Los precios de los contratos públicos de planeamiento

En el contexto actual –exacerbado a través del ruido mediático– de que todo es corrupción, se está dando a entender al público profano que obtener un contrato de alguna Administración Pública es un chollo y, por tanto, abundan los chanchullos deshonestos en las adjudicaciones. Parece olvidarse que cuando una empresa o un profesional suscribe un contrato para la realización de un trabajo a lo que viene obligado es, justamente, a realizar ese trabajo, en contrapartida del cual ha de recibir el justo pago de sus servicios. Desde hace ya varios años, quienes ofrecemos nuestros servicios a la Administración venimos comprobando con estupor y angustia que los precios de licitación están en caída libre. Se me dirá que es consecuencia de la crisis, pues las instituciones han visto mermados sus recursos, pero pienso yo que ésta no es explicación suficiente. Tengo la sensación de que hay al menos dos factores más de naturaleza psicológica que influyen en este proceso. El primero, el dogma imperante neoliberal de que los precios los fija el mercado en el equilibrio entre oferta y demanda; como en los actuales tiempos la demanda de trabajo es altísima y la oferta escasa, siempre habrá suficientes dispuestos a currar a precios de risa (más bien, de llanto). El segundo, un miedo generalizado de los funcionarios que fijan los presupuestos a que los acusen de corruptos, a lo que se suma que, en una gran mayoría de los casos concretos, no tienen ni idea de cuánto cuesta hacer las cosas (estaría bien que midieran sus propias productividades); el resultado es la estúpida idea de que ese riesgo se minimiza cuanto más bajo fijen el precio. Al analizar presupuestos de licitación de encargos públicos que podrían interesarme, siempre me embarga la inquietante sensación de incomprensión: ¿cómo es posible que alguien haga lo que se pide por ese precio? Esas dudas las he despejado en algún caso concreto cuando he podido ver el trabajo acabado: normalmente una porquería que no valdrá para mucho. Claro que eso tampoco importa, porque en el ámbito que me muevo (redacción de planes urbanísticos en Canarias) hace ya tiempo que pareciera que la finalidad del encargo no es contar con un instrumento que resuelva problemas reales, que ordene el ámbito territorial de que se trate, sino simplemente cumplir un objetivo político meramente formal. Lamentable pero cierto.

Ahora bien, este gravísimo problema –para los nos dedicamos a este oficio– no es exclusivo del archipiélago. Gracias a la información que semanalmente me hace llegar el Colegio de Arquitectos puedo chequear los distintos concursos que salen en el conjunto del Estado y las conclusiones son siempre muy similares. Quiero coger como botón de muestra –para que no se me acuse de demagogo generalizador– un ejemplo muy reciente: el concurso que promueve la Agencia de Turismo de Les Illes Balears (ATB) para la contratación de los Servicios de redacción del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) de la Isla de Mallorca, publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares del 10 de marzo. El título me pareció interesante porque llevo unos cuantos meses implicado en asuntos de ordenación turístico-urbanística en Tenerife, así que lo estudié con algo más de atención que otros anuncios. Naturalmente, no tenía ni idea de lo que era un PIAT y tras leer el pliego de condiciones técnicas me he hecho una idea que, a los efectos que aquí interesa, puede resumirse en lo siguiente: exige un muy fuerte contenido de trabajo. Y es que el servicio comprende la totalidad de las fases tradicionales de formulación de planeamiento, desde la información urbanística (con intensos requerimientos), el Avance, un texto inicial que se somete, a información pública (durante la cual hay que prestar asistencia), informe ambiental y texto definitivo con memoria, normas, planos de información y de ordenación, documento de programación, gestión y fichas individualizadas de las actuaciones propuestas, estudio económico-financiero y de sostenibilidad económica, documento de evaluación ambiental estratégica y resumen ejecutivo. Pero es que además, también hay que ocuparse de la coordinación y seguimiento con las múltiples administraciones públicas y agentes privados implicados (algo que, por mi experiencia, lleva tanto tiempo como las labores estrictas de redacción). Según iba leyendo todo los que minuciosamente exige el Pliego y, teniendo en mente Mallorca y la importancia cuantitativa de sus ámbitos turísticos, me asustaba más: un asunto gordo, que pocos equipos pueden acometer y que supone una dedicación intensiva de tiempo y medios.

Tan relevante trabajo hay que realizarlo en treinta meses, en los que se incluyen los dilatados tiempos muertos no achacables a los equipos técnicos (y que los funcionarios que hacen los pliegos, pese a ser ellos o sus colegas los causantes de las excesivas demoras en los procesos de tramitación del planeamiento, siguen empeñándose en omitir, en absurdo ejercicio de autoengaño). Hay que decir a este respecto que el tema de los plazos es una de las más crueles y leoninas trampas de los contratos de planeamiento, que se resume en la práctica habitual de comprometernos (obligadamente) a hacer por un precio cerrado todo lo que nos manden hacer en un tiempo que puede alargarse muchísimo sin que los contratistas tengamos ninguna opción de cerrarlo. De hecho, eso es exactamente lo que nos ocurrió en un Plan General reciente en el que debíamos resolver las alegaciones e informes de las administraciones y preparar el documento para aprobación provisional por un monto total de cien mil euros; quien fijó el precio había estimado que sería un trabajo de unos cuatro meses y con un equipo reducido (aunque no lo puso en el contrato) y luego las cosas se complicaron –siempre se complican– y esa fase se alargó durante dieciocho meses y requirió obviamente de mucha más gente de lo previsto, sin que hubiera la más mínima "empatía" por parte de los funcionarios (en uno de los muchos informes que se intercambiaron en nuestro intento de resolver una situación económicamente desesperada se llegó a escribir que el precio al que resultara la hora de trabajo era jurídicamente irrelevante, lo cual, por muy exacto que sea, es también dolorosamente ofensivo). Así que, con estos antecedentes –que, repito, son usuales– pensaba que ese Plan para Mallorca llevaría más de treinta meses de trabajo y que habría que dimensionar los costes previendo tal alargamiento.

Ahora bien, en ese dimensionamiento es fundamental aproximar el número de horas por perfil profesional que se va a requerir. Como es lógico, de una primera lectura es casi imposible sacar conclusiones útiles, pero el propio pliego señala que, como mínimo, el equipo que se presente ha de contar con siete titulados diferentes (arquitecto o ingeniero, geógrafo, jurídico, ambientalista, economista, especialista en turismo y técnico en sistemas de información geográfica). No es un requisito exagerado, más bien al contrario; no me cabe duda de que el personal que haya de involucrarse en la redacción habrá de ser más numeroso. Pero, para hacer una primera aproximación, supongamos que estas siete personas con un 100% de dedicación serían capaces de llevar a cabo las distintas tareas que implica cumplir el contrato. Aclaro que los perfiles que no requieran en la práctica un 100% de dedicación quedarán de hecho más que compensados con las horas de otros profesionales que habrán de trabajar, por lo que la estimación que hago a continuación es más que probablemente "a la baja". Pues bien, si se cumple el plazo –que no se cumplirá– estamos hablando de un total de 33.600 horas-persona. Como ya he dicho, esta cifra está sin duda minusvalorada y, por una elemental prudencia, convendría incrementarla en un mínimo del 25% y dejarla en torno a las 42.000 horas de dedicación. Pues bien, ahora viene el palo: el precio de licitación (IVA excluido) es de 371.900 €, lo que supone un coste por hora-persona de 8,85 €. Si a esto añadimos que cualquier empresa profesional tiene unos costes distintos de los de personal que no bajan del 50% de éstos, la cifra anterior significa que el dinero que como máximo puede destinarse a retribuir el trabajo se sitúa en torno a 5,90 euros. Se trata, claro está, de una cantidad bruta, incluyendo los costes de seguridad social (que, en esos valores son siempre a cargo de los curritos, autónomos porque no da para contratarlos). Para decirlo más claro, el contrato que saca la Agencia de Turismo de Les Illes Balears se traduce en una retribución máxima anual a licenciados universitarios de 945 € brutos (y que cada uno se pague su seguridad social y sus otros gastos). Y con estos espectaculares honorarios se pretende pagar a profesionales "con conocimientos específicos acreditados en materia de planeamiento territorial y urbanístico, derecho urbanístico, de ordenación del territorio y medioambiental, planificación turística en el ámbito de la comunidad autónoma de les Illes Balears, y evaluación ambiental estratégica de planes".

Las estimaciones anteriores pueden hacerse de más formas. Por ejemplo, el 25 de octubre de 2013 se publicó en el BOE el XVII Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, cuya vigencia se extendía hasta el 31 de diciembre de ese año (no sé si habrá uno nuevo), y que fijaba el salario anual mínimo en contratos por cuenta ajena para titulados universitarios en 23.618,28 € y 1.800 horas, equivalente a un precio unitario de 13,12 €/hora (y, claro está, la empresa pagando la seguridad social). Es decir, que los baleares quieren disponer de los servicios de urbanistas expertos por un coste equivalente al 45% del salario mínimo. O, lo que es lo mismo, si la ATB montara una oficina e hiciera contratos laborales a ese equipo imprescindible de siete personas, con el presupuesto que ofertan (en el cual hay que incluir los costes de la seguridad social a cargo de la empresa), no llegaría para pagar dos años de sueldo mínimo según convenio colectivo. Por supuesto, nunca podrían contratar por el salario mínimo a titulados con la experiencia y conocimientos que requieren, con lo cual sacan un concurso para que se presenten en régimen de autónomos. No quiero ni mencionar los precios por hora que cobran en el "mercado libre" los bufetes de abogados y similares porque habríamos de multiplicar los que estoy manejando por 10 o más. Diré en cambio que cualquier empresita profesional como la mía, simplemente para mantenerse con retribuciones al personal lo más ajustadas posibles, necesita unos ingresos mínimos que no bajan de 35-40 € por hora de trabajador. Eso significa que, si nos presentáramos a este concurso para hacer el Plan turístico de Mallorca, podríamos ofrecer una dedicación de esos siete profesionales imprescindibles que como mucho llegaría al 22-25% del total de horas laborables durante 30 meses, porcentaje que iría bajando a medida que se metiese más personal. Claro que si pusieran esos porcentajes en la oferta al concurso, la mesa de contratación entendería –con razón– que con tan baja dedicación no se garantiza la ejecución del trabajo. Y acabo ya con los numerajos. A la vista del contenido y de los recursos profesionales que requiere el encargo, y en base a mi experiencia, en una primera aproximación ajustada a la baja como corresponde a estos malditos tiempos de austeridad (es decir, con retribuciones a los profesionales que no son ni de lejos "honorarios de expertos"), estimo que el precio mínimo por el que debería haber salido este Plan estaría en torno a un millón cien mil euros, más o menos el triple del presupuesto ofertado.

Después de este somero análisis –que imagino que es el que hace cualquiera cuando se plantea presentarse a un concurso de este tipo–, me asaltan muchas dudas y la principal de todas es si quienes han fijado este presupuesto se han tomado la molestia de calcular a lo que sale la hora de los profesionales que pretenden que les hagan el Plan. Estoy casi seguro de que no (porque la misma duda me surge respecto de los precios a que salen los trabajos de planeamiento en Canarias), lo cual revelaría una insultante frivolidad así como un desprecio implícito hacia el trabajo profesional. Es probable, de otra parte, que la adjudicación de este Plan esté ya pactada y que el equipo que vaya a realizarlo tenga ya hecho gran parte de su contenido porque, si no es así, no se entiende que alguien vaya a suicidarse presentándose. O a lo peor, sí, ya que parece que hemos aceptado sumisamente que la planificación urbanística es una actividad laboral por la que la hora se cobra a la mitad que si nos dedicáramos a la limpieza de viviendas u oficinas. A lo peor, a este concurso mallorquín se presentan equipos que ofrecen bajas en el precio y los funcionarios que lo hayan fijado se sonreirán entre sí al comprobar que no estaba tan mal calculado, e incluso pensarán que el próximo que hagan han de ajustarlo un poquito más. En cualquier caso, salvo que estemos ante el supuesto que me malicio de algún apaño, no me cabe duda de que el documento que resulte será de bajísima calidad: malgastar dinero público desde una errónea pretensión de salvaguardarlo. Y luego se tilda de populistas a ésos que dicen que lo que entiende el Gobierno español por "mejorar la competitividad" de las empresas españolas es ponernos al nivel de Bangladesh. Pues, duela a quien duela, los precios a los que está ofertando la Administración Pública los contratos de planeamiento son, en efecto, una vergonzosa muestra de explotación, a un nivel al que todavía no se ha descendido en el mercado privado. No ya por dignidad profesional, sino por mera cuestión de supervivencia, habría que hacerles entender números como los anteriores a los responsables políticos de este desastre.