El caso Juan Fernando

En octubre de 2004 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad (320 votos, lo que significa que había 55 diputados ausentes) la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Al amparo de esa norma se crearon Juzgados de Violencia sobre la Mujer para ocuparse de todos los delitos tipificados en el Código Penal (homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, etc) siempre que se cometiesen contra quien esté o haya estado ligada al autor por relación de afectividad, así como de los cometidos sobre los menores o incapaces dependientes; también se creó una Fiscalía especial contra la violencia sobre la mujer. Consultada la Memoria de 2014 del Fiscal General del Estado, me entero de que entre 2009 y 2013 se presentaron 657.084 denuncias, lo que equivale a una media de 360 diarias, cantidad que me ha sorprendido por lo abultada. Considerando que en España había en ese periodo unos 16,4 millones de varones entre 18 y 70 años (supongo que los mayores y menores de esos límites de edad delinquirán poco en esta materia), resulta que uno de cada veinticinco españoles ha sido denunciado por ejercer violencia de género; aunque supongamos que la proporción sea la mitad (es decir, que cada denunciado acumula de media en estos cinco años dos denuncias), el número me sigue pareciendo muy alto. A esto ha de añadirse que existe el convencimiento de que un número muy alto de mujeres maltratadas no denuncia (por ejemplo, de las 55 mujeres muertas por esta causa en 2013, sólo 10 habían interpuesto denuncia) y recordar que los datos se refieren a un corto periodo de cinco años. Conclusión: parece haber indicios para temer que un porcentaje muy significativo de la población masculina española haya maltratado alguna vez a su pareja. ¿Cuánto de significativo? Pues lo suficiente como para que lo más probable sea que entre el círculo de conocidos cercanos de cada uno de nosotros haya al menos alguno de ellos. Ciertamente preocupante, como no se cansan de advertirnos, en especial cada vez que aparece una nueva y trágica muerte debida a este tipo de violencia.

Uno de los asuntos a los que dedica un epígrafe la citada Memoria del Fiscal es el de las acusaciones y denuncias falsas. En efecto, es recurrente el rumor de que, en situaciones de enemistad en la pareja (caso típico el de un proceso de divorcio), la mujer para hacer daño al varón recurriría a acusarle de haberla maltratado. Durante los cinco años citados, se incoaron apenas 120 procedimientos por denuncia falsa, lo que representa un mínimo 0,018% del total; además, de éstas, sólo 33 –el 0,005%– han resultado acreditadas como falsas. O sea, que, si nos fiamos del acierto judicial, de cada 20.000 casos uno es una acusación falsa. Lo que, claro está, no quita que cualquiera de los 33 varones víctimas de una denuncia falsa durante este periodo haya sufrido un daño tremendo por la acusación. Al mismo grupo –aunque quizá con algunos matices– habría que sumar a los hombres que, tras el proceso judicial, resultan absueltos. A este respecto, parece, en primer lugar, que el número de sentencias anuales es muy inferior al de denuncias (en torno al 36%) porque un alto número de los casos no llega nunca a juicio. Pues resulta que del total de sentencias aproximadamente un tercio son absolutorias, porcentaje también bastante significativo ya que equivale, en los cinco años considerados, a unos 219.000 acusados que, al final, resultó que no habían delinquido (aunque la denuncia contra ellos no era falsa). Hay que tener en cuenta que hay también un número importante de acusaciones retiradas (lo que apunta al miedo de la mujer maltratada o, lo que es casi peor, al autoengaño que la lleva a la situación previa) y, de otra parte, que quiero suponer que incluso en un asunto sobre el que hay una especial sensibilización sigue siendo obligado, para condenar, probar la culpabilidad del acusado; o sea, que más de uno de los absueltos habrá cometido el delito por el que se le enjuició.

En todo caso, aunque sean muy pocos los falsamente acusados de delitos de violencia de género y también proporcionalmente pocos los inocentes, haberlos haylos en ambas categorías. Recientemente nos hemos sorprendido con la noticia de que Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia durante el primer gobierno de Zapatero, está acusado de delitos de maltrato. A finales de marzo, la policía tuvo que entrar a la fuerza en el domicilio de su mujer e hijos en Las Palmas avisada por los vecinos ante un conato de incendio; parece que ésta dormía en estado de ebriedad con los dos niños gemelos mientras en la cocina encendida se quemaba una sartén con aceite. Hablando con los vecinos, éstos contaron historias de gritos, insultos y golpes, por lo que los policías pusieron los hechos en conocimiento del correspondiente juzgado canarión. Allí, el pasado seis de abril, la mujer declaró que a lo largo de su vida conyugal se habían producido diversos incidentes de agresiones físicas y malos tratos, aunque añadió que no se considera víctima de violencia de género ya que reconoce que ella también lo ha tratado muy mal. El ex-ministro, por su parte, ha declarado públicamente (y con su acostumbrada retórica) que todo es una acusación falsa, motivada por el deseo de su mujer de dañarlo, ya que está llevando muy mal el proceso de divorcio en el que están (López Aguilar lleva bastante tiempo sin vivir en el domicilio conyugal y desde hace años mantiene otra relación afectiva, algo bastante conocido en los mentideros políticos de las Islas). La semana pasada, el PSOE expulsó temporalmente al actual eurodiputado (parece que a petición propia después de que le dijeran que lo iban a hacer) para mostrar la absoluta contundencia del partido ante la violencia de género, aunque respetando la presunción de inocencia (ya, ya). Como Juan Fernando es aforado, el caso ha pasado al Supremo. Ocurra lo que ocurra, parece claro que este hombre está políticamente acabado.

La verdad es que después de verle y oírle, cuesta creer que sea culpable; parece sincero y profundamente dolido, presentando con vehemencia todo el asunto como una venganza de su mujer de la cual, dice, ya le había advertido. Las declaraciones de la cónyuge, en cambio, son bastante incongruentes porque viene a contar que las relaciones eran hostiles por ambas partes desde hace ya tiempo, pero no deja de puntualizar, casi como si fuera anecdótico, que López Aguilar la ha agredido ocasionalmente –data en 2000 el primer incidente– como, por ejemplo, cuando hace unos siete años, en la cama, le hizo una raja en la frente de un cabezazo. Ninguno de tales hechos fue denunciado y, por el contrario, en varias ocasiones declara que su marido era un buen hombre y un excelente padre. Del otro lado, parece que los rumores sobre la violencia del ex-ministro provienen de varias fuentes. El hijo de ella (de una relación anterior), de 31 años y residente en Madrid, había ya denunciado a su padrastro en enero pasado por haber pegado a su madre (tenía un ojo morado). Al día siguiente, a instancias de su madre, la retiró y emitió un comunicado en el que lamentaba el profundo daño causado a López Aguilar a raíz de la denuncia que reconocía tajantemente falsa, admitiendo que la presentó de manera precipitada debido a su estado de intenso nerviosismo. Sin embargo, en una reciente entrevista a El Mundo se desdice (sostiene que el comunicado lo revisó y retocó el propio Juan Fernando) y explica que su madre tiene miedo por no poder mantener a sus hijos en caso de que el ex-ministro acabe en la cárcel.

Quienes conocen al imputado (conozco a unos cuantos) me lo describen como una persona de enorme hiperactividad y muy trabajador pero, a la vez, demasiado convencido de su altísima valía y bastante despectivo hacia los demás. En las elecciones autonómicas de 2007 fue el candidato a la presidencia de Canarias y durante la campaña consiguió romper cualquier posible puente con los partidos rivales por lo que, aunque el PSOE fue el partido más votado, quedó en la oposición como consecuencia del pacto CC-PP (en la siguiente legislatura, una vez fuera López Aguilar de la escena canaria, Coalición Canaria pactó el gobierno con los socialistas). En resumen, que parece que suele resultar antipático, incluso a sus compañeros políticos, como está quedando de manifiesto con el escaso apoyo que recibe en estos días. Pero, lo más llamativo de este asunto –porque, para ser sinceros, no me quita el sueño saber si es o no inocente– es que en julio de 2006, siendo todavía ministro, declaró en referencia a las posibles denuncias falsas que decían que la Ley podía alentar que eran un "coste soportable". Pues va a tener que aplicarse el cuento: demostrar en sus carnes que puede soportar ese coste. ¿Cómo era eso de que somos esclavos de nuestras palabras? A este tipo de carambolas de la vida (siempre suponiendo que sea inocente) se le suele llamar justicia poética.

PS: Las tres primeras fotografías del post forman el tríptico "Lo llevo puesto" (2004) de la artista franco-colombiana Martha Amorocho.