Análisis del Auto del magistrado instructor Pablo Llarena Conde denegando reiterar una orden europea de detención de don Carles Puigdemont i Casamajó, que fue anteriormente retirada (2)

El análisis de esta coyuntura, confluye con la notoriedad que ha tomado su proclamada intención de restablecer el mismo gobierno bajo el que se declaró la llamada república catalana e impulsar con ese gobierno su implantación. Una voluntad que busca retornar al momento inmediatamente anterior a que, el Senado español, autorizara la aplicación del artículo 155 de nuestra norma fundamental, desactivando el único instrumento que se ha mostrado capaz de restablecer el orden constitucional.

Este segundo párrafo del Fundamento Segundo riza el rizo del enrevesamiento argumental que, congruentemente, se expresa con un no menor enrevesamiento gramatical, reafirmándome en mi convencimiento de que quien escribe confusamente es que piensa así, confusamente. Habla el juez del análisis de esta coyuntura y la coyuntura es, digo yo, que el prófugo Puigdemont desvele por adelantado su viaje a Dinamarca. Coyuntura es una de esas palabras feas que ha venido a ponerse de moda en los últimos años (ya quizá décadas). Naturalmente, Llarena la utiliza en la tercera acepción que de la misma recoge el DRAE –“Combinación de factores y circunstancias que se presentan en un momento determinado”– y, en mi opinión, más le habría valido escribir simplemente “circunstancias”. Ciertamente, el término tiene una acepción académica en el ámbito de la historiografía (parece que lo acuñó mi admirado Braudel), pero emplearlo en el lenguaje normal –en incluyo en éste el que debería ser propio del ámbito judicial– me parece incuestionablemente pedante. En fin, que si la coyuntura la conforman las declaraciones del expresidente, el análisis de ésta ha de ser lo que nos regala en el primer párrafo ya comentado; o sea, ese dislate que nos quiere presentar como razonamiento y que le permite concluir que el Puchi quiere que lo detengan.

Pues bien, el análisis del magistrado confluye con la notoriedad de las proclamaciones puigdemontianas. Y esas tan notorias proclamaciones son (1) que quiere volver a ser president, (2) que, de conseguirlo, presentará su nuevo gobierno como el restablecimiento del anterior, (3) que asumirá la previa declaración de la república catalana, y (4) que impulsará desde el gobierno su implantación real. La verdad es que yo no he escuchado a Puigdemont expresar unas intenciones tan concretas como las que Llarena señala. No digo que esa proclamada intención no sea verdad (a lo mejor Llarena conoce declaraciones que yo ignoro), pero de serlo me sorprendería porque el expresidente es un consumado experto de la ambigüedad: no hay manera de que pronuncie enunciados inequívocos. Como botón de muestra, hago notar cómo a la pregunta del Gobierno del Estado de si había o no declarado la república se las arregló para no decir ni que sí ni que no. T el ejemplo viene a cuento porque –como ya referí en este post– en la famosa sesión del Parlament del 27 de octubre pasado no se votó la independencia de Cataluña. Eso es algo que reconocen todos los que han analizado los hechos y con mínima formación jurídica. Sin embargo, en el entorno regido por las reglas mediáticas (titulares y eslóganes simplones) se sigue repitiendo como un mantra que el Parlament declaró la República catalana. Que un magistrado del Supremo asuma tal afirmación como un hecho (sin introducir la más mínima expresión dubitativa) me parece especialmente grave. Que ese magistrado, además, sea el instructor en el procedimiento contra los miembros del anterior gobierno catalán, multiplica la gravedad porque crea serias y razonables dudas sobre su independencia y neutralidad, tanto que no me extrañaría que fuera recusado.

Llarena, después de exhibir su conocimiento de las intenciones de Puigdemont, da una vuelta de tuerca y nos desvela la voluntad que subyace, que les da sentido: el taimado gerundense pretende desactivar el artículo 155. Los que somos bastante más ingenuos que el juez, los que carecemos de su preclara inteligencia, no nos habíamos dado cuenta de que, en efecto, si Puigdemont accede de nuevo a la presidencia de la Generalidad, volverá inmediatamente a subvertirse el orden constitucional en Cataluña. Y digo “volverá” porque Llarena da también por sentado que en Cataluña se había subvertido el orden constitucional, algo que está lejos de haber sido demostrado en ningún proceso judicial; de hecho, es uno de los asuntos clave que habrán de dilucidarse en la causa penal de la que él, precisamente, es instructor. Y da también por sentado que las medidas que impuso el Gobierno –con la autorización del Senado– eran las únicas posibles para arreglar la situación, cuando (que yo sepa) está aún sin resolverse el recurso de inconstitucionalidad que sostiene que las mismas no estaban amparadas por el artículo 155. Por último, incluso aunque Puigdemont hubiera declarado inequívocamente las intenciones que he enunciado en el párrafo anterior, incluso aunque hubiera manifestado explícitamente que pretende actuar, cuando sea president contra la Constitución, ello no legitima al Juez Llarena para concluir que lo va a hacer; mucho menos para tomar decisiones para evitar que lo haga …

Pero me estoy adelantando; ya llegaremos a ese punto. De momento, resaltemos que este maravilloso párrafo, joya de la argumentación jurídica que no me cabe duda de que será glosado hasta la saciedad en las facultades de Derecho de todo el mundo occidental, el magistrado suma, a su deducción de que Puigdemont buscaba ser detenido, otra conclusión sobre la voluntad de aquél. Es decir, en solo dos párrafos, Llarena nos expone que el expresidente quiere (1) ser detenido y (2) restablecer el gobierno destituido por el 155 para impulsar la declarada República catalana. Desde luego, es impresionante lo bien que conoce el magistrado el alma de Carles Puigdemont. Aunque dejémonos de sarcasmos: es más bien preocupante que un juez instructor exhiba tan endebles argumentos para elucubrar sobre las intenciones de un imputado, revelando no sólo sus carestías de raciocinio sino, sobre todo, sus prejuicios. En todo caso, el plumero ya está más que al descubierto: no es inocente dedicar un fundamento jurídico a las intenciones del imputado. Aunque muchos creamos que éstas no deberían haber influido en la decisión, ya veremos más adelante que son la base de le denegación de la orden de detención. Y también analizaré los argumentos de quienes aplauden la decisión de Llarena.