Antecedentes del delito de profanación (el código penal de 1928)

En la introducción al post anterior conté que, como resultado de la Revolución del 68 que puso fin a la monarquía isabelina, se promulgó la Constitución de 1969, en base a la que, a su vez, se redactó y aprobó el nuevo código penal de 1870. La Constitución del 69 definía al Estado español como una monarquía lo que obligó a los prebostes del Gobierno Provisional a buscar candidatos a rey por toda Europa y encontrándolo finalmente en la persona del duque de Aosta, Amadeo de Saboya, que se convirtió en monarca constitucional en noviembre de 1870 por elección parlamentario (monarquía electiva). Pero el pobre Amadeo no duró mucho y en febrero de 1973, según cuenta la tradición, le comunicaron su despido y el rey renunció sin grandes alharacas ni lamentos de casi nadie. Así las cosas, de modo inmediato y en reunión conjunta, Congreso y Senado proclamaron la Primera República. Pi y Margall, quien fuera el segundo presidente de la República, impulsó una constitución republicana, pero el intentó no pasó del proyecto redactado por Emilio Castelar. En medio de pugnas constantes y sucesivos cambios de gobierno, la República no llegó a asentarse y el experimento acabó con la disolución del Congreso por el golpe de estado del general Pavía. Siguió luego la dictadura del general Serrano, sin Cortes y sin Constitución, que a su vez acabó con otra asonada militar, la del general Martínez Campos, que se pronunció por la restauración borbónica en la persona del que sería Alfonso XII. El 31 de diciembre de 1874 se formó el Ministerio-Regencia presidido por Cánovas del Castillo, dando por cerrado el Sexenio Democrático. Poco tiempo después, bajo la égida del artífice de la Restauración y líder de los conservadores, se redactó una nueva Constitución que se aprobaría el 30 de junio de 1876. En lo que aquí interesa, conviene destacar que la nueva Constitución reforzaba la confesionalidad del Estado. Sin embargo, los políticos turnistas del último cuarto del siglo XIX y del primero del XX no consideraron necesario, pese al cambio constitucional, modificar el código penal, de modo que siguió vigente el de 1870, durante la friolera de cincuenta y ocho años.

Las primeras décadas del siglo XX pueden sintetizarse en el progresivo debilitamiento del sistema político de la Restauración incapaz de reformar un Estado atrasado y casi comatoso, y en el paralelo agravamiento de la crisis endémica socioeconómica salvo en breves periodos de bonanza (como la I Guerra Mundial, gracias a la neutralidad española). Así las cosas, el desastre de Annual y el escándalo subsiguiente que amenazaba con embarrar al propio Alfonso XIII fue el detonante para el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923 del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que instauró un régimen de corte fascista, muy en la onda política de entonces (recuérdese que un año antes Mussolini había encabezado la marcha sobre Roma que le había llevado al poder y ese mismo 1923, unos meses antes, fracasaba el putsch de Munich de Hitler y sus colegas nazis). La llegada de la Dictadura –con el aval del rey, desde luego– no fue mal recibida, lo que da una idea del hartazgo de los españoles con el sistema político (no cambian tanto los tiempos). Primo pretendía modernizar el Estado, incluyendo la legislación y, dentro de ésta, el derecho penal. No tengo muy claro si había una real necesidad de reforma o ésta obedeció a una obsesión del Directorio por revisar todo el marco legal, como se estableció por Real Decreto de junio de 1926. A partir de ahí, se creó una Comisión de Codificación, procurando integrar técnicos independientes (a fin de buscar una legitimación de la que el régimen siempre careció). En el caso del nuevo Código Penal, su autor principal fue Eugenio Cuello Calón, catedrático de penal de la Universidad de Barcelona. Una vez promulgado tras su discusión en Cortes, fue muy criticado por el mundo jurídico –en especial por Jiménez de Asúa, uno de los juristas más destacados y miembro del PSOE– e incluso el Colegio de Abogados llegó a pedir que se derogase y volviese al Código de 1870.

Pero vayamos a los delitos que nos interesan. Ahora vuelven a agruparse bajo el epígrafe “delitos contra la religión del Estado”, tal como se denominaban en los códigos de 1822 y 1848, mientras que en el previo de 1870 se identificaban como “delitos relativos al libre ejercicio de los cultos”. También vuelven a penarse los actos encaminados a abolir o variar como religión del Estado la católica. En lo que se refiere a la profanación, se recupera la duplicidad del código de 1848, dedicando un artículo a la profanación de las sagradas formas y otro a la profanación de los restantes objetos destinados al culto. Es decir, se refuerza la influencia del catolicismo en la legislación penal abandonando los progresos laicistas del código de 1848 y volviendo, casi miméticamente, al código de 1848. Para que se vea con claridad, transcribo a continuación las dos parejas de artículos dedicados a la profanación:

Art. 131 (1848): El que hollare, arrojare al suelo, o de otra manera profanare las sagradas formas de la Eucaristía, será castigado con pena de reclusión temporal.
Art. 273 (1928): El que hollare, arrojare al suelo, o de otra manera profanare las sagradas formas de la Eucaristía, será castigado con la pena de tres años a seis de prisión.

O sea, idénticos. Y, por lo tanto, vale el comentario que en su época hizo Pacheco y que cito en el post del pasado viernes: ante tan gran sacrilegio no se impone ninguna condición para tipificarlo. Veamos ahora las restantes profanaciones:

Art. 132 (1848): El que con el fin de escarnecer la religión hollare o profanare imágenes, vasos sagrados u otros objetos destinados al culto, será castigado con la pena de prisión mayor.
Art. 274 (1928): Los que, en ofensa de la religión del Estado, hollaren, destruyeren rompieren o profanaren los objetos sagrados o destinados al culto, ya lo ejecuten en las iglesias, ya fuera de ellas, incurrirán en la pena de seis meses a seis años de prisión.

La estructura sintáctica es muy similar: en ambas redacciones antes de describir los actos materiales se introduce una locución adverbial como condición para que dichos actos alcancen la condición de delictivos. Dicha condición en el texto de 1848 es incuestionablemente de finalidad: el profanador, para delinquir, ha de actuar con la finalidad de escarnecer la religión. Pero el legislador del 28 inventa la locución que se sigue repitiendo en el código que hoy tenemos vigente y que tantos problemas de interpretación nos lleva dando. Fue probablemente Cuello Calón el paridor de tan puñetera expresión. Pero, ¿por qué lo hizo?

Puede defenderse (supongo que será lo que piense Vanbrugh) que si cambió justamente la frase que claramente exigía el requisito de finalidad lo hizo para que no fuera ésta la condición del delito. Me parece verosímil, añadiendo que probablemente don Eugenio quiso dejar el precepto ambiguo; es decir, no se atrevió a separarse de la tradición del derecho penal español que siempre había exigido la intencionalidad para este segundo tipo de profanaciones, pero dejó una puerta abierta para que, si así lo entendían los jueces, se pudiera interpretar de otra manera (por ejemplo, traduciendo la locución por “con el resultado de ofender la religión del Estado”, como sostiene Vanbrugh). Sin embargo, a pesar de que podría ser plausible esta polisemia interpretativa, después de darle otra vuelta me quedo con que lo que quiso el legislador era mantener el mismo significado que el del artículo 132 de 1848, ya que por más que he buscado en los debates en el Congreso y artículos de la época, no he encontrado ninguna referencia que aluda al cambio de criterio, que es lo que cabría esperar si éste se hubiera producido. Y simplemente, Cuello Calón quiso decir lo mismo que se había dicho antes de una forma original que a lo mejor le parecía más atinada, inventando el “en ofensa de” que, para mí, está directamente inspirado en el “en defensa de”.

En fin, el código penal de 1928 no duraría mucho, ya que fue derogado por el promulgado en 1932, apenas cuatro años después, por la República. Pero tiene la fundamental importancia de ser el que acoge por primera vez la locución que motiva esta serie de posts.