La participación pública en los planes urbanísticos

El panorama de la participación pública en la formulación del planeamiento es bastante similar en el conjunto de España, homogeneidad en la que interviene en gran medida que también son muy similares los diversos preceptos autonómicos que la regulan, herederos todos de la legislación estatal previa. Desde luego, la valoración general es incuestionablemente negativa, pudiéndose afirmar que, en general y salvo contadas (y honrosas) excepciones, la elaboración de los planes de urbanismo viene influida en muy escasa medida por las opiniones, intereses y/o deseos de los habitantes de los municipios correspondientes. Si bien sería exagerado decir que los planes se hacen "al margen" de la voluntad de los ciudadanos (al fin y al cabo éstos tienen dos periodos para informarse y "alegar"), mucho más dista de la realidad el objetivo idílico del artículo 5 del Reglamento canario: "que los ciudadanos colaboren en la toma de las decisiones urbanísticas".

La primera causa de esta situación, habitualmente argumentada en los colectivos profesionales, es la indiferencia de la ciudadanía ante el urbanismo; desde esta visión, resultaría que el planeamiento "no interesa" (y mucho menos, su elaboración). Hay diversos indicadores a lo largo del Estado que parecen confirmar este diagnóstico; por ejemplo, diversas encuestas relativas al "nivel de presencia" en distintos instrumentos de participación ciudadana de escala municipal (organizados por distintos ayuntamientos) suelen concluir que el urbanismo es el tema que menor asistencia e implicación genera. En la misma línea, no deja de ser también significativo que del análisis de las quejas presentadas por los ciudadanos sobre aspectos de la vida local, las relacionadas con el urbanismo sean una exigua minoría.

Obviamente sería ingenuo deducir que el aparente desinterés ciudadano por el planeamiento es consecuencia de una mayoritaria satisfacción con la ordenación urbanística. Más bien creo que deriva del progresivo alejamiento entre planeamiento y ciudadanos, que entienden éste como una actividad compleja, de difícil comprensión, y que además es manejada entre unos pocos interesados, dando pábulo a la extendida convicción de que en sus procesos de elaboración priman los intereses privados, con frecuencia enfangados en la corrupción. Esta concepción "popular" habría llevado, según varias opiniones, a una actitud de resignación derrotista, a pensar que no merece la pena involucrarse en algo en lo que, quienes mandan, tienen ya tomadas sus decisiones o, en todo caso, no tienen ninguna voluntad de atender los planteamientos de la ciudadanía.

Con los riesgos que toda simplificación supone, tal apreciación de los "profanos" sobre el urbanismo no puede tacharse de desencaminada. Lo cierto es que, prácticamente desde su nacimiento, la exigencia legal de la participación pública en el planeamiento se ha entendido por la mayoría de quienes lo promueven (tanto políticos como técnicos) como un mero trámite que, como todos los trámites, ha de salvarse de la forma menos engorrosa posible. Así, se ha entrado desde hace ya muchos años en un "círculo vicioso" que se retroalimenta: cuanto menos "participan" los ciudadanos en la elaboración de los planes, menos interés pone la administración en fomentar una participación a la que, además, no es inercialmente proclive; y complementariamente, cuanto menos facilita la administración hacer accesible a los ciudadanos el proceso de formulación, más se van alejando éstos del urbanismo, confirmándose en la percepción negativa dominante. En el fondo, no es más que la concreción en el ámbito del urbanismo de una de las carencias democráticas de nuestra sociedad, con la particularidad de que quizá aquí son más notables que en otras materias. Si en general es un deber ético-democrático de los ciudadanos involucrarse en el gobierno colectivo, y de la administración propiciar y fomentar dicha participación, los esfuerzos que han de hacerse en cuanto al planeamiento son probablemente bastante mayores que en otras esferas. De no vincular las decisiones urbanísticas a la participación ciudadana, estamos vaciando de contenido real a los planes, por mucha excelencia técnica que se alcance en su elaboración.

Matizando el anterior juicio sobre la indiferencia generalizada de los ciudadanos en los procesos de información pública de los planes hay que referirse a determinados sectores de la población que sí intervienen en dichos periodos (e incluso fuera de ellos). Se trata de los propietarios de inmuebles (suelo principalmente, pero también edificaciones) así como, en menor medida, quienes dedican su actividad económica a la intervención inmobiliaria. Es incuestionable el derecho de los propietarios a plantear alegaciones a un Plan en formación para que su patrimonio sea tratado de la mejor forma posible para sus intereses (y, a ser posible, que aumente de valor gracias a las determinaciones urbanísticas). Sin embargo, también es lícito considerar que las propuestas de estas personas no expresan los intereses colectivos de la ciudadanía. De esta forma, el apartamiento de los "ciudadanos" (entendiendo como tales a estos efectos quienes no ven afectados sus intereses privados por el planeamiento) de la participación pública, y la presencia muy mayoritaria de los "propietarios" conduce a exacerbar el carácter del Plan como "asignador" de plusvalías (o definidor del contenido económico de la propiedad inmueble, si se prefiere), en detrimento de otras facetas que en absoluto son menos importantes: básicamente las de configurar un espacio urbano de calidad, funcional y adecuadamente equipado para las necesidades colectivas. De nuevo otro "círculo vicioso".

Ciertamente, en los últimos años hemos asistido en Canarias a lo que erróneamente podríamos valorar como un avivamiento del interés ciudadano por los planes urbanísticos. Lamentablemente, cuando se indaga en los casos concretos, se comprueba que estas recientes "movilizaciones" ciudadanas contra planes generales en redacción obedecen casi sin excepción a intereses "patrimoniales" que, gracias a hábiles campañas demagógicas, han sido presentados como afecciones generalizadas: todos los propietarios, hasta los de un mínimo piso, van a ser perjudicados por el planeamiento que hace el Ayuntamiento. Parecen ya desaparecidas las motivaciones que presidieron los movimientos vecinales de la Transición (básicamente, de mejora de la calidad urbana de los barrios y de denuncia del urbanismo "desarrollista", causante de graves destrozos en la ciudad existente). En todo caso, estas muestras de "interés" por el planeamiento en elaboración no es en absoluto participación pública, pues en absoluto pretenden estos "activistas" colaborar en la toma de decisiones de ordenación y, en el fondo, mantienen la indiferencia ya descrita respecto de los asuntos urbanísticos (salvo en lo que les toca a sus intereses privados). Sin embargo, desde el punto de vista de los fines de la participación pública, tales actuaciones no son inocuas sino contraproducentes, porque refuerzan entre los promotores del planeamiento (especialmente en los políticos) la tendencia a soluciones simplificadoras (cuando no demagógicas), centrándose en los aspectos conflictivos (los destacados casi nunca con un mínimo de rigor por los medios de comunicación) y despreciando los restantes; incluso, en no pocas ocasiones, supeditando las decisiones sobre las cuestiones importantes (pero poco llamativas o "peligrosas") a propuestas "complacientes" de baja calidad. El resultado, desde luego, rara vez es coherente con los siempre repetidos objetivos y criterios del planeamiento.

   

Diez décimas de saludo al pueblo - Alfredo Zitarrosa (Mis Treinta Mejores Canciones)