto, tiene Poder quien puede, al margen de que sea o no sujeto de alguna supuesta soberanía. No obstante, para que el Poder pueda ejercerse con suficiente permanencia en el tiempo es necesario que se institucionalice, lo que equivale a que el conjunto de personas que quedan sometidas a dicho Poder lo reconozcan (de grado o a la fuerza). Pero, a su vez, para que ese reconocimiento se afiance es necesario (al menos, muy conveniente) que se legitime y aquí entran los sesudos pensadores y el invento de la soberanía, especialmente activos a partir del Renacimiento, cuando los monarcas europeos empiezan a requerirlos para armar ideológicamente las justificaciones de sus nacientes Estados.

Así, por traer a colación los primeros teóricos "modernos" del Estado (se suele citar el primero a Maquiavelo pero para mí mucho más estructuradas e influyentes fueron las elucubraciones de la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria a la cabeza), en el siglo XVI se argumenta que el Estado –entonces se le llama la república– nace de la necesidad de defender y conservar la sociedad humana, para cuya finalidad dispone del Poder. La soberanía es por tanto un derecho natural –cuyo origen está obviamente en Dios– que reside en el Estado, el cual se concibe con personalidad propia y autónoma, independiente de los miembros que conforman esa organización social (son recurrentes a este respecto las metáforas al cuerpo humano, tan caras a los pensadores medievales). El ejercicio del Poder, justificado en función del bien público, se encomienda a las instituciones del Estado y en última instancia al Príncipe, en el que a la postre reside toda la autoridad (siempre que sea legítimo, condición que dará origen a interesantes debates de consecuencias prácticas muy relevantes). Las reflexiones continuarán con el francés Jean Bodin, el jesuita Francisco Suárez, los profesores alemanes insertos en el complejo entramado político del mosaico centroeuropeo y cuya línea de pensamiento culminará en Kant, los ingleses Hobbes y Locke, y los franceses Montesquieu y Rosseau, ya en la antesala del alumbramiento revolucionario del nuevo concepto de la soberanía popular. La historia del pensamiento político es, sin duda, sumamente entretenida, pero no puede estudiarse olvidando su enraizamiento histórico, que es un producto de las formas concretas en que se articulaba el Poder en cada momento. Lo cual no significa en absoluto minimizar la importancia de las ideologías, de esos conceptos inventados como soberanía y otros de su misma naturaleza imaginaria –al contrario–, ya que la potencia de la ideas es fundamental en el devenir de las sociedades humanas, imprescindible para permitir su mantenimiento; consecuentemente, cuando los presupuestos teóricos pierden credibilidad en las sociedades, las formas en que éstas se articulan –y el Estado entre ellas– comienzan a tambalearse hasta derrumbarse (aunque las nuevas que las sustituyen sean con frecuencia cambios lampedusianos).

En todo caso, lo cierto es que los Estados –como realidades políticas concretas– estaban ahí, siempre han estado ahí, al margen de las invenciones ideológicas para explicarlos, justificarlos e incluso desmontarlos. Cuando los revolucionarios franceses proclaman que la soberanía reside en los ciudadanos, éstos son, de hecho, los comprendidos dentro de las fronteras del Estado patrimonial de los Borbones y lo mismo ocurrirá pocos años después en el primer ensayo de constitucionalismo español llevado a cabo en Cádiz. El internacionalismo implícito en todas las filosofías políticas del XIX se muestra impotente frente a las estructuras preexistentes de los Estados heredados (desde las guerras napoleónicas en nombre de la liberación de los ciudadanos hasta el activismo político marxista que acabaría en la triste resignación a los "socialismos nacionales"). En el fondo, tiene poca importancia que durante el convulso ottocento el mapa político europeo (y no digamos ya el de las posesiones extracontinentales de los países europeos, de España sobre todo) sufra tremendos cambios. Ni siquiera que, con todos los altibajos que se quiera, se vaya imponiendo una nueva concepción de la soberanía. Al final, el Poder seguirá residiendo en ese ente con personalidad propia que es el Estado y que ya existía de antes, sólo que ahora se justifica por su origen popular y no divino o regio. Nosotros, el pueblo, nos sentimos muy ufanos al enterarnos de que el Poder real del Estado proviene de algo que es nuestro y le concedemos (obigatoriamente, claro) para que nos proteja, para que organice nuestras vidas de modo que podamos ser felices. Pero, ¿quiénes somos nosotros? Pues somos los mismos que ya éramos cuando la soberanía no radicaba en nosotros, los que estábamos sometidos al Poder del Estado preexistente. Y la naturaleza de ese Estado, ¿ha cambiado en algo ahora que su poder proviene de nosotros? Pues no, sigue siendo la misma (si acaso se vuelve más poderoso, como si la legitimación popular permitiera alcanzar nuevos límites).

Pero, claro, la cuestión tiene su intríngulis con no pocos efectos prácticos. Porque pasar de concebir el Estado –cada Estado preexistente– como una entidad patrimonial de los reyes legitimados por el derecho divino a una organización que se sostiene en la delegación de la soberanía de sus ciudadanos, requería inventarse el engañabobos de que esos ciudadanos concretos (los que lo eran de unos Estados preexistentes o nacidos de unas fronteras políticas preexistentes, en el caso de los que aparecen durante el XIX con el antecedente previo de los USA) tenían una entidad colectiva. Así se inventa –a partir de ideas con larga historia, claro, pero distinto alcance conceptual– la idea de Nación y por eso nuestros actuales estados se llaman Estados-nación. La constitución americana (1787) empieza diciendo que "Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos .... nos constituimos en Estado (o en Estados con una unidad federal, que para lo que aquí interesa es indiferente). La Constitución francesa de 1791 señala que "el principio de toda soberanía reside en la Nación". La gaditana de 1812 afirma que "la soberanía reside esencialmente en la Nación" aclarando que la nación española es "la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios". ¿Queda claro? No es verdad (entendiendo por verdad la adecuación a la realidad) que la Nación española se constituya en un Estado (con determinados adjetivos y "valores superiores jurídicos"), tal como reza el primer artículo de nuestra vigente Constitución. Es el Estado español –que existía previamente y que ha ido cambiando sus instituciones y, sobre todo, sus justificaciones– el que ha constituido a la nación española –un ente todavía más abstracto– para poder decir que se constituye por decisión soberana de ésta. Uno se entera de que pertenece a la nación española porque es súbdito (o ciudadano, si le suena mejor) de un Estado, de una estructura política que viene existiendo –con todos los cambios que se quiera– desde hace mucho.

Claro que el invento decimonónico de la idea de nación, sumado a la legitimación "democrática" de la existencia del Estado, traería consecuencias. Es lo malo de esa manía que tiene la especie humana de justificarlo todo para sentirnos mínimamente tranquilos. De entrada, los Estados, los que ya existían, se empeñaron en construir ideológicamente esa nación que los legitimaba, esa "comunidad imaginada". El objetivo no era sencillo, desde luego bastante más complicado que adaptar las instituciones previas a la nueva concepción del Estado (al fin y al cabo, aquéllas ya existían y, en general, demostraron ser bastante flexibles para usarse bajo los nuevos presupuestos de la soberanía popular). Para lograrlo, se hubo de construir un discurso nacional que recurrió a múltiples argumentos provenientes de los más diversos ámbitos. Pero, de otra parte, esos mismos argumentos sirvieron para cuestionar el carácter nacional de los Estados preexistentes, legitimando a su vez nuevos Estados. Todo es pues nacionalismo, entendiendo esta ideología como la creencia de que existen grupos humanos (de base territorial) con el carácter de nación y que las naciones (como si tuvieran personalidad, conciencia de sí mismas y capacidad decisoria) pueden (y deben) constituirse en Estados. Tan nacionalista es defender la unidad del Estado español (porque España es una nación) como la constitución de un Estado catalán (porque Cataluña es una nación). Y ojo, no estoy afirmando que no existan desde también hace mucho las ideas de España y Cataluña como naciones, en un sentido amplio que podemos asimilar a cómo se entiende hoy en día el concepto; lo que digo es que nacionalismo es basar en esas ambiguas y difusas entidades históricas la legitimación de los Estados. Pero estamos todavía en esa etapa, aunque ciertamente ya aparecen síntomas que permiten otear cambios. Aunque me temo que ninguno de nosotros los veremos; resulta muy difícil en la práctica encontrar otro concepto que sustituya eficazmente a la nación para legitimar las organizaciones políticas detentadoras del Poder. Todo se andará pero, entre tanto, nos toca asistir a movidas nacionalistas centrífugas, que encuentran su legitimación ideológica en las mismas fuentes en que se basan casi todos los Estados actuales.

 
Frontera - Jorge Drexler (Frontera, 1999)