El caso Alberto Rodríguez (5): ¿Novela negra?

Repasemos la cronología de los hechos narrada hasta ahora. El 25 de enero de 2014: hubo manifestaciones en La Laguna contra el ministro Wert. En uno de los encontronazos entre manifestantes y policías Alberto Rodríguez Rodríguez (ARR) propina una patada en la rodilla a un agente (eso es lo que dice la sentencia aunque él lo niega). Inmediatamente después de los sucesos, el agente de policía acudió a recibir asistencia médica y luego interpuso un atestado en la propia Comisaría de La Laguna en el que ya identificaba a ARR como uno de los agresores. Este atestado pasó enseguida al Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna. Estamos a principios de 2014. 

 

El 10 de diciembre de 2019 dicho Juzgado de La Laguna remitió al Tribunal Supremo el expediente contra ARR por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Lo hace por la condición de aforado del imputado que había resultado electo como el único diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Por lo que sé, durante los casi seis años transcurridos desde el inicio de procedimiento penal, el Juzgado de La Laguna no hizo nada. Tuvo casi dos años para haber iniciado e incluso culminado el juicio, durante el plazo en que ARR no era aforado. Pero es que, desde que tomó posesión de su escaño (13 de enero de 2016) hasta que el juzgado lagunero envió la causa al Supremo pasaron casi otros cuatros años. 

 

La pasividad de la administración de Justicia en este caso –en realidad siempre: “es conocido el dicho “justicia lenta no es justicia”) ha resultado bastante perjudicial para el imputado. Si se le hubiera juzgado en La Laguna, aún suponiendo que hubiese sido condenado, habría tenido posibilidad de recurso a instancias judiciales superiores y, en cualquier caso, tras haber cumplido su condena, habría podido ser candidato, acceder al escaño y permanecer en él durante todo el mandato parlamentario. Al ir directamente al Tribunal Supremo, pierde esa posibilidad (le queda, eso sí, el amparo ante el Constitucional alegando que se han infringido sus derechos fundamentales y, con el mismo argumento, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo). De hecho, la propia sentencia del Supremo aprecia la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas; dicen los magistrados que la causa carecía de complejidad y, sin embargo, el juicio oral ha venido a celebrarse más de siete años después de ocurridos los hechos, sin que haya justificación alguna a tan evidente retraso. 

 

Ante esta secuencia de los hechos, es inevitable sospechar que las cosas no han ocurrido de forma natural, que ha habido una intencionalidad. Admitamos, para no elucubrar demasiado, que el que la causa estuviera paralizada en el Juzgado de La Laguna no se debió a ninguna intencionalidad malévola sino simplemente a la acumulación de expedientes o incluso a la desidia de los funcionarios judiciales. Lo que mosquea es que, de pronto, cuando Alberto Rodríguez había pasado a ser un tipo conocido –y molesto para más de uno– alguien decidiera que había que darle marcha al asunto, remitirlo al Tribunal Supremo para que se resolviese la causa de una vez. 

 

Lo cierto es que la causa que estamos tratando no era la única en la que estaba involucrado ARR cuando pasó a ser diputado nacional. En la madrugada del día de Navidad de 2006, tras una identificación realizada en un control de la Policía local de La Laguna en un dispositivo contra el consumo de drogas, hubo un "hostigamiento" de Rodríguez y otro acusado hacia los policías, "procediendo los acusados a increpar a las personas que allí se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, provocando que arrojaran botellas, vasos y otros objetos”. Sobre ese asunto, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia de conformidad respecto a dos acusado, dejando pendiente la celebración del juicio contra otros acusados que no alcanzaron ningún acuerdo. Al conocerse que uno de ellos, Alberto Rodríguez, había sido elegido diputado, se envió testimonio al Tribunal Supremo para el enjuiciamiento del aforado. La Sala Segunda se declaró competente para investigar si ARR había cometido el delito de desorden público mediante auto del mes de septiembre de 2017. En abril de 2018 el diputado declaró y el 1 de junio de ese año el Tribunal declaró el sobreseimiento libre del caso, atendiendo a la solicitud del acusado y de la fiscalía en base a que se había extinguido la eventual responsabilidad penal. 

 

Escapó Alberto y lo dejaron tranquilo durante más de dos años, hasta que en septiembre de 2020, la Sala Segunda del TS decidió declararse competente e iniciar la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento de la causa de la agresión al policía. Aunque en realidad, las maniobras contra “el rastas” se habían reactivado varios meses antes, cuando se decidió recuperar y enviar al Supremo el expediente que dormía el sueño de los justos en el Juzgado lagunero. Sería probablemente muy revelador conocer los nombres de los intervinientes en esta movida, tanto en Canarias como en Madrid. Pero yo los ignoro. Lo que, en todo caso, no puede negarse es que hay materia para una novela de intriga, con la presencia de más de una “mano negra”. 

 

De novela negra ha calificado el periodista Daniel Bernabé el caso ARR. En un artículo de hace unos días en Infolibre escribe un párrafo que no me resisto a transcribir: “El caso de Alberto Rodríguez parece, más que un asunto judicial, una narración, al estilo de las más hábiles novelas negras, para desencadenar una serie de resultados que dañen al Gobierno. Rodríguez, para empezar, era un protagonista excelente, entre otras cosas porque su aspecto, que llegó a ser motivo de una ruin controversia en el Congreso, le hicieron conocido para el gran público, no sin obviar los apelativos que le dedicó la prensa de derechas. Todo protagonista tiene que ser fácilmente identificable, si no la historia no acaba interesando. Además no era un diputado raso por el cargo que llegó a ocupar, secretario de Organización de Podemos, pero tampoco era uno de los altos dirigentes de la coalición, con los que la maniobra hubiera sido demasiado arriesgada”. 

 

Pues bien, como sabemos de sobra, en las novelas negras siempre hay una trama que responde a ocultas conspiraciones de tenebrosos personajes para conseguir sus fines malévolos. ¿Es éste el caso? Por supuesto no podemos afirmarlo; pero sospechoso, lo es de sobra. Los acontecimientos no se han sucedido con naturalidad o lógica: ni la apertura del caso en el Supremo, ni la muy cuestionable sentencia, ni finalmente (y esto es lo más estrambótico de todo) el disparate que se ha representado en el Congreso con motivo de la ejecución y que ha culminado con la también más que cuestionable retirada del escaño a ARR. ¿Conoceremos algún día los entresijos de esta trama de novela negra? Me temo que no. Además, en nuestros tiempos el interés por las noticias tiene un plazo de caducidad muy breve; dentro de poco nos habremos olvidado del pobre Alberto y, aunque se demuestre que se han cometido injusticias, dudo que haya consecuencias relevantes. En fin, bastante deprimente todo.