lunes, 16 de julio de 2018

Una batalla (lingüística) perdida

Las oraciones condicionales son aquéllas que plantean una condición y expresan la consecuencia de la misma. Están formadas por dos mitades: la primera es la que contiene la condición, el supuesto, la hipótesis (se llama prótasis) y la segunda la que expresa la consecuencia (se llama apódosis). En los manuales de gramática española las oraciones condicionales suelen clasificarse en tres grupos principales, según la forma verbal de la prótasis. Así, las del primer tipo llevan el verbo en presente del indicativo (si estudias todos los días, aprobarás la oposición); las del segundo en imperfecto del subjuntivo (si estudiaras todos los días, aprobarías la oposición); y las del tercero en pluscuamperfecto del subjuntivo (si hubieras estudiado todos los días, habrías aprobado la oposición). Quiero referirme a las de este tercer tipo, las que suelen denominarse “condición imposible” y que yo llamo “melancólicas”, porque referirse a lo que pudo haber sido y no fue conduce casi siempre a ese estado de ánimo.

En mis años escolares las apódosis de estas estructuras sintácticas llevaban el verbo siempre en condicional, ya fuera simple o compuesto. La diferencia entre ambas formas tiene que ver con el tiempo en que sucedería la consecuencia, porque la condición siempre es en el pasado, algo que pudo suceder y no sucedió. Si esa condición se hubiese cumplido y lo que expresamos es la consecuencia en presente, hemos de usar el condicional simple (si hubieras estudiado todos los días, ahora serías funcionario); en cambio, si la consecuencia también es ya pasado hemos de emplear el condicional compuesto (como el ejemplo que puse antes). Pues bien, todo lo dicho hasta aquí sigue vigente en la forma actual de hablar y escribir el español salvo en este último tipo de oraciones condicionales, las del tercer tipo con la apódosis en pasado. En éstas, es casi mayoritario (al menos en España) el empleo del pluscuamperfecto de subjuntivo en ambas partes de la oración, tanto en la prótasis (como siempre se ha hecho) como en la apódosis (en vez del condicional compuesto).

Estos días, por ejemplo, he estado leyendo un entretenido libro llamado Historia virtual de España (1870 – 2004), cuyo subtítulo reza ¿Qué hubiera pasado si …? Se trata de una colección de ensayos hipotéticos redactados por historiadores serios que elucubran sobre lo que podría haber ocurrido si acontecimientos decisivos de nuestra historia hubiesen sido distintos. Pues bien, algunos de estos “ejercicios” (no todos) repiten la misma estructura sintáctica: ¿qué hubiera sucedido si (el hecho en cuestión) no hubiera ocurrido? (¿Qué hubiera pasado si el general Prim no hubiera sido asesinado en 1870? ¿Qué hubiera ocurrido si los partidos republicanos se hubieran presentado unidos en las elecciones de 1933? ¿Qué hubiera sucedido si Franco no hubiera aceptado el plan de Estabilización?). Pero me refiero a este ejemplo porque es el primero que me viene. Lo cierto es que continuamente leo y escucho frases condicionales con dos hubiera, tanto en la hipótesis como en la consecuencia, de modo que me he convencido de que el habría debe estar en proceso de extinción.

Siempre he pensado que un uso del lenguaje nos parece correcto o no según nos "suene" bien o mal. A mí, las construcciones condicionales con el pluscuamperfecto de subjuntivo en la apódosis me suenan mal y por eso pienso que son incorrectas. Pero parece que a un enorme número de españoles les suena perfectamente, y será por eso que la Academia (desde hace tiempo) considera esas oraciones correctas. Así, en el epígrafe 47.4.2ª de la Nueva gramática de la lengua española se señala que el esquema sintáctico en cuanto al tiempo y modo verbal en las condicionales del periodo irreal (nuestro tercer tipo) es Si {HUBIERA ~ HUBIESE} participio --- {HABRÍA ~ HUBIERA ~ HUBIESE} participio ---. Sin embargo, en el Diccionario de uso del español de María Moliner (consulto la versión en DVD), al tratar del uso del indicativo y el subjuntivo en las oraciones subordinadas circunstanciales introducidas por una conjunción, se nos dice que con la prótasis en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo la apódosis va en potencial compuesto (Si lo hubiera sabido, no habría venido). Teniendo en cuenta además que prácticamente todos los ejemplos literarios añejos que he encontrado de oraciones condicionales del tipo de las que estoy tratando emplean el condicional compuesto en la apódosis, me inclino por concluir que la RAE ha decidido dar por bueno el uso del pluscuamperfecto de subjuntivo en otra concesión más al habla (y escritura) vulgar.

Así que vale, no es incorrecto decir “qué hubiera pasado si tal hecho no hubiera sucedido” pero han de reconocerme que mucho más agradable al oído es “qué habría ocurrido …”, aunque solo sea por no repetir la misma forma del auxiliar (siempre cabría el mal menor de decir en una parte de la oración “hubiera” y en la otra “hubiese”). Pero me da la impresión que esta apreciación estética mía no es mayoritariamente compartida de modo que dentro de poco el “habría” es probable que haya desaparecido de las frases condicionales y el castellano será un poco más feo. Piénsese que una de las fuerzas que preside la evolución del lenguaje es la simplificación y, ciertamente, es más fácil no entrar a distinguir entre modos verbales. No obstante, aunque sea una batalla perdida (alguien dijo que eran éstas las únicas que valían la pena), me permito animar a quien lea este post a perseverar en la defensa de la construcción canónica de esas oraciones condicionales, a hacer apostolado con los amigos y conocidos, corrigiéndolos sin ofenderlos sino convenciéndolos, a mantenerse alerta y seguir sintiéndose molesto cada vez que escucha la forma admitida y progresivamente dominante (porque, si relajamos la tensión, nos empezará a sonar bien y acabaremos usándola también nosotros). A lo mejor existe aún alguna mínima posibilidad de revertir la tendencia. Y si finalmente no es así, si finalmente la expresión que defendemos se extingue, que no se pueda decir que “si nos hubiéramos esforzado en usarla no habría desaparecido” (aunque, claro, no lo dirían así sino “si nos hubiéramos esforzado en usarla no hubiera desaparecido”).

Nota final: No deja de ser curioso que la evolución del qué habría pasado si ... al qué hubiera pasado si ... no tenga su paralelismo en las oraciones condicionales del segundo tipo, que también combinan subjuntivo y condicional. Nadie dice, por ejemplo, "si tuviera tiempo leyera esa novela" ... De momento.

domingo, 8 de julio de 2018

Un presidente que no hemos elegido los españoles

Tengo una sobrina, otra, que es del PP. Vive en Denia pero el jueves pasado fue a Madrid para votar en las recientes primarias de su partido porque, además, dice ser muy amiga de Pablo Casado. Yo estaba de paso en casa de mi hermana, así que coincidimos en el almuerzo familiar. Como buena pepera está indignada con la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa. Descalifica la legitimidad democrática del nuevo presidente repitiendo un mantra que lleva días circulando por las redes: a Sánchez no lo han elegido los españoles. La frase es insidiosa, una de las peores variantes de la falsedad.

Que a Pedro Sánchez no lo han elegido los españoles para ser presidente de gobierno es verdad, tan verdad como que a Rajoy tampoco, ni a Zapatero, ni a Aznar, ni a González, ni a Suárez. Porque hay que repetir la obviedad de que en las generales los españoles no elegimos presidente sino diputados, y delegamos en ellos la decisión de quién estará al frente del futuro gobierno. El presidente no es el cabeza del partido más votado por los españoles, sino el más votado por los congresistas. Si, tras las elecciones de diciembre de 2015, Sánchez hubiera conseguido apoyos suficientes (que habría sido posible si no fuera por el desencuentro con Podemos), habría sido presidente con la misma legitimidad que luego lo fue Rajoy. La moción de censura repite exactamente el procedimiento, con iguales exigencias, de elección de presidente tras las elecciones. En ambos casos, el ganador de las votaciones en el Congreso tiene plena legitimidad democrática; en ninguno de los dos casos es elegido por los españoles.

Los del PP (también los de Ciudadanos) suelen repetir que lo más democrático es que gobierne la lista más votada, despreciando cualquier otra opción con el peyorativo “pacto de perdedores”. Esa afirmación es ostensiblemente falsa; como se demostró en la moción de censura, había más que querían que Rajoy no fuera presidente que los que sí querían. Pero eso da igual, lo único que importa es atacar al adversario aunque sea mintiendo.

Pero lo divertido es que mi sobrina, después de hilvanar en el almuerzo esos mantras, por la noche, conocedora ya de que su amigo Pablo Casado había quedado segundo, se mostraba optimista de que conseguiría el liderazgo del partido con el apoyo de los compromisarios de Cospedal y de Margallo (que parece que son acérrimos anti-Soraya). No me pude reprimir y con algo de sorna le pregunté si eso no era un "pacto de perdedores", si de esa manera Casado no se estaba saltando el sacrosanto principio por el que lo democrático es que gane el de la lista más votada. No, me contestó sin dudar, no es para la nada lo mismo. Como tampoco habría sido lo mismo si la moción de censura de Aznar contra González hubiera tenido éxito; como tampoco será lo mismo si en un futuro el nuevo líder del PP presenta una moción de censura.

Sintiéndose quizá contra las cuerdas, aunque por supuesto sin admitir nada, esgrimió un nuevo argumento de los que ofrece el partido a sus militantes: que no sólo el PSOE no era la lista más votada sino que Sánchez no era diputado y, por tanto, no había sido elegido por los españoles. Ella sabía de sobra que Sánchez había dimitido como diputado por lo que había sido elegido por los españoles. Pero esta variante de la demagogia pepera introduce la insidia de que un presidente no diputado es de menor calidad democrática, cuando la única y completa legitimidad proviene de ser votado mayoritariamente por los congresistas. Por cierto, en Canarias (y creo que en las restantes Comunidades Autónomas) el presidente de gobierno sí se elige de entre los diputados.

Naturalmente, quienes propagan estas falacias (y ordenan a sus fieles que los propaguen), saben de sobra que lo son, pero ello no les corta en absoluto para seguir haciéndolo. Stevenson, en sus ethical studies de 1888, enumera la “mentira mezquina” entre las manifestaciones de lo diabólico. Yo no creo en el diablo, pero como al ilustre escocés también me repugna especialmente este comportamiento tan habitual y al que se recurre cada vez con mayor frecuencia. Los motivos son claros: por un lado, denunciar la mentira apenas tiene efectos (o sea, sale gratis mentir); por otro, no pocos aceptan de buen grado la falacia porque refuerza lo que quieren creer (mi madre, por ejemplo, que me reconoció que nunca se había parado a pensar que en las generales no elegíamos presidente). Otra forma más de embotar nuestra capacidad crítica.

viernes, 6 de julio de 2018

Verdad obligatoria

De momento no parece existir un medio que nos permita saber con suficiente fiabilidad si lo que dice alguien es verdad o mentira. Convengamos, naturalmente, que la veracidad de una afirmación ha de entenderse subjetivamente; es decir, una declaración será verdad cuando quien la haga crea que es verdad, lo sea o no objetivamente (suponiendo que pueda hablarse de verdad objetiva). Ahora bien, disponer de medios para conocer lo que saben otros es una obsesión de muchos desde hace muchos siglos. En la actualidad hay dos tipos básicos de métodos. De un lado, los que se basan en que al declarar algo se produce una respuesta emocional dependiente de la veracidad/falsedad de lo declarado y que esa respuesta emocional se refleja en indicadores fisiológicos (tensión arterial, pulso, respiración); el famoso polígrafo es el mejor ejemplo. Sin embargo, estos “detectores de mentiras” carecen de toda validez científica y, pese a llevarse empleando décadas en diversos ámbitos y lugares, constan no pocos casos de personas que engañaron repetidas veces al aparatito. El otro grupo comprende las drogas que bloquean la capacidad cerebral de mentir, los no menos famosos (y de gran popularidad en la ficción) “sueros de la verdad”. Ciertamente, estas drogas producen efectos que propiciarían una desinhibición de los mecanismos represores conscientes pero eso no garantiza que se diga la verdad o, sobre todo, que no se mezcle con fantasías del drogado.

Así pues, de momento no, pero no creo descabellado prever que a no muy largo plazo, dado el interés de muchos (en especial de agencias vinculadas a la defensa y a la seguridad nacional estadounidense) se disponga de algún medio que permita obligar a decir la verdad o, al menos, discernir con seguridad si lo que alguien dice es cierto o falso. Y entonces, cuando eso ocurra, se planteará un interesante debate ético: ¿sería lícito obligar a un imputado a decir la verdad? Pensemos por ejemplo en el reciente juicio a la manada. Los acusados aseguran que la chica consintió en mantener sexo grupal con ellos, versión que ha creído uno de los tres jueces. Si se le administrarse a cada imputado y a la propia chica una droga de la verdad y se les hiciesen las pertinentes preguntas, podríamos saber con seguridad y en qué grado lo que cada uno creía estar haciendo. Pues bien, me pregunto cuál sería la opinión pública si se planteara esa posibilidad. Tras hacer un breve sondeo en mi entorno, concluyó que muy mayoritariamente se pediría que se impusiera la administración obligatoria de la droga de la verdad.

Ello implicaría, claro, desmontar uno de los derechos reconocidos en el Pacto internacional de los Derechos civiles y políticos, por el que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; es decir, aún siendo culpable, el acusado tiene derecho a mentir para que no se le condene. A partir de aquí, en un sistema judicial irrestrictamente garantiza, se ha consagrado que la declaración del imputado no pueda utilizarse en su contra. No olvidemos que el derecho a la no discriminación deriva del respeto a la dignidad de la persona, uno de los fundamentos básicos de los mecanismos procesales de cualquier Estado de Derecho actual. A su vez, recordemos, que este derecho es resultado del abandono de la concepción inquisitorial del Antiguo Régimen, cuando se veía al acusado como mera fuente de averiguación de la verdad –de modo que la confesión era la forma ideal de acabar un juicio–, lo que justificó numerosos abusos y excesos, como las torturas.

Ahora bien, con una droga como la supuesta, desaparecería para el ciudadano común la incómoda molestia moral de la tortura, y difícilmente podrían oponérsele argumentos convincentes que contrarrestasen el indiscutible beneficio de saber la verdad y, por tanto, hacer justicia. Incluso, es probable que, en una primera etapa, para no contravenir frontalmente el derecho consagrado, se empezará a usar esa droga sólo si el imputado acepta, pero derivando efectos incriminatorios de su negación (esto ya está ocurriendo, parece). De este modo, poco a poco, iríamos hacia un modelo procesal completamente distinto del actual que abriría la puerta a situaciones desde luego nada deseables (supongo que no hace falta que ponga ejemplos). Pero tengo para mí que, en la actualidad, los riesgos de esa eventual deriva no frenarían la imposición de la hipotética droga. Por eso, confío en que no se descubra; la sociedad en la que se convirtiera en práctica me da miedo.

domingo, 1 de julio de 2018

Ad verecundiam

Esta mañana, en una conversación – “debate” (*) sobre machismo en un grupo de whatsapp, uno de los participantes acabó su mensaje con la siguiente frase: «La división del trabajo entre los sexos es anterior a la opresión de las mujeres y, por lo tanto, la erradicación de esta opresión no implica la desaparición de todos los roles sexuales», que decía que era una cita de Igor Kon. No sé si mi amigo aportaba esa cita para reforzar o para ilustrar su argumento; tampoco es muy relevante porque en ambos casos, bien descaradamente o de forma más sutil, estaría recurriendo al argumento ad verecundiam, una de las más frecuentes falacias lógicas, consistente en defender la veracidad de una proposición porque la ha dicho alguien con autoridad en la materia. Ahora bien, que desde los tiempos de Pitágoras sepamos de sobra que estos argumentos no son de recibo no ha hecho la más mínima mella en su empleo. Tengo la impresión, por el contrario, de que cada vez se los emplea más, contribuyendo a empobrecer los debates y a embotar nuestra capacidad crítica. Me acuerdo de un viejo amigo ya fallecido que siempre que alguien citaba lo dicho por alguien de renombre como argumento de autoridad, le preguntaba si creía que ese alguien era infalible; como el interlocutor admitía que no, mi amigo decía: entonces vamos a analizar eso que ha dicho no vaya a ser que sea una estupidez.

Naturalmente, admitir que una cita de alguien de renombre está tan sujeta a crítica lógica como cualquier otro argumento suprime toda eficacia al argumento de autoridad. Aun así, tampoco me parece tan mal aportar en una discusión las opiniones pertinentes de autoridades en la materia, siempre que se deje claro que las mismas no forman parte de la argumentación sino que, simplemente, valen para ilustrar que ese señor tan reconocido ha llegado a la misma conclusión que tú y que, probablemente, tendrá un libraco donde la justifica por extenso. Pero, en esos casos, además de esas precauciones, conviene citar autoridades de común conocimiento. Al tal Igor Kon yo no lo conocía y no me extrañaría que tampoco lo conociera ninguno de los otros participantes en la conversación. Es más, después de enterarme de que fue un filósofo, psicólogo y sexólogo soviético (1928-2011) cuyas obras creo que no están traducidas al español, dudo incluso que quien lo citó lo haya hecho de primera mano. Por tanto, si el origen de la cita es como me malicio, estaríamos ante un ejemplo de mala praxis argumentativa, en el que el recurso a la falacia de autoridad es casi un objetivo en sí mismo, sin que el que cita ni siquiera tenga una opinión fundada sobre la autoridad del citado. Es más, ya me he encontrado con frecuencia con discutidores no solo aficionados a los ad verecundiam sino a que sus citas sean cuanto más exóticas mejor. En estos casos suele haber la voluntad (más o menos consciente) de intimidar al interlocutor quien, para no mostrar su ignorancia sobre la autoridad del citado, preferiría dar por buena la cita y, por tanto, sucumbir a la falacia lógica. En fin, falacia sobre falacia y la víctima la racionalidad y la lógica.

Dicho lo anterior, sin ánimo de ser irrespetuoso con el señor Kon, pasemos a analizar la consistencia lógica de su argumento. Para ver su consistencia lógica conviene que sustituyamos los dos conceptos que confronta por sendas letras. Así, llamemos A a “la división del trabajo entre los sexos”, B a “la opresión de las mujeres” y C a “todos los roles sexuales”. Con este convenio el argumento pasaría a ser: A es anterior a B, por lo que no B no implica no C. Evidentemente, no hace falta saber demasiado de lógica formal para comprobar que la argumentación es flojísima e inconsistente. No siendo demasiado tiquismiquis, podemos admitir que Kon (suponiendo que fuera él) consideraba que había una relación estrecha (no necesariamente de identidad) entre “la división del trabajo” (A) y “todos los roles sexuales” (B). Supongamos, para simplificar, que el devenir de la división del trabajo y de la asignación de roles sexuales va de la mano; es decir, que si no hubiera roles sexuales no habría división sexual del trabajo y viceversa (no creo que sea muy preciso, pero me vale admitir la correlación). De este modo, podríamos cambiar la frase por cualquiera de estas otras más o menos equivalentes y de más fácil verificación en cuanto a su consistencia lógica: «La división del trabajo entre los sexos es anterior a la opresión de las mujeres y, por lo tanto, la erradicación de esta opresión no implica la desaparición de la división del trabajo», o bien: «La asignación de roles sexuales es anterior a la opresión de las mujeres y, por lo tanto, la erradicación de esta opresión no implica la desaparición de los roles sexuales». En ambos casos, la estructura argumentativa sería A es anterior a B y por tanto no B no implica no A.

Pues bien, con esta corrección la frase no incurre en ningún error formal, ni falta que le hace porque es absolutamente irrelevante. De hecho, es equivalente a decir «La madre es anterior al hijo y, por lo tanto, la muerte del hijo no implica la muerte de la madre»; una boutade. Pero, en realidad, lo que podría quererse decir es que A es causa (no anterior) de B y por tanto, que se suprima B, el efecto, no implica que se suprima A, la causa. Esto ya tiene un poco más de sentido pero lo cierto es que tampoco nos añade nada, no deja de ser una tautología obvia e irrelevante. Para decir que suprimir un efecto no significa suprimir la causa no es necesario recurrir a ninguna autoridad, por muy Kon que sea. Cuestión distinta es que, a partir de una obviedad irrelevante, se pretenda insinuar una conclusión contraria a la lógica pero con apariencia de veracidad: «La asignación de roles sexuales es causa de la opresión de las mujeres y, por lo tanto, la desaparición de los roles sexuales no se producirá con la erradicación de esta opresión». Una cosa es que la supresión de B no implique la supresión de A y otra que no pueda suprimirse A si se suprimiera B. De hecho, aunque se admita que la opresión de las mujeres es consecuencia de los roles sexuales o de la división (sexual) del trabajo, es muy arriesgado afirmar que no hay correlación entre ambos con influencias en ambas direcciones (no solo causa efecto). Y es que, en mi opinión, la supresión profunda de los efectos puede erosionar las causas contribuyendo también a suprimirlas. La realidad no suele responder a modelos de comportamientos rígidamente unidireccionales
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Así pues, la argumentación citada está mal expresada en términos lógicos y, si se corrigiera, sería una obviedad irrelevante al discurso que en nada contribuye a una conclusión, pero que, distorsionándola, induce una nueva falacia. Pero es que, si pasamos del plano de la lógica formal al de la veracidad, tampoco la cita de Igor Kon queda muy bien parada. Porque, como es sobradamente sabido, la corrección formal de una argumentación garantiza la veracidad de la conclusión solo si las premisas son verdaderas. En este caso, la premisa mayor afirma que la división del trabajo entre los sexos es anterior a la opresión de las mujeres (y también afirmaría que los roles sexuales son anteriores a la opresión de la mujer). No sé muy bien en qué se basa el ruso para aseverar esto tan tajantemente y, sobre todo sin aportar ninguna prueba que avale, lo que, para mí, es cuando menos muy dudoso. Porque yo diría que la división del trabajo y la asignación de roles sexuales diferenciados no son anteriores a la opresión de la mujer sino más bien expresión manifiesta de la opresión de la mujer. Además, ambos hechos –división del trabajo y asignación de roles– llevan irremisiblemente a la opresión de la mujer. Por tanto, a mi modo de ver, discutir la prelación cronológica entre estos factores viene a ser como el debate entre el huevo y la gallina. Yo diría que todo está interrelacionado, tanto que no son sino caras de la misma moneda.

Pero, lo que aquí me importa destacar es que no sólo la argumentación citada es formalmente inconsistente, sino que, aunque no lo fuera, tampoco nos permitiría llegar a nada porque las premisas no están suficientemente probadas (más bien lo contrario). Así que, el exótico Igor Kon será (o no) una autoridad de reconocido prestigio, pero su cita no aporta nada a la discusión. Y no es la primera vez que soy testigo de ejemplos como el que he contado en este post.

(*) Pongo la palabra “debate” entrecomillada porque sería presuntuoso decir que a través de whatsapp (o de twitter, por poner otro ejemplo) se pueden mantener debates con un mínimo de congruencia y rigor lógico. Pero es lo que hay, en un mundo dominado por la dictadura de lo inmediato y de lo breve (que nos instala inevitablemente en los eslóganes y tópicos en sustitución de los argumentos).

sábado, 23 de junio de 2018

Miremos, independentistas o no, a Quebec (3)

Una notable diferencia entre los debates soberanistas de Quebec y Cataluña (o del País Vasco) es que en Canadá que una parte del Estado celebrase en referéndum no debía ser ilegal y en España parece que sí lo es. Aclaro que no he confirmado si el Derecho canadiense (o el quebequés) permite que el gobierno de una Provincia convoque una consulta popular sobre asuntos que afectan a la integridad territorial o a la forma política del Estado. Es probable que no haya tal norma positiva pero quiero suponer que tampoco habría ninguna prohibición expresa. Y hago tal suposición porque, si la hubiera habido, lo normal habría sido que el gobierno federal hubiese impugnado la iniciativa del de Quebec y, en cambio, no he encontrado ninguna referencia en las crónicas de aquellos días en tal sentido. Por el contrario, como ya he contado, Trudeau y sus colegas se implicaron en el debate y pidieron a los quebequeses el voto negativo en el referéndum, lo que habría sido incongruente si éste hubiera estado proscrito por la legislación canadiense. Ahora bien, que celebrar un referéndum en Quebec sobre asuntos políticos que afectaban al conjunto del Estado no fuera ilegal no equivale a que el resultado de ese referéndum tuviera algún tipo de consecuencia legal vinculante. Eso lo dejó muy claro Trudeau declarando sin ambigüedades que en esos momentos el Gobierno no tenía margen legal para negociar la relación política de la Provincia con el Estado federal. Dicho de otra forma: consultar a los quebequeses (y no al resto de los canadienses) sobre la relación que deseaban mantener con el Estado no era ilegal, aunque los resultados de dicha consulta carecieran de todo efecto jurídico.

En España, sin embargo, las cosas son muy distintas. Lo primero que llama la atención a un profano al indagar en este asunto de las consultas populares es que, ya desde el legislador constitucional, había una profunda desconfianza hacia las formas de lo que se ha llamado democracia directa. La Constitución incluye entre las competencias exclusivas del Estado la “autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum” (artículo 149.1.32ª). Verdad es que la Constitución solo prevé tres tipos de referendos (modalidades, diría la Ley Orgánica 2/1980) y los tres son consultas que afectan al Estado en su conjunto y, por lo tanto, parece razonable en principio que su autorización competa al Estado. Pero también es cierto que la ambigüedad de la Constitución en cuanto al término referéndum ha obligado al Tribunal Constitucional a ir precisando su alcance y lo ha hecho en un sentido expansivo, de modo que casi podría decirse que cualquier consulta con adecuadas garantías pasa a entenderse como un referéndum y, por tanto, su celebración queda a merced de que el Gobierno la autorice o no. Prueba de ello es que desde el año 1980 ha habido 60 solicitudes al Gobierno de celebración de referendos municipales, de las cuales 24 fueron autorizadas y 36 denegadas. Sin entrar en la valoración de las motivaciones sobre estas autorizaciones y denegaciones, llama la atención que asuntos estrictamente locales (por ejemplo, preguntar a los vecinos si se implantaba un sistema de recogida de basura puerta a puerta) hayan requerido el permiso de Madrid. Nótese que en muchos de estos casos, el Ayuntamiento era competente para decidir mediante sus órganos de gobierno (representativos) pero no podía “delegar” su competencia decisoria en los vecinos sin autorización estatal. Induce a pensar que al Constituyente, al legislador de la Ley 2/1980 o al propio Tribunal Constitucional no le gusta nada la democracia directa.

Hay algunos detalles más en la Carta Magna que avalan esta impresión. Como no se trata de abundar demasiado por ahí, citaré solo como ejemplo que las fuertes limitaciones constitucionales a la iniciativa legislativa popular, que requieren medio millón de firmas y son inadmisibles en los aspectos realmente importantes (leyes orgánicas, materias tributarias o de carácter internacional). Prueba de ello es que de las 142 que se han propuesto (según la Wikipedia), sólo 10 se han tramitado en el Congreso y todas ellas han acabado siendo rechazadas. Aunque estas demoledoras cifras, más que el rechazo de la Constitución por la democracia directa, lo que revelan es que tampoco a los congresistas les gusta nada; y este disgusto se ha venido manteniendo inalterable durante treinta y cinco años. En fin, que no creo equivocarme mucho si concluyo que el sistema político que se montó a partir de la Constitución, leyes, jurisprudencia y actores del cotarro (parlamentarios y miembros del poder ejecutivo) se resiste a que las decisiones sean adoptadas directamente por los electores. La función de éstos es delegar su soberanía en representantes, los cuales decidirán en su nombre. Incluso he podido escuchar argumentaciones que cuestionaban el carácter democrático de los instrumentos decisorios basados en consultas populares o mecanismos análogos, tildándolos de populistas (me viene ahora a la cabeza la indignación cuando Tsipras anunció que iba a consultar a los griegos sobre la aceptación de las medidas que imponía la Troika a Grecia). No quiero ahora entrar a discutir sobre la calidad democrática de los métodos directos y representativos; bástame dejar la idea de ese rechazo subyacente del sistema a las consultas populares.

Volvamos, en todo caso, a la comparación entre lo que ocurrió en Canadá en 1980 y la situación española. Fue en 2008, con motivo de la famosa consulta sobre el derecho a decidir del Pueblo Vasco impulsada por Ibarretxe, cuando por primera vez el Gobierno del Estado (entonces presidido por Zapatero) impugnó una iniciativa de consulta popular de fuerte calado constitucional argumentando, entre otras razones, que la competencia para permitirla era exclusiva del Estado. Y el Tribunal Constitucional, mediante su sentencia 103/2008 de 11 de septiembre, confirmó la inconstitucionalidad de la Ley por razones competenciales. Aunque me gustaría entrar más en detalle en este aspecto (y lo haré en futuros posts) y aunque, además de los competenciales, el TC encontró también motivos de fondo en cuanto a la inconstitucionalidad de aquella Ley (que en parte valen para las posteriores iniciativas catalanas), lo importante es que el Gobierno español, tanto el del PSOE con los vascos como el PP con los catalanes, se negó a autorizar una consulta popular sobre temas como los que se planteaban. Como desconozco el sistema legal canadiense (seguro que menos complejo que el nuestro), no puedo decir si el que el gobierno de Ottawa no intentara impedir el referéndum de Quebec fue debido a una voluntad democrática o a que, simplemente, no tenían medios para impedirlo. Me inclino más por la segunda opción, lo cual no obsta para que piense que si Trudeau y sus colegas hubiesen tenido las potestades que tuvieron los gobernantes españoles no las habrían empleado de la misma manera, sino tal vez con algo más de inteligencia política.

Porque, al margen de la potestad de cada gobierno (canadiense y español) de impedir legalmente peliagudas consultas soberanistas, una cosa era idéntica en ambos casos: el resultado de cualquier referéndum de esa naturaleza no podía tener ningún efecto jurídico real. Como luego interpretó el Tribunal Supremo de Canadá (y de lo que trataré más extensamente en un próximo post), que una mayoría clara de un territorio manifestase a través de referéndum cualquier voluntad que, para hacerse efectiva, requiriese modificaciones constitucionales en cuanto a la estructura política del Estado, implicaría consecuencias políticas pero en absoluto tendría efectos vinculantes. Si en España algún gobierno hubiese admitido una consulta sobre estas cuestiones, ya en el País Vasco ya en Cataluña, lo único que habría ocurrido es que todos los españoles sabríamos cuál era la voluntad de los vascos o catalanes. Si el resultado de ese referéndum hubiera sido contrario a la independencia (lo que probablemente habría ocurrido con la primera consulta de Mas) los efectos habrían significado una dosis de analgésico a los ardores nacionalistas durante unos cuantos años al menos. Si el resultado hubiese sido favorable, puede que hubiésemos tenido que entrar en una dinámica similar a la de Quebec, lo que a mi modo de ver tampoco estaría tan mal. En todo caso, obligaría a hacer política estatal con la conciencia real de la voluntad de los catalanes.

En cambio, no permitir la celebración del referéndum equivale a negar desde el gobierno, no ya el derecho de autodeterminación (que obviamente no existe), sino el poner sobre la mesa con suficientes garantías el conocimiento de los deseos reales de los catalanes. Y creo que esa no es buena estrategia (como han demostrado los hechos) ya que da argumentos a los independentistas a acusar al Estado español de poco democrático. Por eso, al comparar nuestro conflicto reciente con el de Quebec, me pregunto si no nos habría ido mejor si los gobernantes españoles hubiesen seguido la estrategia de los canadienses.

miércoles, 13 de junio de 2018

Màxim, el mínim

Dicen algunos medios que Màxim Huerta, el titular de Cultura y Deportes que acaba de dimitir, ha sido el ministro más breve de la historia de España. Me pregunto si quienes lo afirman han verificado las duraciones en el cargo de todos los ministros que nuestro país ha tenido. Porque la primera duda, nada fácil de resolver, es desde cuándo entendemos que hay ministros en España. Aunque no tuvieran ese nombre, los Austrias ya contaban con personas que se ocupaban de parcelas del gobierno y que, aún con poco rigor, solemos llamar ministros. Con la nueva dinastía de los Borbones, desde el reinado de Felipe V, la figura del ministro (tampoco con ese nombre) empieza a parecerse a la actual, y mucho más a partir de la constitución en 1787 de la Junta Suprema de Estado que algunos consideran el primer Consejo de Ministros de nuestra historia. Pero, en todo caso, ha de admitirse que como poco debemos contar ministros desde principios del XIX. Y en más de doscientos años, con todos los ministros que habrá habido, ¿ninguno ha estado menos de seis días en la poltrona? No digo que el récord no sea cierto, pero me gustaría una confirmación un poco documentada. Lo que sí parece incuestionable es que, como dicen otros medios más prudentes, Màxim ha sido el ministro más breve de este último periodo democrático.

En todo caso, con marca absoluta o parcial, el hombre merece pasar al Guinness. Máximo se queda en mínimo y declama con Gracián aquello tan tonto de que lo bueno, si breve, dos veces bueno; pero es que me temo que no ha llegado ni a paladear el sabor del ministerio. Bueno, me corrijo, porque le ha dado tiempo a ver nada menos que una final de Roland Garros, que con sus fobias declaradas al deporte no sé si la habrá disfrutado mucho. El caso es que se ha ido porque se hizo público que entre 2006 y 2008 creó una sociedad interpuesta que cobraba sus altos ingresos a fin de pagar menos impuestos. Más o menos lo que hizo Monedero, y que obligó al fundador de Podemos a dimitir de sus cargos en el Partido. Por aquellas fechas Pedro Sánchez dijo algo así como que si se enteraba de que un miembro de su ejecutiva tenía una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos, lo echaba inmediatamente. Por la boca muere el pez.

El montaje de Huerta cayó en una inspección fiscal. Lo que hacía era entonces bastante habitual entre muchos profesionales autónomos con altos ingresos: te conviertes en empleado de tu propia empresa porque éstas tienen un tratamiento fiscal más ventajoso que las personas físicas (más posibilidades de desgravaciones de gastos y tipos impositivos menores). Parece ser que en determinado momento, Hacienda decidió hacer limpia con estas prácticas y muchos tuvieron que pagar unas sustanciosas multas. Ahora bien, Huerta como tantos otros más, no dejaba de declarar ningún ingreso, todo estaba a la vista de Hacienda. Me parece que, aunque lo llamemos defraudador, es un comportamiento muy distinto de quien oculta dinero al Estado. Por otra parte, démonos cuenta de que el propio sistema legal de los impuestos fomenta este tipo de prácticas porque, al fin y al cabo, es legítimo buscar los mecanismos contemplados en la legislación para pagar lo menos posible. De hecho, por más que Hacienda diga lo que diga (incluso aunque lo avalen los Tribunales) hay margen de discusión sobre la legalidad de esas sociedades. Y es que, en el fondo, lo que a mí me parece escandaloso es que las rentas del capital tributen a tipos inferiores que las del trabajo. En otras palabras: si los tipos de las sociedades fueran iguales o superiores a los del trabajo personal se estaría quitando una tentación que ofrece el propio sistema jurídico.

En fin, lo han pillado y no le ha quedado otra que irse. En mi opinión, asunto cerrado y no creo que le convenga al PP cebarse demasiado y mucho menos tratar de hacer este caso equivalente a los varios que acumula de metidas de mano en las arcas públicas. Pero sí cabe sacar una lección (sobre todo para quienes les toca nombrar cargos públicos): investigar a fondo al que se va a designar, asegurarse de que nada hay en su pasado susceptible de salpicar mierda. Y es que Pedro Sánchez, pobre, no tuvo tiempo de hacer la tarea.

PS: Me acaba de llamar Pedro Sánchez; ha leído este post y quería hacerme algunas aclaraciones. Me dice que ya antes de nombrarlo conocía los asuntillos de Màxim con Hacienda; el propio Huerta se lo había dicho (no hacerlo habría sido una flagrante deslealtad). Aún así, decidió nombrarlo, consciente de que habría de dimitirlo a los pocos días. ¿Razones? La primera: lograba un impacto mediático al anunciar el gobiero que le convenía; además, esas críticas revertirían en elogios de mayor calado con un sucesor de corte mucho más profesional (por supuesto, ya tenía decidido que entraría José Guirao). Pero la segunda y fundamental razón era que incorporarlo al equipo para destituirlo permitía al flamante presidente demostrar su intransigencia ante cualquier comportamiento deshonesto, marcar enseguida diferencias de estilo con el PP. Naturalmente, se trata de la estrategia interna del Partido que no conviene que se haga pública.

domingo, 10 de junio de 2018

Una charla con mi sobrina

Tengo una sobrina –Paloma se llama– fantástica. Es muy guapa, muy inteligente y, sobre todo, tiene un carácter maravilloso: una muy buena persona, encantadora, y no lo digo porque sea su tío. A sus veintiséis años hace ya dos que acabó ingeniería aeronáutica, tras un máster y prácticas profesionales en Berlín (habla muy bien inglés y alemán y más que aceptablemente francés) y tras superar un primer contrato de pruebas, trabaja con una posición más o menos estable en Airbus, en la planta de Getafe. Según nos cuenta, está trabajando sobre todo en diseños de sistemas informáticos que se instalan en el Eurofighter, el más importante caza europeo. Ayer pasé a visitarla por su nueva casa (el piso en la calle Donoso Cortés que fue de mis abuelos y mi hermana ha reformado) y estuve charlando un rato con ella; entre otras cosas, de su trabajo.

Porque ella está contenta: aprende mucho, su actividad le resulta un reto profesional continuo y además se siente bien valorada (es, por cierto, la única chica y la persona más joven en un equipo de diez ingenieros). Pero, claro, no por eso deja de ser consciente de que con su trabajo contribuye a la construcción de un aparato cuya función es destruir, hacer daño, matar. Me dice, bueno, al fin y al cabo, los cazas europeos se usan para la defensa y siempre es mejor para un país estar bien defendido que no. Barrunto que se trata de argumentos consoladores, para no sentirse culpable. Pienso para mí –no es cuestión de agobiarla– que el término “defensa” es otra muestra más de la perversión del lenguaje; más honesto era cuando el Ministerio se llamaba “de guerra”. De otra parte, esos cazas, como cualesquiera otros, son aviones de ataque, tanto para los ejércitos europeos como para los de los países que los compran.

En cuanto a lo de que la defensa de un país está vinculada a la capacidad armamentística de sus ejércitos pues he de confesar que no lo tengo nada claro. Más bien, los hechos parecen señalar que las armas contribuyen no tanto a asegurar la defensa como a favorecer las guerras (y, de paso, el mantenimiento de los lucrativos negocios relacionados con su producción y comercialización). No creo que ni España ni Europa estuvieran más amenazadas si el Eurofighter no se fabricase, aunque ello tendría –supongo– un impacto nada desdeñable sobre nuestra economía (y probablemente bastante más significativo sobre la de mi sobrina). Al final, hasta los pacifistas habremos de defender los ejércitos y las guerras por motivos económicos.

Estas ideas trilladas ocuparon mi cabeza (sin verbalizarse) unos instantes. Paloma rompió el breve silencio con una reflexión que tampoco era muy original pero quizá sí para ella. Dijo que era llamativo que una muy importante cantidad de los avances tecnológicos que han hecho nuestra vida mucho más fácil y cómoda hayan tenido su origen en la industria militar. Es decir, que una de las principales motivaciones que impulsa el progreso de nuestra especie es mejorar nuestra capacidad destructiva. Es un poco triste, concluyó mi sobrina. Sí, le respondí, y puede que ese afán de muerte –el impulso de tánatos lo denominaba alguien– conduzca finalmente a nuestra extinción. En todo caso, añadí, la humanidad tiene también bastantes cosas buenas. Si, sonrió ella.

A los veintiséis años, cuando se está empezando a vivir, resulta mucho más fácil, más natural, ser optimista, sentirse a gusto como ser humano.

martes, 5 de junio de 2018

Miremos, independentistas y no, a Quebec (2)

Hasta finales de los sesenta, Quebec, como el conjunto de Canadá, vivía en el bipartidismo. De un lado estaba el partido liberal (Parti libéral du Québec) y enfrente la Union Nationale, partido exclusivamente quebequés resultado de la fusión en los años treinta de disidentes del partido liberal con el partido conservador de la Provincia. Durante los quince años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Quebec estuvo copado por la Unión Nacional, bajo la férrea dirección de Maurice Duplessis –al que llamaban le Chef–, quien orientó su política hacia el mundo rural con fuerte apoyo de la Iglesia Católica y marcados tintes conservadores combinados con proclamas autonomistas. Las elecciones provinciales de 1960 (Duplessis había muerto unos meses antes), dieron la victoria al Partido Liberal y llevaron al cargo de Primer Ministro de Quebec a uno de sus líderes históricos más carismáticos, Jean Lesage (1912-1980). Fue durante el mandato de Lesage cuando se impulsó la llamada Revolución tranquila –a la que ya me referí en el post anterior– que supuso una radical modernización de la Provincia y, consecuentemente, el aumento de su peso en el conjunto del Estado y también de la autoestima nacional de los quebequeses. No deja de ser significativo, en tal sentido, que en 1964 el Parti libéral du Québec) se erigiera en organización independiente, separada del Liberal Party of Canada.

En las elecciones de 1966 volvió a ganar la Unión Nacional y los liberales pasaron a la oposición (volverían al gobierno en 1970 con Robert Bourassa). Pero ese año marca un punto de inflexión en la historia política de la Provincia, en especial en lo relativo a la evolución del nacionalismo. De entrada, por primera vez se presentan a las elecciones dos agrupaciones que propugnan directamente la independencia (Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN) y Ralliement national); entre las dos obtiene solo el 9% de los votos, lo que no les da ningún escaño en la Cámara, pero es un síntoma claro de que en Quebec hay quienes no se conforman con un régimen federal y quieren ir más allá de la mera autonomía. De otra parte, pasa a primer plano quien hasta entonces había sido uno de los ministros del gobierno de Lesage, un joven político proveniente del periodismo, llamado René Lévesque. Para entonces Lévesque había evolucionado desde posiciones federalistas hacia el nacionalismo. En el verano de 1967, inmediatamente después del incendiario grito de De Gaulle desde el balcón del Ayuntamiento de Montreal, el partido liberal celebró su congreso y allí Lévesque propuso adoptar una posición soberanista. Su moción fracasó, lo que le llevó (a él y a unos cuantos seguidores) a abandonar el partido. Enseguida formó el que se llamó Movimiento soberanía-asociación (MSA) para promover el reconocimiento de la soberanía de Quebec a partir de la cual la Provincia se asociaría con Canadá. A continuación (enero de 1968) publicó el manifiesto Opción Quebec y finalmente, ese mismo año, se funda el Parti Québécois (PQ), mediante la fusión del MSA con los independentistas del RIN de Gilles Grégoire. La aparición del partido quebequés será decisiva en la política de la Provincia y del conjunto del Canadá. Y también lo será quien, justamente también en 1968, alcanza el cargo de Primer Ministro de Canadá por el Partido Liberal (el federal), Pierre Trudeau. Pese a ser quebequés, Trudeau fue un firme defensor del federalismo y, por tanto, opositor frontal al movimiento soberanista de Quebec. Su protagonismo y prestigio en la vida política canadiense fue uno de los factores que los mantuvo a raya hasta los ochenta (cuando ya abandonó la política).

Durante los primeros años desde su fundación las perspectivas del PQ no eran muy halagüeñas. Las elecciones de 1970 dieron la victoria al Partido Liberal, ahora dirigido por Robert Bourassa (1933-1996), quien repitió copando la casi totalidad de la Cámara en 1973. Entre esos dos comicios el Parti Québécois pasó del 23 al 30% del voto válido pero, debido a la fuerte desviación mayoritaria del sistema electoral quebequés, apenas ganó 7 y 6 escaños. Pero lo más relevante fue el hundimiento de la Unión Nacional que llegó a situarse en menos del 5% y sin representación parlamentaria; se podía intuir que el que fuera una importante fuerza del panorama político quebequés se dirigía al desastre, como efectivamente ocurrió a finales de los ochenta cuando se disolvió. La hora de Lévesque llegó en las elecciones de 1976 en las que, con una inteligente campaña defendiendo el buen gobierno frente a los múltiples escándalos que habían sacudido la gestión reciente de Bourassa, convenció al 41% de los votantes y obtuvo 71 escaños de los 110 del Parlamento provincial. Durante la campaña, el PQ prometió que celebraría un referéndum proponiendo la soberanía-asociación. Dos años y medio después, en mayo de 1979, Trudeau perdió en las elecciones generales canadienses y Joe Clark, del Partido Progresista Conservador, se convirtió en Primer Ministro. Era el momento ideal para el PQ: Clark no era ni mucho menos de la talla política de Trudeau y, además, carecía de relevancia en Quebec (era de la provincia de Alberta). De modo que en junio de 1979, Lévesque anunció en el Parlamento quebequés que el referéndum se celebraría en la primavera de 1980. En noviembre el gobierno del PQ publicó La nouvelle entente Québec-Canada, documento en el cual aseguraban que el reconocimiento de la soberanía de Quebec iba unido, indisociablemente, a la asociación con Canadá. No había pues una voluntad de independencia, de crear un estado separado, pero sí de replantear la permanencia en Canadá desde una condición distinta. El texto que se sometería a referéndum –que se hizo público poco antes de las navidades de 1979– tenía un largo preámbulo y luego la pregunta. Era el siguiente: “El Gobierno de Quebec ha manifestado su voluntad de negociar un nuevo acuerdo con el resto de Canadá basado en la igualdad de las naciones. Este acuerdo le permitiría a Quebec adquirir potestad exclusiva para legislar, recaudar sus impuestos y establecer relaciones en el extranjero; en otras palabras, soberanía. Pero, al mismo tiempo, mantener con Canadá una asociación económica que incluiría una moneda común. Cualquier cambio en el estatus político resultante de estas negociaciones solo sería posible mediante su aprobación a través de otro referéndum. En los términos descritos, ¿le otorga al gobierno de Quebec el mandato de negociar el acuerdo propuesto entre Quebec y Canadá?"

Ahora bien, en ese mismo Diciembre de 1979, el gobierno federal de Clark entraba en crisis al no ser capaz de aprobar los Presupuestos, lo que obligó al joven Primer Ministro a disolver la Cámara y convocar elecciones generales. En febrero de 1980 se celebraron y el Partido Liberal, de nuevo con Trudeau a la cabeza, obtuvo la mayoría absoluta con 147 de los 282 escaños (y lo que era peor para los dirigentes del PQ, con una abrumadora victoria en Quebec: 74 de los 75 escaños que aportaba la Provincia). El 15 de abril Lévesque fijó el 20 de mayo como fecha del referéndum. Ese mismo día, en Ottawa, Trudeau contraatacó declarando que no negociaría la soberanía-asociación bajo ninguna circunstancia porque entendía que el Gobierno canadiense no tenía autoridad para discutir ese asunto con una Provincia. Pero además consideraba la pregunta demasiado ambigua y, sobre todo, porque. Pero además consideraba la pregunta ambigua, de modo que aunque el SÍ ganara el referéndum no derivaría ningún mandato concreto que legitimara la ulterior actuación del Parti Québécois. A cambio, prometió que su gobierno afrontaría reformas en la estructura federal del Estado y, pidió a los quebequeses que votaran NO, asegurándoles que ese voto no significaba mantener el status quo. La posición del Primer Ministro canadiense fue apoyada en esos momentos de incertidumbre por Joe Clark y Ed Broadbent, líder del New Democratic Party of Canada, tercer partido del país. La campaña fue intensa y apasionada, y el propio gobierno federal se involucró en ella (especialmente Jean Chrétien, también quebequés y hombre de confianza de Trudeau que había sido nombrado ministro de Justicia). Ciertamente, la campaña de este primer referéndum fue dramática y supuso una ruptura del equilibrio nacionalista que se había alcanzado en la Provincia tras la Revolución tranquila. En la votación participó un 85% del censo electoral (porcentaje altísimo) y casi el 60% de los votantes se decidió por el NO. 

Finalizaba así el primer round pero no la batalla que quiero seguir contando porque me parece muy instructiva. De entrada pensemos en las similitudes y diferencias con lo que estamos viviendo casi cuatro décadas después por estas latitudes. Parecidos hay bastantes, sin duda. Las diferencias están, sobre todo, en el muy distintos comportamiento de los protagonistas, tanto los soberanistas como los federalistas canadienses en relación a los independentistas catalanes y ”constitucionalistas españoles. Pero ya volveré a ello más adelante.

miércoles, 30 de mayo de 2018

Miremos, independentistas y no, a Quebec (1)

Decía hace dos semanas que el proceso impulsado por los independentistas lleva necesariamente –y ellos lo saben de sobra– a un callejón sin salida. Las invocaciones al diálogo no son más que declaraciones hipócritas porque, en el marco constitucional vigente, no cabe negociar ni el derecho de los catalanes a la autodeterminación ni mucho menos la transición de esa Comunidad Autónoma hacia una república independiente. Por tanto, bien harían todos –secesionistas y no secesionistas, y entre éstos me refiero en particular a Podemos y adláteres– en decir las cosas como son y plantear propuestas viables. Y cualquiera de ellas pasa necesariamente por una muy importante modificación de la Constitución, con el complejo y casi imposible procedimiento agravado que procede. En otras palabras, o empezamos a poner sobre la mesa los asuntos a debatir y los cambios constitucionales que implican o seguiremos mareando la perdiz para engañar y engañarnos. Y lo grave de esta opción –que es en la que llevamos instalados ya demasiado tiempo– es que sólo conduce al enfrentamiento y a la obligada represión del Estado (digo obligada porque ningún dirigente del Estado podrá hacer otra cosa que obligar a cumplir la Ley a quienes en Cataluña la infrinjan). Yo estoy convencido de que, bajo las cínicas protestas de pacifismo, esa es la vía que han escogido los muñidores de la estrategia independentista (algunos, como los de la CUP, lo dicen abiertamente). Se trata de generalizar el conflicto para que las presiones al Estado (en especial las provenientes de fuera) obliguen a conceder la independencia. Pero ese escenario es inverosímil sin una situación de violencia generalizada, de una rebelión mantenida. Saltarse la Constitución en algo tan esencial como la unidad territorial de un Estado sólo puede ocurrir por imposición militar, tras perder una guerra.

En todo caso, no parece razonable que sólo haya dos opciones: o aplastar las ansias secesionistas de los catalanes o que éstos se independicen unilateralmente. Verdad es que eso del todo o nada, blanco o negro, lo tomas o lo dejas, es muy propio de nuestra historia (entre paréntesis: los catalanes, lanzando órdagos, dan muestras de esa intransigencia a la que se dice tan española). Quizá debiéramos empezar a discutir si cabe admitir que partes del actual Estado español se separen. Desde luego, si creemos que la unidad de España (tal como es en la actualidad) es un valor absoluto que está por encima de todo, nada hay que discutir. Probablemente hay un buen número de españoles que se situan en esa posición; para ellos, el conflicto catalán sólo puede resolverse como siempre se ha hecho: aplastando, si es necesario mediante la fuerza, cualquier intento de rebelión. Ciertamente, el Estado está legitimado por sus propias leyes (y las del Derecho internacional, no lo olvidemos) a imponer incluso con violencia el orden constitucional. Por tanto, dirían (y dicen) estas personas que nada hay que discutir. Este planteamiento es el que vienen a defender, con distintos grados de contundencia y claridad, los tres partidos denominados “constitucionalistas” (ay, la perversión del lenguaje). Que funcione o no dependerá de varios factores pero, sobre todo, de cómo jueguen sus cartas los distintos actores en esta tragicomedia. Ahora bien, si convenimos en que el objetivo para los constitucionalistas ha de ser que la situación se calme en Cataluña, que se vuelva al ejercicio normal de la administración autonómica, que el afán de independencia deje de ser el factor omnipresente de la política, habrá de admitirse que de momento no se está consiguiendo. Me pregunto cuánto más ha de empeorar la situación catalana para que se esté dispuesto a hablar de asuntos que, para estas personas, son sagrados (la condición previa, claro, es que dejen de ser sagrados).

A todos nos convendría mirar ejemplos foráneos con la mirada limpia; es decir, no para convertirlos maniqueamente en armas arrojadizas, sino con la intención honesta (intelectualmente honesta, sobre todo) de sacar enseñanzas útiles y que aquí pudieran contribuir al bien común. Seguramente, el caso más citado es el de la Provincia canadiense de Quebec en donde, como es bien sabido, gran parte de su población tiene firmes sentimientos independentistas. Desde la incorporación a la Corona británica del territorio de Nueva Francia al Norte del río San Lorenzo (1763) hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la situación de los quebequeses francófonos era de clara inferioridad, social y políticamente atrasada, respecto del conjunto del país. A partir de los años 60 la Provincia, dirigida por jóvenes que renovaron el rancio nacionalismo tradicional, empezó a vivir la que se ha denominado la Revolución tranquila , con importantes progresos económicos y, muy especialmente, un notable reforzamiento de su condición diferencial frente al resto de Canadá. Uno de los hitos en los inicios de este resurgimiento del nacionalismo quebequés fue la tan conocida arenga de De Gaulle desde el balcón del Ayuntamiento de Montreal que remató con aquel polémico "Vive le Québec libre!". Naturalmente, el eje fundamental de la acción de gobierno provincial fue la defensa del idioma que culminó con la Ley 101 de 1977 que declara el francés como única lengua oficial (antes era una provincia oficialmente bilingüe). O sea, cuando por estos lares estábamos intentando pasar de dictadura a democracia y en algunas regiones se reclamaba autonomía, sin excesivos conflictos (en los sesenta hubo, no obstante, un grupo terrorista, el Frente de Liberación de Quebec), los canadienses asistían a la consolidación en una extensa parte del país de una identidad diferenciada.

Naturalmente, la política nacionalista llevó pronto a planteamientos secesionistas. Y de este hecho me surge una molesta duda que siempre me asalta cuando leo sobre la historia de Cataluña (también, pero en bastante menor medida, sobre la del País Vasco). Los movimientos independentistas adquieren fuerza y se convierten en amenazas reales para la integridad del Estado después de un tiempo más o menos prolongado de autonomismo permitido por el marco institucional estatal. Mientras Quebec estuvo “sojuzgado” en el conjunto de Canadá –y, por ejemplo, ser francófono era una desventaja evidente–, por más que sus habitantes fueran acumulando agravios y preservando entre ellos sus sentimientos de identidad, éstos no encontraban cauce de expresión y no existía, al menos aparentemente, el “problema quebequés”. La historia de Cataluña, con sus repetidos ciclos de autonomismo-rebelión-sometimiento es una muestra elocuente de lo que parece casi una ley histórica. Esta constatación puede estar en la base del convencimiento de no pocos de que contra las veleidades nacionalistas la mejor medicina es la mano dura (los jacobinos franceses lo tuvieron claro desde muy pronto). Consecuentemente, sería suicida hacer “concesiones” a las reivindicaciones nacionalistas, porque éstas sólo conducen, en una espiral creciente, a la reclamación de la independencia. Dicho en otras palabras: la propia lógica del nacionalismo sólo ofrece dos alternativas: o negar todas sus pretensiones de diferenciación para ahogarlo o, de lo contrario, asumir que ahondará la brecha entre su ”nación” y el Estado hasta que no haya ninguna posibilidad pacífica de mantener la integridad territorial de éste. Si esta dicotomía es cierta, por muy políticamente incorrecta que sea, en el estado actual de las cosas habremos de coincidir con Ciudadanos en que el camino correcto es no sólo no hacer ninguna concesión ni dialogar (porque esas peticiones de diálogo son tramposas ya que no hay margen legal para el mismo), sino dar marcha atrás y retirar competencias a la autonomía catalana, intervenir y vigilar el ejercicio de su autogobierno, etc. Toda vía intermedia –como las retóricamente reclamadas por el PSC de Iceta o, mucho más aún, por la marca catalana de Podemos que no tienen el grado de concreción necesario para ser vistas como alternativas reales– estaría llamada ineludiblemente al fracaso. Este pesimista diagnóstico, mucho me temo, es compartido por bastantes españoles (y catalanes).

No voy a afirmar que sea erróneo, pero sí que me niego a aceptarlo. Mi razón es que creer que así van a ser las cosas es contribuir a que efectivamente así sean, y el escenario que se nos anticipa es desastroso. Sigo creyendo (o queriendo creer, que no es exactamente lo mismo) que esas vías alternativas son posibles (o deberían serlo). Y para ello, estoy mirando con atención lo que ocurrió en Canadá. Seguiré con ello.

jueves, 24 de mayo de 2018

Intimidad que intimida

Intimidad es el ámbito de lo íntimo e íntimo proviene del latín intimus que es el superlativo del adjetivo intra (dentro), de modo que vendía a significar “lo que está más en el interior”, lo –perdóneseme el palabro– “interiorísimo” (de hecho, tal es la definición de la primera acepción en el DRAE: “lo más interior o interno”).

La intimidad es algo valioso, se dice, y por eso conviene preservarla de miradas indiscretas, reservarla sólo para los íntimos que justo por eso lo son, porque acceden a nuestra intimidad. Por tanto, en las relaciones íntimas –en sentido amplio, no sólo las sexuales– prima la confianza mutua, uno baja las corazas, depone las defensas, se siente a gusto, relajado .

La acción de convertirse, de ir convirtiéndose, en íntimos tiene en castellano un verbo intransitivo que es intimar. Intimar es, dice el DRAE, “pasar a tener una amistad íntima. Es un verbo de vigencia transitoria, válido sólo durante el cambio de estado (de no íntimo a íntimo). No se usa, creo, para referirse al ejercicio de una relación íntima entre quienes ya son íntimos. Uno no intima con su mujer, por ejemplo.

Pero intimar, cuando es verbo transitivo, tiene un significado que nada casa con lo que ocurre entre dos íntimos, en la intimidad. Dice la RAE que es “requerir, exigir el cumplimiento de algo, especialmente con autoridad o fuerza para obligar a hacerlo”. Como alguien va a exigir nada a su amante (el summun de relación íntima), y mucho menos obligándolo por la fuerza. ¿Acaso hay que rastrear en esta evolución lingüística una remota asociación entre intimidad y violencia?

¿Y qué decir de intimidar? Si intimar es convertirse en íntimos, cabría esperar que intimidar fuera actuar en calidad de íntimos, una vez que ya lo somos. Nada de eso; significa “causar o infundir miedo”. Para referirnos al proceso de hacernos íntimos tenemos una palabra que también significa forzar y la palabra que podría denotar los actos de esa intimidad ya lograda alude al miedo no, por ejemplo, al amor. Diríase que el lenguaje se vuelve un espejo deformante que transforma algo bello en monstruoso.

No hay tal; se trata, en realidad de un acercamiento formal desde raíces etimológicas diversas, algo así como los falsos amigos de los traductores. Intimidar proviene del latín timere (temer). De ahí viene también tímido que es “temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo” y por tanto intimidar se explica como volver a alguien tímido; o sea, meterle miedo o, simplemente, apocarlo. Imagino que intimar, en su acepción transitiva, habrá derivado de intimidar.

Misterio resuelto, pues, nada que ver. Pero no deja de ser curioso que dos plantas con sus propias raíces confundan entre sí sus hojas. Y más lo es que, al fin y al cabo, no sea tan descabellada esa coincidencia final pues no son pocos a quienes, en efecto, la intimidad les intimida.

miércoles, 23 de mayo de 2018

El conflicto de Eurovisión (2)

La carta abierta de Serrat la he transcrito del ejemplar de La Vanguardia de 26 de marzo de 1968, obtenido en PDF de la Hemeroteca en Internet de este periódico barcelonés. Desconozco si se publicó en otros medios. En la misma página 27, justo debajo del comunicado del cantante, se transcribe la nota oficial de TVE en respuesta a aquél y, más abajo aún, una tituladas “Concreciones de Televisión Española” que dicen ser declaraciones a un redactor de la agencia Cifra. Transcribo a continuación la nota oficial, salpicándola de mis propios comentarios. Las “Concreciones” las pongo como imagen (ya me había cansado de teclear).

Nota de Televisión Española (25/03/1968)

Televisión Española ha tenido noticia, con sorpresa, de una carta que ha hecho pública el cantante Juan Manuel Serrat y de la convocatoria de una conferencia de prensa para manifestar su intención de no interpretar en el concurso de Eurovisión la canción en castellano que había sido seleccionada, que dicho cantante había aceptado y que ya había interpretado en diversas emisoras y en la propia TVE.

Si TVE se enteró sorpresivamente a través de la carta abierta de las intenciones del cantautor, éste estaría mintiendo cuando escribe que “me he permitido enviar una carta al Director de Radio y TVE” (o quizá la carta se traspapeló). En todo caso, lo que sorprende es que, si es verdad lo que dicen los directivos de la entonces única televisión de España, se publique en la misma página la carta abierta y la contestación a la misma. Hay, claro, una explicación probable: que en virtud de los mecanismos de la censura de esas épocas (por mucha apertura de Fraga), La Vanguardia, al recibir el comunicado de Serrat, lo enviara a las autoridades gubernativas para que éstas autorizaran su publicación acompañada de la respuesta del Ente público. Aún así, llama la atención lo poco que se esforzaban aquellos señores en dar verosimilitud a lo que ellos mismos decían.

De otra parte, que Juan Manuel (el Joan Manuel sólo aparecía en medios catalanes; algo es algo) había aceptado cantar la canción en castellano y la había promocionado e interpretado bastantes veces, es verdad, como el propio cantante reconoce. Este es, a mi modo de ver, el argumento fuerte de TVE: Serrat rompe unilateralmente un compromiso que había adquirido. Ciertamente, en su carta viene a justificar este renuncio con su bisoñez y el exceso de trabajo; pero cuando se dio cuenta de lo que había hecho, decidió, por motivos de fidelidad a sí mismo y a la gente que le era fiel, desdecirse. ¿Incurría en algún tipo de infidelidad si cantaba en español? De hecho, para esas fechas creo que ya había publicado su primer single en castellano (Manuel / Poco antes de que den la diez) y, además, había ya compuesto El Titiritero que se barajó como alternativa al La la la). Por tanto no, no era un problema de fidelidad a la nova cançò, de sentirse obligado a seguir siendo, por encima de todo, un cantante catalán que solo se expresa en esa lengua.

Al parecer, el señor Serrat exige que la letra de la canción que ha de interpretar sea cantada en catalán, pretensión que jamás había formulado con anterioridad.

Hombre, en su carta Serrat no llega a “exigir”; más bien, muy educadamente pide que se le deje cantar en su lengua (parece que la intención era negociar con los de la Tele y conseguir que al menos se admitieran unos versos en catalán). Bien es verdad que se puede entender que hace un poco de chantaje, pero a mi modo de ver, TVE presenta la postura del cantante más radical y antipática de lo que resulta de su escrito. Obviamente era lo que les convenía.



El señor Serrat, como los demás cantantes que intervienen en TVE, ha interpretado canciones tanto en castellano como en catalán. Así, por ejemplo, su primera actuación en TVE, el 6 de mayo de 1967, estuvo integrada únicamente por tres canciones en catalán y tres en castellano. Hay que subrayar que no se ejerce en este punto discriminación alguna y que se actúa con el mayor respeto hacia una lengua que forma parte del patrimonio cultural de nuestra patria. Con el deseo de cultivar y enriquecer este patrimonio, TVE transmite un programa quincenal en catalán, en el que se interpretan obras de teatro catalán, poesías, canciones, etcétera.

Del mismo modo que no me resulta muy creíble que la verdadera motivación de Serrat fuera esa presunta fidelidad, tampoco cuela que en esos años la tele española tratara el catalán con el mayor respeto. O –me corrijo– puede que sí: con el respeto con que se tratan las piezas arqueológicas, bien encerradas y enseñándolas solo de vez en cuando (en este caso, cada quince días), como muestras de un patrimonio simpático, folklórico. En todo caso, sería interesante saber cuántos intérpretes habían cantado en catalán por esas fechas, en audiencia nacional, además del señor Serrat.

Televisión Española considera que esta decisión del cantante señor Serrat es incorrecta e inadmisible y pretende dar un sentido político a la participación de TVE en el Festival de Eurovisión. Por ello, ha tomado la decisión de retirar su nombre como intérprete de la canción española en dicho festival, reservándose todos sus derechos en cuanto a las acciones legales que correspondan por los perjuicios causados por el incumplimiento de su compromiso por parte del Señor Serrat.



Pues estoy de acuerdo con la conclusión de TVE: por supuesto que lo que pretendía Serrat era dar un sentido político a su participación en Eurovisión. Él mismo lo explica abiertamente en una entrevista que le hace Joaquín Soler Serrano en su programa A Fondo en 1977 (por cierto, magníficos programas aquellos que hoy serían inconcebibles en cualquier cadena): cuando el entrevistador le dice que la explicación era que como catalán creía que tenía que cantar en su lengua, Serrat dice que no, que él creía que en aquel momento la cultura catalana estaba en una situación de inferioridad tan grande, con una represión tan fuerte encima, que la única oportunidad que tenía para que España supiera lo que estaba pasando, dado que las comunicaciones entre todo el país estaban perfectamente seccionadas, era que mi actitud. O sea, que reconoció abiertamente que pretendía dar un sentido político a su participación en Eurovisión. Por tanto, que TVE considerara inadmisible su pretensión parece bastante lo lógico en el contexto de aquellos años.

Cuestión distinta es que los dirigentes de televisión (o quienes estaban por encima de ellos) acertaran. Como afirma el propio Joan Manuel en esta entrevista, si hubieran hecho alguna concesión mínima, sin apenas coste, el Régimen se habría apuntado un buen tanto político, dentro y fuera de España. Pero a los que estaban donde estaban por haber ganado una guerra y desde la fuerza tampoco se les podía pedir demasiada perspicacia. Ahora bien, piénsese que cuando se hacen públicas la carta de Serrat y el comunicado de TVE, ambas partes llevaban varios días discutiendo. Al cantautor le interesaba que en su participación hubiera un mínimo de catalán no sólo por motivos políticos altruistas, sino también para contentar al sector radical del catalanismo que entendía como una traición catar en castellano. Pero, al final –ya lo sabemos– no hubo acuerdo. En su propia web cuenta Serrat que Juan José Rosón (quien luego sería uno de los hombres clave de la Transición con UCD y era entonces el que estaba a cargo de la operación) zanjó el asunto preguntándole: «Serrat, ¿usted qué quiere ser, un artista internacional o un artista provinciano?» Luego vendrían las consecuencias, pero ya lo repaso en otro momento.

martes, 22 de mayo de 2018

El conflicto de Eurovisión (1)

Al hilo de la candente "cuestión catalana", recordemos un incidente que ya ha cumplido el medio siglo. Me refiero a cuándo TVE eligió a un joven Serrat para que la representara en Eurovisión cantando La, la, la y el cantautor, después de aceptar la designación y la canción, después de pasar unas semanas promoviéndola, pidió interpretarla en catalán. Se trataba, obviamente, de una reivindicación y una protesta por el maltrato del Régimen hacia la lengua y la cultura catalanas. Ha llovido mucho desde entonces, pero no está de mal comparar las dos épocas.

Carta abierta a la opinión pública española

En el pasado mes de enero fui designado por TVE para representarla en el Festival de Eurovisión, a celebrar en Londres el próximo mes de abril.

Esto fue para mí un orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad, porque sabía que en mí iban a estar fijos los ojos y parte de las pequeñas ilusiones de millones de españoles.

Fue seleccionada, posteriormente, la canción «La, la, la», de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa (El Dúo Dinámico), que, a pesar de todas las opiniones, en su mayoría poco fundamentadas, considero muy adecuada para el tipo de festival al que se la destina.

Empezó a partir de ese día una verdadera promoción de la canción y mía, naturalmente, por toda Europa, lo que me alejó del país para llevarme de ciudad en ciudad y de plató en plató.

Este alejamiento físico, unido a mi bisoñez y al exceso de trabajo, me impedía juzgar las cosas con claridad. Me faltaba también el contacto diario con la gente, con el hombre de la calle que nos mira de lejos y nos sigue muy de cerca.

Siempre me atormentaba una preocupación, una inquietud que seguramente romperé de golpe con esta carta.

Yo soy, y sigo siendo, por encima de todo, un cantante catalán, y en esta lengua me he expresado para cantar durante cuatro años.

Cuando se me designó para representar a TVE en Londres, se me conocía solamente por mis canciones en catalán. ¿Por qué, entonces, no cantar en Londres en catalán, cuando ya estaba preparada la versión catalana de «La, la, la»?

El argumento de la «lengua oficial» no me parece lo suficientemente válido como para anular la pregunta.

Un día, no hace demasiado, volví al país. Llegué a mi casa y hablé con la gente de mi calle, y me di cuenta de que esta gente, sencilla y sin retorcimientos de ningún tipo, se preguntaba lo mismo que yo.

¿Por qué no …?

Un hombre ha de ser fiel a sí mismo y a la gente que le es fiel.

Por estas dos razones es por las que me he permitido enviar una carta al director general de Radio y TVE rogándole comprenda mis argumentos y me autorice a cantar en Londres en catalán o que en caso de que esto no fuese posible, acepte mi renuncia irrevocable.

Quisiera que en esta carta abierta se reflejase toda la buena voluntad que me guía al tomar esta decisión y que toda la gente de habla castellana –estoy seguro de ello– comprenderá mis motivos como pública y reiteradamente ya lo he expresado a través de la Prensa.

Al mismo tiempo quiero darles las gracias a todos los que, desde antes del día en que pro primera vez salí a un escenario hasta hoy, me han alentado, me han dado la mano e incluso a aquellos que me han criticado, porque todos, al fin y al cabo, me han ayudado.

Muchas gracias.
Joan Manuel SERRAT
25 de marzo de 1968


Algunas notas para contextualizar el llamado “Conflicto de Eurovisión”

Cuando firmó esta carta, Serrat tenía veinticuatro años y sólo había publicado un LP –Ara que tinc vint anys– y unos EPs previos; todas las canciones en catalán.

Durante los años sesenta, en Cataluña, se había ido arraigando la llamada Nova Cançó que, ciertamente, no era sólo un movimiento cultural sino, también, de reivindicación política catalanista. Había pues un fuerte sentimiento de “militancia en una causa común” de aquellos chavales, poco más que aficionados, que con dificultades se empeñaban en cantar en una lengua nada agradable al Régimen.

(Entre paréntesis: Serrat, en la carta, usa dos veces la palabra "país". Obviamente, en esas fechas, el único país era España. Tal vez sea sólo impresión mía, pero ¿no les parece que en ese contexto el término "país" hace referencia a Cataluña?) 

No obstante, en 1968 las cosas se habían suavizado un tanto. A principios de los sesenta el franquismo se debatía entre dos corrientes, las llamadas entonces inmovilistas y reformistas. De esta última, el principal representante fue Manuel Fraga, con sus “concesiones aperturistas” hacia los medios de comunicación.

En 1964, Fraga nombra Director General de Radio y Televisión a Jesús Aparicio-Bernal quien, dentro de los límites implícitos de la Dictadura, empezó a abrir la televisión a ámbitos hasta entonces vetados, apoyado por gente joven proveniente del SEU (el Sindicato de Estudiantes de filiación falangista), como el que ocupó la jefatura de programación y que luego le sucedería como Director General, Adolfo Suárez.

Así que la carta dirigida a Aparicio-Bernal (que sigue vivo con casi noventa años) probablemente se la daría a leer a Suárez. Supongo que estos dos hombres y alguno más discutirían qué hacer, conscientes de que negando la petición del chaval hacían el juego a no pocos pero, por otro lado, sabiendo que los inmovilistas que ya habían manifestado su descontento ante los tímidos conatos de difusión de canciones en catalán no iban a admitir que ese idioma suplantara a la “legua del Imperio” ante toda Europa.

En el siguiente post, la respuesta de RTVE (¿el 155?)


sábado, 19 de mayo de 2018

La lengua y las bestias

Quim Torra, nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña, un licenciado en Derecho, con vocación literaria y editorialista y, desde luego, independentista hasta el tuétano, hasta el punto de que la “libertad” de Cataluña es su máxima prioridad. Por eso no es de extrañar que acceda al cargo declarando explícitamente su intención de avanzar en la consolidación de la República catalana (no sabemos si nata o non nata) ni que no haya jurado o prometido la Constitución española ni hecho ninguna referencia al Estatuto de Autonomía. Como ya he comentado en el anterior post, que este hombre sea el nuevo President da a la “cuestión catalana” una melancólica, pero sobre todo aburrida, apariencia de bucle. O, si se prefiere, no es más que otra vuelta de tuerca. Pero, quizá para eludir la tendencia al hastío, hay una novedad y es que este señor es demasiado vehemente en sus escritos y suele construir su argumentario independentista no tanto sobre el elogio de Cataluña (que también) sino sobre todo en el insulto o desprecio a España y los españoles. Naturalmente, Inés Arrimadas, paladina* en el Parlament de la españolidad catalana centró su discurso en reprocharle ese odio visceral que le descalifica para el cargo (y no se puede negar que no parece el perfil más ideal el de una persona que ofende a una gran parte de la población a la que ha de gobernar). De otra parte, desde la aparición pública de este tipo –al que casi nadie fuera de Cataluña conocíamos de antes y puede que dentro tampoco muchos– casi todos los medios se han dedicado a calificarle de xenófobo, racista, supremacista, esencialista y más adjetivos que, en los tiempos que corren, son todos muy “políticamente incorrectos”. Ciertamente, los artículos de Torra ofrecen abundante material para que muchos se sientan ofendidos. De entre ellos, el más citado es “La llengua i les bèsties”, publicado en el diario digital el Món el 19 de diciembre de 2012. Me gustaría hacer una relectura de ese breve texto para luego valorar las opiniones que sobre el mismo se han vertido.

Comienza Torra el artículo citando dos libros de su casa familiar, leídos en la infancia. Uno es La Rosa y el Anillo de Thackeray y me sorprendo porque yo también lo leí de niño, de hecho fue de mis primeras lecturas y de los pocos cuentos de hadas de los que guardo, aunque muy vago, un recuerdo cariñoso (tanto así, tras encontrarlo en internet, he pasado un ratito pasando al azar sus páginas e intentando rememorar mis sensaciones de hace medio siglo). Supongo que al leerlo esa primera y única vez (volveré a hacerlo estos días) no siquiera sabría el nombre del autor. Años más tarde, en la adolescencia, como secuela de mi entusiasmo dickensiano, devoré La Feria de las Vanidades y ya sí supe quién era Thackeray. Poco después, tras deslumbrarme con el Barry Lindon cinematográfico de Kubrick (y en particular con una bellísima Marisa Berenson), leí la novela, y así, antes de la ´mayoría de edad, había leído las tres únicas obras del gran escritor victoriano del que, opacado por Dickens, ya pocos se acuerdan. Y fíjate que yo, que tampoco he debido hacerlo en las últimas cuatro décadas, me topo con él por obra y gracia de un tipo de cuya manera de pensar disiento radicalmente y que además, he de confesarlo, no se me hace nada simpático. Y sin embargo, pese a tantas cosas que nos separan, resulta que de niños (probablemente yo algunos años antes que él) compartimos lecturas.



El otro autor que cita Torra es Manuel Folch i Torres, un poeta vinculado al modernismo de principios del siglo XX y además militante de la Liga Regionalista de Cambó. El libro que cita se titulaba De quan les bèsties parlaven publicado en 1907. De Folch no he leído nada (tampoco de su hermano Josep Maria); de hecho ni siquiera sabía de su existencia. De modo que este autor, también él de cuentos infantiles, no lo hemos compartido Torra y yo de niños. Lo cierto es que mis carencias en literatura catalana (infantil y adulta) fueron grandes y, pese a mis intentos de corregirlas, siguen siéndolo. No creo que el mío sea un caso extraño entre quienes nos hemos educado fuera de Cataluña: hemos leído literatura original en castellano (tanto española como hispanoamericana) y traducidas inglesa, francesa, italiana, alemana … Pero apenas se han difundido títulos de autores en catalán, eusquera o gallego. Seguro que mucha culpa tiene el franquismo pero el rechazo o, al menos, el escaso interés por la literatura peninsular no castellana (y con la catalana es más llamativo por ser la más fecunda) viene de antes. Por ejemplo, a principios del XIX, la eclosión literaria en catalán pareciera que incomodaba a los castellanoparlantes. Fueran cuales fueran las razones, creo que justo es reconocer que hemos crecido ajenos a la cultura catalana, que conocemos más la de otros países que la de esa tierra que se supone que forma parte de nuestra patria común (¿o no?).

En los cuentos del libro de Folch, según nos dice Torra, lechuzas, osos, elefantes, cervatillos y abejorros hablaban. Eran bestias parlantes, pero bestias “deliciosas”, no como las que ahora van hablando por Cataluña, a las que Torra califica de carroñeros, víboras, hienas. Esas bestias son, para Torra, quienes desprenden un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho, contra todo lo que representa la lengua, quienes sienten una fobia enfermiza ante cualquier expresión de catalanidad. Esas bestias, sigue diciendo Torra, tienen un pequeño bache en su cadena de ADN, viven en un país del que lo desconocen todo: su cultura, sus tradiciones, su historia, se pasean impermeables a cualquier evento que represente el hecho catalán, les crea urticaria, les rebota todo lo que no sea español y en castellano. Son palabras duras, ofensivas incluso, pero ¿contra quién van dirigidas? En los últimos días he escuchado a no pocos que aseguran que este artículo va contra los españoles que viven en Cataluña o contra los catalanes que se expresan en español (véase, por ejemplo, el video de Pedro Jota Ramírez). Pero no es así. Torra insulta a quienes siente odio o repugnancia por el catalán; llama bestias a quienes disgusta la cultura catalana. De hecho, gente que responde al perfil que describe (como el pasajero de Swiss Air del artículo) existe. Y ante el comportamiento de personas así me parece explicable que los que aman por encima de todo su lengua, su cultura, su nación (de todo hay en la viña del Señor) se ofendan y se disparen llamándoles bestias carroñeras.



En otros artículos así como en varios tuits, Torra ataca e insulta a España; hay abundantes muestras de que este señor tiene claro que ha de mostrar su rechazo y desprecio hacia los españoles, sea éste real o táctico. Tampoco es nada nuevo: ha sido habitual entre los independentistas insultar al Estado del que quieren separarse. Por otro lado, Torra debe conocer bien la susceptibilidad hispana (anda también él sobrado de ella) y lo fácil que los españoles se precipitan hacia el desencuentro a poco que se les ofenda. Incluso, añado, cuando no somos claramente los destinatarios de los insultos nos apresuramos a darnos por aludidos, como ocurre con el artículo al que dedico este post y que tanto juego viene dando. Quien se sienta insultado, tildado de bestia carroñera o tarado genético, está al mismo tiempo reconociendo que le repugna la cultura catalana, que le produce urticaria oír hablar en catalán. No es mi caso.