Los congresistas y las putas

Con motivo de las recientes polémicas sobre la regularización de la prostitución, después de oír las joyas demagógicas de nuestros preclaros líderes, acabo de leer el Informe de la ponencia de las Cortes Generales sobre la prostitución en nuestro país, aprobado el 13 de marzo de 2007. El encargo que se le hizo a esta ponencia era elaborar "un diagnóstico sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país, concretando orientaciones y propuestas transversales que se deban desarrollar en todos los ámbitos". En mi opinión, el informe está plagado de imprecisiones y de un fortísimo sesgo apriorístico que se manifiesta principalmente en premisas que se asumen como verdades evidentes sin ninguna justificación y en confusiones interesadas entre cosas que, si bien muy relacionadas, no son intrínsecamente lo mismo. De otra parte, se percibe una preocupante falta de datos sobre la realidad que quieren diagnosticar y, además, los datos (cuyas fuentes no se aportan) son cuando menos de fiabilidad bastante sospechosa.

La confusión (¿interesada?) más repetida es la equivalencia entre prostitución y tráfico de mujeres. Importa aclarar que esta última actividad, a diferencia de la primera, está penada en nuestro país, si bien parece que a la policía le resulta muy difícil conseguir pruebas incriminatorias. Sin ninguna duda, traficar y explotar económicamente a las mujeres, como cualquier otra actividad contra la libertad de los seres humanos, debe perseguirse. También puedo creerme que la gran mayoría de las 400.000 mujeres que en España se dedican a la prostitución (una por cada 38 varones en edad de ser clientes potenciales) lo hacen "forzadas" (los datos, por supuesto, provienen del informe y ya digo que me resultan sospechosos, máxime tras pasarme un ratito "jugando" con ellos). Ahora bien, de esta grave situación no es lícito asimilar prostitución y tráfico de mujeres, que es el tenor del mensaje que insidiosamente va destilando el informe. Conscientes de que la insistencia en alto porcentaje de mujeres que son forzadas a prostituirse (porcentaje que, por cierto, nunca cuantifican) no bastaría para que todos nos convenzamos de la equivalencia "conceptual" entre ambos fenómenos, en un momento de la redacción deciden coger el toro por los cuernos y, sin ningún pudor, afirman que "como consecuencia de todo ello (es decir, de la gran cantidad de prostitutas que lo son por explotación criminal... , a los efectos de la intervención del Estado nada aporta la distinción entre prostitución libre o forzada". O sea, que como es irrelevante distinguir si la prostituta ejerce coaccionada o libremente (porque lo decimos nosotros) hay que considerar la prostitución en sí misma y en todas sus modalidades como algo malo.

Y, tras las confusiones interesadas, aparecen las verdades axiomáticas que, por evidentes, no requieren ser justificadas; son legión. La más importante es que ejercer la prostitución atenta contra la dignidad de las personas que la ejercen y conculca sus derechos humanos fundamentales. ¿Por qué? Porque la sexualidad "requiere de una relación de igualdad y voluntariedad, una expresión de libertad compartida y en la que no puede caber la relación comercial que constituye en sí misma una situación de abuso, de poder". Así que una relación comercial supone una situación de abuso y/o de poder (se supone que el abusador es el cliente). Supongo que esa frase no la generalizarán a todas las relaciones comerciales o ¿es que acaso los parlamentarios se han vuelto unos ácratas anticapitalistas que están en contra de la violencia implícita que entre los seres humanos generan los intercambios comerciales? No, imagino que me dirían, sólo hay relación de poder cuando se mete en el mercado algo que no cabe en él (la sexualidad); o sea, razonamiento circular. Y, para colmo, basado en una edulcorada declaración sobre la sexualidad que no se creen ni ellos y, en todo caso, no significa nada, por muy bonito y políticamente correcto que suene.

Yo no creo que la dignidad de una persona se vea menoscabada por prestar "servicios sexuales". Lo gracioso es que nuestros políticos dirían lo mismo (porque, en caso contrario, cometerían el "pecado" de calificar a las prostitutas de poco dignas) sin que eso sea obstáculo para decir que la actividad atenta contra la dignidad. Pero, si una puta sigue siendo igual de digna que cualquier persona, ¿en qué consiste el atentado? Da igual, el lenguaje políticamente correcto lo soporta todo. Si una mujer decide libremente ejercer la prostitución, ¿no tiene acaso derecho? No se le cuestiona ese derecho en el informe (en realidad, ni se alude); simplemente se establece que, incluso en esos supuestos (aunque sea irrelevante distinguir entre prostitución libre y forzada), la mujer es una víctima de explotación. Por muy libérrima que ella crea que es su decisión, en realidad está siendo "forzada" a adoptarla por un sistema (capitalista y machista que ha convertido el sexo en mercancía) que, consiguientemente, la explota. Para luchar contra esta explotación (tan insidiosa por oculta) la ponencia propone al gobierno que acometa campañas de sensibilización que propicien "una repulsa social generalizada hacia el comercio sexual como una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres en situación de prostitución" (por cierto, nunca dicen prostitutas, sino eso tan bonito de "mujeres en situación de prostitución"). Así creen nuestros próceres que se puede lograr la "reducción de la demanda"; pues lo llevan claro.

Hay una pirueta argumental en el informe que, por más que la usen de pasada, me ha hecho gracia y vuelve a poner en evidencia el marcado carácter sofista de la argumentación. Se trae a colación que "es un principio general de todo el Ordenamiento Jurídico español, el de la indisponibilidad del cuerpo humano, en virtud del cual está, por ejemplo, penada la venta de órganos humanos – aun con consentimiento -, o su alquiler – por ejemplo, de úteros, en las llamadas madres de alquiler, aun con el consentimiento de las mismas -". Al margen de que este principio puede resultar contradictorio con la famosa proclama feminista de "mi cuerpo es mío" y plantear reflexiones interesantes en el asunto del aborto (que, por cierto, no he escuchado), aplicarlo a la prostitución me parece descaradamente abusivo. Porque, por la misma regla de tres, toda actividad comercial del rubro de los llamados "servicios personales" podría entenderse que implica la "disponibilidad" del cuerpo de quien la ejerce; sin ir demasiado lejos tratemos de distinguir, desde ese punto de vista, entre lo que hace un masajista y varias de las actividades de una prostituta.

No me enrollo más. Deduzco que este informe es el antecedente más obvio de la posición de algunos grupos políticos en el reciente debate sobre las iniciativas de regular la actividad de la prostitución. De hecho, la ponencia opina que regular la prostitución significaría dar un paso atrás en el esfuerzo en pos de la igualdad además de mandar un mensaje de tolerancia social hacia estas prácticas atentatorias contra los derechos humanos. Por supuesto, es una opinión, pero no basada en argumentos sólidos sino derivada directamente de un punto de partida apriorístico que no se cuestiona. En todo caso, aunque todavía no se atrevan, esta línea argumental lleva necesariamente a penalizar la actividad en sí, independientemente de que sea libre o forzada, castigando bien a la prostituta, bien al cliente o bien a ambos. Desde luego, no por eso dejará de existir la prostitución. ¿A nadie le parece que hay muchas similitudes con el debate sobre la legalización las drogas?

CATEGORÍA: Política y Sociedad