La sentencia contra Garzón

Falló el Supremo condenando a Garzón como “autor responsable de un delito de prevaricación” en su actuación como juez instructor de una de las tramas del caso GURTEL e inmediatamente (en realidad desde antes) se han alzado multitud de voces apasionadas, en un sentido u otro. También el propio ya ex-juez ha hablado en una breve nota en la que rechaza la sentencia “por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada”. Afirma Garzón que en este proceso sus derechos han sido sistemáticamente violados, sus peticiones de defensa desatendidas y que se ha prescindido de los elementos favorables que le beneficiaban, impidiéndole aportar las pruebas que demostraban que contaba con contundentes indicios de que los abogados defensores de los imputados (a los que mandó escuchar) eran colaboradores en la continuación del delito de blanqueo de dinero. Añade además que tomó todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y que la propia sentencia no dice en ningún momento cuál es el daño producido a dicho derecho porque, sencillamente, no existe. Por último afirma algo que, si fuera cierto, es para poner los pelos de punta: que esta sentencia (sin razón jurídica ni pruebas que la sustenten) “elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España”.

En mi modesta opinión, más le habría valido a Garzón ahorrarse este comunicado, nada elegante, en el que se autoerige como víctima de una conspiración que, incluso aunque sea verdad que había muchos intereses en cargárselo, no es relevante en cuanto a la justicia o no de la sentencia. Tampoco me parece muy ético/estético que diga cosas que son claramente falsas o que impute al Tribunal que le han privado de sus derechos y negado pruebas a su favor. Tras leer la sentencia, lo primero queda manifiesto (sí se deja muy claro en qué consiste el daño que hizo al derecho a la defensa) y lo segundo resulta poco creíble, porque el texto va detallando (y desmontando) los argumentos de Garzón. Aunque, claro está, puede que haya en alguna de esas quejas tenga razón y para ello lo tanto tiene el recurso al Constitucional. Pero que lo demuestre y no lo afirme sin pruebas, dejando caer de paso que él es casi la única muestra de un poder judicial independiente. En fin, que gustosamente parece haber aceptado el título de mártir de la democracia que tantos clamorosamente le otorgan.

A Garzón se le ha condenado por haber ordenado grabar las conversaciones de los imputados por el caso GURTEL con sus abogados defensores que tuvieron lugar en los locutorios del centro penitenciario específicamente destinados a que los presos recibieran a sus letrados. Las comunicaciones entre los presos y sus abogados están reguladas por la Ley General Penitenciaria que, en su artículo 51.2, establece que “las comunicaciones de los internos con el abogado defensor ... no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”. El Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1994, eliminó toda ambigüedad interpretativa aclarando que las dos condiciones no eran exigencias alternativas sino acumulativas; es decir, que sólo en caso de terrorismo, podía un juez (y sólo un juez) ordenar la intervención de las comunicaciones entre los reclusos y sus letrados. No es creíble que Garzón desconociese que tal era la doctrina jurisprudencial y que, por tanto, estaba ordenando algo que iba contra literalidad de la Ley.

Sostiene Garzón que se cuidó personalmente de que su orden no menoscabara el derecho a la defensa de los detenidos, afirmación con la que, supongo, pretende decir que, aún saltándose la letra, preservaba el espíritu de la Ley que, en efecto, es la protección del derecho a la defensa. Pero, ¿puede un juez erigirse en interpretador de una norma tan taxativa que no admite interpretaciones? En su nota tras conocer la sentencia, Garzón viene a insinuar que sí, dando a entender que si un juez se atiene a la prohibición legal de intervenir se “elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad”. Si tal afirmación fuera verdad (que no lo es), la culpa de la situación no es de la reciente sentencia del Supremo sino de la Ley, a la que tanto el tribunal como el propio Garzón están sujetos. Pero es que, según va exponiendo prolijamente la sentencia (y a la espera que el ex-juez presente las pruebas en contra que, según él, no le admitieron en el proceso), las órdenes de Garzón sí menoscabaron positivamente el derecho a la defensa de sus imputados y, además, ni siquiera estaban justificadas en "contundentes indicios" de que los letrados colaboraban en el delito (afectaban a unos letrados que ni siquiera sabía quienes eran al ordenar las grabaciones). De hecho, el propio Garzón mandó borrar determinadas partes de éstas porque entendió que afectaban al derecho a la defensa, pero de ese modo sólo reducía los efectos del daño ya cometido (evitar que se pudieran usar como prueba en un juicio) a ese derecho fundamental, porque evidentemente la investigación en curso podía sacar ventaja de lo que habían escuchado. Hasta el Ministerio Fiscal, cuando se pronunció a favor de la intervención de las comunicaciones, solicitó que se excluyeran las de los presos con sus defensores, a lo que el instructor hizo caso omiso.

En fin, que leída la sentencia, me quedo con la impresión de que efectivamente Garzón prevaricó en el asunto por el que se le juzgaba y que ello queda demostrado con una exhaustiva y sólida argumentación, coherente con la jurisprudencia española y europea. Cuestión completamente distinta es si el hecho de imputar a Garzón obedece o no a una estrategia perversa para acabar con un juez molesto y poco dócil a los intereses del poder. Dos de las pruebas que Garzón solicitó y que fueron denegadas tienen que ver con esto. Pidió el ex-juez que se certificaran todas las sentencias de los últimos cinco años en las que se revocaran intervenciones telefónicas y que hubieran traído como consecuencia la imputación del juez que las ordenó; no hay ninguna pero, según el Tribunal, tampoco ninguna de esas intervenciones judiciales fue revocada por vulnerar el derecho a la defensa, que es de lo que se acusaba a Garzón. Además afirmaba que su orden fue prorrogada por el magistrado que le sucedió en la instrucción del caso. Pero, a mi juicio, de ninguna de estas afirmaciones se sigue que no cometiera prevaricación sino, a lo sumo, que no habría sido el único (al menos tocaría ahora imputar al instructor que lo relevó). En otras palabras, que hay indicios para presumir que en la imputación de Garzón pesaban factores de inquina personal contra él, que se le ha aplicado una vara de medir que no se aplica habitualmente, lo cual es evidentemente injusto. Pero, de ahí no puede afirmarse que la sentencia sea injusta, porque ésta debe valorarse a partir de la acusación. ¿Había indicios de delito para admitir a trámite la imputación a Garzón? Creo que sí. ¿La sentencia demuestra que los hechos probados constituyen delito de prevaricación? También creo que sí.

Garzón sabía desde hace mucho tiempo que era un juez incómodo, que muchos se la tenían guardada y, aún así, dio una orden que también sabía que tenía todas las papeletas para ser considerada ilegal. En mi opinión, él mismo facilitó la soga para que le ahorcaran. Que pueda haber otros que también hayan dictado órdenes que vulneran el derecho de defensa no debe significar que deje de juzgarse a Garzón, sino que también se juzgue a los otros. Ahora bien, de momento no sé de ningún otro juez (salvo el que sucedió a Garzón) que haya ordenado intervenir conversaciones entre un recluso y su defensor y lo que me parece preocupante es que don Baltasar dé a entender que ése, aunque prohibido por la Ley, es un medio indispensable para investigar un delito e impedir su continuación. A mi modo de ver, quienes claman contra la injusticia de esta sentencia están apoyando, probablemente sin ser demasiado conscientes de ello, o bien que se modifique la Ley (para permitir que el juez instructor pueda intervenir las comunicaciones imputado-defensa) o bien que ésta no sea de aplicación para jueces tan demócratas y progresistas como Garzón. Coincido con quienes dicen que la sentencia es una mala noticia para la democracia, pero por motivos distintos.