Imputados

En teoría –es decir, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia al respecto– cuando un juez admite una denuncia contra una persona determinada debería ponerlo inmediatamente en conocimiento de ésta. En principio, esta norma parece absolutamente congruente para garantizar la tutela judicial efectiva que es uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Imagino que cualquiera preferiría enterarse de que le han puesto una denuncia lo antes posible y no que, sin decirle nada, la policía, el fiscal y/o el juez se dediquen a investigarle a sus espaldas. De hecho, como sabemos por las pelis americanas los que casi nada sabemos de derecho penal, es habitual que los policías que investigan un delito se dediquen a conseguir el mayor número posible de pruebas para montar la acusación; pero eso lo hacen antes de llevar el caso al juzgado. Desde el momento en que se presenta ante un magistrado, si éste admite la denuncia, debería inmediatamente imputar a la persona. A partir de ese momento, en que hay un imputado (o varios), se inicia la instrucción judicial.

Así las cosas, estar imputado dista mucho de ser acusado del delito; ni siquiera me parece lícito presuponer que esa persona sea culpable por el simple hecho de que la hayan imputado. Lo único que debería significar es que el juez ha tenido conocimiento de la posibilidad de que haya cometido un delito y, consiguientemente, inicia un proceso de instrucción en el que ha de estar presente con todas las garantías el imputado para, al final de éste, concluir si hay que procesarle o no. Sin embargo, con la que está cayendo, el hecho de que imputen a un político ya significa para la gran mayoría de ciudadanos que es culpable. Algunos partidos, en un bobo afán de presumir tardíamente de éticas intachables, salen ahora con que hay que dimitir si a uno le imputan o que en sus listas electorales no admitirán ningún imputado. Teniendo cuenta que la actividad de cualquier cargo público implica necesariamente moverse en ámbitos en los que siempre se puede sospechar la comisión de un delito, basta que tenga enemigos (que siempre los tendrá) o que el juez que le toca se sienta proclive a "luchar contra la corrupción" para que haya altas probabilidades de que le imputen, aunque luego resulte que no haya bases suficientes para sostener la existencia del delito y se archive el caso sin llegar al procesamiento.

Somos –los españoles– gentes de muy "mala follá", nos encanta creer que los otros (especialmente los políticos) son unos chorizos y delincuentes; debe ser que nos reconforta. Desde luego, lo de la presunción de inocencia no son más que palabritas políticamente correctas que en absoluto interiorizamos, lo cual dice muy poco de nuestras convicciones democráticas. Y también dice muy poco de las convicciones democráticas de los dirigentes políticos que ahora reclaman la estigmatización de los imputados. Y, para ser justos, no hay que mirar sólo a los partidos de siempre –carentes casi de cualquier autoridad pues hasta ahora han exhibido muy poco interés por el asunto– sino también a estos chicos nuevos que tantas ilusiones despiertan. Pablo Iglesias, tras ser elegido secretario general, manifestó tajantemente que cualquier imputado de Podemos será expulsado de forma inmediata. Este tipo de declaraciones son una muestra más de que se dice lo que la gente quiere oír (demagogia), renunciando a la obligación moral que tienen los representantes públicos de hacer pedagogía.

Con lo anterior no quiero decir que el que a alguien lo imputen sea irrelevante. Pero en vez de dar por sentado que es culpable, deberíamos tomarnos la molestia, de enterarnos de los hechos denunciados que han llevado al juez a estimar que cabe la posibilidad de la existencia de un delito para formarnos una primera opinión: cuán "acusadores" son los hechos, cuál es la naturaleza del posible delito, etc. Bien es verdad que muchas veces el auto de imputación es ya muy convincente, lo cual plantea un tema polémico que es el de las diligencias previas que ha realizado el juez antes de imputar. Es decir, le llega la denuncia y, en vez de hacer la imputación que proceda, el magistrado se dedica a investigar al imputable sin su conocimiento; por ejemplo, es relativamente frecuente que ordene pincharle el móvil para ver si le pilla alguna conversación que dé más firmeza a la imputación. Por supuesto, estas prácticas de los jueces son "legales" pero, en mi opinión, rozan el fraude de ley, al poner en entredicho el derecho a la tutela judicial.

En fin, que sin duda hay en España muchos corruptos, pero no caigamos en el entusiasmo típico de las cazas de brujas. Moderemos los ciudadanos nuestra natural tendencia a condenar de entrada. Preocúpense más los jueces por garantizar la tutela judicial y resistan las tentaciones de abusar de medios poco éticos así como de vanidades justicieras. No se suban con tanta alharaca los políticos a carros demagógicos para colgarse absurdas medallas de moralidad, máxime cuando la mejor manera de convencernos de su honestidad es actuando antes de que los asuntos lleguen a los Tribunales; ¿o acaso pretenden que nos creamos que ni se les había pasado por la cabeza que el compañero de partido al que conocen casi íntimamente estaba choriceando? Y, además de todo esto, dótense de medios y personal suficiente al paupérrimo sistema español de administración de justicia, porque los procedimientos han de resolverse con muchísima más celeridad.

 
Not guilty - Bo Diddley (Bo Diddley is a Lover, 1961)