TTIP

Desde el fin de la Guerra Fría (justamente acabamos de cumplir el cuarto de siglo desde la "caída" del Muro de Berlín), la Comunidad Europea y Estados Unidos han planteado diversas iniciativas para liberalizar las relaciones económicas entre ambos bloques, sin que hasta la fecha hayan alcanzado los objetivos que se proponen sus impulsores. La última iniciativa, declarada por el presidente Obama en el Discurso del Estado de la Unión de 12 de febrero de 2013, consiste en suscribir entre ambas partes una Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés). Al día siguiente, el Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso anunció conversaciones para la negociación del acuerdo. Gracias al mismo, dicen sus partidarios, se incrementarán sensiblemente los intercambios de bienes, servicios y capitales entre ambas partes (que, en todo caso, ya son enormes), constituyéndose el área de libre comercio más grande la historia (se estima que cubriría el 46% del PIB mundial) y generando un significativo crecimiento de la economía. Nuestro respetado ex-presidente Aznar, en el pasado campus de verano de la FAES –ese brillante laboratorio de ideas–, aseguró que se trata de "la más importante iniciativa que tiene la Unión Europea sobre la mesa, por no decir la única, de grandísima importancia en términos comerciales y transcendencia en términos estratégicos y políticos. Nos aclaró además que no estamos tan sólo ante una medida económica, sino que lo que en realidad subyace es una "ambiciosa y deseable visión política para fomentar los valores atlánticos de democracia, libertad e igualdad". ¿No es maravilloso? Y fíjense que yo, como probablemente muchos de ustedes, apenas me había enterado de esta prometedora iniciativa que tanto ha de contribuir a la felicidad mundial.

Bueno, tampoco hay que extrañarse de que el TTIP no sea tan conocido como merece porque lo cierto es que sus promotores están demostrando una extrema "discreción". El 14 de junio de 2013, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE acordó en Bruselas unas Directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América que remitió a las delegaciones que habían de ocuparse de poner a punto este Tratado. Estas directrices fueron clasificadas como restringidas, rogando a todos los destinatarios de las mismas que trataran el documento con el especial cuidado requerido por las normas de seguridad pertinentes, ya que su divulgación puede ser perjudicial para los intereses de la Unión. Sin embargo, el periódico digital alemán ZeitOnline filtró el 27 de febrero de este año 45 páginas de ese documento así como de la postura de la UE, advirtiendo a la opinión pública que las implicaciones del futuro Tratado son tremendamente importantes para la ciudadanía y, por lo tanto, no pueden negociarse secretamente. De hecho, sin entrar en ningún juicio de valor sobre el contenido de esas Directrices, no deja de ser sorprendente que cuando tanto se habla de transparencia como criterio básico de la actuación de gobierno, resulte que los máximos órganos ejecutivos de la Unión Europea puedan adoptar decisiones que no se publiquen, que se oculten a los ciudadanos y sus representantes parlamentarios. Sólo muy recientemente (el pasado octubre), después de la filtración y tras corroborar que en varios países europeos distintos movimientos comenzaron a organizarse para protestar contra esta iniciativa, nuestro democrático Consejo europeo desclasificó ese documento. Así que ahora conocemos lo que se decidió hace casi año y medio, pero todavía no de forma oficial (aunque también ha habido algunas filtraciones) el grado de avance y los contenidos de las negociaciones entre europeos y estadounidenses.

En realidad, el Acuerdo que se está negociando no es tanto entre Estados como entre las grandes multinacionales y las dos entidades políticas (USA y UE); dicho de otra forma: de lo que parece que se trata es de que en ambos espacios políticos haya bastante más homogeneidad en cuanto a las "reglas de juego" y, naturalmente, que esas "reglas" sean las menores posibles. Esta conclusión deriva no sólo los retazos de contenido que se han filtrado, sino también de lo que había ocurrido antes del anuncio en febrero de 2013 del "inicio" oficial de negociaciones entre los dos bloques. En la Cumbre UE-EE.UU. de 28 de noviembre de 2011, se decidió crear un Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento (HLWG), impulsado por Ron Kirk, Representante de Comercio de los Estados Unidos, y Karel De Gucht, Comisario de Comercio de la UE. Durante el año 2012, los miembros de ese Grupo mantuvieron más de un centenar de reuniones a puerta cerrada con los grandes empresarios europeos y norteamericanos (lobbies químicos, la coalición de la industria farmacéutica, la industria de armamentos ASD, la asociación de banqueros británicos, etc), a los que invitaron a señalar qué barreras reguladoras deberían ser suprimidas en la futura Asociación. Cuando en marzo de 2013, alertado, el Corporate Europe Observatory (CEO), un equipo sin ánimo de lucro con sede en Bruselas que se dedica a la investigación y a la organización de campañas sobre las amenazas a la democracia, la igualdad, la justicia social y el medio ambiente que supone el poder económico y político de las grandes empresas, pidió que se informase sobre el desarrollo de las actividades del HLWG, la Comisión Europea respondió que dicho Grupo no contaba con miembros identificables y que no había listas disponibles de los participantes en las reuniones o en la elaboración de los trabajos, en clara contradicción de las propias normas europeas sobre transparencia. Finalmente, a resultas de la presión, la Comisión publicó algunos de los documentos elaborados por las empresas, si bien fuertemente censurados (con partes borradas sobre las que aparece escrito a mano "NOT RELEASABLE"). Estas partes "no relevantes" fueron ocultadas –según responsables del HLWG– porque contenían opiniones de los grupos de presión privados, cuyo conocimiento público podía tener un impacto negativo sobre los intereses de la economía. Pese a este nada ejemplar comportamiento, en diciembre de 2013, el comisario De Gucht publicó una carta en The Guardian en respuesta a un artículo de George Monbiot (conocido escritor y activista inglés), en la que aseguraba textualmente que la acusación de que los trabajos en curso se estaban llevando en secreto era "cosa de risa", porque cada paso de esas negociaciones había sido anunciado públicamente y extensamente difundido en la prensa. A mi modo de ver, una descaradísima muestra de desvergüenza cínica.

La progresiva movilización de la opinión pública que empezó a organizarse en toda Europa a partir del primer trimestre de este año (aunque todavía este asunto dista mucho de haber alcanzado la difusión que merece) ha venido obligando a los políticos a soltar con cuentagotas información y a pronunciarse con enfáticas declaraciones huecas (sin contenido concreto, quiero decir) sobre las bondades de la futura Asociación. Así, por ejemplo, en nuestro Congreso se debatió en junio pasado una propuesta de Izquierda Plural que pedía (1) que el Gobierno rechazara el Acuerdo que se estaba negociando, (2) que en todo caso se sometiera a referéndum y (3) que se constituyera un grupo de trabajo que en el plazo de seis meses presente un informe que valore este acuerdo y su repercusión en nuestro país. Por supuesto, estas peticiones fueron denegadas; pueden verse en la web del Congreso los vídeos para abochornarse ante la cerrada defensa que la gran mayoría de los grupos hizo de un Acuerdo cuyo contenido obviamente desconocían, limitándose a planteamientos genéricos sobre las bondades del libre comercio y los beneficios que había de traer a España. Uno se queda con la sensación de que esos señores (en especial la del PP) eran meros voceros que repetían lo que les habían ordenado. Otro ejemplo más de la escasa independencia de nuestro Poder legislativo y su alejamiento de los intereses públicos: ni siquiera estuvieron dispuestos a enterarse del contenido y los efectos del futuro Tratado para poder informar cumplidamente a la ciudadanía. Después de veinte meses del inicio formal de las negociaciones bilaterales, y pese al creciente requerimiento público, la estrategia de la gran mayoría de representantes políticos en España y en el resto de Europa parece seguir siendo la de negarse a la transparencia a fin de lograr la firma del Acuerdo con la mínima repercusión posible.

¿Por qué tanto secretismo? Pues parece que se debe a que esta futura Asociación supondrá una vuelta de tuerca más en el proceso en marcha de blindaje del capitalismo salvaje y de prevalencia de éste sobre los intereses públicos. Un paso más, sí, pero bastante crucial, toda vez que, entre otras cosas, exime a las grandes empresas multinacionales de someterse a las normas nacionales, consideradas como obstáculos para el libre comercio. Se trata, como denuncian los detractores de esta deseada Asociación, de despojar a los Estados de gran parte de su soberanía, cediéndosela a unos comités de arbitraje de naturaleza privada y ajenos totalmente a mecanismos de control democrático. Un informe del Seattle to Brussels Network, otra organización civil organizada contra los manejos de los hacedores de la economía globalizada, sostiene que el Acuerdo consagraría la capacidad de las grandes corporaciones para actuar al margen de las decisiones políticas, convirtiendo de iure a los representantes elegidos por los ciudadanos en lo que ya son de facto: meros voceros de sus intereses. Si es así en cuanto a las formas, no hay que ser demasiado perspicaz para deducir de qué va el fondo del Tratado, cuáles son sus contenidos. Pues parece que, en efecto, se pretende suprimir toda regulación que limite o amenace los beneficios de las multinacionales, en asuntos tan sensibles y relevantes como, por ejemplo, la energía, la medicina, los productos químicos, la minería, las políticas sociales ... Aunque, debido al secretismo que persiste, es muy difícil hacerse una cabal idea de hasta donde se pretende llegar, los retazos que se van conociendo son desde luego para que cualquier persona decente se asuste. Si por ahí van los tiros (y parece que sí, que van por ahí), considero que cada uno de nosotros tiene la obligación moral de intentar enterarse y, para ello y como primera medida, sumarse a quienes reclaman como exigencia obvia que se hagan públicos los contenidos de este acuerdo y que se, antes de suscribirlo, se produzca el necesario debate político.

Poco a poco, las campañas de difusión de colectivos civiles van logrando, pese al obstinado silenciamiento oficial y mediático, que cada vez más gente se entere de este asunto y reclame lo que, bajo cualquier mínimo democrático, es evidente. Una de las personas que más respeto y crédito me merecen, la francesa nacida norteamericana Susan George, está empeñada desde hace meses en denunciar los graves efectos de este Tratado y suele acabar sus conferencias asegurando que "esta batalla la vamos a ganar". Pero para ello es necesario abandonar la habitual indiferencia, esforzarnos cada uno de nosotros en conocer y contribuir a la movilización ciudadana. De momento, ni siquiera se trata de estar en contra del Acuerdo, bastaría con que simplemente se sometiera su contenido al debate democrático. En el video que pongo a continuación, una chica de Gerona, editora de la revista internáutica Cafè amb llet narra muy didácticamente lo que se nos viene encima y lo que está en juego. Creo que merece la pena escucharlo completo y, a partir de ahí, ponerse manos a la obra.