Limitemos la libre publicación en internet

Basta tener dos dedos de frente para darse cuenta de la gravedad que implica que cualquiera, gracias a internet, pueda publicar lo que le dé la gana. En los medios de comunicación tradicionales, quienes informan al público son profesionales formados a quienes, además, supervisa un consejo de redacción, personas con experiencia y responsabilidad, atentas a garantizar la veracidad de las noticias así como que no se conculca el derecho al honor de terceros. Ahora, sin embargo, es suficiente un acceso a la red para decir lo que se quiera y que esa opinión sea leída en todo el mundo. Bajo la excusa de la libertad de expresión (que no es tal, sino libertinaje) personas respetables, pueden ver agredida su imagen, asistir indefensos al escandaloso espectáculo de ser expuestos a los ojos de todos por algún miserable de baja estofa que en otros tiempos más morales habría merecido una ristra de latigazos por su atrevimiento.

Se me dirá que vivimos en un Estado de Derecho y que ya el código penal prevé la represión y castigo de las ofensas al honor, pero la verdad es, no nos engañemos, que los mecanismos legales existentes son demasiado poco efectivos. De entrada, la progresiva degradación moral que sufrimos viene erosionando cada vez más lo que siempre se ha entendido como el honor, y así nos encontramos con que se cuestiona con el mayor descaro, incluso hasta por magistrados, que declaraciones evidentemente lesivas de la imagen de personas de rango sean constitutivas de delito. Pareciéramos haber olvidado que una colectividad que no respeta la inviolabilidad de quienes son sus pilares fundamentales se dirige irremisiblemente hacia su descomposición, hacia su suicidio. Que se acepte como normal hacer chistes sobre la familia real o cuestionar irrespetuosamente el comportamiento del Papa o los cardenales, por ejemplo, muestra elocuentemente el deplorable estado en que nos hallamos.

Pero, sobre todo, reparar la dignidad ofendida en el ámbito judicial es una tarea ardua, muy lenta y las más de las veces contraproducente. Hay en el sistema penal una injusticia básica que lo vicia de partida: ¿por qué he de molestarme yo, que he sido ofendido, en iniciar un procedimiento para demostrar el daño y exigir su reparación? En una sociedad que se basara en el más elemental respeto al honor debería estar prohibido la publicación de nada que pudiera afectar a la imagen de una persona, salvo autorización expresa del susodicho. No se entienda (malintencionadamente) que defendemos la impunidad de nadie evitando la que demagógicamente algunos llaman denuncia pública. Si alguien, incluso uno de nuestros próceres, se comporta delictivamente hay que acusarlo e imputarlo penalmente, desde luego, pero a través de los mecanismos jurisdiccionales correspondientes, con la discreción necesaria para garantizar tanto su honor como, sobre todo, la eficacia de la investigación fiscal, a la que no contribuye, sino todo lo contrario, la difusión mediática. Todo ello en bien de la justicia, pública y privada.

Sabemos, no somos tan ingenuos, la inutilidad de esta reclamación nuestra en los tiempos que corren. No obstante a veces surgen atisbos de esperanza. Así está ocurriendo en Italia, un país donde históricamente se ha valorado siempre el respeto a la honorabilidad personal y que parece que estar reaccionando honrosamente contra la alevosa corriente de degradación que domina el mundo contemporáneo. El gobierno del honorable Silvio Berlusconi lleva tramitando una iniciativa de Ley que, sin alcanzar el deseable objetivo que propugnamos en el párrafo supra, progresa en esa dirección. Desde hace algún tiempo (demasiado a nuestro juicio) se está discutiendo en el parlamento unas "normas sobre las interceptaciones telefónicas, telemáticas y ambientales", cuyo texto aprovecha para modificar otros preceptos del entramado jurídico vigente. Por primera vez se afronta directamente la defensa real de los particulares no sólo en los medios de comunicación masiva sino, sobre todo, en esa hidra policefála que es internet. Y se hace de la única forma que puede ser efectiva, dándole al ofendido la completa autonomía, al margen del inoperante sistema judicial, para reparar el daño que le han cometido.

El artículo 29 de esta Ley que en breve habrá de ser aprobada establece que toda persona que se sienta ofendida por la publicación de cualquier información, opinión o lo que sea, podrá requerir al medio que ésta se rectifique y, lo más importante, cuando se trate de una publicación en internet dicha rectificación debe producirse obligatoriamente en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Además, el medio electrónico habrá de publicar la corrección del ofendido textualmente, con la misma relevancia que la "información" original, y sin que se le permita hacer ningún comentario. Si bien seríamos partidarios de que la persona ofendida tuviera el derecho de exigir en ese mismo plazo la retirada de internet de la causa del daño, reconocemos que es un paso positivo: al menos, hacemos efectivo el derecho de réplica. Naturalmente, si en el plazo legal el medio electrónico no publica la rectificación, lo que procede es el bloqueo o borrado de la página web correspondiente. Como debe ser. Que comiencen a sopesar todos esos blogueros y demás ralea las opiniones que alegremente difunden en la red.

Aunque las perspectivas son bastante halagüeñas no seamos tan confiados para cantar victoria prematuramente. Por lo pronto, ayer mismo la popular wikipedia ha cerrado de forma indefinida su edición en italiano en protesta contra estas razonables medidas. Se trata sin ninguna duda de una presión intolerable que nos ofrece palmarios indicios de lo que se esconde tras ese proyecto demagógico de "enciclopedia libre y abierta a todos". Nosotros no nos dejamos embaucar por tantas voces hipócritas, ni aceptamos esa cínica acusación de que se pretenda imponer ninguna mordaza. Por el contrario, confiamos en que la valentía moral del honorable Berlusconi arraigue más allá de sus fronteras. Ojala que su ejemplo cunda entre nosotros, ojala que medidas similares sean llevadas a cabo por el próximo gobierno que, sin duda, habrá de intentar rescatarnos del pozo de podredumbre moral en el que nos han sumido.

Nella mia ora di libertà - Fabrizio De André (Storia di un impiegato, 1973)