Informe ministerial

Durante los últimos días he estado procesando los informes que diversas administraciones públicas han emitido sobre el Plan General municipal en el que llevo ya demasiados años. Dudo que haya ningún otro documento que durante su elaboración sea sometido tan repetidamente al examen de tantos ojos. En nuestro caso, ésta es la cuarta vez que pasamos por el llamado "trámite de consulta y de cooperación interadministrativa", aunque lo de cooperación hay que entenderlo en la práctica en clave irónica. Unos quince departamentos de los tres niveles de la administración (Cabildo Insular, Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado, de momento no informa nadie desde Bruselas) emiten sus correspondientes informes para verificar que las determinaciones del Plan son compatibles con sus respectivas legislaciones sectoriales así como con sus competencias. Salvo muy contadas excepciones, a cada uno de los funcionarios que revisa el documento no le importa nada en absoluto la ordenación urbanística del municipio y, en la gran mayoría de los casos, ni se molestan en entenderla. Tan sólo van directamente a comprobar si en el Plan se cumple lo que dicen las normas cuya vigilancia les ha sido encomendada; o, para ser más precisos, si se cumple la interpretación que en su departamento hacen de esas normas, que por lo general suele ser bastante abusiva. Si tenemos en cuenta que en este país hay un ingente cúmulo de normas y, de otra parte, que pareciera que el objetivo de esos señores es señalar el mayor número posible de incumplimientos, lo habitual es que cualquier Plan se encuentre, una vez recibidos los informes "preceptivos y vinculantes", con un mínimo de medio centenar de reparos que exigen otras tantas correcciones, algunas de gran calado y no pocas de ellas casi contradictorias entre sí. Para colmo, tratar de razonar con esos funcionarios es casi siempre descorazonador, no hay manera de que se salgan de sus universos estrechos que, confrontados con la realidad territorial, llevan a situaciones muchas veces surrealistas. El resultado es bajo cualquier prisma muy insatisfactorio: rendidos ante la imposibilidad de que impere el sentido común, acabamos cambiando lo que hay que cambiar, renunciando a la congruencia de la ordenación urbanística. Al final, lo único que casi importa es cumplir con disposiciones vacías de sentido para que el Plan obtenga el visto bueno.

En fin, podría estar quejándome hasta el infinito y dar multitud de ejemplos de estos absurdos a los que lleva tanto la profusión de preceptos inconexos y de muy baja calidad (en cuanto a técnica normativa) como la poca preparación y nefasta actitud de bastantes de los funcionarios que se encargan de estas tareas. Pero hoy lo que quiero es referirme a uno de esos informes que, excepcionalmente, es favorable. Se trata del que emite la Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (ahí es nada) y que está previsto en el artículo 35.2 de la Ley General de Telecomunicaciones como uno de los "mecanismos de colaboración" entre el Ministerio y las administraciones públicas para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas. Simplificando mucho, esta Ley lo que viene a decirles a los planes urbanísticos es que no pueden imponer condiciones a la implantación de las instalaciones de telecomunicaciones, todo muy dentro del espíritu desregulador de la actual ideología dominante. De hecho, las muy escasas y razonables condiciones que habíamos señalado en la anterior fase de elaboración del Plan respecto de la instalación de antenas de telefonía en el medio urbano las tuvimos que suprimir tras recibir informe desfavorable de estos señores. Así que ahora han debido revisar el Plan y, una vez comprobado que no ponemos ninguna restricción a las compañías operadoras, han emitido su visto bueno.

Lo que me ha llamado la atención y motiva este post es cómo lo han hecho. Habría bastado con una página que dijera algo así como "visto el Plan General de Ordenación de ________, se emite informe favorable sobre el mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley General de Telecomunicaciones". Pero supongo que el funcionario de turno habrá entendido que con eso no se gana el sueldo y se ha sentido en la obligación de rellenar doce páginas transcribiendo, "a título informativo y de conformidad con los principios de colaboración y cooperación entre administraciones", las principales consideraciones de carácter general contenidas en la Ley. Resumen ése que resulta absolutamente superfluo (y hasta un poquillo insultante) ya que de lo único de que se trata es de verificar si el Plan cumple la Ley. Pero lo realmente llamativo es la redacción de la frase con la cual otorga la bendición al Plan; merece la pena leerla con fruición: "No se han detectado observaciones referentes a las faltas de alineamiento respecto a la legislación vigente en el instrumento de planificación urbanística sometido a informe". ¿No es acaso una verdadera joya de la estulticia escribidora?

No se han detectado observaciones. Pero, hombre de Dios, ¿cómo ibas a detectar observaciones en los tochos del Plan? Es más, ¿cómo se detectan las observaciones? En todo caso, se pueden detectar (descubrir algo que no es patente) a los observadores. Aunque, ¿para qué diablos andas buscando observaciones en el documento? Ah, seguramente usaba este sustantivo como sinónimo –que no lo es– de objeciones. O sea, que lo que no ha detectado el buen señor son objeciones. Es natural; difícilmente íbamos a escribir argumentos para impugnar las disposiciones de la legislación vigente. Las objeciones toca hacerlas al funcionario, es a él a quien corresponde objetar algún contenido concreto del Plan por incumplir alguno de los preceptos de la Ley. El probo funcionario, tras su minucioso examen de la documentación, podría detectar contradicciones, incumplimientos, desviaciones ... pero nunca objeciones. Bueno, está claro que lo que quería decir es que no tiene objeciones que hacer al Plan.

Pero lo mejor viene ahora, si las hubiera tenido, esas objeciones habrían estado referidas a "las faltas de alineamiento respecto a la legislación vigente". Omitamos el frecuente error de escribir "respecto a" en vez del correcto "respecto de" y vayamos al meollo. Nos viene a decir que algunas determinaciones del Plan (aquéllas que habría objetado) carecerían de alineamiento, no estarían alineadas con las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones. No encuentro ninguna acepción de alineamiento o de alinear que case con mínima congruencia ambas partes de la comparación. Supongo que es un ejercicio de creatividad metafórica, que en la fértil imaginación del funcionario redactor las determinaciones del Plan se le presentan en una fila bien alineada (quizá paralela) con la de las disposiciones legales, como si ambos tipos de contenidos jurídicos fueran engalanados participantes de un solemne baile de salón decimonónico, dispuesto a ejecutar una armónica danza. Así, el funcionario ha comprobado que el orden es perfecto, que ninguno de los invitados –las determinaciones del Plan– a este noble palacio –el de la legislación vigente– se descoloca, incurre en una objetable falta de alineamiento.

Como decía mi padre, ¿para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil? Y como opino yo desde hace ya bastante tiempo, quien escribe de forma tan confusa es que piensa de forma igualmente confusa. Y así nos va. Lo mejor que podrían hacer en el Ministerio con el funcionario al que le encargaron informar nuestro Plan es pagarle un cursillo de redacción.

 
What kinda fool - Mick Abrahams (Working in the Blues Kitchen, 1958)