VOX y los MENAs

La normativa legal sobre extranjería (Ley Orgánica 4/2000 y su Reglamento) establece que cuando se identifique a un menor de edad no acompañado (MENA), éste será inscrito en un Registro y la delegación o subdelegación del Gobierno del territorio en el cual se halle el menor llevará a cabo el procedimiento para su repatriación al país donde se encontrasen sus familiares. Entre tanto se resuelve dicho procedimiento, la tutela del menor corresponde a la Comunidad Autónoma bajo cuya custodia se encuentre el menor. Si se acredita la imposibilidad de retorno del menor con su familia o a su país de origen, se le otorga una autorización de residencia. 

 

En su último programa electoral VOX proponía que todos los menores extranjeros no acompañados deben ser repatriados a sus países de origen de forma inmediata y, hasta que se implanten los protocolos y mecanismos suficientes, los centros de acogida de los mismos han de ubicarse alejados de núcleos urbanos para impedir conductas delicitivas que atentan contra la convivencia en nuestros barrios”. Lo de que se devuelvan “de forma inmediata” no deja de ser una expresión demagógica porque es evidente que no se puede detener a un MENA y expulsarlo hasta no saber a dónde; es necesario seguir un procedimiento que, entre otras cosas, garantice la salvaguarda de los derechos del menor, en cumplimiento de los acuerdos internacionales al respecto suscritos por España. De hecho, VOX mismo lo reconoce implícitamente cuando admite que ello debe hacerse en base a protocolos y mecanismos suficientes. Por tanto, por mucho cacareo contra la inmigración dirigido a captar votos, VOX no adopta una posición contraria al planteamiento básico de la vigente normativa legal. 

 

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 31 de diciembre de 2023 había en España algo más de 15.000 menores no acompañados, las tres cuartas partes de ellos de origen marroquí. No he conseguido encontrar datos completos sobre repatriaciones pero, en base a algunas informaciones parciales, cabe concluir que el número de los que se devuelven a sus países de origen es mínimo, inferior al 1%. El procedimiento administrativo de repatriación debe durar (según el Reglamento) un máximo de seis meses y lo resuelve el Delegado o Subdelegado del Gobierno, de acuerdo con el principio de interés superior del menor. La decisión ha de ser la devolución del menor a su país de origen o donde se encuentren sus familiares o que permanezca en España. Tampoco he encontrado datos sobre cuántos expedientes de repatriación se incoan y cuántos se resuelven y en qué sentido. Conociendo cómo funciona nuestra administración, supongo que solo sobre una pequeña parte de los menores se incoará y terminará el procedimiento; también supongo que, en los casos en que se lleve a término, la mayoría de las resoluciones serán de permanencia en España porque no estará garantizado el interés del menor en su país de origen. Estas suposiciones mías explicarían que la gran mayoría de los menores que llegan a España se queden en nuestro país y obtengan la autorización de residencia. 

 

Imagino que VOX querría modificar este procedimiento para lograr expulsar con mayor prontitud (“de forma inmediata”) al mayor número posible de los MENAs que entran en España. Ello implicaría reducir notablemente las garantías de defensión y, sobre todo, devaluar el principio del interés superior del menor, que es una de las piedras angulares de la convención internacional de los derechos del niño, suscrita por España. En mi opinión, ese camino no solo es éticamente rechazable, sino que en la práctica resulta inviable en un Estado de Derecho. Es decir, en el supuesto de que VOX llegara al gobierno de la Nación, estoy casi seguro de que no podría modificar la normativa legal para lograr su objetivo programático. De hecho, no he oído ni leído ninguna propuesta concreta de ese partido político en tal sentido. Sería muy interesante que las hiciera para poder discutir sobre su viabilidad real, lo que probablemente dejaría claro que las manifestaciones de VOX no tienen otra intención que exacerbar las bajas pasiones de sus simpatizantes. 

 

En cualquier caso, lo que es indiscutible es que un menor no acompañado que entra en España debe ser atendido por las autoridades, le guste o no a algunos y cueste lo que cueste. A mi modo de ver, le llegada de estos chicos a un país como el nuestro, en clara recesión demográfica, es un fantástico regalo que sería de tontos desaprovechar. La estrategia, por tanto, debería ser conseguir su integración en la sociedad española, formarlos y “hacerlos” españoles productivos, lo que contribuirá sin duda en beneficio del país, a un coste bastante menor del que conlleva el de un hijo de españoles. Los supuestos problemas de inseguridad que generan (con datos que intencionadamente se exageran) no son sino consecuencia, precisamente, de las deficiencias en las políticas de integración de estos chicos. Insistir en ello como hace VOX solo sirve para boicotear la integración, generando rechazo de los españoles de origen y, por tanto, al dificultar la integración, contribuir a agravar el problema que justamente denuncian. Abascal y su gente se convierten así en fieles seguidores de la máxima leninista de “cuanto peor, mejor” que, como es sabido, resulta muy útil a todos los que pretenden sacar provecho del río revuelto agravando los conflictos en vez de resolverlos. 

 

Finalmente, en referencia al debate reciente sobre el traslado de menores desde Canarias a otras Comunidades Autónomas, he de decir que me parece una vergüenza la posición de VOX (a la que hay que sumar la de JUNTS según las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras). El archipiélago acoge en la actualidad a más de 5.500 MENAs. Es de sentido común que el total de menores inmigrantes que España se ve en la obligación de acoger debe distribuirse equitativamente entre todas las CCAA, por ejemplo, en proporción a sus respectivas poblaciones. En mi opinión, ni siquiera se trata de solidaridad, no es un asunto de voluntariedad de cada territorio. La inmigración y las consiguientes consecuencias en cuanto a acogida y residencia son un tema estatal (el menor entra en España, independientemente de cuál sea la Comunidad en que lo haga) y, por tanto, no es aceptable que las CCAA tengan derecho a decidir cuántos acogen, sin perjuicio de que deban ser escuchadas. Puedo entender (que no compartir) que VOX quiera que se expulse a los MENAs, pero entre tanto se resuelven sus expedientes, lo que no es admisible es que se niegue a la distribución de los mismos en todo el territorio (aparte de que ello es contrario a sus repetidos cacareos sobre la unidad nacional). Solo puede explicarse, de nuevo, por la estrategia de esa formación política a agravar el problema, fomentando crisis humanitarias que hagan la situación insostenible (en este caso, en Canarias).