Sangre homosexual

En los últimos días ha causado cierto revuelo una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en relación a la prohibición legal francesa a los homosexuales varones de donar sangre. La historia empezó en 2009 (parece que la Justicia es lenta en todas partes), cuando un tal Geoffrey Léger fue a donar sangre en Metz y a la pregunta de si había mantenido relación sexual con otro hombre contestó que sí. Resulta que a principios de ese mismo 2009 la ministra de Salud y Deportes aprobó una orden en cuyo anexo calificaba como contraindicación permanente para la donación el que un hombre hubiera mantenido relaciones sexuales con otro hombre (de ahí que se haga tan embarazosa pregunta en el cuestionario previo al pinchazo). A su vez, esta orden ministerial francesa se apoya en la Directiva europea 2002/98, la cual requiere que previamente a las extracciones se realice una entrevista personal al candidato "de forma tal que permita conocer los factores que puedan ayudar a identificar y descartar a personas cuya donación podría presentar un riesgo para la salud de otras, como puede ser la posibilidad de transmitir enfermedades, o para su propia salud". Una de las preocupaciones de la directiva es obviamente garantizar que la sangre donada no esté infectada y por eso exige que se realicen análisis de hepatitis B y C, de VIH y otras pruebas según la situación epidemiológica del momento. Hasta aquí, normal; sin saber nada de este asunto, yo daba por sentado que la sangre que se aportaba al sistema sanitario europeo pasaba los pertinentes controles, muy especialmente antes de darla por válida para transfusiones. Por eso, me ha sorprendido enterarme que en una nueva directiva europea –la 2004/33– se añadieron criterios de exclusión de donantes de sangre basados en las conductas de éstos y, en concreto, los que han consumido drogas por vía intravenosa o intramuscular y aquéllos cuya conducta sexual supone alto riesgo de contraer infecciones transmisibles por transfusión. Cautelas pensadas ambas para la prevención del sida, claro está, pero ¿qué necesidad hay de excluir a nadie si se verifica la idoneidad de la sangre? Sólo hay dos explicaciones: o que no siempre se verifica o que no se está al cien por cien seguro de la fiabilidad de las pruebas. Parece ser que las pruebas del VIH normales (o sea baratas) no son absolutamente seguras y también que hay un periodo ventana desde que se comete el “pecado” (meterse un pico o practicar un coito anal) hasta que el virus se detecta en la sangre. Pues vaya.

Entonces, como las pruebas analíticas de la sangre no son absolutamente fiables entra en juego la teoría de probabilidades. Supongamos que existe un margen de error en los análisis del 1% (de cada cien pruebas una falla). Si entre la población donante hay otro 1% de portadores de infecciones transmisibles, la probabilidad de que se cuele sangre contaminada es de una extracción cada diez mil. Justamente este 1% es el porcentaje de incidencia del sida entre los varones homosexuales franceses, según alegó el Gobierno galo, una tasa doscientas veces superior al del resto de la ciudadanía. Así que, si se excluye a los gays se disminuye el riesgo de tener sangre contaminada en el sistema de salud. ¿Cuánto? Pues si suponemos que el 5% de los varones franceses han tenido relaciones sexuales con otros hombre (estimación hecha en los Estados Unidos, aunque me parece muy baja), la tasa de donaciones es similar entre homosexuales y heterosexuales y los porcentajes de incidencia del sida en Francia son los que dice la ministra, la probabilidad de que se cuele sangre infectada es más o menos de una cada 3.330 extracciones si no se hace ninguna prueba. Ciertamente el riesgo disminuye casi seis veces (a una extracción de veinte mil) si se excluye a la población homosexual. Ahora bien, por importante que sea la diferencia entre ambas situaciones no cambia cualitativamente, a mi juicio, la valoración del riesgo. O aceptamos que hay un riesgo de infectarse en una transfusión, en cuyo caso la cuantía de 1/3.330 me parece bastante asumible por comparación con las que asumimos inconscientemente en nuestras vida diarias; o, por el contrario, entendemos que no es aceptable el mínimo riesgo y se exige que ha de garantizarse, antes de cualquier transfusión, análisis 100% fiables de la calidad del plasma.

Naturalmente, a mí me parece que esta segunda opción es la que procedería, con lo cual, entre otras cosas, se evitaría el absurdo conflicto de echar leña al fuego de los discursos discriminatorios. A este respecto, ha de tenerse en cuenta que la directiva europea limita las exclusiones a las situaciones de alto riesgo, aunque señala que corresponde a los tribunales nacionales “verificar si, a la vista de los conocimientos médicos, científicos y epidemiológicos actuales,” es pertinente mantener la exclusión de los homosexuales (eso se llama echar pelotas fuera). En otras palabras, que se admite la discriminación siempre que se demuestre que de no hacerla se pasa a una situación de alto riesgo. Añado que, entre los datos del Plan Nacional sobre el Sida, la infección a través de transfusión de sangre ni siquiera aparece mencionada. En España no se prohíbe donar sangre a los homosexuales, así que cabe suponer que, si el riesgo que los franceses pretenden reducir fuera real, en nuestro país debería haber un número significativo de infecciones por esta vía. De los 3.278 nuevos diagnósticos de VIH durante 2013, sólo 11 (un mínimo 0,33%) podrían incluir las transfusiones (es el apartado “otros”, así que de deberse a esta causa no serán todos). En resumen, no parece que en términos cuantitativos la exclusión tenga mucha justificación. Y menos cuando, aún siendo tanto en Francia como en España el sexo entre varones homosexuales la vía más frecuente de contagio, en ambos países representa en torno al 50% de los nuevos casos. Ya puestos, debería descartarse también a quienes hayan tenido relaciones heterosexuales de riesgo (por ejemplo, sin el preceptivo condón con alguien que no es tu pareja habitual), ya que alcanzan casi el 30% de los nuevos casos.

De cualquier modo, siempre es de lo más discutible lo de restringir posibilidades a las personas basándose en probabilidades, aunque es una técnica que gusta bastante a los gobiernos. La primera objeción es a la propia validez de los datos estadísticos, las más de las veces poco rigurosos. Por ejemplo, ¿cómo sabe la ministra francesa que la incidencia del sida entre los homosexuales varones franceses es del 1%? Podrá saber cómo se han infectado las personas a las que se les diagnostique y, por tanto, saber el porcentaje de quienes lo ha contraído por prácticas homosexuales, pero dudo mucho que tenga datos fiables sobre el número de franceses que las hacen, así que difícilmente puede cuantificar esa tasa de incidencia. En segundo lugar, cada vez que se detectan diferencias estadísticas relevantes de un grupo respecto de la media del conjunto social, inmediatamente se tienden a exagerar, produciéndose el conocido efecto de reforzar prejuicios (lo que, a su vez, aumenta la pretendida brecha estadística); se trata de un fenómeno ampliamente conocido, por ejemplo, en los Estados Unidos respecto de los negros. Pero, sobre todo, esto de discriminar por las probabilidades se parece demasiado a condenar a alguien por su pertenencia a una determinada clase estadística o, al menos, a presumir su culpabilidad. La publicidad que se le ha dado a esta sentencia europea, además de ofender a los homosexuales, alimentará sin duda los prejuicios homófobos que distan mucho de haber desaparecido.

En relación a esto último conviene preguntarse si la difusión de la noticia es inocente o no (desde luego, de lo que no cabe duda es que es atractiva para los medios por su potencial polémico). Como sea, lo cierto es que yo –y supongo que un porcentaje muy alto de la población– me he enterado de que en Francia existe esta limitación legal gracias a esta sentencia. Pero no sólo Francia; resulta que en muchos países funciona la misma norma, empezando por Estados Unidos desde 1977, antes incluso de que se le hubiera dado nombre a la enfermedad (y mucho menos aislado el virus); fue suficiente comprobar que entre la comunidad gay de San Francisco había aparecido una extraña nueva peste. Además de España, en Portugal, Italia, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Chile, México y algunos pocos más no hay restricciones, pero somos una clara minoría. Llama la atención que en las últimas décadas, desde la aparición del sida, se haya extendido tan universalmente el consenso en este aspecto y, sobre todo, apenas se haya debatido al respecto. Me pregunto cuánto habrá influido en los legisladores el atávico miedo a contagiarse, más que el sida, la homosexualidad: sangre de maricón en mis venas, Dios mío, qué horror. En fin, que en mi opinión, en vez de limitar a las personas el ejercicio de la generosidad en base a más que cuestionables argumentos probabilísticos, bastente mejor harían las autoridades sanitarias en asegurarse de que no se hiciera ninguna transfusión sin la garantía previa de la idoneidad de la sangre. Enterarme de que se prohíbe donar a los homosexuales no me tranquiliza sino todo lo contrario. porque me hace sospechar que se pueden hacerse transfusiones sin estas garantías. Y eso sí es para asustarse.