Derecho de propiedad

Dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente; además añade que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. En un post anterior manifesté mi sorpresa de que una conferenciante considerara el derecho a la propiedad privada, junto con los de a la vida y a la libertad, como la triada básica de los derechos humanos. Para mí hay otros derechos humanos muy por delante del de propiedad privada e incluso, como le manifesté a Vanbrugh en un comentario, creo que hay que hacer muchos matices sobre qué contenido del derecho de propiedad, para entenderlo como fundamental. Cabe señalar que nuestra jurisprudencia constitucional ha distinguido entre derechos fundamentales y otros derechos constitucionales, reservando la primera categoría a los enumerados en la sección primera del capitulo segundo del título primero (a la vida y a la integridad física y moral; a la libertad ideológica y religiosa, a la libertad y a la seguridad; al honor, la intimidad y la propia imagen; a la libre elección de residencia y circulación; a la libertad de expresión y de creación; a la reunión pacífica; a la asociación; a participar en los asuntos públicos; a la tutela judicial efectiva; a la educación; a la sindicación), mientras que los de la segunda sección (derechos y deberes de los ciudadanos) tendrían un carácter –por decirlo de alguna manera– menor, no serían tan importantes; entre estos últimos está el de propiedad. En todo caso, discutir sobre la prelación de los múltiples derechos que tenemos (que se supone que tenemos) es bastante estéril. Lo cierto es que, con el grado de importancia que cada uno le dé, tanto por la DUDH como por nuestra Constitución (artículo 33), tenemos reconocido el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

La propiedad es la relación institucionalizada que se establece entre un poseedor y algo que es poseído. Cuando digo institucionalizada me estoy refiriendo a que es una relación reconocida socialmente, jurídicamente para ser más precisos. Yo soy propietario de algo sólo si se me reconoce tal relación con eso que poseo. Sobra decir que la institución de la propiedad es uno de los cimientos sobre los que desde tiempos inmemoriales se ha organizado la sociedad. Pareciera que el ser humano tiene una irrefrenable obsesión por vincular casi todo mediante relaciones de propiedad; casi diría que nuestra civilización siente un verdadero horror vacui ante cualquier cosa que carezca de propietario. Lo cierto es que, en la actualidad, el carácter sacrosanto de la propiedad privada está asumido por muchísimas personas, por la mayoría diría yo. Cuestionar en el plano teórico ese dogma es consecuentemente recibido como un sacrilegio laico. De hecho, son abundantes los ideólogos que sostienen que hay una especie de íntimo y esencial vínculo entre propiedad privada y libertad individual, de modo que atacar el derecho de propiedad equivaldría a atacar la libertad y dignidad del ser humano. Nunca me han resultado del todo convincentes esos argumentos porque, aunque puedan ser ciertos referidos a sociedades históricas concretas, no veo a esa vinculación ninguna necesariedad intrínseca; es más, puedo imaginarme sin apenas esfuerzo una sociedad en la que la propiedad privada apenas existiera y en la que, sin embargo, sus miembros fueran más libres y felices que nosotros. De otra parte, uno tiende a desconfiar de quienes sacralizan el derecho de propiedad cuando con frecuencia descubre que lo que en realidad están pensando es en el derecho que ellos tienen a hacerse con la mayor cantidad de propiedad.

Justamente, la cantidad de la propiedad es uno de los asuntos que a mí me hace recelar del derecho enunciado en términos universales. Porque, claro, en un mundo finito, la propiedad es justamente la institucionalización del reparto de las cosas (hasta hace relativamente poco, dentro del concepto de cosas cabían los seres humanos). Así, no pondría en principio objeciones a que se reconociese el derecho a la propiedad privada de los bienes que razonablemente necesita un ser humano para vivir adecuada y hasta holgadamente. Sin embargo, he de confesar que me repugna atribuir el carácter de derecho humano (y más si lo adjetivamos de fundamental) a que una persona tenga excesivas propiedades, muchísimas más de las que puede necesitar y usar. Me viene a la cabeza la célebre frase de Proudhon –la propiedad es un robo– y, pese a su intención provocadora, he de confesar que, en lo que se refiere a los grandes propietarios, pienso que es bastante cierta. No hace falta remontarse a los orígenes de las grandes familias terratenientes, cuyas extensísimas propiedades provienen siempre de descarados abusos basados en la fuerza. En nuestros tiempos, la propiedad es una institución tan fundamental porque está en la base del sistema económico; lo que mueve al sistema capitalista es la acumulación de beneficios, pero no olvidemos que estos beneficios son privados. O sea, que el motor de la actividad económica es el incremento de la propiedad de los capitalistas y esos imparables aumentos de las propiedades individuales son a costa de disminuir otras propiedades, de robar a otros –a los desfavorecidos, a los proletarizados– gracias a unas reglas de juego profundamente injustas y abusivas (por eso no me parece inexacto calificar el proceso como robo). Así que yo haría una primera objeción al sacrosanto derecho de propiedad: no deberíamos tener derecho a acumular propiedad, a incrementar nuestra propiedad sin ningún límite. Ya sólo por esto, soy un antisistema.

¿En qué consiste el derecho de propiedad, que uno sea propietario de algo? Tradicionalmente –es decir, según los romanos de los que seguimos bebiendo–, comprende tres facultades: el derecho de usar la cosa (ius utendi), el de aprovecharse de los beneficios que deriven de la propiedad (ius fruendi) y el de disponer de ella (ius abutendi). Si algo es mío, significa que puedo hacer todo eso; ahora bien, de acuerdo a las limitaciones legales que se supone que se establecen para supeditar la propiedad privada a la función social. Y aquí empieza otro problema que, a mi juicio, es intrínseco al propio reconocimiento de este derecho. Porque es evidente que ser propietario de algo no puede significar que uno puede ejercer esas facultades sin límites, ya que ello implicaría conflictos sociales permanentes. Como el equipo de música es mío y estoy en mi casa, lo pongo a toda su potencia de tropecientos watios; como el perro es mío, nadie puede impedirme que lo apaleé hasta matarlo; como este terreno es mío, construyo en él lo que me dé la gana ... No creo que nadie se atreva hoy a defender –al menos explícitamente– que el derecho de propiedad es absoluto. Sin embargo, cuando se empieza a delimitar el contenido preciso de cada derecho de propiedad –es decir, del derecho de propiedad sobre cada tipo de bien– surgen inmediatamente los disensos que revelan los dos enfoques extremos. De un lado, el de quienes priorizan ante todo la propiedad privada, como valor primigenio, y por tanto se resisten tremendamente a admitir limitaciones a sus facultades hasta que se demuestra argumentadísimamente que aquéllas son necesarias. De otro, quienes por el contrario entienden que el derecho de propiedad se legitima por su función social y, consecuentemente, el ejercicio de sus facultades es el que debe justificarse como favorable o, al menos, no lesivo al bien general. Ciertamente, entre ambos extremos puede haber cuantas posiciones se quiera; incluso he comprobado que una misma persona es capaz de manifestarse muy "privatista" respecto de unos bienes y muy "función-socialista" respecto de otro. Yo he de declarar que me sitúo más en el segundo enfoque, y lo digo porque tengo la intención de escribir sobre la "Ley reguladora del derecho a la vivienda" de Andalucía, contra la que nuestro recurridor Gobierno ha presentado recurso de inconstitucionalidad, y así ya voy dejando que adivinen por qué derroteros irán mis opiniones.

 
Private property - Ringo Starr (Stop and smell the roses, 1981)