Al Estado español el derecho a la vivienda le importa un carajo (pero no así defender a los bancos)

Nota previa: Recomiendo leer previamente el post del pasado 13 de diciembre.

En el recurso interpuesto por el Gobierno español contra la Ley andaluza de Medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, el abogado del Estado alega como el primero de sus motivos de inconstitucionalidad que la norma autonómica infringe el artículo 149.1.13 CE al poner en peligro la planificación general de la economía, que es competencia exclusiva del Estado. Apoyándose en jurisprudencia constitucional afirma que este título no limita las competencias estatales a las de planificación genérica (bases y criterios), sino también a la adopción de medidas más específicas para la ordenación de un sector concreto de la economía. Uno de ellos, el financiero, adquiere en la actualidad una importancia fundamental en nuestro modelo económico, por lo que el Estado se vio obligado en 2012 a adoptar una serie de medidas para su saneamiento, recapitalización y reestructuración, como condición imprescindible para lograr la recuperación de la economía. A consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, los bancos españoles acumularon una ingente cantidad de "activos problemáticos", cuyo notable "deterioro" explica en gran medida las graves pérdidas que muchos de ellos sufrieron. Ante esta situación, como una de las medidas básicas para la ordenación del sector financiero, en seguimiento de las instrucciones europeas del Memorandum of Understanding on Financial Sector Policy Conditionality firmado el 20 de julio de 2012, el Gobierno creó mediante la Ley 9/2012 la Sareb (banco malo), la compañía española con un 45% de capital público encargada de administrar y enajenar los activos procedentes de las entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Caixa, NCG-Banco Gallego y Banco de Valencia) y de las que han recibido ayuda financiera (BMN, Liberbank, Caja 3 y Ceiss). La Sareb se ha adjudicado, a "precios razonables", una gran cantidad de inmuebles, entre los que hay 55.979 viviendas (6.379 en Andalucía); la misión de esta compañía de gestión de activos es enajenar en el plazo de quince años estos inmuebles, vendiéndolos en los momentos adecuados para optimizar sus precios y obtener los máximos beneficios posibles.

Pues bien, establecida su premisa de que la gestión que lleva a cabo la Sareb es un pilar fundamental de la política económica exclusiva del Estado, el abogado del Estado pasa a sostener –basándose en un informe elaborado por la compañía– que los preceptos de la Ley andaluza interfieren en dicha actividad y pueden hacer peligrar la consecución de sus objetivos, lo que supondría que las pérdidas resultantes recaerían, en un 45%, sobre el sector público español. En primer lugar, por las sanciones que la Ley prevé a quienes incumplan la obligación de no dar habitación a las viviendas durante seis meses consecutivos; la razón que se alega es que este deber puede desalentar a los previsibles compradores que se prevé que sean empresas en su gran mayoría (es decir, se reconoce que la estrategia de la Sareb es seguir reforzando la concepción de la vivienda como recurso de inversión especulativa). Y, aunque no lo dice expresamente, también dificulta la gestión de la Sareb que se le impida mantener vacías las viviendas a la espera de la mejora del mercado. Por último, como al poseer créditos hipotecarios la Sareb puede aumentar su patrimonio inmobiliario por ejecuciones hipotecarias, también considera el abogado del Estado que perjudica a sus objetivos la posibilidad prevista en la Ley de que, en caso de desahucios a familias en situación de urgencia social, se expropie el uso de la vivienda durante un máximo de tres años. En definitiva, la norma andaluza "pone en riesgo una pieza clave de todo el proceso estatal de reestructuración del sistema financiero, como es la adjudicación a la Sareb de los activos tóxicos de las entidades de crédito que han precisado asistencia del FROB, para que aquélla los gestione y liquide con el menor coste posible para el contribuyente". De esta manera, concluye, la acción legislativa autonómica pone en cuestión una medida estatal adoptada en ejercicio de sus competencias exclusivas.

En mi opinión, es tremendamente discutible todo lo que ha hecho el gobierno español en lo relativo a este asunto de los bancos. Aparte de asegurarnos sin argumentos convincentes como si se tratara de un dogma (y lo es, de la religión neoliberal) que es del máximo interés para el bien público, aún a costa de empeorar servicios sociales, rescatar a los bancos, resulta más que cuestionable que una de tales medidas tuviera que ser la de socializar los riesgos que, en clara gestión imprudente, asumieron las entidades crediticias en su día. Pero aún aceptando –qué remedio– la creación del banco malo (que, por cierto, no mucho antes de constituirlo Rajoy había negado expresamente) me parece también inaceptable que pretendan que actúe exactamente con las mismas reglas especulativas y antisociales que rigieron durante el boom inmobiliario. Situación que resulta más escandalosa por el hecho de que la entrada de bancos "saneados" en el capital de la Sareb (La Caixa, Sabadell, BBVA) parece que ha sido no con dinero sino con la aportación de sus propios inmuebles. España es el país con más viviendas vacías de la Unión Europea (se calculan en 3,4 millones, el 14% del total), debido fundamentalmente a que el desmesurado crecimiento de la oferta en el pasado periodo nada tenía que ver con la demanda (ni en cantidad ni, sobre todo, en precio), sino con expectativas de beneficios especulativos. Es más que dudoso que el enorme parque de viviendas vacías pueda venderse alguna vez y mucho menos a lo que los optimistas gestores llaman "precios razonables", salvo en el muy improbable supuesto de que volvamos a creernos que comprar pisos es una inversión segura porque nunca bajan. En este marco, que el afán de la política estatal sea vender esos "activos" supone en cierto modo una "competencia desleal" frente al resto de operadores privados que también ofrecen sus viviendas. Pero, sobre todo, significa defender unas reglas de juego nefastas frente a la opción que habría sido mucho más defendible desde el bien común de constituir patrimonios públicos residenciales para acometer políticas sociales de vivienda. Hay que suponer que, en la mentalidad de nuestros gestores neoliberales basada en simplonas contabilidades que excluyen cualesquiera externalidades, este planteamiento es absolutamente inaceptable.

Así que vale, hay que gestionar los inmuebles para venderlos a inversores al mejor precio posible a fin de que el contribuyente español no tenga que apoquinar (y, de paso, bancos y otras empresas financieras sigan haciendo negocio; serán hipócritas). Pero es que incluso en ese planteamiento resulta muy exagerado decir que la obligación impuesta por la Ley andaluza de dar habitación a las viviendas impediría lograr la finalidad que persigue la Sareb. De hecho, cuesta entender que inconveniente ve la compañía gestora en poner en alquiler –por ejemplo– unos pisos que de momento no sólo no generan ninguna renta sino que su simple tenencia implica gastos (entre otros, la cuotas de comunidad que los bancos suelen tener por costumbre no pagar). Ciertamente, que una vivienda esté arrendada dificulta su venta, pero sólo si el contrato es largo y en la actualidad pueden hacerse por periodos cortos. La única explicación que se me ocurre es que si una parte significativa de esas viviendas tuvieran el uso al que por su naturaleza están destinadas se disminuiría la tensión especulativa y ello podría redundar en una (limitada) bajada de los precios de venta. En realidad lo que ocurriría no sería otra cosa que dejar funcionar la tan elogiada ley clásica de la oferta y la demanda que, en un mercado libre, hace que el precio se ajuste en el punto de equilibrio entre ambas. Si los precios de las viviendas bajaran respecto de los que ha pagado la Sareb a los bancos habría que concluir que las valoraciones correspondientes no fueron en absoluto "razonables" (algo que sospecho, dada la brevedad con que se hicieron y la más que probada tendencia de nuestro gobierno a favorecer a los bancos) y habría que pedir cuentas a los responsables. Pero, aún así, no me parece nada mal asumir desde el Estado un 45% de las eventuales y limitadas pérdidas sobre unas expectativas a cambio de dos beneficios muy relevantes. El primero, contribuir a la reducción del parque de viviendas vacías de este país y, sobre todo, a facilitar alojamiento a gente que lo necesita. El segundo, demostrar con los hechos que el dinero público –con el que se ha pagado el 45% de estos "activos"– no debe destinarse a especular (a mi juicio, tampoco el privado, por cierto) y menos con bienes de indudable interés social como es la vivienda. Lamentablemente, el capital predominante en la Sareb es privado y por tanto, en el actual marco de desregulación en el que se le deja campar a sus anchas, se opondrán frontalmente a cualquier veleidad "social" o "ejemplar" como la que apunto, defendiendo a toda costa el mantenimiento de un mercado especulativo en el cual las entidades financieras se han convertido en agentes ventajistas.

Y aquí radica la cuestión que quiero remarcar con este post y que me produce verdadera indignación y escándalo. Que sea el propio Estado –"democrático y social de derecho"– el que recurre contra una Ley que lo que pretende (con preceptos de sentido común, muy garantistas y nada "revolucionarios") es cumplir dos mandatos de la Constitución española –que los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y establezcan las normas pertinentes para impedir la especulación– me parece una vergüenza. Porque, haciéndolo, demuestra palmariamente que su objetivo no es sólo defender a los bancos antes que a los ciudadanos, sino también un sistema económico basado principalmente en la especulación financiera; el sistema, justamente, que ha sido el responsable de la crisis en que nos encontramos. Podrán decirme que estoy yendo demasiado lejos a partir de una sola acción (este recurso de inconstitucionalidad) pero para muestra un botón, porque no hay que buscar mucho para comprobar que esta es la línea de comportamiento que con toda congruencia viene manteniendo el gobierno. Estos señores, por mucho que hayan accedido al poder con plena legitimidad democrática, no representan a la ciudadanía, no tienen como prioridad de su actuación los intereses públicos sino los del capital financiero, del cual son meros lacayos. Como dije en el anterior post sobre este asunto, confío en que el Tribunal Constitucional rechace con contundencia este primer motivo de presunta inconstitucionalidad que alega el abogado del Estado (incluso debería afearle la desfachatez), porque de no ser así habrá que pensar que la injusta ideología neoliberal ha destrozado ya la separación de poderes, uno de los requisitos imprescindibles en una sociedad democrática. En tal caso, nos estarán diciendo ya sin tapujos (aunque bien que procuran no dar publicidad a asuntos como éste) que somos un rebaño al que están conduciendo al matadero. Y supongo que es lícito que, si nos damos cuenta de nuestro destino, nos resistamos para evitarlo. Antes de ello, procuremos echar al PP de las instituciones públicas que ha puesto descaradamente al servicio del capital financiero. La primera cita en pocos meses.

 
Crisis - Alaska y Dinarama (Canciones Profanas, 1983)