Rectifico, que es de sabios

En el post anterior elucubré sobre las actividades inspectoras y censoras de una futura Comisión de Propiedad Intelectual que, al amparo de un nuevo marco legal, se dedicaría a supervisar las navegaciones internáuticas de los particulares para castigarnos cortándonos el acceso a la red si pirateábamos en exceso. Pues bien, resulta que, adormecida mi capacidad crítica por el escaso rigor informativo de los periódicos, incurrí en el para mí odioso error de llegar a conclusiones precipitadas sin corroborar mínimamente las fuentes. Así que, antes de que me saquen los colores, me veo obligado a rectificar (que es de sabios).

La nueva Ley de Economía Sostenible (que, también erróneamente, dije que ya estaba aprobada) modificaría el artículo 8 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) añadiendo la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual como uno de los principios cuya vulneración por un servicio de la sociedad de la información legitima que los órganos competentes adopten las medidas necesarias para interrumpir su prestación. Es decir, la LSSI (incluso con la modificación que pretende el Gobierno) ampara las acciones punitivas contra los prestadores de servicios, no contra los usuarios, consumidores o receptores de los mismos.

Para que quede suficientemente claro, la LSSI cuenta con un Anexo (que no había leído) en el cual define que los servicios de la sociedad de la información son todos aquéllos prestados a título oneroso a distancia por vía electrónica y a petición individual del destinatario, incluyendo también los que, aunque el usuario no pague, constituyan una actividad económica para el prestador. Ciertamente, las webs de enlaces (y, por supuesto, las que alojan contenidos descargables) caben en esta definición de servicios de la sociedad de la información (tienen publicidad que les da dinero). En cambio, entiendo yo, no sería aplicable a los programas P2P (emule, por ejemplo) que simplemente permiten el intercambio de ficheros entre ordenadores particulares, sin que haya actividad comercial. Y, desde luego, como ha difundido la SGAE, por una vez sin mentir, los usuarios que descargamos no estamos prestando servicios sin que por lo tanto pueda, al amparo de esta futura modificación legal, cortársenos internet por hacerlo.

Hecha la rectificación, me congratulo de que la iniciativa gubernamental no avance tanto como había temido en la construcción de un marco normativo tipo Gran Hermano. Pero el que no progrese demasiado en esa dirección no niega que lo esté haciendo, que esa sea la senda por la que están caminando. Se trata simplemente de una cuestión de grado: en vez de una zancada han dado un paso. Así que, el error cometido en mi anterior post no cambia en nada mis conclusiones respecto a que la excusa de la protección de los derechos de autor (más bien de los beneficios que producen) no justifica erosionar otros derechos que me parecen mucho más valiosos. Y tampoco muda mi convicción de que, además de injustas, este tipo de medidas legales son inútiles. Cuanto menos tarden sus defensores en darse cuenta antes afrontarán creativamente la realidad de que hay que olvidarse del viejo sistema y montar otro nuevo.

CATEGORÍA: Política y Sociedad