Urbanismo y perspectiva de género

A la Unión Europea le preocupaba que decisiones políticas que en principio pudieran parecer no sexistas tuvieran impactos diferentes en hombres y mujeres, a pesar de que dicha consecuencia ni se hubiera previsto ni deseado. Por eso, en 1997, siguiendo el acuerdo adoptado en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín (1995), La Dirección General de Empleo, relaciones Laborales y Asuntos Sociales de la Comisión Europea elaboró una Guía Metodológica para la evaluación del impacto en función del género. En febrero de 2002, los catalanes de la hoy extinta CiU presentaron en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. Era la VII Legislatura, la de Aznar con mayoría absoluta, durante la cual apenas hubo proposiciones de Ley elaboradas por grupos parlamentarios ajenos al PP que prosperaran, pero ésta sí lo hizo aunque se le introdujeran ligeras alteraciones. Así nació la Ley 30/2003, un breve texto que modifica dos artículos de la Ley 50/1997 del Gobierno para obligar a que tanto los proyectos de Ley como los reglamentos (ambos elaborados por el Gobierno del Estado) deben acompañarse de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establezcan en el correspondiente texto normativo. Esta obligación quedó consagrada en la siguiente legislatura (primer gobierno de Zapatero), por medio del artículo 19 de la tan cacareada Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Siguiendo la estela de la legislación estatal, el Parlamento de Canarias aprobó el 26 de febrero de 2010 la Ley Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, que dedica un capítulo a la “integración de la perspectiva de género en las políticas públicas” y, dentro del mismo, establece que en el proceso de tramitación de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes del Gobierno de Canarias, deberá emitirse un informe de evaluación del impacto de género de sus contenidos. Supongo que similares desarrollos legislativos habrá habido en el resto de Comunidades Autónomas de modo que, a estas alturas, es bastante probable que en la tramitación de cualquier instrumento jurídico en este país sea obligatorio elaborar un informe que evalúe el impacto de las medidas propuestas sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Qué duda cabe que ello estará suponiendo una mayor burocracia y alargamiento de los procesos de tramitación (máxime cuando, que yo sepa, todavía no deben estar muy claros los criterios metodológicos para incorporar la perspectiva de género en muchos ámbitos ni tampoco para informar al respecto), pero habrá que confiar que estos inconvenientes se compensan de sobra al permitirnos corregir eventuales efectos discriminatorios por razón del género que subyacían desapercibidos en las decisiones que inadvertidamente pensábamos adoptar.

A mi campo profesional –el urbanismo y la ordenación del territorio– también ha llegado la perspectiva de género, aunque de momento sin efectos prácticos relevantes. Dado que la práctica del urbanismo implica tomar decisiones sobre la localización de las actividades en el territorio y la forma y características de los espacios, tanto públicos como privados, es necesario tener en cuenta que las aspiraciones y posibilidades de acceso y uso del espacio son distintas entre hombres y mujeres y por ello, el propio proceso de elaboración de los planes, ha de enfocarse desde la perspectiva de género. Bajo estas premisas, distintas Comunidades Autónomas han publicado sus guías metodológicas, y Canarias no se quedó atrás, pues en 2005 publicó la suya “para la incorporación de la perspectiva de género en las agenda 21 locales y los planes de urbanismo”. Esta Guía contiene instrucciones técnicas para la incorporación de la perspectiva de género en tres instrumentos de planificación urbanística: los planes generales, los planes parciales y las ordenanzas municipales. Algunas de estas instrucciones son: que al resolver el concurso para la adjudicación de la redacción del plan se exigirá que el equipo técnico cuente con personal especialista en planificación y diseño urbano desde la perspectiva de género (supongo que habrá ya masters ad hoc) y que en la propuesta metodológica se incluyan criterios y objetivos de perspectiva de género; que se asegurará una participación igualitaria de mujeres en todos los procesos de consulta y toma de decisiones; que todos los análisis de uso de la ciudad y del territorio se desagregaran para reflejar la situación de la mujer (por ejemplo, diferenciar la movilidad por sexos); la evaluación de las alternativas de planeamiento se hará considerando los efectos diferenciados sobre las mujeres, etc … También hay algunas propuestas sobre el contenido sustantivo de las determinaciones de los planes que se califican “de género” pero que, en mi opinión, son criterios de buena práctica urbanística que deben aplicarse se tenga o no “perspectiva de género” (por ejemplo: “dar prioridad al transporte público, frente a la construcción de nuevas arterias de tráfico rodado rápido”). Lo cierto es que esta guía, pese al entusiasmo con que pretendió “venderla” su promotora, la entonces viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, no caló en el anquilosado ejercicio profesional de quienes a ello nos dedicábamos por estos lares ni tampoco fue tenida en cuenta por lo funcionarios en sus labores supervisoras sobre los instrumentos de planeamiento en tramitación. Como, contra lo que es habitual en Canarias, no se tradujo en disposición normativa vigente, pasado el revuelo inicial de su presentación (no exento de abundantes sarcasmos), fue progresivamente olvidándose su existencia.

En fin, lo cierto es que desde hace más de una década (cuando me tocó estudiar la guía metodológica citada) no había vuelto a toparme con este asunto de la perspectiva de género en el urbanismo, pero hace unos días, cual Guadiana que resurge, se me ha vuelto a aparecer y exigido un breve rato de lectura y reflexión. La Administración en la que trabajo está elaborando desde hace ya demasiados años un Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras de Telecomunicación (PTEOIT), cuyo objeto principal es reservar los enclaves concretos del territorio insular que deben ser reservados para que en ellos se dispongan las principales antenas de señales de telecomunicación. Se trata de un documento sencillo y que no debiera ser conflictivo, pero ello no es óbice para que la tramitación esté siendo un verdadero calvario burocrático rayano en muchas ocasiones (en muchos informes) en el surrealismo más absurdo. En la última etapa, algún jurista del Servicio Administrativo, apuntó que, aunque no esté claro que sea obligatorio, no sobraría pedir un informe de impacto de género al Cabildo, no tanto porque se creyera que el PTEOIT tuviera efectos diferenciados sobre las mujeres, sino para evitar que ante un posterior recurso, el Tribunal considerara el no haberlo solicitado como un defecto de forma suficiente para declarar la nulidad del Plan (hay una verdadera paranoia a causa la fiebre anuladora de planes de los Tribunales). Solo cuatro meses después de solicitado nos llega el informe que, de entrada, señala que convendría solicitarlo al Gobierno de Canarias, porque ellos (los de la Consejería de Igualdad) creen que el asunto excede de sus competencias –¿o de sus capacidades?– No obstante, nos dicen que valoran muy positivamente nuestra actitud, demostrativa de querer incorporar la perspectiva de género al planeamiento territorial y por eso han revisado el documento y nos hacen un par de recomendaciones: que utilicemos siempre un lenguaje inclusivo y que, al contar el resultado de las consultas realizadas durante la participación pública del plan, se desagreguen por sexo.

Lenguaje inclusivo viene a ser lo que también se denomina lenguaje no sexista. Hay cantidad de guías para hacer un uso inclusivo del lenguaje, mayoritariamente dirigidas al personal que trabaja en el sector público; se trata de documentos parecidos a las guías de estilo de los periódicos, que contienen recomendaciones destinadas a la normalización de la forma de hablar. Muchas de estas fórmulas (por ejemplo, la duplicación, en masculino y femenino, de los nombres) van poco a poco asentándose y hasta es posible que sean pronto, si no lo son ya, de naturaleza obligatoria (no recomendaciones). Sin duda el PTEOITT no está redactado en esta neolengua inclusiva y habrá que corregirlo; así, cuando dice que es objetivo del Plan garantizar la cobertura en toda la isla que permita a los usuarios de telefonía móvil la adecuada calidad del servicio, habrá que añadir “y a las usuarias”. De otra parte, los resultados de las consultas ponen de manifiesto que son de dos tipos: bien las de usuarios (y usuarias) que expresan las deficiencias de los servicios de telecomunicaciones o bien de operadores de estos servicios (empresas); francamente, cuesta entender en qué puede diferenciarse el discurso de cada sexo, tal como plantea el informe de la Consejería de la Igualdad.

En fin, habrá que hacer lo se nos sugiere aunque me permito ser muy escéptico con la utilidad de este trámite. No me parece que el Plan vaya a mejorar en nada siguiendo estas recomendaciones. Pero sobre todo me preocupa este camino que ya parece incuestionable. Si he de ser sincero, no estoy nada convencido de que este tipo de medidas contribuyan positivamente a la igualdad entre hombres y mujeres. Al margen del destrozo y afeamiento del lenguaje (algo que me duele especialmente), mucho me temo que esta insistencia en visibilizar el sexo (o quizá debería decir el género) es algo retrógrada y, desde luego, lo que hace es reforzar la diferencia de género, hacerla esencial: ante todo (antes incluso que personas) somos hombres o mujeres, y esta clasificación biológica predetermina lo que somos y nuestros discursos (en poco tiempo, el lenguaje no sexista deberá resolver cómo “incluir” a las personas transexuales). ¿No podría ser que la directora de Movistar en Canarias se opusiera a que se calificaran sus opiniones sobre las necesidades del sector como emitidas por una mujer? No sé, como he dicho, no termina de convencerme.

  
At seventeen - Janis Ian (Between the Lines, 1975)

Este tema de Janis Ian, publicado en 1975, habla de un pensamiento dominante que conduce a la degradación personal de la mujer y que, desde luego, va bastante más allá del lenguaje sexista (y no se corrige para nada con el lenguaje inclusivo). Han pasado cuatro décadas, pero dudo que las estructuras profundas en las que se ancla esta forma de pensar (aunque llamarlo así es erróneo porque justamente lo que no se hace es pensar) hayan sido removidas suficientemente. Educación, desde luego, pero también poner en crisis ciertos valores que siguen siendo considerados como tales por muchos (y hasta aquí puedo leer).