En los últimos meses se vienen produciendo varias noticias cuyo denominador común es poner de manifiesto que estos chicos, que tanto se la dan de éticos y denuncian la galopante corrupción de los chupópteros del sistema, no están libres del inmundo virus, que son incluso tan corruptos como esos a los que, en su arrogancia, se atreven a llamar casta. Se trata siempre de noticias interesadas, cuya finalidad no es que los ciudadanos conozcan los hechos en todos sus detalles y cada uno saque sus propias conclusiones, sino que son en sí mismas juicios condenatorios, en forma de titulares simplones y tajantes, que ocultan gran parte de los datos y cuentan engañosamente muchos otros. Esta forma de “informar”, propia del sensacionalismo o periodismo amarillo, es absolutamente inmoral y contraria a cualquier código deontológico del oficio. Sin embargo, los “profesionales” que practican con persistente contumacia este modo de hacer periodismo, carentes del más mínimo pudor, se presentan a sí mismos como adalides de la ética pública y de la libertad de información (llevando su descaro a acusar a quienes les afean sus conductas de ser anti-demócratas). Sin duda uno de los ejemplos más representativos de esta calaña es el empleado de El Mundo, Eduardo Inda, quien, en cualquier sociedad seria, estaría absolutamente desprestigiado y expulsado de la profesión por su constante comportamiento de tergiversaciones y engaños. En cambio, por mucha repugnancia que sienta al verlo y escucharlo, parece que lo que este tipo dice encuentra eco y credibilidad, no ya en quienes también están interesados en propalar sus mentiras, sino en algunas gentes bienintencionadas.
Repasemos, por ejemplo, el “escándalo” de Tania Sánchez, que en esta semana ha sido noticia por abandonar Izquierda Unida, en cuyas recientes primarias había sido elegida como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ayer, en un programa televisivo, la explicación que daba Inda de este suceso venía a ser la siguiente: Tania Sánchez se ha ido de IU antes de que la expulsaran por ser incluso más corrupta que su excorreligionario Moral Santín, ya que éste se había apropiado de 456.500 € por medio de la tarjeta
black de Bankia, mientras que ella, como concejal del municipio madrileño de Rivas, había dado a su hermano la friolera de 1.400.000 €. Éste, con las variantes que se quiera, es el
titular que interesa que quede en las mentes de los ciudadanos: Tania Sánchez, que tanto denuncia la corrupción vinculada al PP, es tanto o más corrupta ella misma. Yo no conozco a esta chica y, por tanto, no puedo dar ninguna opinión sobre su ética personal; pero, sabiendo suficientemente cómo funciona un ayuntamiento, sí me queda claro que estamos ante un ejemplo burdo y evidente del vergonzoso amarillismo a que me refería. Analicemos un poquito el
titular de Inda para ver en que queda.
De entrada, de lo que se está hablando es de contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Rivas a una cooperativa denominada Aupa, cuyo administrador era Héctor Sánchez, hermano de Tania. Según información de
ABC, son 29 contratos para realizar actividades de animación socio-cultural (a lo que se dedicaba la cooperativa) encargados entre 2002 y 2009 (8 ejercicios) que suman un total de 1.318.935 € (no 1,4 M€ como decía Inda), lo que supone algo menos de 165.000 € anuales. Lo que hizo el Ayuntamiento de Rivas durante esos años fue encargar la realización de unos trabajos a una sociedad cooperativa, no “dio” dinero a cambio de nada, como parece apuntar Inda (en algunos medios se habla de “subvenciones”, lo cual es falso). Si a mi empresa un ayuntamiento le adjudica la realización de un trabajo por un determinado precio –como es el caso–, para realizarlo incurriremos en gastos (pagar a quienes empleemos, por ejemplo); si el contrato municipal sale a un precio bastante mayor de lo que cuesta hacer el trabajo, la empresa tendrá beneficios importantes. Ahora bien, ninguno de los medios que se dedica a “denunciar” la corrupción de Tania se ha molestado en analizar si los precios de cada uno de los 29 contratos estaban ajustados a sus costes reales, ni tampoco las cuentas de la cooperativa (o los ingresos de sus socios) para comprobar si se estaban forrando con esas adjudicaciones. Lo que sí sabemos es que en 2009 Aupa fue
disuelta con resultados negativos y sin capital social que adjudicar (y en esa fecha todavía no había “estallado el escándalo”). De otra parte, por mi experiencia puedo asegurar que rarísima vez los presupuestos de adjudicación de contratos públicos están sobredimensionados; por el contrario suelen salir demasiado ajustados a la baja (una de las “técnicas” de las empresas constructoras adjudicatarias de obra pública para sacar beneficio es la de, una vez conseguido el contrato, plantear “revisiones de precios” casi a modo de chantaje, algo que no parece que haya ocurrido en este caso). Así que, en principio, a mí no me parece nada sorprendente ni inmoral que una cooperativa que se dedica a la animación sociocultural haya obtenido del ayuntamiento de su pueblo contratos para dar unos servicios. A esa sociedad se le pagó por hacer unos trabajos; nada que ver con cobrar por la cara un dinero que nadie declara. Poner en el mismo plano ambos hechos revela por sí solo el grado de deshonestidad del “periodista”.
Pero, claro, a nuestros ilustres “periodistas de investigación” lo que menos les interesa es justamente investigar, porque lo que se apresuran a resaltar con “santa indignación” es que la concejala de IU “dio” los contratos a su hermano. Durante el periodo en que Tania Sánchez fue concejala de Rivas (2007-2011), la cooperativa Aupa fue adjudicataria de 8 contratos (puede que alguno menos, porque sólo sé los años y he contado todo 2007 aunque el cargo lo ocupó desde finales de mayo) por un importe total de 231.328 €. Es decir, que de la cantidad total que a lo largo de 8 años contrató el Ayuntamiento de Rivas a Aupa, la parte que se adjudicó mientras Tania era concejala representa el 17,54%. Naturalmente, aunque lo sepa de sobra, a Inda eso no le impide en absoluto seguir hablando de un millón cuatrocientos mil euros. Al fin y al cabo, la Sánchez desde el 2003 estaba vinculada como asesora al grupo municipal de IU en Rivas y, además, su padre era concejal del Ayuntamiento desde bastante antes. Los contratos previos a la cooperativa de Héctor se los “dio” el padre, desde luego con la connivencia de toda la familia, así que cuando le tocó a la hija seguir “dando” contratos fraudulentos, no puede caber duda que lo único que hacía era poner su firma en la práctica de mucho tiempo de la que era conocedora y hasta actora. Así que Inda tiene razón, por supuesto, también los contratos que adjudicó el Ayuntamiento de Rivas a Aupa cuando Tania Sánchez no era concejala deben imputarse en el monto total de la corrupción de la chica. Reconozco que todavía me asombra que haya personas con tal nivel de cinismo y desvergüenza; aunque más que asombro lo que me produce ese individuo es verdadera repugnancia.
Ahora bien, la cuestión que a mi juicio mejor refleja el afán desinformador de esa comadreja pedante (y de los muchos otros que lo emulan) es el empleo del verbo
dar poniendo a la entonces concejala como sujeto de la frase. Supongo que si tanto lo repiten es porque hay bastantes personas que creen que los contratos de las administraciones públicas pueden “darse” a voluntad de un munícipe. El “escándalo” este surgió a partir de un contrato de 2008 de 137.000 € para impartir talleres musicales, que se adjudicó el 21 de octubre mediante ratificación por unanimidad de la Junta de Gobierno del dictamen emitido el 8 de octubre por la Mesa de Contratación. En esa Junta de Gobierno estuvo Tania Sánchez, con siete personas más (de las cuales, tres del PSOE). Por cierto, según leo en un
artículo de
eldiario.es (el único serio que he encontrado sobre el “caso Tania”), éste de 2008 fue el último contrato que adjudicó el Ayuntamiento a Aupa y el único en cuya decisión participó nuestra protagonista. Así que lo que ocurrió –como siempre ocurre en las adjudicaciones de contratos públicos- es que un órgano colegiado municipal ratifica una decisión previa tomada por la correspondiente Mesa de Contratación, lo cual sólo con muy mala intención se puede vender como que uno de los miembros de la Junta “dio” el contrato a su hermano. Ciertamente, Tania Sánchez, al ver que uno de los asuntos del orden del día era ése, debería haberse abstenido (incluso haber salido de la reunión), algo que ella misma ha reconocido. El que no lo hubiera hecho, lo único que pone de manifiesto es la bisoñez política de no prever que años después unas cuantas sabandijas lo aprovecharían para echarle mierda. Porque lo que es evidente es que si la chica no hubiera estado en esa Junta igualmente se le habría adjudicado por unanimidad a Aupa el contrato de marras. Y también que si el expediente no hubiera llegado a la Junta con la propuesta de ajudicación a Aupa, a una concejala le habría sido imposible conseguir que se contratase a la cooperativa de su hermano. Más o menos esto es lo que viene a decir un informe solicitado ex profeso a causa de este asunto a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que, citando una sentencia del Tribunal Supremo, concluye que un acto en el que ha participado quien debiera haberse abstenido se considerará válido si la intervención del interesado no fuera decisiva, por ser el resto de los votos favorables suficientes para la adopción del acuerdo, y sólo podría declararse nulo cuando con la participación del que tiene causa de incompatibilidad se conculcaran las reglas esenciales para la formación de la voluntad del órgano colegiado (la Junta de Gobierno, en este caso).
Por supuesto que lo todo lo que he contado hasta aquí esa hedionda alimaña que se les da de azote de corruptos lo sabe de sobra; con su experiencia es imposible que desconozca que Tania Sánchez no podía "dar" ningún contrato, como tampoco ignora que las cifras que repite incansablemente son falsas. Justamente el que lo sepa y además se niegue, como sería su obligación, a entrar en los detalles es la prueba más palmaria de su deshonestidad, de su despreciable desprecio por la verdad, de su carencia de todo atisbo ético gracias a la cual no tiene el menor cargo de conciencia en ganarse la vida por medio de la infamia. Una mala persona, en suma. Asentada la mentira, se apuntala con cantidad de bulos que nunca son documentados. Que la cooperativa Aupa obtenía los contratos municipales por estar en ella Héctor Sánchez, lo que se prueba por la cantidad de encargos continuados que recibieron. Sin embargo, no es nada extraño –ni mucho menos ilegal– que una empresa trabaje con continuidad para un mismo ayuntamiento, sin que de ello se deduzca necesariamente que hay trato de favor. Pero, por favor, si era el hijo de un concejal (y luego hermano de otra); con lo que los hipócritas defensores de la moralidad parecen decirnos que una persona no puede trabajar para una administración pública en la que tenga familiares, cuando precisamente para eso están los escrupulosos procedimientos de la Ley de Contratos. Pero, añaden, resulta que los pliegos de condiciones los hacían dos chicas que habían pertenecido a la cooperativa y después entraron de funcionarias municipales y, claro, se redactaban a medida de Aupa. Sin embargo, leído el pliego del contrato que "dio" Tania la corrupta no encuentro nada que haga sospechar esa acusación. Entonces, siguen diciendo, cómo es que sólo se presentó Aupa. Pues quizá, contesto, porque no era ningún chollo sino a lo mejor todo lo contrario, y a los que se sonrían irónicamente les diré que más de una vez nos hemos presentado a un encargo público en el que no íbamos a ganar nada por la sencilla razón de que estábamos "comprometidos" con ese municipio. Con todo esto no pretendo asegurar que la relación del Ayuntamiento de Rivas con la cooperativa Aupa haya sido un ejemplo palmario de ética por la sencilla razón de que no lo sé (aunque apostaría que no ha habido ninguna ilegalidad). Pero tampoco lo saben quienes se apresuran a convencerse –porque es lo que quieren– de que en ese municipio los Sánchez habían montado una trama mafiosa para forrarse. Si hay sospechas de irregularidades lo que hay que hacer es investigar (lo que está haciendo el Ayuntamiento, aparentemente con bastante rigor y transparencia) pero no dar por sentadas maledicencias. En el fondo, que los repugnantes Indas del periodismo español puedan seguir prostituyendo el oficio se debe a lo mucho que a tantos les gusta regodearse en las difamaciones ajenas. Y así nos va.