El Congreso necesita un juez

Yo diría que, gracias al cine de Hollywood conocemos bastante mejor cómo funcionan los juicios en Estados Unidos que en nuestro país. En cualquier juicio, en todo caso, de lo que se trata es de descubrir la verdad de lo que se está juzgando (y consecuentemente decidir si el acusado es o no culpable de los cargos que se le imputan). Para ello se pone en práctica algo que lleva haciendo desde siempre el ser humano, que no es otra cosa que preguntar lo que se quiere saber. En realidad, ninguna de las dos partes que impulsan la marcha de una vista oral quieren saber la verdad (o, al menos, no es su objetivo prioritario), sino demostrar sus respectivas tesis contrapuestas: que el acusado es culpable o que es inocente. Por tanto, cada uno llama a los testigos que le conviene y le hace las preguntas que le interesa, aquéllas cuyas respuestas van a apoyar su tesis. Ahora bien, la equidad del procedimiento se basa en la suposición de que mediante este juego de preguntas y respuestas sesgadas, en la medida en que ambos contendientes tengan igualdad de oportunidades (y de habilidad), se llega a la verdad. O, para no meterme en disquisiciones filosóficas sobre la inaprehensibilidad de la Verdad, digamos que creemos, los humanos, que este método es el mejor de que disponemos para aproximarnos a ella.

Frecuentemente en estos juicios cinematográficos vemos cómo un testigo (o el propio acusado) cuando le preguntan algo que no quiere responder trata de escaquearse, dando una contestación ambigua, saliéndose del tema o mediante cualquier otro recurso. Son prácticas viejísimas cuya intención es siempre boicotear el método dialéctico y, consecuentemente, impedir que éste alcance su finalidad: conocer la verdad. Bajo una óptica intelectual es una muestra descarada de deshonestidad peor que responder lo que te preguntan con una mentira, porque las mentiras no invalidan el proceso. Lo imprescindible para llegar a conclusiones verdaderas no es el grado de verdad de las respuestas , sino la pertinencia de éstas. Confieso que, en la vida cotidiana, las impertinencias las digiero fatal. Ya he escrito alguna vez sobre lo mal que me sienta que me respondan a lo que pregunto con algo que no viene a cuento. Admito también que mi actitud llega con frecuencia a rozar lo maniático y que debería ser más paciente y tolerante y entender que mi interlocutor tiene "derecho" a salirse del tema (conste que lo digo con la boca pequeña) y que, en todo caso, no merece la pena irritarse ante los boicoteos, más o menos intencionados, del proceso dialéctico.

Pero lo que es tolerable en la vida cotidiana, no puede serlo en un juicio y por eso (vuelvo a las entretenidas pelis americanas), cuando el testigo pretende escaquearse, el interrogador le exige que se ciña a la pregunta y, en última instancia, el juez le obliga a ello, con la famosa amenaza de desacato al Tribunal. Y gracias a esta figura, la del juez, un proceso puede avanzar. Porque, desde luego, nos parecería escandaloso que en un juicio se permitiera que los intervinientes eludieran reiteradamente las preguntas. Sin embargo, se diría que no nos resulta igualmente escandaloso que los políticos, especialmente los que se supone que nos gobiernan, se comporten de esa manera y lo hagan cade vez con más frecuencia y, por supuesto, con la más completa impunidad.

Se supone que el Congreso (o cualquier parlamento autonómico) tiene por finalidad la discusión política que, a su vez, es la expresión más importante de la democracia, más incluso, a mi juicio, que meter la papeleta en la urna cada cuatro años. Si no hay discusión política, por mucho que el grupo de gobierno tenga mayoría y gane las votaciones, no hay democracia. Y obviamente no puede haber discusión sin respetar unas mínimas reglas, entre las cuales la básica es la pertinencia entre las respuestas y las preguntas. Pues bien, hace ya muchos años que sus señorías hacen caso omiso de tan elemental exigencia dialéctica. Sube un diputado y plantea unas cuestiones y luego va el interpelado y responde con algo que nada tiene que ver (lee un texto que ya traía preparado). De modo que asistimos a una sucesión de discursos autistas que sólo sirven para engordar la vanidad del orador, pero no desde luego para que haya debate democrático y, consiguientemente, no influyen en absoluto en el resultado de la posterior votación. Así las cosas, sería mucho más honesto que se prescindiera del debate (menos hipócrita, al menos) y que, en todo caso, los políticos fueran a Telecinco a soltar sus discursitos inútiles. Claro que, entonces, nuestra democracia ya no sería ni siquiera formal.

Este vergonzoso comportamiento de los diputados, en especial de los del grupo de gobierno de turno (y descaradísimo con el actual) es perfectamente explicable; hacen lo mismo que intentan los testigos de los juicios norteamericanos, con la diferencia de que a ellos se lo permiten. Hace falta un juez en el Congreso cuya función, en mi ingenuidad, yo pensaba que le corresponde al Presidente (artículo 32 del Reglamento del Congreso: " El Presidente del Congreso ... asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates ..."). Es palmario, sin embargo, que el señor Posada (como tampoco sus antecesores recientes) no dirige los debates porque consiente que no lo sean. Para muestra, entre tantísimas, la que acabo de ver: el pasado 30 de mayo, en las interpelaciones dirigidas al Gobierno, el joven diputado de Izquierda Plural, Alberto Garzón, preguntó al ministro Guindos qué medidas concretas pensaba tomar el Gobierno para examinar las causas de la crisis financiera en España. El chico, en una exposición espléndida, plantea un asunto muy concreto: que el Congreso estudie las causas de la crisis financiera y depure responsabilidades. Sube Guindos y lee su discurso sin responder en ningún momento a lo que le han requerido. Replica Garzón haciéndoselo ver. Vuelve Guindos a no darse por aludido en su intervención final. Y aquí paz y en el cielo gloria.

Pues este paripé se lleva consintiendo desde hace ya demasiados años. Los que así se comportan se están directamente burlando de los ciudadanos, dejando de manifiesto con insufrible altanería que no se consideran para nada obligados a representar a quienes los han legitimado para estar ahí. Y es que, en efecto, no nos representan, porque ellos mismos deciden no hacerlo. Cómo no entender que la gente haya perdido la confianza en estos tipejos. Lo sorprendente es que la deslegitimación de los partidos y sus empleados (con honrosas excepciones, como este chaval) no sea unánime entre la población o, al menos, para toda "persona de bien". La única explicación que se me ocurre es que poca gente se entera de cómo funcionan los no-debates en el Congreso y de que los medios de manipulación de masas bien se cuidan de no insistir en el antidemocrático funcionamiento de los mismos. Imagínense por un momento que Posada, a mitad del aburrido y torticero discurso de Guindos, le hubiese interrumpido para decirle: "Señor Ministro, por favor, conteste a lo que le ha preguntado el señor diputado: ¿Piensa hacer el Gobierno tomar alguna medida concreta para determinar las causas de la crisis financiera española y depurar responsabilidades?". Y que, cuando Guindo volviera a irse por las ramas, se lo impidiera, educada pero inflexiblemente, como entiendo que es su obligación. Inimaginable, ¿verdad? Sin embargo, es la única forma de que el Congreso sea democrático y, consiguientemente, recupere credibilidad.