Petróleo, recurso natural "público"

El Consejo de Ministros del viernes 21 de diciembre de 2001, a propuesta del Ministro de Economía, un tal Rodrigo Rato, aprobó el Real Decreto 1462/2001 en virtud del cual se le otorgaban a Repsol Investigaciones Petrolíferas, por un periodo de seis años, nueve permisos de investigación de hidrocarburos en el Atlántico frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Se trata de nueve ámbitos colindantes que conjunto conforman una superficie de 616.105 hectáreas, más o menos la extensión de las cuatro islas mayores del archipiélago (Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote). El Cabildo Insular de Lanzarote y la agrupación insular del Partido Socialista Canario de la misma isla interpusieron sendos recursos contenciosos-administrativos contra este Real Decreto y el Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de febrero de 2004, los estimo en parte anulando el referido Decreto en cuanto se refiere a la autorización otorgada a las labores de investigación proyectadas correspondientes a los años tercero a sexto de su programa. Poco después de esta sentencia se celebraron las elecciones generales que llevaron al gobierno al PSOE y el asunto de las prospecciones parece que quedó aparcado durante las dos siguientes legislaturas. Vuelto el PP al poder se reactiva y el 16 de marzo de 2012, menos de tres meses después de la constitución del nuevo gobierno, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, el grancanario José Manuel Soria, aprueba el Real Decreto 547/2012 que viene a convalidar el de once años antes por el simple procedimiento de introducir unas escuetas modificaciones que exigen a Repsol llevar a cabo una serie de medidas, planes y estudio medioambientales. El Cabildo de Lanzarote y ahora también el Gobierno de Canarias presentan escritos al Tribunal Supremo suplicando que se declare la nulidad del nuevo Real Decreto por entender que era contrario a la Sentencia y se había dictado con la finalidad de eludirla. Sin embargo, mediante Auto de 4 de junio de 2012, el Supremo desestima estas pretensiones y, consecuentemente, la autorización a Repsol para llevar a cabo las prospecciones en las aguas cercanas al archipiélago mantiene su validez. La empresa "española", en cumplimiento de los nuevos condicionantes, redacta el preceptivo Estudio de Impacto que ahora mismo está en información pública (lo he conseguido de la web del Cabildo de Fuerteventura, porque parece que el Ministerio no lo está publicitando demasiado). Naturalmente, la reactivación de este asunto ha generado una fuerte polémica y agitación social en Canarias, muy en especial, lógicamente, en las dos islas orientales, en las que la oposición a estas actuaciones es muy mayoritaria. Frente al malestar de gran parte de la ciudadanía, el gobierno del PP vuelve a exhibir su acostumbrada impermeable arrogancia. El tema, como siempre, sirve para alimentar el demagogizado debate político que solo redunda en desinformación. Ya veremos cómo sigue.

A raíz de este asunto he querido enterarme un poco de cómo funciona. El régimen básico viene conformado por la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos que, en su artículo 2, establece que los yacimientos de hidrocarburos y almacenamientos subterráneos existentes en el territorio del Estado y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos que estén bajo la soberanía del Reino de España son bienes de dominio público estatal. Legalmente pues, el petróleo que pudiera haber en los fondos marinos frente a Canarias no es canario sino español, lo cual no es de extrañar ya que la legislación no hace sino concretar para los hidrocarburos el régimen general de los recursos mineros. Otra cuestión curiosa que deriva de este artículo preliminar es que los presuntos recursos petrolíferos no se sitúan en fondos marinos bajo la soberanía del Reino de España (mar territorial) sino, en todo caso, bajo las aguas de la zona económica exclusiva. Pero esto es peccata minuta porque, al fin y al cabo, la Convención del Mar reconoce a los Estados ribereños derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación de los recursos existentes en esas aguas y bajo las mismas. Aún así, la cuestión puede plantear algún que otro problema por las posición marroquí que, tengo entendido, no reconoce que el Estado Español pueda trazar desde Canarias una línea para deslindar nuestra zona económica exclusiva de la suya (parece que sólo admite la soberanía española sobre las aguas interiores del archipiélago). De otra parte, si hay un bolsón de petróleo ahí debajo (que dicen que sí) me temo que no está dividido por una barrera coincidente con la separación entre los dominios de ambos estados (eso, asumiendo que el Sahara no es ni nunca será un estado y, por lo tanto, la aguas colindantes son de Marruecos), con lo cual el recurso que se explotará será del que lo extraiga primero. No es casualidad que éste sea un argumento muy repetido por el ministro Soria y que aparece hasta en el Estudio de Impacto Ambiental, cuando al describir la alternativa cero dice textualmente con una neutralidad admirable: "la no realización del proyecto eliminaría, como es lógico, cualquier posible impacto ambiental sobre el medio receptor, pero impediría, a su vez, determinar la presencia de hidrocarburos en la cuenca y la confirmación de que su explotación puede ser viable. Se perdería de esta forma la oportunidad de explorar por primera vez esta área desde la zona económica exclusiva de España, sin que ello signifique de ningún modo que la zona va a seguir inexplorada." Y añade en nota a pie de página para aviso de navegantes: "En la actualidad existen varios proyectos de perforación exploratoria en trámite desde el lado del Reino de Marruecos".

Volviendo al punto clave: si hay petróleo bajo el suelo o el mar español, pues es español. Nada nuevo, claro. Tengo entendido que éste es el criterio general en cuanto a la propiedad de los recursos naturales. De hecho, uno de los motivos de la existencia de los estados es justamente la apropiación pública (?) de los recursos que hay dentro de sus fronteras. Desde luego, me parece una aberración pero así está montado el mundo desde casi siempre, pese a que a estas alturas deberíamos estar ya más que convencidos de la barbaridad suicida de admitir la soberanía de los estados sobre las riquezas naturales que, de pertenecer a alguien (que no), sería al conjunto de la humanidad actual y futura. Pero claro, reclamar algo así es de una ingenuidad desmesurada, tanto como imaginar que fuera posible una administración mundial de los recursos naturales desde criterios de prudencia. Los más cínicos sostienen que, aunque imperfecta, esa gestión global existe y se llama mercado. En la práctica se traduce en reconocer que el petróleo pertenece al estado en cuyo subsuelo se encuentra siempre que permita su explotación y distribución, que si no ya se ocupan los de siempre de obligarle a hacerlo a la fuerza, aunque haya que inventar alguna excusa justificativa (por ejemplo, las armas de destrucción masiva). Este es el sistema y habrá que acatarlo; aprovechemos nuestros recursos si no queremos que se los succionen los moros desde su lado. Ahora bien, la Ley establece que es del Estado algo que ni siquiera sabe si existe y mucho menos en qué cantidades. Tampoco es tan ilógico; es como si yo fuera propietario de una gran mansión en la que nunca he entrado (herencia de un tío millonario) y, por lo tanto, ignoro los bienes que hay en su interior y que también son míos. Lo gracioso viene ahora: que como soy un poco perezoso para ir hasta allí y ponerme a hacer inventario, ofrezco a quien quiera que lo haga él y se quede con lo que encuentre de valor. Si lo cuento, dirían que me falta un agua y, sin embargo, así es como funcionan en España (¿en todo el mundo?) las prospecciones y posteriores extracciones de hidrocarburos. Una empresa (llamémosla Repsol) sospecha que bajo el mar español hay petróleo y le pide al Estado que le otorgue un permiso de exploración. El Estado, después de preguntar si hay algún otro a quien también le interese investigar en la misma zona y que le ofrezca garantías de seriedad (parece que no suele haberlo), va y se lo concede. Si la empresa (llamémosla Repsol) encuentra petróleo resulta que tiene el derecho a quedárselo. ¿Paga algo al Estado por apropiarse de un recurso público? Pues no. Sí que tiene que abonar una garantía que responda de las obligaciones de inversión a que se compromete, pero eso nada tiene que ver con pagar por el recurso. La Ley lo dice bien clarito: la concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos confiere a sus titulares el derecho a realizar en exclusiva la explotación del yacimiento en las áreas otorgadas por un periodo de treinta años, prorrogable por dos periodos sucesivos de diez. Y por si queda alguna duda, ese mismo artículo 24 añade: los titulares de una concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos podrán vender libremente los hidrocarburos obtenidos".

La justificación es que los costes de la investigación son muy altos, con el gran riesgo de no encontrar nada (según Javier Moro, un alto directivo de Repsol, la tasa de éxito en los sondeos de esta empresa es del 30%). Así, para compensarlos, el Estado "regala" la titularidad de los hidrocarburos. La verdad no me convence el argumento; estoy seguro de que no sería nada difícil aplicar otras fórmulas menos dilapidadoras de los "recursos nacionales". En el fondo, sospecho que la razón es más de orden ideológico en sintonía con el neoliberalismo prevalente: todo lo que es susceptible de generar riqueza ha de privatizarse para alimentar el mercado (no así, naturalmente, los costes no computables denominados externalidades). La riqueza la crean las empresas privadas (la administración pública sólo gasta) y luego, mediante el sistema fiscal, parte de ésta va a financiar las necesidades públicas. Javier Moro, en una larga entrevista internáutica del 19 de abril del año pasado, nos informa de que las empresas mineras se dejan más del 85% del precio del petróleo en gastos e impuestos (en impuestos será, como mucho, un 30%); así que hemos de estarles agradecidos; y de paso explicarles a los argentinos y otros sudamericanos lo buena gente que es Repsol y el bienestar que lleva a los sitios donde interviene. En fin, reconozco que mi ignorancia sobre cómo funciona en este país (¿y en el resto?) la explotación de los hidrocarburos era muy grande. Y reconozco además que mi ingenuidad también lo era porque, una vez enterado del sistema, se me antoja escandaloso. Me pregunto en todo caso cuál será el porcentaje de españoles que sepa estos principios básicos de nuestra legislación en materia de hidrocarburos, porque me atrevo a aventurar que no es significativo. Sin duda, a los más de quienes lo sepan no les escandalizara en absoluta el sistema de privatizar por nada los recursos públicos, pues probablemente estarán desde hace tiempo al tanto del cotarro. Ahora bien, me gustaría conocer la reacción emocional de esa gran mayoría que presumo que ignora estas cuestiones, aunque sólo sea para convencerme de que no soy un bicho raro.

   

If you need oil - Randy Newman (12 Songs, 1970)

PS: La Ley del sector de Hidrocarburos establece que las superficies de los permisos de investigación tendrán un máximo de 100.000 hectáreas. Por esa razón, las prospecciones en Canarias concedidas a Repsol son 9 permisos, cada uno sobre una cuadrícula, ninguna de las cuales alcanza esa superficie máxima. El que sean colindantes y que, justamente por ello, el Real Decreto que otorga la concesión imponga un programa de trabajos e inversiones sobre el conjunto de las más de 600.000 hectáreas, ¿no se asemeja demasiado a un fraude de ley?