sábado, 21 de enero de 2017

El delito de profanación en la gestación del código penal vigente

Como dije en el post anterior, quería investigar si en la génesis del código penal de 1995, el que con algunas reformas puntuales sigue vigente, encontraba alguna pista sobre el delito de profanación. Lo primero que me llamó la atención fue que tuvieran que pasar veinte años desde la muerte de Franco para que el régimen democrático en dotarse de un código penal que sustituyese al de la Dictadura. Bien es verdad que el código penal de 1944 había sufrido numerosos cambios incluso durante el franquismo (su última versión fue el texto refundido de 1973) y esa técnica de parcheos sucesivos fue continuada por los primeros gobiernos de Felipe González. Pareciera que daba mucha pereza afrontar una revisión en profundidad que sólo llegó en la última legislatura socialista del siglo pasado, cuando Felipe estaba en minoría y con Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia. Pero la verdad que, en lo que a los delitos se refiere, tampoco puede decirse que sea radicalmente diferente del código franquista, y esa similitud es mucho mayor en el grupo de los delitos que nos interesan. Ciertamente, pasan de la sección “delitos contra la religión católica” a considerarse “delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos”; sin embargo, la redacción del artículo que nos interesa, el 524, se basa en el 208 del código franquista, mucho más que en el 235 del código republicano. Tan solo dos ligeras diferencias: en primer lugar ahora se refieren al acto de profanación en genérico, sin especificar como se había hecho en todos los códigos anteriores que consiste en maltratar objetos destinados al culto. Esta menor precisión podría suponer que los jueces entendieran que la realización de actos irrespetuosos en un lugar de culto, aunque no se maltrate ninguno de los objetos, quede incluida bajo el concepto de profanación; tal fue la interpretación que hizo la juez que condenó a Rita Maestre, por ejemplo. La segunda diferencia está en que los actos de profanación, para ser delictivos, tienen que realizarse en el interior de lugares destinados al culto o durante ceremonias religiosas, mientras que en la norma del 44 el lugar no importaba (“ya lo ejecuten en las iglesias, ya fuera de ellas”). Probablemente, este requisito permitió que se absolviera a Abel Azcona, porque los actos de profanación de las hostias consagradas los realizó fuera de la iglesia. Pero yendo en los más nos importa no hubo cambio: el legislador del 95 siguió manteniendo la puñetera locución “en ofensa de”. Lo que varía es que antes era en ofensa de la Religión Católica y ahora es en ofensa de los sentimientos religiosos.

Me he revisado todo el proceso de tramitación parlamentaria del código penal. El 13 de septiembre de 1994 el Gobierno presentaba a las Cortes el Proyecto de Ley del Código Penal. El 20 del mismo mes, la Junta de Portavoces calificó de orgánica la iniciativa, encomendó dictamen a la Comisión de Justicia e Interior y abrió plazo de enmiendas por quince días (que luego se ampliaría hasta cuatro veces). En el texto presentado por el Gobierno el artículo que nos interesa –entonces era el 503– tenía exactamente la misma redacción que el vigente (con una mínima diferencia que a nuestros efectos es irrelevante: la multa que se establecía como castigo alternativo a la prisión era de cuatro a diez meses y en el vigente es de 12 a 24 meses). A este artículo sólo se presentaron dos enmiendas (la 502 y la 503), ambas por el Grupo Popular. La primera pretendía ampliar los actos de profanación cuando fueran en ofensa de cualesquiera creencias aunque éstas no fueran religiosas (se rechazó porque la comisión consideró que la profanación opera siempre en el ámbito de lo religioso). La segunda quería que se ampliaran las penas y así se hizo, aunque no tal como lo pedían los populares. Por último, aunque no lo justificaban, solicitaban que la profanación también se castigara cuando no se realizara en lugares de culto ni en ceremonias religiosas, enmienda que tampoco prosperó. Pero, lo que nos importa es que nadie enmendó el uso de la locución “en ofensa de los sentimientos religiosos”. La Ponencia encargada de redactar el informe sobre el Proyecto de Ley, presidida por Javier Sáenz de Cosculluela, mantuvo doce reuniones (del 15 de marzo al 26 de abril de 1995) para estudiar las mil doscientas enmiendas presentadas y adoptar los acuerdos correspondientes. Respecto del artículo que nos interesa no se aceptaron enmiendas. Luego vinieron las reuniones de la Comisión de Justicia e Interior, durante los meses de mayo y junio, en las que se discutieron las enmiendas y, como resultado, el 21 de junio de 1995, se publica el dictamen sobre el proyecto de Ley que mantiene el artículo 503 con la misma redacción que había hecho el Gobierno. Posteriormente, el texto dictaminado por la Comisión se debatió en el Pleno del Congreso y el 5 de julio se votaron las enmiendas y finalmente se llevó a cabo la votación de conjunto que aprobó el Proyecto con 193 votos a favor y 113 abstenciones (ninguno en contra). El proyecto aprobado por el Congreso mantenía la misma redacción presentada por el Gobierno del artículo que nos interesa, aunque ahora pasaba a ser el 516. Del Congreso fue al Senado y se volvió a abrir plazo para presentar enmiendas. Esta vez solo se presentaron dos al artículo que nos concierne, ambas del Grupo Popular, las mismas que ya había presentado en el Congreso y que tuvieron los mismos efectos. Siguieron el informe y dictamen de la Ponencia y el 8 de noviembre el Senado aprobó el texto, sin que nuestro artículo sufriera ninguna variación, salvo el número de orden que pasó a ser el 524 (el que tiene en la actualidad). En resumen, en ningún momento de toda la tramitación parlamentaria del código penal se mencionó en lo más mínimo la locución “en ofensa de”.

Después de revisar toda la tramitación parlamentaria descubro que no fue 1995 cuando se cambió el texto del código civil de 1944 para que en vez de “en ofensa de la Religión Católica” pasara a decir “en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados”. Tal modificación se produjo mediante la Ley 44/1971 de reforma del código penal para adaptarse a la Ley 44/1967 que regulaba el derecho civil a la libertad en materia religiosa (es la segunda etapa del franquismo, cuando comienza sus tímidas aperturas). Mediante esa reforma se refundieron los antiguos artículos 207 y 208 (lo que en la práctica significaba no distinguir en cuanto a profanación las sagradas formas de los restantes objetos) y se pasó de ofender la religión católica a los sentimientos religiosos de cualquier confesión. Veintipico años después, cuando se afrontó la reforma que daría el código vigente, el primero que se consideró plenamente democrático, los legisladores debieron considerar que el texto valía como estaba, que no merecía la pena introducir ninguna modificación. Es decir, digo yo que pensaron que la definición del delito era correcta y, además, entendieron que el delito estaba bien definido, que no había confusión ni ambigüedad en dicha definición. Quiero suponer que, si entendían que el precepto que copiaban de la Ley 44/1971, habría habido al menos algún diputado que lo hubiera hecho notar, que hubiera presentado la correspondiente enmienda.

No pretendo asegurar que todos los diputados entendieran perfecta y unívocamente el significado de la locución en ofensa de; es más, me atrevo a apostar que la mayoría de ellos lo ignoraría o, para decirlo mejor, les importaría un comino si para que los actos de profanación sean delito quien los cometa tiene que tener la intención de ofender o basta con que ofenda incluso no queriendo. Pero sí pienso que algunos, aunque pocos, se preocuparían de este precepto y llegarían a la conclusión de que la extraña expresión (que ya tenía casi setenta años de antigüedad) venía a exigir la intencionalidad para que hubiese delito. ¿Por qué? Pues simplemente porque para entonces ya el Tribunal Supremo había sentado con claridad la jurisprudencia. Ya dije en un post anterior que había ido recopilando sentencias desde 1982; aprovecho para citar ahora un párrafo de la Sentencia de 15 de julio de 1982, cuyo ponente fue Martín Jesús Rodríguez López: “Por otra parte al utilizar la locución "en ofensa", con carácter eminentemente tendencial, esta exigiendo el precepto un "animus" especial, como ocurre en otros preceptos del Código Penal cuando utiliza igual o semejantes palabras. Se trata en definitiva de un dolo especifico, o un elemento objetivo del injusto, que se añade al tipo, pero que como todo "animus" por ser estado subjetivo interno, o psicológico precisa para ser conocido de hechos exteriores suficientemente expresivos (facta concludentia) para que de ellos pueda deducirse la especial intención perseguida, deducción que deberá hacerse por el Juzgador mediante un juicio de valor, y que permitirá luego al Tribunal de casación revisar el acierto o desacierto de la deducción. Además el artículo 208 comentado incorpora dos elementos objetivos uno el "acto de profanación" (sin concretar en que consiste) y otro que sean ofendidos los sentimientos religiosos de los adeptos a una religión”.

En conclusión, cuando se promulgó el Código Penal actualmente vigente, los legisladores quisieron mantener el delito de profanación exactamente igual que como estaba regulado en la normativa previa. Y la regulación anterior estaba ya interpretada por la jurisprudencia, de modo que en 1995 se sabía que, para que hubiera delito, quien cometiera la profanación tenía que tener intención de ofender los sentimientos religiosos y, además, ofenderlos. Es decir, en el momento de promulgación de la norma hoy vigente se entendía que la locución “en ofensa de”, significaba tanto “con la intención de ofender” como “con el resultado de ofender”, pero que para que hubiera delito tenían que verificarse ambas condiciones. Es decir, para volver a uno de los puntos discutidos con Vanbrugh, parece que el legislador, conocida la jurisprudencia, asumía que no bastaba con uno de los dos requisitos (conjunción o) sino que tenían que darse los dos (conjunción y).

jueves, 19 de enero de 2017

Antecedentes del delito de profanación (códigos de 1932 y 1944)

El código penal de 1932

El 15 de abril de 1931, al día siguiente del advenimiento de la II República, el recién constituido Gobierno anuló el código penal de 1928 y restableció el de 1870; tanta premura ilustra cabalmente el rechazo que para la gran mayoría de los descontentos de la monarquía provocaba la legislación punitiva promulgada por la Dictadura. La estima que los dirigentes del nuevo régimen tenían al código elaborado por sus antecesores republicanos no les impedía comprender que, por muy progresista que en su momento hubiera sido, esa legislación, con más de seis décadas de antigüedad, reclamaba necesariamente una actualización. El primer ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, encomendó a una comisión de juristas que elaborara una reforma rápida –y por tanto limitada– del código de 1870 con dos objetivos principales: adaptar sus artículos al nuevo texto constitucional y humanizar los preceptos (sobre todo las penas). La idea era que esa reforma permitiera prolongar la vida útil de la legislación penal en tanto se trabajaba, con calma y profundidad, en un futuro código de nueva planta (código que nunca llegó a ver la luz). Así, a finales del 31 se presentó el proyecto de reforma en las Cortes y en el otoño de 1932 entra en vigor el nuevo código. Naturalmente, tras la derrota de la República en la Guerra Civil, se sustituyó el código de 1932 por otro más acorde con el carácter autoritario del régimen franquista; aún así, lo cierto es que no lo hicieron inmediatamente: esperaron hasta 1944.

Así pues, el código de 1932 es muy parecido al de 1870 y este parecido llega casi a la identidad en el caso de los delitos que nos ocupan. Como se justifica en la exposición de motivos se quiso mantener como sección autónoma los que en el código de 1870 se llamaban “delitos relativos al libre ejercicio de los cultos” “no sólo por conservar las paredes maestras del Código de 1870, sino por hacer más patente la importancia de estas infracciones en un país radicalmente intolerante”. De modo que, salvo el añadido de tres artículos relacionados con la libertad de conciencia, los preceptos de esta sección son casi copia literal de los correspondientes del código de la I República, si bien con las penas rebajadas ya que el legislador de los años treinta consideró que “aparecían castigados con infundado rigor”. El que específicamente nos interesa es el supuesto cuarto del artículo 235 que, como podemos ver, coincide con el antiguo 240.4:

Art. 240 (1870): Incurrirán en las penas de prisión correccional en sus grados medio y máximo y multa de 250 a 2.500 pesetas: … 4º. El que con el mismo fin (escarnecer públicamente alguno de los dogmas o ceremonias de cualquiera religión que tenga prosélitos en España) profanare públicamente imágenes, vasos sagrados o cualesquiera otros objetos destinados al culto”.

Art. 235 (1932): Incurrirán en las penas de arresto mayor y multa de 500 a 5.000 pesetas: … 4º El que con el mismo fin profanare públicamente imágenes, vasos sagrados o cualesquiera otros objetos destinados al culto.

O sea, que el código de 1936 no nos aporta nada nuevo, toda vez que vuelve a recuperar la letra (y el espíritu, por supuesto) de una norma anterior que ya he comentado. Sólo cabe resaltar que se mantiene, como en todos los códigos previos, la exigencia de intencionalidad para que los actos de profanación adquieran la condición de delitos.

El código penal de 1944

El inicio de la Guerra Civil supuso que en las áreas donde triunfó el golpe de Estado numerosos delitos se sustrajeron de la legislación común para pasar a la esfera penal militar. La victoria de los sublevados trajo casi inmediatamente algunas reformas puntuales al código republicano, siendo las más notables el notable endurecimiento de las penas, incluyendo la reintroducción de la pena de muerte. Lo cierto es que el nuevo gobierno, y en particular los falangistas, aspiraban a la promulgación de un código penal de nueva planta, en la línea ideológica de un Estado totalitario; así, un anteproyecto presentado por el Ministerio de Justicia nada más acabar la contienda contenía joyas como “delitos contra la dignidad y el interés de la Patria”, entre los que se contaba, por ejemplo, “el matrimonio con personas de raza inferior”. Sin embargo, estas veleidades no llegaron a prosperar y finalmente lo que se produjo fue una reforma del código de 1932 con un doble objetivo: hacer del código penal un instrumento protector del régimen totalitario y, desde un punto de vista técnico, depurar erratas, antinomias y errores, evitando extranjerismos del lenguaje en el que se consideraba habían incurrido los anteriores. El nuevo código se promulgó en 1944, siendo ministro de Justicia Eduardo Aunós Pérez, catalán que en su juventud militó en la Lliga de Cambó, posteriormente admirador del fascismo italiano, exiliado en París durante la República y adherido al "Alzamiento Nacional" en sus inicios, lo que le valió ocupar diversos cargos en el franquismo hasta su muerte en 1967.

Los delitos que nos interesan pasan a agruparse en la sección tercera, del capítulo segundo, del título II, que se denomina “Delitos contra la religión católica”. Volvemos pues al esquema de los códigos de 1822, 1848 y, sobre todo, al de 1928 de la Dictadura de Primo de Rivera. En todos ellos se habla de “religión del Estado”; ahora, con buen criterio a mi juicio, se la llama por su nombre. Ahora bien, si se protege la religión católica (no hay delitos contra otras religiones) es justamente porque es la del Estado, tal como se deja claro en el primero de los artículos de la sección, el que vuelve a tipificar como delito “cualquier clase de actos encaminados a abolir o menoscabar por la fuerza, como religión del Estado, la Católica Apostólica Romana” (hago notar, de pasada porque no es el objeto de estos posts, que se exige que los actos sean por la fuerza; parece pues que no sería delito, por tanto, tratar de abolir la religión católica mediante campañas de convicción). En cuanto al los actos de profanación, también se recupera la duplicidad de delitos, según se trate de hostias consagradas o de los restantes objetos de culto. La redacción de ambos artículos está copiada literalmente –salvo las penas– de la que compuso Eugenio Cuello Calón; véanse en el post anterior los textos de los artículos 273 y 274 y compárense con los de los 207 y 208 de 1944 que transcribo a continuación:

Art. 207. El que hollare, arrojare al suelo o de otra manera profanara las Sagradas Formas de la Eucaristía, será castigado con la pena de prisión menor.

Art. 208. Los que, en ofensa de la Religión Católica, hollaren, destruyeron, rompieron o profanaron los objetos sagrados o destinados al culto, ya lo ejecuten en las iglesias, va fuera de ellas, incurrirán en la pena de prisión menor.

Así que tampoco el código de 1944 nos aporta nada nuevo ya que vuelve, como hizo el del 32, a una redacción previa, que en este caso es volver a poner en juego la locución “en ofensa de” que tanto juego nos está dando.

Y hasta aquí los antecedentes. Antes de concretar mis conclusiones de esta revisión histórica puede convenir referirse en un próximo post al origen del código que tenemos vigente y que se promulgó en 1995.

miércoles, 18 de enero de 2017

Antecedentes del delito de profanación (el código penal de 1928)

En la introducción al post anterior conté que, como resultado de la Revolución del 68 que puso fin a la monarquía isabelina, se promulgó la Constitución de 1969, en base a la que, a su vez, se redactó y aprobó el nuevo código penal de 1870. La Constitución del 69 definía al Estado español como una monarquía lo que obligó a los prebostes del Gobierno Provisional a buscar candidatos a rey por toda Europa y encontrándolo finalmente en la persona del duque de Aosta, Amadeo de Saboya, que se convirtió en monarca constitucional en noviembre de 1870 por elección parlamentario (monarquía electiva). Pero el pobre Amadeo no duró mucho y en febrero de 1973, según cuenta la tradición, le comunicaron su despido y el rey renunció sin grandes alharacas ni lamentos de casi nadie. Así las cosas, de modo inmediato y en reunión conjunta, Congreso y Senado proclamaron la Primera República. Pi y Margall, quien fuera el segundo presidente de la República, impulsó una constitución republicana, pero el intentó no pasó del proyecto redactado por Emilio Castelar. En medio de pugnas constantes y sucesivos cambios de gobierno, la República no llegó a asentarse y el experimento acabó con la disolución del Congreso por el golpe de estado del general Pavía. Siguió luego la dictadura del general Serrano, sin Cortes y sin Constitución, que a su vez acabó con otra asonada militar, la del general Martínez Campos, que se pronunció por la restauración borbónica en la persona del que sería Alfonso XII. El 31 de diciembre de 1874 se formó el Ministerio-Regencia presidido por Cánovas del Castillo, dando por cerrado el Sexenio Democrático. Poco tiempo después, bajo la égida del artífice de la Restauración y líder de los conservadores, se redactó una nueva Constitución que se aprobaría el 30 de junio de 1876. En lo que aquí interesa, conviene destacar que la nueva Constitución reforzaba la confesionalidad del Estado. Sin embargo, los políticos turnistas del último cuarto del siglo XIX y del primero del XX no consideraron necesario, pese al cambio constitucional, modificar el código penal, de modo que siguió vigente el de 1870, durante la friolera de cincuenta y ocho años.

Las primeras décadas del siglo XX pueden sintetizarse en el progresivo debilitamiento del sistema político de la Restauración incapaz de reformar un Estado atrasado y casi comatoso, y en el paralelo agravamiento de la crisis endémica socioeconómica salvo en breves periodos de bonanza (como la I Guerra Mundial, gracias a la neutralidad española). Así las cosas, el desastre de Annual y el escándalo subsiguiente que amenazaba con embarrar al propio Alfonso XIII fue el detonante para el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923 del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que instauró un régimen de corte fascista, muy en la onda política de entonces (recuérdese que un año antes Mussolini había encabezado la marcha sobre Roma que le había llevado al poder y ese mismo 1923, unos meses antes, fracasaba el putsch de Munich de Hitler y sus colegas nazis). La llegada de la Dictadura –con el aval del rey, desde luego– no fue mal recibida, lo que da una idea del hartazgo de los españoles con el sistema político (no cambian tanto los tiempos). Primo pretendía modernizar el Estado, incluyendo la legislación y, dentro de ésta, el derecho penal. No tengo muy claro si había una real necesidad de reforma o ésta obedeció a una obsesión del Directorio por revisar todo el marco legal, como se estableció por Real Decreto de junio de 1926. A partir de ahí, se creó una Comisión de Codificación, procurando integrar técnicos independientes (a fin de buscar una legitimación de la que el régimen siempre careció). En el caso del nuevo Código Penal, su autor principal fue Eugenio Cuello Calón, catedrático de penal de la Universidad de Barcelona. Una vez promulgado tras su discusión en Cortes, fue muy criticado por el mundo jurídico –en especial por Jiménez de Asúa, uno de los juristas más destacados y miembro del PSOE– e incluso el Colegio de Abogados llegó a pedir que se derogase y volviese al Código de 1870.

Pero vayamos a los delitos que nos interesan. Ahora vuelven a agruparse bajo el epígrafe “delitos contra la religión del Estado”, tal como se denominaban en los códigos de 1822 y 1848, mientras que en el previo de 1870 se identificaban como “delitos relativos al libre ejercicio de los cultos”. También vuelven a penarse los actos encaminados a abolir o variar como religión del Estado la católica. En lo que se refiere a la profanación, se recupera la duplicidad del código de 1848, dedicando un artículo a la profanación de las sagradas formas y otro a la profanación de los restantes objetos destinados al culto. Es decir, se refuerza la influencia del catolicismo en la legislación penal abandonando los progresos laicistas del código de 1848 y volviendo, casi miméticamente, al código de 1848. Para que se vea con claridad, transcribo a continuación las dos parejas de artículos dedicados a la profanación:

Art. 131 (1848): El que hollare, arrojare al suelo, o de otra manera profanare las sagradas formas de la Eucaristía, será castigado con pena de reclusión temporal.
Art. 273 (1928): El que hollare, arrojare al suelo, o de otra manera profanare las sagradas formas de la Eucaristía, será castigado con la pena de tres años a seis de prisión.

O sea, idénticos. Y, por lo tanto, vale el comentario que en su época hizo Pacheco y que cito en el post del pasado viernes: ante tan gran sacrilegio no se impone ninguna condición para tipificarlo. Veamos ahora las restantes profanaciones:

Art. 132 (1848): El que con el fin de escarnecer la religión hollare o profanare imágenes, vasos sagrados u otros objetos destinados al culto, será castigado con la pena de prisión mayor.
Art. 274 (1928): Los que, en ofensa de la religión del Estado, hollaren, destruyeren rompieren o profanaren los objetos sagrados o destinados al culto, ya lo ejecuten en las iglesias, ya fuera de ellas, incurrirán en la pena de seis meses a seis años de prisión.

La estructura sintáctica es muy similar: en ambas redacciones antes de describir los actos materiales se introduce una locución adverbial como condición para que dichos actos alcancen la condición de delictivos. Dicha condición en el texto de 1848 es incuestionablemente de finalidad: el profanador, para delinquir, ha de actuar con la finalidad de escarnecer la religión. Pero el legislador del 28 inventa la locución que se sigue repitiendo en el código que hoy tenemos vigente y que tantos problemas de interpretación nos lleva dando. Fue probablemente Cuello Calón el paridor de tan puñetera expresión. Pero, ¿por qué lo hizo?

Puede defenderse (supongo que será lo que piense Vanbrugh) que si cambió justamente la frase que claramente exigía el requisito de finalidad lo hizo para que no fuera ésta la condición del delito. Me parece verosímil, añadiendo que probablemente don Eugenio quiso dejar el precepto ambiguo; es decir, no se atrevió a separarse de la tradición del derecho penal español que siempre había exigido la intencionalidad para este segundo tipo de profanaciones, pero dejó una puerta abierta para que, si así lo entendían los jueces, se pudiera interpretar de otra manera (por ejemplo, traduciendo la locución por “con el resultado de ofender la religión del Estado”, como sostiene Vanbrugh). Sin embargo, a pesar de que podría ser plausible esta polisemia interpretativa, después de darle otra vuelta me quedo con que lo que quiso el legislador era mantener el mismo significado que el del artículo 132 de 1848, ya que por más que he buscado en los debates en el Congreso y artículos de la época, no he encontrado ninguna referencia que aluda al cambio de criterio, que es lo que cabría esperar si éste se hubiera producido. Y simplemente, Cuello Calón quiso decir lo mismo que se había dicho antes de una forma original que a lo mejor le parecía más atinada, inventando el “en ofensa de” que, para mí, está directamente inspirado en el “en defensa de”.

En fin, el código penal de 1928 no duraría mucho, ya que fue derogado por el promulgado en 1932, apenas cuatro años después, por la República. Pero tiene la fundamental importancia de ser el que acoge por primera vez la locución que motiva esta serie de posts.

domingo, 15 de enero de 2017

Antecedentes del delito de profanación (el código penal de 1870)

El 18 de septiembre de 1868 se pronunciaba en Cádiz el almirante Juan Bautista Topete contra la monarquía de Isabel, como parte de una sublevación organizada por unionistas, progresistas y demócratas, bajo la dirección principal del general Prim, exiliado entonces en Londres. El levantamiento se fue extendiendo por todo el país con el apoyo de la mayoría de los mandos militares, lo que dificultó al gobierno contar con fuerzas suficientes para vencerlo. El 30 de septiembre, la reina, todavía de vacaciones en San Sebastián, huyó a Francia y el 8 de octubre se formó el gobierno provisional: trinfaba La Gloriosa, la revolución que acababa con el denostado reinado de “la de los tristes destinos”. Por más que los medios para lograrlo respondieran al esquema ya tradicional de la asonada militar, lo cierto es que la historiografía considera el “experimento” iniciado en el 68 el primer intento serio de democratizar nuestro país; por ello, al breve y frustrado periodo que siguió se le denomina el Sexenio democrático. Durante el Gobierno Provisional se elaboró y aprobó la Constitución de 1869, cuyas innovaciones más llamativas fueron, de un lado, declarar los principios democráticos (se mantenía el régimen monárquico pero parlamentario) y, de otro, establecer la libertad de cultos, aunque se mantenía el carácter confesional del Estado. En todo caso, la cuestión religiosa pasó a partir de entonces a ponerse en el primer plano de los debates políticos, enfrentando a quienes exigían la unidad católica de la nación y quienes reclamaban el laicismo. Como es lógico, los nuevos presupuestos constitucionales exigían una modificación de varias leyes, entre ellas, desde luego, el Código Penal de 1848-1850.

En lo que nos interesa, el Código Penal de 1870 refleja una mayor tolerancia religiosa. Así, los delitos que nos ocupan ya no se disponen bajo la denominación de “Delitos contra la religión” como en los códigos 1848/1850, sino bajo el epígrafe “Delitos relativos al libre ejercicio de los cultos”. Además, en congruencia con dicha mayor tolerancia, dejan de penarse “la tentativa para abolir o variar en España la religión católica” (antiguo artículo 128), la celebración de ceremonias de otros cultos (129) y la apostasía (130). Pero yendo a lo concreto, al delito de profanación, éste queda confinado a un solo supuesto dentro del artículo 240, que reza así: “Incurrirán en las penas de prisión correccional en sus grados medio y máximo y multa de 250 a 2.500 pesetas: … 4º. El que con el mismo fin (escarnecer públicamente alguno de los dogmas o ceremonias de cualquiera religión que tenga prosélitos en España) profanare públicamente imágenes, vasos sagrados o cualesquiera otros objetos destinados al culto”. Lo primero que llama la atención de la nueva regulación respecto de la precedente es que desaparece la distinción entre la profanación de las hostias consagradas y la del resto de objetos; el delito pasa a ser único. De otra parte, se mantiene el sentido restrictivo de profanar, limitado a los objetos, y no incluyendo en el término el comportamiento irrespetuoso en el lugar de culto (que, no obstante, sí se tipifica como delito, pero otro distinto, como comento al final).

Pero lo que me parece importante resaltar es que, de nuevo, se mantiene el requisito de finalidad (o de intencionalidad, que viene a ser lo mismo en este caso) para que exista el delito; cualquier acto de profanación para ser delito ha de realizarse con la intención de escarnecer un religión profesada en España, incluso el de vejar las sagradas formas, que en el código de 1848 no exigía esta condición. No se discute que el acto objeto de juicio sea de profanación (un sacrilegio, en el derecho canónico), pero la profanación, si no se comete con la intención de ofender a la religión, no es delito. A mi modo de ver, más de cien años antes, la regulación es en lo esencial muy similar al código de 1995 (el actualmente vigente), aunque ahora lo que ha de pretender ofenderse no sea la religión en sí misma sino los sentimientos religiosos de quienes la profesan. Es decir, que los actos cometidos por Rita Maestre tampoco bajo el código penal de 1870 habrían sido considerados constituidos del delito tipificado en el supuesto 4º del artículo 240: en primer lugar porque no profanó objetos destinados al culto y, en segundo, porque no se demostró que la finalidad de la performance fuera escarnecer los dogmas o ceremonias de la religión católica (sí criticar el papel histórico de la Iglesia respecto de la mujer y la sexualidad).

Sin embargo, las chicas de Contrapoder sí habrían sido encausadas bajo el código penal de 1870 en base al artículo 241 que literalmente dice que “el que en lugar religioso ejecutare con escándalo actos que, sin estar comprendidos en ninguno de los artículos anteriores, ofendieran el sentimiento religioso de los concurrentes, incurrirá en la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio”. A mi modo de ver, y sin entrar a valorar la idoneidad de la pena, tanto el espíritu como la letra de este precepto me parecen acertados y creo que perfectamente válidos en los tiempos presentes, pero lo cierto es que no se ha tipificado este delito. En efecto, no me parece de recibo que en un lugar dedicado justamente a la profesión de los actos religiosos no sea punible realizar actos ofensivos a los sentimientos de los creyentes. Sería admitir la obligación del Estado de proteger la libertad de culto en los espacios específicamente destinados al mismo, lo cual me parece congruente con el planteamiento constitucional. Nótese, además, que la redacción enlaza directamente con la del 524 vigente en tanto se refiere a los sentimientos religiosos, pero aquí deja claro que el delito es ofenderlos, téngase o no la intención de hacerlo. En consecuencia, cabe la tentación de pensar que la vigente locución “en ofensa de los sentimientos religiosos” provendría de este artículo 241 de 1870 y, por tanto, habría que interpretarla como que haya ofensa efectiva independientemente de la intención. No comparto esa hipótesis, pues está bastante claro, creo, que los orígenes del actual 524 hay que buscarlos en los preceptos previos referidos a los actos de profanación, y en éstos –como vamos viendo hasta ahora– se exige la intencionalidad.

viernes, 13 de enero de 2017

Antecedentes del delito de profanación (El código penal de 1848 / 1850)

Ya conté en el post precedente que el primer Código Penal español se enmarcaba en la Constitución de 1812. Ahora bien, recordemos que esos años eran justamente en los que en España pugnaban dos bandos contrapuestos en sus visiones de la sociedad y del Estado: los liberales, que defendían los principios de la Constitución de Cádiz, y los absolutistas, deseosos de tornar al Antiguo Régimen. Recordemos también que estamos en el inicio de un nuevo periodo de la historia española marcado por el fracaso de la invasión napoleónica y la recuperación de la independencia nacional, simbolizada en la reinstauración del que sin duda ostenta el disputado record de haber sido el más miserable de los reyes que nos ha tocado a los habitantes de este país: Fernando VII, que pasó muy pronto de ser llamado el Deseado a el Felón. En fin, que el caso es que cuando el odioso Borbón entró en España en marzo de 1814, en vez de jurar la Constitución, se dejó querer por lo absolutistas y aceptó un levantamiento de éstos (Manifiesto de los Persas y pronunciamiento del general Elío), restableciendo la monarquía absoluta y anulando la Constitución. Les tocó a nuestros abuelos soportar seis años de crueles gobiernos absolutistas, que además fueron muy inestables e ineficaces en resolver los graves problemas que acumulaba un país atrasado y asolado tras varios años de guerra. En enero de 1820 se produjeron las sublevaciones encabezadas por Rafael de Riego, abriéndose una nueva etapa conocida como el Trienio Liberal; durante estos años (1820-1823) se reinstauró la Constitución y se aprobó nuestro primer Código Penal. Pero su vigencia, como la de las reformas hacia la modernidad, fue brevísima; la Santa Alianza regía Europa y no eran buenos tiempos para ensayar democracias embrionarias. En 1823 el rey de Francia decide liberar a su pariente español de los liberales y envía a la Península a los Cien mil Hijos de San Luis, un ejército que derrota a las tropas constitucionales y permite que el Felón restaure de nuevo el absolutismo y dé inicio a la Década Ominosa (1823-1833) que llegaría hasta la muerte del monarca. Durante estos terribles años el Código Penal fue abolido y se volvió al derecho penal del Antiguo Régimen, fraccionario y mucho más duro y arbitrario. Hubo que esperar a los primeros años del reinado de Isabel II y a la victoria tras la I Guerra Carlista para que se empezara a trabajar en la elaboración de un nuevo Código Penal. Tras algunos proyectos fallidos, la Comisión General de Códigos, redacta el que se aprobaría en 1848, y se reformaría en 1850. Si bien se inspira en los principios liberales, se trata de un texto de marcado carácter autoritario; por eso, tras la Revolución de 1868, La Gloriosa, se sustituyó por el de 1870, adaptado a la Constitución de 1869.

Hecha esta introducción pasemos a ver como se regulaba en el Código de 1848 la profanación. Pero antes, aprovechando un comentario de Vanbrugh al post anterior, conviene dejar claro que desde 1822 la tipificación penal de la profanación se limitó a dos cosas: en primer lugar, las hostias consagradas, y luego los objetos destinados al culto. Evidentemente, la regulación penal del Estado reducía el ámbito semántico de la palabra profanar que, tal como se define en el diccionario, significa tratar algo sagrado sin el debido respeto; es decir, no sólo maltratar los objetos sagrados sería profanación en castellano sino también comportarse sin el respeto debido en un lugar consagrado (el ejemplo gráfico en exceso que pone Vanbrugh es cagar ante el altar). En el Código de Derecho Canónico (artículo 1376), como era de esperar, la profanación alcanza a cualquier cosa sagrada, sea mueble o inmueble. En la actualidad, como ya dije en el post anterior, se considera delito la profanación, sin especificar como se hacía desde 1822, los objetos susceptibles de ser profanados. Es decir, que con el Código vigente, propio de un tiempo bastante menos proteccionista de la religión que el siglo XIX, un juez puede admitir como profanación un comportamiento poco respetuoso en un templo aunque no se maltraten los objetos destinados al culto (así lo hizo la juez de primera instancia en el caso de Rita Maestre). Bien es verdad, que también puede (como hicieron los magistrados de la Audiencia) entender que la profanación debe limitarse a los objetos sagrados, en congruencia y continuidad con el origen de la regulación penal del delito. Pero al tema; en congruencia con lo ya dicho (y con el Código de 1822) dos son los artículos del de 1848 (que se mantienen en 1850) referidos a la profanación como delito penal. Los transcribo:

Art. 131. El que hollare, arrojare al suelo, o de otra manera profanare las sagradas formas de la Eucaristía, será castigado con pena de reclusión temporal.

Art. 132. El que con el fin de escarnecer la religión hollare o profanare imágenes, vasos sagrados u otros objetos destinados al culto, será castigado con la pena de prisión mayor.

Nótese que en el primer delito, que es el mayor sacrilegio que cabe en la religión católica, el precepto no impone ninguna condición para tipificarlo. Como escribió Joaquín Francisco Pacheco*, profanando las sagradas formas se ejerce “un escándalo que no tiene igual en nuestra religión … No se aquietará ni tranquilizará la piedad de los creyentes como no vean un castigo a tamaña audacia. No cumplirá por su parte el Estado, que protege la religión y que ordena su respeto, si de hecho no lo impone … Para una perturbación de este género no debe emplearse un castigo de menor … de doce años; y rara vez se impondrá ese mínimun, porque rara vez cabrá en esto circunstancia atenuante”. En cambio, “en el sacrilegio contra imágenes, vasos sagrados u otros objetos del culto no puede ser la ley igualmente severa. Si cuando se trata de las sagradas formas no pregunta ni inquiere el motivo que haya hecho obrar, aquí debe sin duda alguna preguntarlo e inquirirlo”. Es decir, que en esta segunda versión del Código Penal español encontramos que en el delito de profanación (limitado, como ya he dicho, a objetos de culto) el legislador requiere como condición para que exista de nuevo un elemento subjetivo. Pero ahora ya da un paso más y este elemento no es simplemente el conocimiento (a sabiendas del artículo 235 del Código de 1822) sino la intención de escarnecer la religión. Pues bien, me parece muy importante que apuntemos que hace más de 170 años el legislador estableció que para que haya un delito que, sin ser el mismo, es ciertamente antecedente del que tipifica el vigente Código Penal en su artículo 524, era necesaria la intencionalidad de quien cometía la acción. Vuelvo a citar a Pacheco: “Cuando no existe ese propósito, el delito aquí consignado se desvanece como el humo o se reduce a un delito diferente “.

* Joaquín Francisco Pacheco (Écija, 1808-Madrid, 1865) fue político, abogado, orador, historiador, periodista, literato y jurista teórico. Su prestigio como jurista fue altísimo, siendo alabado por muchos como el más importante del siglo. Participó con destacado protagonismo en la elaboración del Código del 48 (el redactor principal fue Seijas) y, sobre todo, escribió un monumental texto ("El Código Penal concordado y comentado") que, como ya señalaron en su época, no sólo son unos comentarios sino casi la exposición de motivos de todos y cada uno de los artículos. Las citas que he incluido en este post provienen de dicha obra, que en la actualidad es de dominio público.

jueves, 12 de enero de 2017

Antecedentes del delito de profanación (El código penal de 1822)

Nota previa: Estoy convencido de que con este post (y los que le seguirán) voy a conseguir ahuyentar a mis escasos lectores, pero qué le voy a hacer. Aunque asumo la responsabilidad de tan poco acertada decisión desde la óptica del marketing, quiero imputar una pequeña parte de la culpa a Vanbrugh, que ha conseguido picarme con su tenacidad discutidora. Tras el punto muerto al que creo que hemos llegado en cuanto al análisis filológico del significado de la locución en ofensa de, al que se dedica el post anterior y, sobre todo los comentarios, quiero investigar sobre los antecedentes del delito de profanación para averiguar si en esa evolución histórica (a través de los diversos códigos penales que hemos padecido en este país) descubro pistas que permitan interpretar con mayores argumentos el sentido de la norma vigente. Así que pido disculpas por el coñazo; entenderé de sobra los absentismos lectores.

El Derecho Penal moderno nace en España en 1822 con la promulgación del primer código penal, en el marco de la Constitución de 1812 (la famosa Pepa). Pese a que fue elaborado y aprobado en época liberal, en materia religiosa se acoge a la más rancia ortodoxia tradicional. Tampoco es muy de extrañar, pues no debe olvidarse que, como decía el artículo 12 de la Constitución, “la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Así, en el Título Primero de la Parte Primera había todo un capítulo que trataba “de los delitos contra la religión del Estado” que tipificaba nada menos que quince delitos (artículos 227 a 241), empezando por el más grave de todos que era el de conspirar para establecer otra religión en España o que la nación española deja de ser católica; quien eso hiciera era traidor y sufriría la pena de muerte. Pues bien, ya en este código aparecía el delito de profanación (aunque sin llamarle con este nombre) en dos artículos. Como me interesan las redacciones, permítaseme que transcriba ambos textos:

Art. 235. El que con palabras, acciones o gestos ultrajare o escarneciere manifiestamente y a sabiendas alguno de los objetos del culto religioso en los lugares destinados al ejercicio de éste, o en cualquier acto en que se ejerza (el culto), sufrirá una reclusión o prisión de quince días a cuatro meses …

Art. 236. Igual pena sufrirá el que a sabiendas derribare, rompiere, mutilare o destruyere alguno de los objetos destinados al culto público.

Conviene hacer notar que al acotar el objeto del delito al maltrato de los objetos del culto católico, ninguno de estos artículos, creo yo, habría podido aplicarse a Rita Maestre, pese a ser los primeros antecesores del actual 524 (por el que la encausaron) y provenir de una época y un cuerpo legal mucho más protector de la religión. La explicación está en que el actual código tipifica el delito como la ejecución de actos de profanación, sin concretar el alcance de este término. Si bien los magistrados de la Audiencia Nacional consideraron que para que hubiera profanación debían tratarse irrespetuosamente los objetos sagrados y por tanto, como los manifestantes no los tocaron, concluyeron que no existía, la juez de primera instancia consideró en cambio que el simple hecho de mantener un comportamiento irrespetuoso en un recinto consagrado al culto ya era un acto de profanación. Parece claro que la redacción del precepto de 1822 era, en lo referente a la materialidad del delito, bastante más precisa que la vigente y, probablemente, no habría posibilitado que dos sentencias judiciales resolvieran en sentidos opuestos sobre la misma cuestión: ¿hubo o no profanación? El legislador de 1822 deja claro que no, en cambio el de 1995 deja en manos de los jueces decidirlo.

La segunda cuestión que quiero resaltar es que ya desde estas primeras redacciones, para que exista el delito que pasará a llamarse de profanación, el legislador requiere un elemento subjetivo: hay que maltratar los objetos de culto a sabiendas. Esta locución, a diferencia de la puñetera “en ofensa”, no plantea ninguna duda en cuanto a su significado y, de hecho, se sigue usando en la actualidad (por ejemplo, el vigente artículo 404 define la prevaricación como dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia). Ciertamente, a sabiendas no es lo mismo que con intención de que es la interpretación que la jurisprudencia ha dado a la locución en ofensa de. Volviendo al caso de Rita, si se hubiera aplicado el código de 1822 habría cumplido el requisito subjetivo, toda vez que quedó bastante claro que era consciente de que con sus actos ofendería los sentimientos religiosos de los católicos. No le habría valido de nada decir que no tenía intención de ofenderlos; tendría que haber convencido al Tribunal de que no sabía que los iba a ofender (y eso se me antoja tarea poco menos que imposible).

Conviene, por último, destacar que parece congruente que en estos artículos de 1822 no se exija la intención de profanar, bastando con hacerlo a sabiendas. Nótese que lo que se protege son los objetos de culto de la religión de un Estado declarado confesional. En la actualidad, la profanación no es delito porque se atente contra objetos sagrados (sólo puede serlo para los católicos en el derecho canónico), sino porque haciéndolo se ofenden los sentimientos religiosos de éstos. A mi modo de ver, el actual delito debería denominarse con más precisión como ofensa a los sentimientos religiosos mediante la profanación. Si el delito es ofender, puede admitirse como requisito para su existencia que haya intención de ofender. Incluso, por más que a algunos no les convenza, puede distinguirse entre la intención de ofender y el conocimiento de que se va a ofender; es decir, puede admitirse (como se ha hecho en el caso de Rita) que alguien no tenga intención de ofender aún a sabiendas de que lo va a hacer. En cambio, esta distinción carece de sentido en los delitos de profanación tal como los tipifica el código de 1822: si maltratas un objeto sagrado basta que sepas que lo es y que lo estás maltratando para cometer el delito.

lunes, 9 de enero de 2017

En ofensa de

En un comentario a mi anterior post, Vanbrugh afirma que el artículo 524 del Código Penal no requiere de la intencionalidad para que haya delito; sostiene que este elemento subjetivo se lo han “inventado” los jueces. Luego va más allá y califica esta interpretación del precepto como una manipulación vergonzosa y antijurídica de la Ley que nadie debe hacer, pero menos que nadie los jueces encargados de aplicarla. Como le dije en una de mis respuestas, su cuestionamiento de la procedencia de la interpretación jurisprudencial me picó la curiosidad y me propuse indagar un poco al respecto. Para empezar, considero imprescindible transcribir el texto literal del artículo 124; dice así: «El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de cuatro a diez meses». Adelanto ya que la doctrina que sostiene que para que exista delito debe existir el dolo específico o ánimo deliberado de ofender los sentimientos religiosos se basa en la singular redacción del artículo y, en concreto, en la curiosa expresión “en ofensa de”. Revisémosla gramaticalmente.

Desde luego no es fácil descubrir el significado exacto de una construcción tan extraña. Si lo que el legislador quería decir era lo que interpreta la jurisprudencia, mejor habría escrito “… con la intención de ofender …” pero, de otra parte, si lo que quería era prescindir de ese componente subjetivo, más claro habría sido que redactara “… actos de profanación que ofendan los sentimientos religiosos …” Ahora bien, si era este segundo sentido el que el legislador pretendía darle al precepto, sobraba requerir que los actos de profanación fueran ofensivos, porque obviamente cualquier profanación, por serlo, ofende los sentimientos religiosos de quien considera sagrada la cosa profanada. Es decir que salvo que descubramos que esta extraña construcción gramatical tiene (o ha tenido, porque creo que está en desuso) un significado unívoco (no polisémico o ambiguo), hemos de concluir provisionalmente que no sabemos a qué se refiere el “en ofensa”. De momento no podemos asegurar por tanto que el precepto exija el ánimo deliberado de ofender, pero tampoco podemos, por el contrario, decir tajantemente que ese requisito no está en absoluto en el precepto y que los jueces se lo han sacado de la nada.

De entrada, he comprobado en el DRAE que ninguna de las ocho acepciones de la preposición en da sentido a la expresión que investigamos. Sin embargo, en la wikilengua del español referido a esta preposición, en el apartado “otros usos”, que son más propios de modismos y locuciones, encuentro dos valores semánticos que ya sí se aproximan más al del código penal: de causa (lo hizo en venganza del ultraje) y de finalidad (trataba con los enemigos en perjuicio del Estado). Nótese que estos dos ejemplos tienen una estructura sintáctica idéntica a la del artículo 524: verbo de acción (alguna forma de hacer) con o sin su objeto directo seguido de la preposición en y luego un sustantivo, que sería la causa o finalidad de la acción. Así, estaremos de acuerdo en que los dos ejemplos de la wikilengua son semánticamente equivalentes a “lo hizo para vengarse del ultraje” y “trataba con los enemigos para perjudicar al Estado”; y también podríamos cambiar las dos preposiciones para por “con ánimo de”, “con la intención de”. De modo que, si eso funciona con tales ejemplos, igual debe funcionar con la locución del artículo 124, resultando que su equivalente semántico sería “el que … ejecutare actos de profanación para ofender los sentimientos religiosos”.

Hablando con alguien que sabe bastante más que yo de estos asuntos filológicos, me comenta que todas estas locuciones con estructura en+sustantivo están ya fijadas; o sea, no cabe generar nuevas porque la preposición en ha perdido ya ese valor semántico (en beneficio, en perjuicio, en defensa, en ofensa). Me confirma también que efectivamente tienen un significado de finalidad o de motivación de la acción del verbo (respecto del cual funcionan como una locución adverbial) y me señala, aunque sin estar seguro, que probablemente tienen su origen en la construcción latina in + verbo en gerundio (por ejemplo la recientemente popularizada responsabilidad in vigilando). Por eso, piensa mi amigo, al sentido de finalidad de la locución hay que añadirle, al menos originariamente, el de continuidad en la acción, por más que el gerundio se haya trastocado a un sustantivo en romance.

He rastreado la jurisprudencia del Supremo, localizando hasta seis sentencias relativas a los actos de profanación y/o las ofensas a los sentimientos religiosos. Como efectivamente decían tanto la juez que condenó a Rita Maestre como los magistrados que la absolvieron (a este respecto no disentían), la jurisprudencia mantiene al menos desde 1982 una línea constante, sosteniendo que es necesario el ánimo de ofender para que exista delito. Casi todas estas sentencias aluden a la unanimidad doctrinal (es decir tratados de juristas de prestigio que se ocupen del asunto) y por eso no suelen explayarse en justificar por qué interpretan que el precepto exige intencionalidad. Aún así, algunas sentencias aportan someras pistas, como la de 10 de octubre de 2005: «Por otra parte al utilizar la locución "en ofensa", con carácter eminentemente tendencial, esta exigiendo el precepto un "animus" especial, como ocurre en otros preceptos del Código Penal cuando utiliza igual o semejantes palabras»; o también la de 15 de julio de 1982: «El hecho de que en el artículo 208 del Código Penal se diga: "el que ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados.....", hizo pensar a algunos que la utilización en el precepto de la preposición "en", remarcaba el carácter eminentemente subjetivo de este delito …». Es decir, parece que los magistrados que han ido sentando el criterio jurisprudencial conocían (no como yo) el sentido semántico de la locución en ofensa que, en efecto, viene a ser el que he descrito en los párrafos anteriores.

Por tanto, he de concluir que Vanbrugh yerra cuando asegura (demasiado apresuradamente, a mi juicio) que los magistrados se han inventado el requisito de la intencionalidad para que exista el delito del artículo 524 CP. Parece que no, que tal es el sentido de la singular locución que aparece en la letra del precepto. Quizá, si estos argumentos han logrado convencerle, Vanbrugh mejore su opinión de los “ilustres magistrados” que han ido sentando esta jurisprudencia.

domingo, 8 de enero de 2017

Profanación (Rita Maestre)

La magistrada-juez del Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid, Esther Arranz Cuesta, condenó el 18 de marzo de 2016 a Rita Maestre como autora de un delito contra los sentimientos religiosos del artículo 524 del Código Penal. Nueve meses después, tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid estiman el recurso de apelación y absuelven a Rita Maestre de dicho delito. Ambas sentencias asumen que para que se produzca un delito tipificado en el citado artículo 524 deben verificarse las siguientes tres condiciones: (1) ejecutarse un acto de profanación, (2) realizarse en un lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas, y (3) llevarse a cabo con intención de ofender. Ambas sentencias coinciden, porque es indiscutible, en que se verifica la segunda condición ya que, efectivamente, los incidentes se produjeron en el interior de una capilla católica (que en la universidad pública deba existir ese espacio dedicado a un culto religioso es asunto irrelevante jurídicamente pues lo cierto es que ahí estaba).

El tercer requisito es de complicada verificación pues, ¿cómo se demuestra que alguien tiene intención de ofender? No se trata de que algunas personas se sientan ofendidas (en este caso, quienes estaban en el templo o, al conocer los hechos, cualesquiera católicos sensibles), sino de probar o al menos alcanzar suficiente convicción de que los autores pretendían ofender. La sentencia absolutoria evita entrar a discutir tan resbaladiza cuestión (se centra en si hay o no profanación) pero obviamente la condenatoria tuvo que justificar que existía en Rita Maestre el “ánimo de ofender”. La argumentación de la jueza a este respecto es la que sigue: «este elemento subjetivo, como se ha expuesto, se obtiene del conjunto de circunstancias fácticas objetivas que han quedado acreditadas a través de la prueba analizada en la presente sentencia. Los hechos se hacen en el interior de la capilla, en presencia de feligreses y escogen el centro de la misma, precisamente el lugar destinado al altar, invadiendo el mismo y rodeándolo haciendo un círculo, leen un manifiesto cuyo contenido ridiculiza la postura mantenida por la Iglesia en cuanto el papel de la mujer y las diferentes orientaciones sexuales y al final de la lectura manifestaron “hoy nos apropiamos de su espacio para gritarles que somos quienes queremos y nos reímos de sus identidades excluyentes y obsoletas”, pronunciando las palabras, anteriormente expuestas, relativas a las diferentes orientaciones sexuales, y, tras ello, como reiteradamente se ha expuesto, algunas mujeres se quitan las camisetas quedándose en sujetador y otras desnudas de cintura para arriba y dos mujeres se dan un beso con evidentes connotaciones sexuales pronunciando, posteriormente, cuando ya se dirigían a la salida frases malsonantes en relación con la libertad sexual frente a la postura de la Iglesia. Los hechos son actos voluntarios incompatibles con el lugar en que se encontraban y buscados para ello, la acusada era consciente del lugar en donde se encontraba y en el contexto de la ridiculización a la postura de la Iglesia católica realizaron actos vejatorios y ofensivos atentatorios al debido respeto al altar y su significado, y con tales actos se infiere, de las circunstancias fácticas probadas una clara intención de ofender o menospreciar los sentimientos religiosos».

A mi modo de ver, los hechos no demuestran que los autores (Rita entre ellos) los realizaron para ofender, aunque sí que los autores sabían sobradamente que haciéndolos ofenderían a los católicos. Pero es que la conciencia de que lo que alguien va a hacer ofenderá sentimientos religiosos no significa que tales actos se hacen con la finalidad de ofender. Pueden hacerse con otra intención (no dolosa) aún sabiendo que se ofenderá. De hecho, hay sentencias del Supremo que absuelven del delito de injurias porque no puede apreciarse el ánimo de injuriar cuando lo que se pretende es denunciar irregularidades aunque se empleen términos objetivamente injuriosos (número 3.322 de 25 de octubre de 1991) o porque las palabras, expresiones o gestos, con significado objetivamente injurioso quedan despenalizadas cuando se deduzca que no procedió con ánimo de menospreciar o desacreditar, sino de ejercitar un derecho, ejecutar una crítica o denunciar unos determinados hechos. Pues justamente eso es lo que pretendían hacer los manifestantes: una denuncia del comportamiento y doctrina de la Iglesia en relación al sexo y a la mujer, por más que, con la descarada intención de llamar la atención y conseguir la máxima publicidad, usaran expresiones provocativas que sabían que iban a ofender a los católicos.

Dije antes que la sentencia de la Audiencia Provincial no discutía la intencionalidad de ofender porque le basta concluir que los actos no pueden calificarse como profanación. Para la jueza que condenó, los actos de los participantes en la performance, «al realizarse en torno al altar y en relación directa con el mismo, suponen una clara y grave falta de respeto al objeto sagrado». Recordemos que profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto; en este caso, lo que se habría tratado sin el debido respeto sería el altar. Sin embargo, los manifestantes no hicieron nada con el altar, ni sus actos tenían a éste por objeto. De hecho, el altar no les interesaba en absoluto; se limitaron a rodearlo porque ocupa el centro focal de la capilla, es desde ahí desde donde se obtiene mayor visibilidad y atención. La Audiencia Provincial, tras examinar diversas sentencias condenatorias con la concurrencia de este tipo penal, concluye que siempre existen «actos físicos que implican un trato directo vejatorio contra algún elemento básico de la liturgia católica o de las representaciones propias de esta religión». Dado que los manifestantes en ningún momento entraron en contacto con ningún objeto sagrado, para los magistrados no puede hablarse de profanación (con el alcance delictivo del código penal), aunque comprendan que los actos sean considerados por los católicos como claramente irrespetuosos. En mi opinión, si lo que hizo Abel Azcona con las hostias consagradas no es profanación, mucho menos puede serlo el numerito de Rita y sus amigas.

En fin, lo dejo ya, que tampoco este asunto da para mucho más. Lo único que pretendía era aclararme, conocer si la sentencia absolutoria era tan aberrante como gritaban desaforadamente determinados voceros. Mi conclusión es que no, que está bastante bien argumentada, mejor a mi modo de ver que la del juzgado de primera instancia. Por supuesto se puede disentir, máxime cuando los dos requisitos cuya concurrencia es necesaria para que exista el delito son de discutibles apreciación. Es decir, entiendo que haya quien opine que Rita hizo lo que hizo con el ánimo de ofender a los católicos o que piensen que el hecho de realizar actos considerados obscenos por la Iglesia en una capilla sea, ya de por sí, profanación. Pero me parece que, si hace el esfuerzo de prescindir de sus propios sentimientos religiosos, ha de admitir honestamente que hay tantos, si no más, motivos para inclinarse en el sentido contrario. Pero, de la otra parte, tampoco he leído demasiadas argumentaciones fundadas, ya que suelen centrarse en que lo que es ofensivo es que existan centros de culto católico en universidades públicas. A mí, desde luego, eso no me parece ofensivo (podrá parecerme mejor o peor, pero no me ofende) pero, sobre todo, carece de cualquier relevancia en relación a la querella de la que hablamos, entre otras razones porque la protesta de Rita nada tenía que ver con ese asunto. Si hay que discutir sobre la procedencia de que en la universidad pública haya capillas para nada vienen a cuento los argumentos destinados a verificar si se ha producido un delito tipificado en el artículo 524 del Código Penal. Que era de lo que trataban estos posts.

miércoles, 4 de enero de 2017

Profanación (Abel Azcona)

El artículo 524 tipifica como delito el de “profanación en ofensa de los sentimientos religiosos”, siempre que se ejecute en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas. Ha de hacerse notar que en el antiguo Código Penal (el de 1973) la profanación era delito per se, independiente del lugar en que se realizase, aunque si era en templo, lugar destinado al culto o durante una ceremonia se incrementaba la pena. Parece lícito concluir pues que la última reforma ha continuado una línea que podríamos calificar como despenalizadora en la vida civil de las faltas en el ámbito religioso. Aún así, se mantiene el delito de profanación que, si atendemos a la definición del DRAE, consiste en la acción de tratar algo sagrado sin el debido respeto, o aplicarlo a usos profanos. Naturalmente, corresponde a la jurisprudencia precisar cuál es el nivel de “falta de respeto” con que han de tratarse las cosas sagradas para incurrir en el tipo penal del artículo 524. Como fue por este artículo por el que primero se condenó y luego se absolvió a Rita Maestre, me interesó buscar antecedentes judiciales que me permitieran conocer qué entienden los magistrados por profanación, sin entrar por el momento a discutir si estas acciones deberían en la actualidad seguir considerándose delitos.

El primer caso que me encuentro en el buscador de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial es el del artista navarro Abel Azcona, que adquirió cierta notoriedad a principios del año recién acabado. Este tipo tiene ya a sus espaldas unos cuantos proyectos performativos, a cual más provocativo; he de reconocer que yo no termino de pillarle el tranquillo a este “género artístico”, lo que no obsta para que me llame la atención y me asombre ante tantas extravagancias. Pues bien, durante casi medio año, este hombre asistió a 242 misas y en todas ellas comulgó; al volver al banco, discretamente se sacaba la hostia de la boca y se la guardaba. Con esas hostias consagradas formó sobre un suelo de piedra la palabra “PEDERASTIA”, sacando fotografías de todo el proceso que culminaba con él desnudo de espaldas ante la P. Las fotografías fueron presentadas en Desenterrados, una exposición retrospectiva dedicada al artista por el Ayuntamiento de Pamplona entre noviembre de 2015 y enero de 2016. Si bien, en ningún lugar de la exposición se indicaba que las formas circulares que formaban la palabra eran hostias consagradas, Azcona explicó exhaustivamente en las redes sociales cómo las había obtenido, publicando videos de sus comuniones sacrílegas. El caso es que en Pamplona se organizó un buen escándalo (incluyendo una misa de desagravio en la catedral) que culminó con una querella presentada por la Asociación Española de Abogados Cristianos. El juicio se celebró el pasado febrero y allí Azcona declaró que con su performance no pretendió nunca ofender a nadie, sino tan solo denunciar una lacra social de la cual él mismo se declara que fue víctima. La sentencia, de 10 de noviembre de 2016, concluye que la actuación del querellado no fue constitutiva de delito alguno y, por tanto, acuerda el sobreseimiento libre y el archivo de la causa.



Imagino que un católico pensará que si usar las hostias consagradas, lo más sagrado que hay, como material para una performance no es profanación, ya nada puede serlo; o, lo que es lo mismo, que con sentencias como ésta se vacía de contenido el artículo 524 del Código Penal. Sin embargo, a mi modo de ver, el razonamiento jurídico del juez Fermín Otamendi (quien, por cierto, tenía fama de conservador) me parece ajustado a la lógica del precepto. Dice el magistrado que para que haya profanación la falta de respeto al objeto sagrado debe producirse en el templo. Ahora bien, “no cabe confundir faltar al respeto con no realizar lo que la religión católica exige a sus fieles que hagan con las formas consagradas en el acto de la comunión. … Es evidente que el querellado no cumplió con esas normas canónicas reguladoras de la comunión puesto que, en vez de comerse las hostias que recibía de manos del sacerdote en cada una de las misas a las que acudió, se las guardó para sí, pero ello lo hizo de forma discreta, sin que su conducta pueda calificarse como irrespetuosa, ofensiva o irreverente”. Por tanto, como Abel Azcona no trató irrespetuosamente las sagradas formas en las iglesias en donde comulgó (cuestión distinta e irrelevante a efectos de este artículo del CP es si faltó al respeto fuera de los templos), en perfecto rigor lógico el juez Otamendi concluye que no se cometió este delito. La sentencia creo que es bastante ilustrativa de las diferencias entre la profanación como falta (pecado mortal) canónica y como delito penal, diferencias que, por cierto, parecen razonables en una sociedad no confesional. También pone de manifiesto, a mi juicio, la necesidad de no mezclar criterios religiosos y laicos. Así, yo diría que desde el punto de vista de un católico es bastante más profanación la de Abel Azcona que la de Rita Maestre; sin embargo, como el foco debe ponerse en el comportamiento respetuoso o no que se mantiene en el interior del lugar de culto, desde el punto de vista civil podría resultar que no, que la que sí profana es Rita. De hecho, la juez de primera instancia así lo sentenció, aunque, como sabemos, fue enmendada por la Audiencia Provincial madrileña. Pero a la presunta profanación de la Maestre dedicaré otro post.

lunes, 2 de enero de 2017

Rita Maestre y la capilla de Somosaguas: los hechos

El jueves 10 de marzo de 2011 en la facultad de Políticas de la Complutense, se celebró un ciclo de conferencias sobre feminismo. Uno de los colectivos organizadores fue Contrapoder, asociación estudiantil fundada cinco años atrás por Pablo Iglesias e Iñigo Errejón (uno de los semilleros de los que nacería Podemos). Acabadas las ponencias, unos cuantos de Contrapoder marcharon en procesión a la capilla del campus para protestar contra “el papel sumiso que se le otorga a la mujer desde la Iglesia” y ante los privilegios “franquistas” que, a su entender, la institución seguía disfrutando en un Estado laico, entre otros contar con un espacio confesional en una universidad pública. No está claro cuántos eran, entre veinte y sesenta personas (según qué fuente se consulte), casi todas mujeres, y entre ellas Rita Maestre, por entonces con veintiún años pero ya con una cierta notoriedad entre los de Contrapoder. Entraron en la capilla en la que había algunos estudiantes y también el capellán de la misma porque en poco tiempo se iba a celebrar misa (todavía no había empezado ni tampoco en la capilla había cuarenta fieles, como afirma Federico Jiménez Losantos, en un artículo reciente muy difundido). Una vez dentro, los manifestantes se dispusieron en torno al altar y desde allí leyeron una especie de manifiesto en contra de la Iglesia: “La Iglesia Católica ha sido y continua siendo una de las instituciones patriarcales por excelencia, desde tiempos inmemoriales ha emprendido una cruzada contra toda forma de orientación sexual diversa a la oficial ...” Acto seguido, varias mujeres se desnudaron de cintura para arriba (Rita se quedó en sujetador) y dos de ellas se besaron en la boca. El espectáculo duró más o menos un cuarto hora, tras el cual empezaron a salir de la capilla y siguieron durante un rato en procesión coreando consignas feministas anticatólicas (“vamos a quemar la Conferencia Episcopal”, “menos rosarios y más bolas chinas”, “contra el Vaticano poder clitoriano”, “sacad vuestro rosarios de nuestros ovarios”). Todo el acto fue grabado por los propios manifestantes (además de por algunos espectadores) que, desde el principio, se refirieron al mismo como una performance.

Al día siguiente, el Arzobispado de Madrid se quejó ante el rectorado de la Complutense por lo que consideraba una profanación. La Universidad abrió una investigación interna e hizo que la policía municipal de Pozuelo identificara a los participantes en el acto; por entonces, claro, Rita Maestre era una completa desconocida para la opinión pública. Una semana después, el viernes 18, se acumulan acontecimientos. Se celebra una misa de desagravio en la capilla del campus de Somosaguas, a cuya finalización, algunos de los asistentes pegan a una estudiante y otros irrumpen en la facultad de Geografía e Historia para cometer diversas agresiones. De otra parte, Manos Limpias presenta una querella contra el rector de la Complutense y contra los responsables de Contrapoder porque “ha habido un atentado gravísimo del artículo 16 de la Carta Magna” (el que garantiza la libertad religiosa y de culto). También son arrestados cuatro estudiantes de Sociología y Ciencias Políticas y llevadas a declarar a Moratalaz. En el “otro bando”, coincidiendo con la misa, se llevó a cabo en el hall de Políticas una concentración de repulsa contra la criminalización de los actos realizados en la capilla. Posteriormente, 157 profesores firmaron un “manifiesto por la laicidad en la universidad” en el que declaran que la “presencia de capillas y otros símbolos de poder religioso en las instituciones educativas públicas no responde a la satisfacción del derecho a la libertad de culto, sino a un privilegio de la Iglesia Católica que va siendo hora de superar en las universidades públicas”. A este respecto conviene saber que la existencia de ocho capillas en distintas facultades de la Complutense respondía a un convenio firmado en 1993 entre el rector Gustavo Villapalos y el Arzobispo de Madrid, Ángel Suquía. Pero también por esas mismas fechas un grupo de treinta profesores promovieron la llamada Declaración de Somosaguas (que ha sido avalada por muchas firmas a través de la web), expresando su "más firme condena de los hechos reprobables" que sucedieron en la capilla y su "deseo de que la universidad sea un espacio de libertad y concordia donde se respeten todos los derechos legítimos que reconoce la Constitución".

El 24 de marzo, dos semanas después de los hechos, el Centro Jurídico Tomás Moro presentó una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Pozuelo contra las dos asociaciones organizadoras y contra todos los jóvenes que entraron en la capilla, por los presuntos delitos de profanación y de ofensa de los sentimientos religiosos, tipificados en los artículos 524 y 525 del vigente código penal. El Centro Jurídico Tomás Moro es una asociación que se declara católica pero independiente de la Iglesia y tiene como principales fines la defensa de la dignidad de la persona, de la familia y de los derechos humanos como reflejo del derecho natural; en especial sus objetivos son la defensa de la libertad religiosa de los católicos, la protección del derecho a la vida, la protección de los menores ante la corrupción moral, la persecución de los delitos de odio y la defensa de las libertades civiles, y en general la restauración de los valores cristianos. Parece que los querellados quisieron recusar al CJTM como acusación popular pero sus intentos no tuvieron éxito. Durante la fase de instrucción, tanto la acusación popular como la fiscalía concretaron su acusación contra solo dos imputados: Héctor Meleiro Suárez y Rita Maestre Fernández. El 2 de abril de 2014, Rita Maestre compareció de nuevo en el Juzgado de de Pozuelo para que le entregaran el auto de apertura de juicio oral. Por Auto de fecha 22 de mayo de 2014 el Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid admitía las pruebas propuestas por las partes. El juicio oral se celebró el 18 de febrero de 2016. No sé si es normal que la instrucción de un incidente de este tipo (que desde luego no parece que dé para mucho jurídicamente hablando) sea tan larga. En todo caso, lo cierto es que durante el proceso quienes eran unos desconocidos pasaron a tener dimensión pública al integrarse en las listas de Podemos para las elecciones autonómicas y municipales de 2015. De hecho, cuando se abrió el juicio oral contra Rita, ésta ya era concejala electa del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid.

La magistrada-juez del Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid, Esther Arranz Cuesta, emitió sentencia el 18 de marzo de 2016, por la que condenaba a Rita Maestre como autora de un delito contra los sentimientos religiosos del artículo 524 del Código Penal, a la pena de 12 meses de multa de 12 euros diarios más la mitad de las costas del juicio. En cambio, absolvía a Héctor Meleiro, ya que no quedó acreditado que participara activamente en los hechos, considerándosele mero espectador o acompañante. Como era más que previsible, Rita presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, la cual dio traslado a las partes. El recurso fue impugnado por la fiscal Marisa Morando mediante un escrito de 25 de abril, que generó no poca polémica ya que varios comentaristas apreciaron escasa neutralidad religiosa de la funcionaria pública. Cuando ya se había señalado la fecha para la deliberación, el Centro Jurídico Tomás Moro recusó al magistrado ponente, Francisco David Cubero, porque según la asociación mantenía relaciones e intereses con Rita Maestre (uno de los motivos era su condición de secretario y patrono de la Fundación Abracadabra Magos Solidarios, entidad que organiza actos para niños enfermos y discapacitados, y que celebró unas jornadas de magia en una de las salas del Matadero, cedida por el Ayuntamiento de Madrid). La recusación fue desestimada por Auto de 25 de octubre de 2016, tras lo cual se volvió a señalar fecha para la deliberación el 22 de noviembre. La sentencia, emitida el 16 de diciembre, estima el recurso de apelación y consiguientemente absuelve a Rita Maestre del delito de ofensa a los sentimientos religiosos del artículo 524 del Código Penal por el que se le había acusado.

Estos son, resumidamente, los hechos. A mi modo de ver, en el fondo, una chiquillada provocativa de mal gusto que se ha sacado de madre para, como tanto nos gusta en este país, polarizarnos en dos extremos irreconciliables. Naturalmente, la sentencia absolutoria no ha gustado nada a los católicos, muchos de los cuales, pese al perdón del arzobispo madrileño a Rita, querrían que se la condenara de modo ejemplar. El Centro Jurídico Tomás Moro ha calificado de panfleto la sentencia, que condena al pueblo español a la pérdida de las más básicas libertades civiles. Es comprensible que un católico se indigne ante acontecimientos como el juzgado, pero la cuestión a dilucidar es si estos son un delito del tipificado en el artículo 524 del Código Penal. Y para ello hay que leerse las dos sentencias –la que dice que sí y la que dice que no– para valorar las distintas motivaciones y tomar la postura que cada uno crea en conciencia. A ello dedicaré un próximo post.

sábado, 31 de diciembre de 2016

Otro más que se va

Cuando yo era niño, el 2000 era la fecha símbolo del futuro. Un futuro entendido como un tiempo radicalmente diferente a ese presente de los sesenta. En mi imaginario infantil, ese futuro tan distinto lo representaban los supersónicos (the jetsons, serie de dibujos animados de Hanna y Barbera), que vivían en casas elevadas y se movían en coches voladores. A final de esa década, Kubrick presentó la Odisea espacial, fechada justamente el primer año del siglo que se imaginaba tan lejano, reforzando más aún esa mitología futurista. Sin embargo, pasaron los años, nos hicimos mayores y empezó el siglo XXI; y luego siguieron pasando los años, uno tras otro, cada vez más deprisa los puñeteros, hasta el decimosexto que está ya agonizante, a breves horas de desaparecer para siempre. O sea, que hace tiempo que estamos en el futuro, aunque no se parezca demasiado al que en los sesenta anticipaban los dibujos animados, las películas y las novelas de ciencia ficción. No obstante, que para mí año dos mil diecisiete sea una palabra que sigue teñida de futuro no demuestra sino que pertenezco al siglo pasado, por más que me empeñe en lo contrario. Pero bueno, no se piense de esto que digo que me invade ninguna tristeza melancólica o sentimiento análogo; simplemente empezaba a escribir mi post de fin de año y al pronunciar dos mil dieciséis me vinieron esos recuerdos infantiles del futuro: qué barbaridad. Desde luego, seguro que el chavalín que veía a finales de los sesenta la tele en blanco y negro no se imaginaría ni por asomo al tipo al que estaba destinado a convertirse ni a la época que le tocaría vivir. Pero dejémonos de boberías y vayamos al asunto.


Y el asunto es dejar escrito un breve balance personal del año que se va, como llevo haciendo ya desde 2006, cuando inicié este blog: ¡nada menos que el undécimo post de esta serie tópica y un tanto ñoña! Sin duda, la novedad más importante ha sido mi regreso a la función pública, en mi caso a la administración general de la Isla, al Cabildo. He vuelto al mismo departamento del que salí en excedencia voluntaria en mayo de 2008, pero mientras antes era un jefecillo, ahora soy el último de la fila, toda vez que durante mi ausencia el escalafón corrió y, ya se sabe, quien fue a Sevilla perdió la silla. A esto hay que sumarle que, por distintas circunstancias, he regresado tachado un tanto como “persona non grata” entre ciertos políticos que ocupan cargos de poder, lo que ha contribuido a que prefieran mantenerme lo más relegado posible. Confieso que, en los primeros meses del año, esta mi nueva situación me tuvo algo desconcertado: después de un largo periodo metido en muchas salsas y con un nivel aceleradísimo de actividad, te encuentras apartado sin prácticamente presión. A uno se le cruzan sentimientos encontrados: de un lado, la sensación de menosprecio que inevitablemente afecta a la vanidad, pero, de otro, una especie de abandono que, bien tratado, puede llevar hacia una deseable paz y equilibrio anímicos. En fin, lo cierto es que, desde luego, he ganado en tranquilidad y disponibilidad de tiempo; en cuanto a mi trabajo, a medida que pasaban los meses, han ido poco a poco encargándome tareas cada vez de mayor utilidad. Téngase en cuenta que en la administración pública todo transcurre más despacio que en el mundo exterior; asumiendo ese ritmo intrínseco, ya veremos como evolucionan las cosas en este inminente 2017.

En cuanto al capítulo salud pues regulín. Como cosa buena habría que citar que en enero dejamos de fumar (K, su hija y yo) pero la verdad es que la supresión del tabaco tuvo unos efectos desastrosos durante los tres primeros meses; me sentía absolutamente fatal, dolores en todo el cuerpo y una ansiedad tremenda. Supongo que, como me dijo el médico del Cabildo, al síndrome de abstinencia se le sumó el radical cambio de mi situación laboral y de mi ritmo de vida (por lo visto el dejar de estar sometido a estrés produce a su vez estrés). El caso es que hacia la primavera tenía unos dolores de espalda que casi me impedían moverme; toda la columna contracturaza, desde las cervicales hasta las lumbares. Tras las pertinentes pruebas diagnósticas (algunas vértebras con principio de artrosis, pero nada excesivo), pasé por un mes de sesiones diarias de rehabilitación que poco a poco fueron mejorando mi estado, aunque no curándolo del todo. He de añadir que también he engordado (me sobran unos diez kilos), lo que para mí es una de las causas principales del sufrimiento de mi pobre espalda. La acumulación de grasa en mi organismo ha sido confirmada en las pruebas que por navidades me hago todos los años (para seguir un adenoma que tengo en la región suprarrenal), así que la conclusión es clara: mejorar la dieta y caminar más, para compensar mi casi permanente sedentarismo. He aquí los propósitos de año nuevo en relación a la salud.

De otra parte, el que se va ha sido un año tranquilo, sin casi movimientos. De hecho, aparte de mi obligado desplazamiento a Madrid por Navidad, prácticamente apenas me he movido de la Isla. Tan sólo merece la pena reseñar el viaje de la primera semana de noviembre al Bierzo, comarca que conocía poco, y que, en compañía de un amigo, aproveché para conocer en maravillosas rutas a pie: paisajes preciosos en los que, además de su extraordinaria belleza, lo que más me impresionó fue el silencio y la soledad; considérese que llegaba desde un territorio superpoblado, en el que dirijas la vista a donde la dirijas te topas con construcciones y es imposible caminar sin cruzarte con nadie. En todo caso, la escasez de viajes se ha compensado en parte con estancias más dilatadas en nuestra finquita campestre, consolidando definitivamente la tendencia iniciada el pasado año. De hecho, K ya se ha asentado de forma permanente y yo, aunque durante los días laborables sigo en Santa Cruz, disfruto cada vez más de estas escapadas cercanas. Para el año que viene ya tenemos varios planes de actuaciones a realizar para mejorar la habitabilidad de nuestro refugio. Confiemos, eso sí, que nuestros ahorros nos lo permitan porque, desde luego, tener una segunda casa (y más si no es urbana) es un lujo y los lujos cuestan una pasta gansa.

Y poco más voy a añadir. Releyendo el post de hace un año, veo que predije que las entonces recientes elecciones (diciembre de 2015) no auguraban cambios significativos y parece que acerté incluso más de lo previsto: hace poco que ha empezado el “curso” y ciertamente muy al ralentí. Más movidillo se presenta en cambio el panorama político canario, ya que justo antes de la navidad se produjo la más que esperada crisis en el pacto Coalición Canaria y PSOE y ahora hay que esperar a ver qué pasa (y lo que pase puede afectar a mi vida cotidiana bastante más que la política estatal). Pero no es éste el momento para tocar tan aburridos asuntos. Acabo pues deseando feliz año a todos los que por aquí se pasan, confiando en que en 2017 sigamos leyéndonos. Para ilustrar estos deseos acompaño la foto con la que una amiga me ha felicitado las fiestas: se trata de un analema solar, la imagen que se obtiene de fotografiar el sol durante un año desde el mismo lugar y a la misma hora. El resultado es una curva que se llama lemniscata y que todos conocemos como el símbolo del infinito. Por lo visto, un analema es muy difícil de conseguir; en este caso es obra de Fernando de Arnáiz, quien lo hizo desde agosto de 2011 a agosto de 2012 en Burgos. Bonita es, desde luego.

  
Funky new year - The Eagles (Please Come Home for Christmas, 1978)