Sobre las elecciones andaluzas (3): proporcionalidad

En un sistema representativo, lo que parece más democrático para que el Parlamento represente al cuerpo electoral, es que el reparto de escaños sea lo más proporcional posible a los resultados de las votaciones. Así, en Andalucía, con un censo electoral en torno a los seis millones y medio y un parlamento con 109 escaños, cada diputado debería representar en torno a casi 60.000 votantes. Si el reparto se hace sólo sobre el total de votos válidos (poco más de cuatro millones), a fin de evitar al "partido abstencionista", la cifra baja a unos 36.860 votantes por escaño. Sin embargo, por diversos mecanismos del sistema electoral, ese coste de cada escaño en votos no es igual para cada partido. Así, en las recientes elecciones andaluzas, al PSOE cada escaño de los 47 obtenidos le ha costado algo menos de 30.000 votos, mientras que, en el otro extremo, Izquierda Unida ha necesitado casi 55.000 votos por escaño (y no digamos UPyD –como el resto de partidos que concurrieron y no consiguieron representación–, cuyos 76.653 votos no han valido ni siquiera para un escaño). Parece bastante razonable pensar que si los de Susana Díaz han tenido un respaldo popular cinco veces superior a los de Maillo, obtuvieran el quíntuple de escaños y no 9,4 veces más. En mi opinión, cuanto más se desvíe la distribución de escaños de la distribución proporcional de votos recibidos, menos democrática es la composición del Parlamento. Todos los argumentos que suelen esgrimirse para defender correcciones mayoritarias a la proporcionalidad se basan en limitar las excesivas fragmentaciones parlamentarias pues éstas –dicen– dificultan la gobernabilidad. Estas razones a mí no me convencen.

Los mecanismos correctores del sistema electoral andaluz para la asignación de escaños en función de los votos válidos son tres: la división del censo por circunscripciones provinciales, la exigencia de obtener un 3% de votos válidos y el reparto mediante la Ley d'Hondt. En realidad, el listón electoral cuando se asignan los votos por varias circunscripciones tiene poco efecto en la distribución final de escaños, ya que la Ley d'Hondt se ocupa de eliminar a los partidos con escasa representación. En Sevilla, por ejemplo, se presentaron 16 formaciones políticas de las cuales sólo las cinco que obtuvieron escaños superaban el 3% de los votos válidos en la provincia; si se hubieran distribuido los escaños sin exigir el mínimo del 3%, los resultados habrían sido exactamente iguales (8, 4, 3, 2 y 1 escaños para los mismos cinco partidos). Sin embargo, sí habría operado de haberse aplicado dicha Ley sobre circunscripción única, ya que entonces suprimiría a UPyD y al Partido Andalucista –con el 1,93% y el 1,53% de los votos– que, de no haber mínimo, entrarían en el Parlamento (con 2 y 1 escaño, respectivamente). En todo caso, no me parece que se justifique ningún listón superior a la inversa del número de escaños a repartir, ya que eso significa ir contra la proporcionalidad. ¿Por qué un partido que obtiene el 2,5% de apoyo popular no va a obtener, más o menos, esa proporción de los escaños del Parlamento?

La Ley d'Hondt no es más que un algoritmo para hacer una distribución proporcional de unidades enteras, resolviendo el problema de las inevitables fracciones. De hecho, si el número de objetos a repartir es suficientemente grande, la fórmula lleva a distribuciones muy cercanas a las resultantes de la aplicación de los porcentajes exactos (que salen con decimales). Por ejemplo, al PSOE, con un 35,92% de los votos válidos, le corresponderían en estricta proporcionalidad 39,158 escaños y aplicando la Ley d'Hondt sobre circunscripción única le tocarían 41. Las diferencias son mayores cuando el número de escaños a repartir es menor, como ocurre en Andalucía con las ocho circunscripciones provinciales. Así pues, aunque es verdad que la Ley d'Hondt tiene una ligera tendencia a asignar a los partidos con más votos algún escaño más del que les correspondería en estricta proporcionalidad, la parte de culpa que le toca en cuanto a las diferencias respecto de una distribución estrictamente proporcional es muy pequeña. De hecho, como trato a continuación, no vería inconveniente en mantenerla siempre que se aplicara sobre el total de votos (no por circunscripciones).

Porque lo que más rompe la proporcionalidad, tanto en Andalucía como en las elecciones nacionales, es la división en circunscripciones al reducir los escaños a repartir. En la tabla adjunta recojo las cuatro distribuciones que tendría el Parlamento andaluz con las últimas votaciones según los mecanismos de reparto electoral. La primera columna es la del sistema vigente, con las 8 circunscripciones provinciales y la Ley d’Hondt en cada una de ella; la segunda es aplicando la proporcionalidad (redondeada) en cada provincia; la tercera, la Ley d’Hondt para el conjunto de Andalucía; y la cuarta, proporcionalidad estricta también sobre circunscripción única. Las columnas están ordenadas, en mi opinión, de menos a más representativas (democráticas) y, como puede apreciarse hay notables diferencias entre la primera (la que configura el Parlamento en la realidad) y la última. Así, el PSOE tiene mucha más representación de la que le corresponde, y también, pero en menor medida, el PP. Podemos y Ciudadanos; en cambio, deberían tener un escaño más cada uno, pero es sobre todo Izquierda Unida la más perjudicada, algo a lo que ya están acostumbrados porque siempre les ocurre. Finalmente, UPyD, los Andalucista y el Partido Animalista (este último forzando el redondeo) habrían entrado en la Cámara regional. ¿Tan terrible habría sido esta distribución del Parlamento? Al margen de lo verdaderamente importante –que represente lo más fielmente posible las preferencias de los votantes–, no pienso yo que fuera nada malo en cuanto a la gobernabilidad. Más bien al contrario, obligaría a buscar consensos y acuerdos, algo muy recomendable en democracia.

En general, los sistemas electorales organizados por circunscripciones reducen la diversidad parlamentaria suprimiendo a los partidos minoritarios y, en último extremo, tendiendo al bipartidismo. El modelo paradigmático –y de más rancio abolengo– es el de los distritos ingleses, en el que cada circunscripción envía al Parlamento un único representante; pero mucho peor son las elecciones norteamericanas en las que todos los congresistas que aporta un Estado se los lleva el partido con más votos. Puedo admitir la fragmentación del censo para cámaras representativas de los territorios (por ejemplo, lo que debería ser el Senado), pero a mi juicio carece de lógica que en las elecciones al Gobierno de Andalucía se descarten los votos a los partidos minoritarios. En resumen, una de las reformas imprescindibles sería la de las leyes electorales, al objeto, claro está, de lograr que las cámaras legislativas sean lo más proporcionales posible a las preferencias de los electores.