La democracia progresa y los súbditos a lo nuestro

A principios de este año, nuestros diputados modificaron varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General vigente desde 1985. Según me entero después de pasar varias horas repasando la web del Congreso y leyendo los correspondientes diarios de sesiones, esta nueva Ley es el fruto de los trabajos de una subcomisión creada el 5 de septiembre de 2008 para que examinara posibles cambios en el régimen electoral a fin de mejorarlo en cuanto a su representatividad; sin embargo, el resultado dista mucho de avanzar hacia ese objetivo, más bien al contrario. En tal sentido se manifestaron algunos diputados de grupos minoritarios (porque el PSOE y el PP la habían pactado, con el apoyo de convergentes y peneuveros), tales como Rosa Díez ("... estamos ante una ceremonia en la que se santifica el fraude de ley, la chapuza y la burla. Quiero recordar que estamos ante una propuesta de reforma del sistema electoral que ha llevado dos años y medio de trabajo en una subcomisión creada al efecto, que tenía como objetivo reformar el sistema electoral para garantizar una mayor proporcionalidad y, por tanto, una mayor igualdad de los ciudadanos ante la ley. Aquí lo que se perpetra, insisto, es un acto burlesco de fraude democrático ..."), Llamazares ("no estamos ante una reforma electoral, estamos ante la legitimación en la tradición política de este país del denominado pucherazo. El pucherazo era un puchero del cual se restaban unos votos para añadirlos a los votos de la mayoría. De eso se trata, de arrebatar votos a las minorías para lograr incrementar de seis a diez diputados la representación de las mayorías, la representación bipartidista de este país") o Ridao i Martin, de Esquerra ("nuestra más profunda decepción por el desenlace fallido y vergonzoso de una subcomisión que después de algo más de dos años nos trae una propuesta de reforma electoral que no sirve a ninguno de los objetivos que se habían propuesto: no corrige la altísima desproporcionalidad del sistema electoral y ni siquiera incorpora algunos mecanismos para incentivar la participación, por cierto en un contexto de inquietante y pavorosa desafección y de progresivo alejamiento de la gente de la vida pública y también de la política").

Uno de los artículos modificados que en los últimos días fue el 169, a cuyo tercer párrafo se le añadió que "los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura". La única justificación que aparece en la exposición de motivos desde su primera redacción hasta la entrada en vigor es que esta evidente limitación al derecho elemental de ser elegible obedece a "salir al paso de prácticas no admisibles desde la perspectiva de la seriedad del procedimiento electoral". Nada se nos aclara sobre en qué menoscaba la seriedad del procedimiento el que cualquier partido pueda presentarse a las elecciones sin necesidad de una acreditación previa de avales. Y mucho menos, claro, por qué una persona sólo puede avalar a un único partido, cuando lo único que está haciendo es manifestar su voluntad de que participe en el proceso electoral. Como alegan los afectados, más bien parece que los partidos ya asentados, en uno de los momentos en los que su prestigio está más por los suelos, pretenden poner el máximo de dificultades a que aparezcan otros que les meneen un poquito las poltronas.

Después de leer todos los discursos parlamentarios de la tramitación de esta Ley (hecha urgentemente, supongo que para que llegara antes de las autonómicas y municipales, aunque entonces no se habló de ella), lo que más me llama la atención es que nadie se refiriera expresamente a este asunto. Hubo críticas y defensas globales y, cuando se bajaba a cuestiones algo más concretas, sólo se referían al sistema de conversión de los votos en escaños (la famosa Ley d'Hont) y a las limitaciones que se imponen a los españoles en el extranjero (gallegos y canarios). La única excepción fue una enmienda del senador José María Mur, del Partido Aragonés, que proponía limitar la exigencia de aval a aquellos partidos que no hubieran obtenido representación parlamentaria en las anteriores elecciones pero se hubieran presentado. Aunque la justifica como una simple mejora técnica, lo cierto es que no carece de calado, porque eximiría del requisito a los nuevos partidos. Vendría a decir: todos se pueden presentar, pero si no consigues escaños y quieres volver a hacerlo, entonces debes avalarlo. Muy discutible, claro, pero al menos suavizaba la exigencia inicial. No obstante, como todas las demás, esta enmienda fue rechazada.

Conviene señalar que a esta iniciativa legislativa, ya desde su génesis, se le veía el plumero. Leyendo las intervenciones de la sesión de la Comisión Constitucional en la que se propone encargar a un grupito de diputados el examen y propuestas de cambios, se observan dos hechos significativos: que todos los partidos están de acuerdo en que hay que reformar la Ley Orgánica pero que las pretensiones de cada uno son muy distintas entre sí. A riesgo de simplificar, parece bastante claro que lo que quiere cada formación es que el régimen reformado mejore sus expectativas de obtención de escaños. Así, el PSOE y el PP tratan de evitar que aumente la diversidad de grupos políticos con representación a fin de barrer para casa los votos minoritarios, los nacionalistas que el peso territorial (la circunscripción provincial) no se cuestione, aunque se traduzca en un desequilibrio enorme respecto a la proporcionalidad, Izquierda Unida, por el contrario, que se cuenten los votos en conjunto, para evitar su exagerada desproporción entre sufragios y escaños, y así sucesivamente. Que la iniciativa nacía muerta, como digo, se intuye claramente de esa primera sesión, cuando todos los oradores declaman beatíficamente la necesidad del consenso para reformar un texto básico de la democracia y, al mismo tiempo, insinúan que, como hay ambiente de consenso, de lo que se trata es de conseguir algunas "mejoras" técnicas. Luego los miembros de la flamante subcomisión se pasarán dos añitos trabajando (no parece que se esforzaran mucho) y el bodrio que les salió se aprobó en el escaso plazo de menos de tres meses, con unos debates al respecto a los que el nombre les queda excesivamente grande. Basta hurgar un poco en un asunto concreto como éste, para quedarse con una pobrísima impresión sobre la cantidad y calidad del trabajo de nuestros parlamentarios. Si se les pagara por su producción, me temo que la casi totalidad se iría al paro; pero, claro, no están ahí para currar sino para "representarnos".

Lo lamentable es que de todo esto la mayoría de nosotros no nos enteramos. He estado revisando las hemerotecas de los tres principales periódicos nacionales y no he encontrado ninguna reseña al respecto durante el periodo comprendido entre la creación de la subcomisión y la aprobación de la Ley (desde septiembre de 2008 hasta enero de 2011). ¡Y eso que el Congreso estaba trabajando en la modificación de uno de los pilares de la democracia! Luego, una vez entrada en vigor, aparecen algunas escasas notas pero básicamente sobre las nuevas limitaciones de voto a los "residentes ausentes" (incluso una carta de un lector que vive en China y al que se le priva de votar), nunca en relación a la nueva imposición de los avales a los nuevos partidos. De hecho, es sorprendente que hayamos vivido unas elecciones con este nuevo régimen legal y la noticia no haya saltado. Hasta finales de agosto no aparecen las primeras referencias en los medios de comunicación y es a raíz de la iniciativa de Pirates de Catalunya de crear una web para recoger apoyos a los partidos minoritarios. Según declaraciones de este grupo, la idea les viene del movimiento de los "indignados" y es (ciertamente lo es) un paso más hacia una democracia más real. Sin embargo, la iniciativa apenas tiene eco en la prensa y ni siquiera provoca la reflexión de nuestros sesudos articulistas cuando, en mi opinión, la discusión (e incluso movilización) acerca de los límites a la participación electoral es un asunto con más que suficiente chicha porque, en efecto, guarda mucha relación con el contenido real de la democracia. Pero qué va, nuestros mass media deciden (¿también obedeciendo a los "mercados"?) que los súbditos no tenemos que pensar sobre las reglas del juego sino simplemente hacer lo que éstas nos marcan, o sea, depositar una de las papeletas de los de siempre.

A partir de la aparición mediática de EQUO en los primeros días de septiembre anunciando que iba a presentarse a las generales de noviembre (la plataforma tenía ya un año de vida, pero con muy escasa repercusión popular), el asunto de la necesidad de avales comienza a adquirir una cierta notoriedad. De pronto muchos "descubrimos" que se ha aprobado una Ley para limitar la participación de los nuevos partidos y, erróneamente, la datamos el pasado día 15, cuando la Junta Electoral Central publica su instrucción relativa al procedimiento de acreditación de firmas de apoyo a las candidaturas sin representación parlamentaria. Nos enteramos pues ocho meses tarde y me temo que tampoco lo sabemos demasiados; estoy convencido que un porcentaje muy mayoritario de los españoles no tiene ni idea de este requisito. Porque, además, aunque ya sí la noticia cuenta con varias reseñas en prensa (e imagino que la habrán dicho en la tele, pero no la sigo), se sigue sin propiciar el más mínimo debate sobre la misma y sus consecuencias. Lo más que he encontrado en algún periódico es que era preocupante que hubiera tantas candidaturas porque se sospechaba que muchas se presentaban con meros fines de marketing: habrase visto desfachatez intelectual, ni que fuéramos tontos (sí, sí lo somos).

La web de recogida de avales montada por los piratas catalanes y abierta a todas las formaciones que han querido apuntarse va consiguiendo hasta la fecha pocos frutos, en mi opinión. Por poner mi ejemplo local (provincia de Santa Cruz de Tenerife), un nuevo partido tiene que presentar 789 avales. Sólo 329 personas han "avalado" a alguno de los siete partidos que aparecen en la web, y de éstos el que más tiene, EQUO, ni siquiera llega al 30% de los avales necesarios (230 personas). De otra parte, estos avales por internet no valen según las instrucciones de la Junta Electoral Central. Lo que pretenden los organizadores es contar con los nombres de las personas dispuestas para luego contactar con ellas. El plazo de que disponen los partidos (abierto el pasado 27 de septiembre) acaba el 17 de este mes (apenas 20 días).

La verdad es que todo esto me parece deprimente, aunque sólo sea un botón de muestra del sistema político. Dice Harazem en su último post que los partidos minoritarios, en vez de haberse sometido a la cuasi-humillante ceremonia de mendigar avales para poder ejercer el derecho básico de ser elegibles, tenían que haberse negado a jugar, haber dicho NO, boicoteado las elecciones. Aunque eso sea, ciertamente, lo que te pide el cuerpo, no estoy muy convencido de que valiera para algo y mucho menos si las iniciativas al margen de los cauces obligatorios se siguen silenciando metódicamente. Tal como están las cosas, en este momento yo soy partidario de que avalemos a estos partidos (pese a que injustamente sólo podamos avalar a uno), de que entremos en el juego que nos han impuesto los señores a quienes votamos para decirles que estamos a favor de que haya más pluralidad, de que no se pongan cortapisas a la participación política. Porque, lo que esos señores esperaban (y siguen esperando) cuando hicieron la Ley (y la trampa) es que los súbditos no nos molestemos y sigamos tranquilos a lo nuestro. Pero, además de avalar, sobre todo hay que hacer ruido, mucho ruido. Un ruido articulado en propuestas concretas, la única forma de romper el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación. No basta con indignarse en manifestaciones multitudinarias, sino que hay que organizar medidas inteligentes para obtener resultados tangibles, aunque parezcan, cada uno de ellos, poca cosa. Se trata de poner en entredicho esa impunidad descarada de los políticos, esa seguridad (fundada) de que pueden hacer lo que quieran (siempre bajo la égida de los mercados) porque somos buenos y obedientes súbditos. Por ejemplo, no volvamos a dejar pasar modificaciones legales como la que es objeto de este post. Por ejemplo, movilicémonos y empleemos todos los medios disponibles (en primer lugar los procedimientos previstos en el marco legal vigente) para que se derogue este injusto requisito.

La Democracia - Angel Parra (Canciones Funcionales, 1969)