domingo, 18 de septiembre de 2016

Verificar trabajos pagados con dinero público

Una Administración Pública encarga un trabajo. Para no hablar en abstracto, lo haré sobre casos reales que conozco. Por ejemplo, encarga un inventario de las edificaciones existentes en un Parque Rural. A partir de la cartografía se estima que hay unos tres mil edificios. El adjudicatario del contrato debe recorrer el Espacio Natural y llegarse a cada uno de ellos, sacar una o dos fotos y rellenar una ficha con algunos datos básicos (estado de conservación, uso, ocupación, etc). Luego, en su oficina, ha de pasar la información a una base de datos geográfica (GIS) y completarla con algunos datos a obtener de la cartografía digitalizada mediante el ordenador. Es un encargo específico, que se integra dentro de los trabajos de formulación del Plan Rector de Uso y Gestión. La redacción de ese Plan la lleva a cabo la Administración Pública de la que hablo, los funcionarios; no obstante, algunas tareas específicas, como el inventario que he descrito, se externalizan.

Otro ejemplo, ahora de otra Administración, un Ayuntamiento, que está haciendo el Plan General de su municipio. Contratan a un equipo de seis personas para que digitalice y sistematice las alineaciones de la ordenación urbanística vigente. Para los profanos, la alineación es la línea que define el límite entre el espacio viario (público) y las manzanas urbanas, y por tanto, también el lindero frontal de las parcelas privadas. Es un trabajo pesado, porque se trata de delinear (a ordenador, claro) los trazos de un plan en papel y pasarlos sobre una nueva cartografía. El operador debe identificar cada tramo de alineación e interpretar el trazado vigente para decidir cómo lo dibuja sobre la cartografía más reciente. Esa decisión, además, debe hacerse constar en el GIS, rellenando dos o tres campos asociados a cada tramo (por ejemplo, si se afecta suelo privado, si la línea coincide con elementos reales, etc). También este trabajo es uno externalizado del conjunto de tareas de redacción del Plan General, cuya autoría corresponde a los funcionarios municipales.

En estas dos administraciones distintas hay dos jefas de servicio, ambas juristas, que opinan lo mismo sobre lo que deben hacer con los trabajos que contratan: una vez que los profesionales externos los entreguen deben verificarlos. Nada extraño, desde luego; los funcionarios deben garantizar que se hace bien el trabajo pagado con dinero público. El problema estriba en que ambas entienden que la verificación ha de ser exhaustiva y, en trabajos como los descritos, ello equivale prácticamente a volver a hacerlos, pero esta vez con personal funcionario. De hecho, eso es lo que ha hecho la jefa de servicio del Ayuntamiento: ha puesto a cuatro aparejadores a revisar todos los tramos de alineación digitalizados, uno a uno. Cuando no están conformes (o tienen dudas) con la solución adoptada por los profesionales externos hacen una observación que queda registrada en un nuevo campo de la base de datos. Los funcionarios municipales tienen bastante menos capacitación en el manejo de los programas GIS y también menos dominio del Plan General que los profesionales externos a quienes se encargó la digitalización. De hecho, aunque todavía no está acabado el proceso, estimo que las horas-persona que dedicará el Ayuntamiento a la revisión del trabajo serán aproximadamente el 150% de las que emplearon los profesionales. Como, de otra parte, el precio por hora que se paga a los funcionarios es aproximadamente un tercio más que el que resulta del contrato adjudicado, el coste de la “verificación” es el doble del de ejecución. Y esto, sin hablar del tiempo empleado y de otras “disfunciones” menores. Del primer ejemplo que he puesto no puedo decir gran cosa porque el encargo aún no se ha adjudicado. Pero es que, si se adjudica y luego hay que seguir el criterio de esta jefa de servicio, lo mejor sería que lo hicieran directamente los funcionarios. Naturalmente, como son bastante menor productivos (y más caros) que profesionales de la calle, saldría más caro, pero en términos globales se ahorraría dinero al evitarse la “verificación” concebida tal como lo he descrito.

Llevo toda mi vida profesional trabajando para o desde la Administración Pública (soy funcionario) y hasta hace los dos o tres últimos años nunca me había encontrado con personas que mantuvieran este criterio. Lo curioso es que estas dos funcionarias son absolutamente inmunes a cualquier argumentación que demuestra que, si las verificaciones han de ser exhaustivas, en vez de defender el dinero público se está aumentando desmesuradamente el coste de los trabajos. Y lo son, me explican, porque también lo son algunas recientes sentencias judiciales, que imputan a los funcionarios la responsabilidad personal de los trabajos externos que han validado. Por tanto, me dicen, para que la Administración dé el visto bueno a un encargo externo, un funcionario tiene que asegurar que todo su contenido, cada parte que lo constituya, es correcto. Una absoluta locura, un panegírico a la ineficiencia y, sobre todo, un motivo más para reafirmar a quienes están convencidos de que la administración pública no es más que una rémora y que, por tanto, lo mejor sería que no existiese o que tuviera la más mínima dimensión posible. Algunos de quienes así piensan, además, tienen motivos más que justificados, cuando han sido adjudicatarios de encargos públicos, los han realizado y, para cobrar sus trabajos, han tenido que esperar a que los funcionarios los “verificasen” y, tras un plazo superior incluso al que ello tuvieron, les exijan correcciones abusivas.

14 comentarios:

  1. Dictar leyes, crear decretos, formular normas y órdenes es un vertiginoso vicio de todas las administraciones grandes o pequeñas, pero legislar por encima de la capacidad de hacer cumplir lo legislado es una estupidez. Recuerdo al respecto una ordenanza del nefasto alcalde Gallardón en Madrid que prohibía correr por las aceras, así que tenías que dejar de practicar footing o dejar escapar al autobús. También la protección de la Lacerta schreiberi que mató un pastor de una pedrada (se los comía) y al que impusieron una multa de cien mil € en tanto que en la misma ladera una urbanización ilegal estaba arrasando todo el matorral anti erosivo.

    La solución no está en que los funcionarios sean menos exigentes y hagan la vista gorda, o en que se reduzca el tamaño de las interferencias administrativas que son las que nos defienden de la codicia de los ‘emprendedores’, sino en legislar sensatamente

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    1. Plenamente de acuerdo con que legislar por encima de la capacidad de hacer cumplir lo legislado es una estupidez. Pero, como ya dice Vanbrugh, no veo que eso sea aplicable a lo que cuento. Yo hablo simplemente de los trabajos que contrata la administración y lo que entienden que hay que hacer con ellos cuando el contratista los entrega; en concreto, hasta dónde debe alcanzar la verificación que ha de hacer el funcionario. Tampoco yo pienso que el funcionario haya de dejar de ser exigente.

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  2. No sé qué cargo exacto ocupan esas funcionarias obtusas de que hablas. En principio, asegurarse de que el dinero público se gasta adecuadamente es tarea propia de la intervención, y nadie sensato, que yo sepa, ha entendido nunca que para realizarla deban los interventores volver a hacer el trabajo comtratado, para comprobar si el adjudicatario lo ha hecho bien. Una interpretación tan disparatada, en sus fundamentos y en sus efectos, me parece, en efecto, que debe haberse cocido en una cabeza de jurista.

    Es cierto lo que dice Lansky de que los juristas resultan peligrosísimos redactando leyes y reglamentos, pero creo que el caso que nos cuentas no entra dentro de este género de problemas, sino de otro más grave, en el que los juristas resultan aún más peligrosos: el cumplimiento de cualquier ley o reglamento, mejor o peor concebido. La ley más perfecta y sensata, si cae en manos de uno de estos funcionarios concienzudamente jurídicos, o jurídicamente concienzudos, se vuelve inaplicable sin remedio.

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    1. El problema de estas mujeres, Vanbrugh, es que parten de la base de que el funcionario que recibe el trabajo debe garantizar que se han cumplido las condiciones de los pliegos, independientemente de lo que le cueste verificarlas. En la mayoría de los contratos a proveedores, no es demasiado complicado. Por ejemplo, si adjudicas la ejecución del pavimentado de la calle de un pueblo, el aparejador municipal puede comprobar en unas pocas horas que la ejecución es correcta (o aparentemente correcta) y dar el visto bueno. El problema aparece cuando verificar el trabajo ecuesta tanto o casi como hacerlo, como en los ejemplos reales que he contado. En esos supuestos, el sentido común te obliga a que pienses métodos más racionales de verificar (por ejemplo, emdiante el muestreo y con un seguimiento previo) y, en última instancia, confíes en el profesional que firma que el trabajo es correcto.

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  3. Las buenas evaluaciones de toda planificación deben de ser mixtas: internas y externas. Salen muy caras, y por eso se suelen hacer solo internas, por tanto, el maquillaje de los resultados pueden variar en partidas presupuestarias. Donde yo intervengo la evaluación se hace siempre externa. Pero ¿de qué manera se puede manipular los resultados? (Por poner un ejemplo.) Es fácil: avisando que se va a hacer una análisis de unos depósitos de agua, que en ciertas residencias de ancianos u otros centros se ha detectado unas muertes derivadas, posiblemente, de una bacteria en el agua... Cuando se hace la inspección resulta que ya ha sido avisado previamente el gerente y dicho depósito está vacío y limpiándose porque, dicen, que están realizando un mantenimiento. Creo que me estoy columpiando con el tema que has propuesto. No obstante, vía satélite, ¿no se podría monitorizar todo ese estudio?
    Opino que ese trabajo tendría que hacerlo el funcionariado y luego ser evaluado por una empresa externa (imparcial). Aunque en hospitales, etc., cuando externalizan ciertos servicios algunas veces funciona mejor. Lo mismo habría que volver a examinar a los funcionarios; o que se reciclaran y se pongan al día... O ingresarán en la lista del paro, por ineficaces e ineficientes.

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    1. Me parece que tu propuesta complica todavía más el asunto. Me debo explicar fatal. Pongo otro ejemplo: un Ayuntamiento o el INE contrata a una empresa para que haga el padrón de habitantes, yendo casa por casa, a preguntar quienes viven y recoger sus datos demográficos. Si el funcionario que ha de recibir el trabajo es como las dos de mi post, se empeñaría en verificar que los datos correctos y la única manera de hacerlo es enviando personal propio a repetir las encuestas domiciliarias. Una locura, ¿no te parece? Obviamente, se puede hacer un muestreo aleatorio, pero poco más.

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    2. Disculpa; te explicas bien. Si leyendo solo el título del poste das ya casi con la clave del post(e).
      ¡Ays qué trabajo te damos!

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    3. Desde luego que hay funcionarios ineficientes, que deberían ser expulsados o reciclados. Pero tampoco me parece que sea el caso de las que que nos cuenta Miroslav en el post. Estas pertenecen a otra clase de funcionarios mucho más dañina que los meramente torpes o vagos, una clase de funcionarios que vienen ya reciclados de casa, a los que no hay motivo legal no ya para echarlos, sino para hacerles la más mínima reconvención sin correr el riesgo de que sean ellos quienes te reciclen o te expulsen a ti. Sé de qué hablo, he conocido varios ejemplares muy similares a los del post. Son eficaces, eficacísimos, tanto que se han propuesto hacer a fondo el que consideran que es su trabajo, y lo hacen incluso aunque esté ya hecho por otros, lo hacen por encima de cualquier otra consideración y sin importarles cuál sea el precio, ni en dinero ni en ninguna otra consecuencia catastrófica. De hecho, consideran que su trabajo es tanto más valioso cuantas más catátrofes provoque, y como lo hacen con la normativa escrupulosamente observada en la mano -da igual cómo sea esta normativa, ellos siempre encontrarán una forma inobjetable de aplicarla que provoque catástrofes-, es imposible plantarles cara sin pasar a formar parte del enemigo al que están dispuestos a allanar, y al que suelen acabar allanando.

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  4. A Joaquín no le falta razón. En teoría, una evaluación externa podría evitar compadreos internos y sacar a luz errores del método. Pero sí, algunos funcionarios necesitan ponerse al día.

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    1. Me estáis liando; me da que el único que me ha entendido es Vanbrugh. Pero, ¿de qué compadreos internos hablas? Se ha adjudicado un trabajo con perfecta honestidad; el adjudicatario lo ha realizado y lo entrega. El problema es simplemente que un funcionario tiene que recibirlo y decir que se ajusta al pliego de condiciones del contrato. Y a partir de ahí, aparecen estas funcionarias y sus interpretaciones contra el sentido común. Ponte en el lugar del profesional que ha hecho un trabajo y esa funcionaria no te lo va a validar (y, por lo tanto, no te lo va a pagar) hasta que compruebe que lo has hecho bien en todo detalle.

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    2. Es que he recordado otra cosa no necesariamente relacionada, sí. Estaba espeso...

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  5. Creo que es un caso emparentado al funcionario Adánico. En este caso le podríamos decir el funcionario Tomásico: no cree lo que no ve.
    Porque a la directora le importa un rábano la razón del contrato realizado, ni su coste ni el de su verificacion: si el reglamento le dice que verifique, pues allá va ella.
    Nuevamente: si la ley (u ordenanza o lo que sea) hubiera incluido una clausula de escape al requerimiento de verificación, cualquier empleado o ciudadano podría decirle a la señora: "si no aplica usted la clausula de escape le hago juicio por incumplimiento de sus deberes". Quizás la probisima directora siga pidiendo la verificacion exaustiva, pero al menos hay alguna oportunidad de que lo piense dos veces.
    Chofer fantasma

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  6. Como me sucede a menudo he aprovechado tu post, saliéndome del tema, para expresar mis propias reflexiones. Por lo demás estoy de acuerdo contigo y con Vanbrugh

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