¿Deberían prohibirse las capillas en las universidades públicas?

Se trata ésta de una cuestión que salta al debate público con machacona frecuencia, disparada por cualquier incidente que, directa, indirecta o circunstancialmente, involucre religión (católica) y universidad. Por ejemplo –así enlazo con la larga serie de posts a propósito de Rita Maestre–, hubo muchos que pensaron que la performance de marras era contra la existencia de capillas en la universidad (y no, no tenía nada que ver con eso). Probablemente porque, inmediatamente después de la misma, se avivó la discusión, empezando por un “manifiesto por la laicidad en la universidad” firmado por 157 profesores en el que declaran que la “presencia de capillas y otros símbolos de poder religioso en las instituciones educativas públicas no responde a la satisfacción del derecho a la libertad de culto, sino a un privilegio de la Iglesia Católica que va siendo hora de superar en las universidades públicas”. Probablemente sea verdad que la Iglesia Católica mantiene aún privilegios en nuestra sociedad, pero a mi juicio, la discusión sobre la conveniencia de que haya espacios de culto (católicos o de otras confesiones) en la universidad poco tiene que ver con la denuncia de los privilegios de la Iglesia sino, justamente, con lo que niegan (aunque no justifican el porqué) los profesores que firmaron ese manifiesto: la satisfacción del derecho a la libertad de culto.

Lo primero que hay que dejar claro es que, en el marco legal vigente, que haya capillas en las universidades es absolutamente procedente. A estos efectos conviene recordar que el vigente II Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales establece en su artículo V que “el Estado garantiza que la Iglesia Católica pueda organizar cursos voluntarios de enseñanza y otras actividades religiosas en los Centros Universitarios públicos, utilizando los locales y medios de los mismos. La Jerarquía eclesiástica se pondrá de acuerdo con las autoridades de los Centros para el adecuado ejercicio de estas actividades en todos sus aspectos”. En base a esta Norma se explica que los rectores suscriban convenios con los respectivos obispados para dedicar locales de sus universidades a capillas, tal como hicieron en 1993 Gustavo Villapalos y Ángel Suquía, en el caso de la Complutense, por ejemplo, lo que explica la presencia en el campus de Somosaguas de la capilla que asaltaron Maestre & friends. Naturalmente, que la existencia de capillas en las universidades públicas sea completamente legal no resuelve el debate. De hecho, como ya comenté en un post de 2015 al que siguieron otros sobre el vigente Concordato, el PSOE (y también Podemos) proponen derogar y/o sustituirlo. Es decir, el ordenamiento jurídico que legitima las capillas en los recintos universitarios podría cambiarse e incluso promulgar una normativa que, por ejemplo, prohibiese los lugares de culto religioso en los centros docentes públicos (siempre y cuando ello no resultara inconstitucional), que es lo que reclaman no pocos.

Ahora bien, ¿por qué habría de prohibirse que en las universidades públicas haya locales en los que los creyentes puedan rezar, practicar sus ritos, meditar, etc? En una pintada de los días del incidente Maestre se leía: “no vengas a rezar a mi universidad y no iré a pensar a tu iglesia”; lo mismo que con menos gracia afirmaba Jesús Álvarez País, profesor de Prehistoria en laUCM, en un breve artículo publicado en El País el 17 de julio de 2014: Las universidades públicas son centros dedicados a la docencia y a la investigación, pero no al rezo. Cada día que pasa resulta más lamentable tener que traer a cuenta estas observaciones, pero no por dejar de ser obvias las cosas hay que dejar de decirlas”. En términos estrictamente lógicos, tal argumentación sería consistente si en los campus universitarios sólo hubiera locales destinados a la docencia y a la investigación (no es así); o también si ser creyente y/o practicar actividades de índole religioso, fuera incompatible con la cultura. Probablemente mucha gente piensa que el que Dios exista o que se preocupa de nosotros son falsedades completamente superadas por el progreso científico (con lo cual, convendría desde el Estado combatir esas creencias supersticiosas y, como primera medida, prohibir sus manifestaciones). Pero desde luego, no es así como se trata la religión en nuestro marco constitucional; ni siquiera (me atrevo a decir) sea ese planteamiento el mayoritario en nuestra sociedad. Más bien al contrario: consideramos qcomo uno de los derechos fundamentales de la persona la libertad religiosa y de culto. De todas formas, los argumentos citados, aún no siendo sólidos, pecan de una incongruencia añadida: si aceptáramos que en un centro dedicado a la docencia y a la investigación no deben haber locales dedicados a actividades religiosas, la prohibición consecuente no debería limitarse a las universidades públicas sino a todas. Pero no, las campañas contra la presencia de capillas van siempre enfocadas a la universidad pública.

Encuentro dos argumentos que esgrimen los detractores de las capillas en la universidad pública. El primero que el Estado debe ser “neutro” respecto de la religión y, por lo visto, que en los espacios públicos (como un campus) existan templos equivale a mostrar una inclinación positiva hacia la correspondiente confesión, incompatible con la obligada neutralidad. Pero tan público es un campus universitario (público) como las plazas de una ciudad en las que se permite que se erija una iglesia. Mas, sobre todo, esa neutralidad no implica a mi juicio prohibir las capillas, sino dar un trato igual a todas las religiones. Lo que, por cierto, viene a ser mucho más congruente con la exigencia del artículo 16.3 de la Constitución que ordena a los poderes públicos que tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantengan las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Un segundo argumento es que en un Estado no confesional no debe financiarse con dinero público la dotación de servicios religiosos. Estoy de acuerdo, pero de ahí no deduzco que no pueda haber capillas en la universidad pública sino que éstas deben ser financiadas por la Iglesia Católica o por la confesión de que se trate; incluso que se les cobre el alquiler del correspondiente local.

En resumen, que no encuentro motivos sólidos para prohibir las capillas en las universidades públicas. Es más, creo que este planteamiento obedece más a un anticlericalismo militante que no conduce sino a exacerbar los ánimos, dificultando la convivencia pacífica (tarea a la que nos apasiona dedicar nuestros esfuerzos). Me parece que sería mucho más natural facilitar a cualquier religión que lo solicite el correspondiente espacio para ofrecer servicios religiosos, siempre que haya suficiente demanda de fieles. Normalizar el debate religioso en este punto (es decir, evitar el continuo recurso a la bronca) podría traducirse en tratar la dotación de servicios religiosos exactamente como la de cualesquiera otros servicios; dicho de otra manera, que la universidad facilite a la Iglesia Católica (o a cualquier otra confesión) un local con los mismos criterios con que lo alquila para instalar un bar, una papelería, una agencia bancaria, etc (que de todo eso hay dentro de un campus sin que nadie se escandalice).