Demoler arquitectura

Alejandro de la Sota (1913-1996) fue uno de los más relevantes arquitectos españoles del pasado siglo. Durante sus más de cuarenta años de actividad profesional dejó edificios de notable valor artístico, ejemplos consagrados de obras de arte, pese a lo atrevido que parece hoy en día aplicar este término a las producciones arquitectónicas. Uno de estos inmuebles era la casa Guzmán, vivienda unifamiliar que se ubicaba en la urbanización Santo Domingo del municipio madrileño de Algete. Fue diseñada en los años setenta y enseguida se convirtió en una de las mejores referencias de la arquitectura doméstica, asumido con orgullo por su propietario, Enrique Guzmán, quien con frecuencia dejaba que pasaran a conocerla los estudiantes de arquitectura. Pero ese señor se murió y su hijo y heredero, que también se llama Enrique Guzmán, pensaba que la casa era fría, triste y además muy cara de mantener. Así que, inmune a su calidad arquitectónica, decidió demolerla y construir en su lugar un verdadero bodrio, una mole de tres plantas, fachada blanca y tejado de zinc (está visto que el buen gusto no se hereda). La masacre ha saltado recientemente a los medios de comunicación (cuando ya el adefesio está prácticamente acabado) sin que, que yo sepa, nadie advirtiera del asunto cuando se planteó (en el momento en que el actual propietario solicitara licencia al Ayuntamiento de Algete). Consumado el arquitecticidio todos se echan la culpa, aunque también bastantes voces reclaman el sacrosanto derecho del propietario de demoler la vivienda que para eso era suya.

De "Casa Guzmán" a "Bodrio Guzmán"

Naturalmente, a mí me parece una barbaridad que el actual propietario de la casa haya demolido una magnífica arquitectura (que la haya sustituido por ese bodrio espantoso no es sino un agravante al crimen). Ahora bien, lo cierto es que habría sido muy fácil evitarlo, hubiese bastado con que el Ayuntamiento (o, en su defecto, la Comunidad de Madrid) incluyera esta edificación, junto con muchos otras excelentes muestras de arquitectura contemporánea, en un Catálogo de Protección. Pero, por lo visto, no era el caso y, por lo tanto, el dueño estaba legitimado para derribar su vivienda y el Ayuntamiento, si el proyecto del nuevo edificio cumplía la normativa municipal, estaba obligado a concederle la licencia de demolición y obra nueva. En su página web, la Fundación Alejandro de la Sota, a propósito de la desaparición de este inmueble dice: “es el concepto de lo mío es mío y hago con ello lo que quiero. En Arquitectura, a diferencia de otras Artes esto es lo normal. Nadie se imagina que un heredero pueda destruir un cuadro o una escultura, quemar el manuscrito de un escritor. Nadie lo puede imaginar y tendría enfrente, además del peso de la ley, el escándalo de la sociedad”. Comparto la idea de que las obras de arquitectura no se valoran como otros productos artísticos; es más, me atrevería a decir que a la generalidad de la población no se le ocurre considerar la arquitectura doméstica y no demasiado antigua como arte; la Catedral de Burgos, sí, pero ¿esa casa Guzmán? Entrar a discutir qué es arte es meterse en arenas movedizas, así que ni lo intento. Pero sí me gustaría apuntar que quizá los arquitectos deberíamos hacer no poca autocrítica, reconociendo la parte de culpa que hemos tenido en el desprestigio creciente de nuestra profesión y, como consecuencia, de la propia arquitectura.

Ahora bien, a partir de la anterior breve cita, me parece interesante que nos preguntamos por qué no nos imaginamos que un heredero pueda destruir un cuadro o una escultura. En realidad, lo que quiere decir el autor de la frase es que ningún heredero destruiría una pintura o una escultura que estuvieran reconocidas como obras de arte, ya que es evidente que nadie se escandalizaría si decido romper la marina que pintó una tía abuela con más empeño que acierto o botar a la basura algún adefesio con ínfulas escultóricas. Pero el reconocimiento de un objeto singular (incluyendo un edificio) como obra de arte se hace a través de la pertinente declaración, catalogación o acto análogo de naturaleza legal, precisamente lo que no se ha hecho con la casa diseñada por De la Sota. Por eso no le cae el peso de la ley ni tampoco el escándalo de la sociedad (salvo del grupito de los que amamos la arquitectura). En otras palabras, cuando alguien derriba una obra de arquitectura de calidad ni le cae el peso de la ley ni provoca escándalo simplemente porque tal edificio no se reconoce ni legal ni socialmente como obra de arte.

Pero, no nos engañemos, la verdadera y última razón de fondo que explica que un heredero no destruya un Picasso y si un De la Sota es simplemente la económica. De lo que se deduce que, en la práctica, el valor artístico se traduce en incremento de precio. Imaginemos una sociedad culta, que valore la buena arquitectura. En tal utópico supuesto, ser propietario (o mero inquilino) de un chalet diseñado por Alejandro de la Sota estaría muy valorado. Supongamos, no lo sé seguro, que la casa tuviera 300 m2c (la superficie de la parcela sí la sé, unos 3.000 m2) y que el m2 se venda a 2.000 €. Teniendo en cuenta la depreciación por antigüedad, digamos que su precio de venta rondara los 400.000 €. El mamotreto que se ha construido fácilmente duplica la superficie construida por lo que el patrimonio de los herederos tras la demolición/obra nueva podría pasar a triplicarse; aún restando los costes de construcción (pongamos que entre 500 y 750.000 €), la operación sigue saliendo beneficiosa. Ahora imaginemos que el “valor artístico” se tradujera en doblar el precio unitario de venta (un factor ridículo comparado con la pintura, por ejemplo); entonces, a los herederos les saldría más ventajoso conservar la casa que demolerla. ¿Nos cuesta imaginarnos que el precio de un edificio dependa tanto de su valor artístico? Sí, claro que sí; en cambio, no nos escandalizamos de que eso ocurra en proporciones altísimas en la pintura o en la escultura. Conclusión: desde el punto de vista económico, la arquitectura no es arte; o dicho de otra forma: las consideraciones artísticas (salvo contadísimas excepciones) no influyen en la formación del precio de los inmuebles en el mercado inmobiliario.

Por tanto –y concluyo ya–, no disparemos contra los herederos porque simplemente han ejercido su derecho, derecho que, estoy seguro, la mayoría reclamaría para sí en caso de encontrarse en su situación. Mientras no estemos dispuestos a reconsiderar los límites de la propiedad privada (en este caso, de la propiedad inmobiliaria), si queremos preservar la arquitectura de calidad sólo tenemos una herramienta: exijamos a los ayuntamientos o comunidades autónomas que cataloguen los edificios que lo merezcan. Y, además, abramos el debate sobre si el Estado (en sentido amplio) debe compensar económicamente la consiguiente limitación del derecho de propiedad que supone proteger un edificio. Mientras no abordemos a fondo estas cuestiones (y estoy convencido de que no hay ninguna voluntad de hacerlo), me parece un ejercicio de hipocresía patética quejarse por las barrabasadas demoledoras de los nuevos propietarios, por más que yo también lamente dolorosamente la pérdida de esa maravillosa casa (la visité en 1985, por cierto).