El robo de la Mona Lisa (II)





Boberías que se me ocurren ... ¿Me voy aclarando?





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Miroslav Panciutti
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Sin embargo, los dos amigos estaban entonces en mayor peligro; era obvio que las declaraciones de Piéret y su repentina desaparición les habrían de traer las indagaciones policiales. Así las cosas, André Salmon, crítico de arte del Paris-Journal y buen amigo de Apollinaire, les sugiere montar a través de su periódico otra historia de devolución de la estatuillas de Picasso, gracias a un anónimo poseedor arrepentido. La noticia se publica efectivamente el seis de septiembre, pero no basta para engañar a la policía que al día siguiente detiene a ambos artistas. Parece que Apollinaire, el primero en caer, delató a Picasso; pero éste le devolvió el favor con creces, negando conocerle y alimentando las sospechas sobre él. El caso es que el pintor fue puesto en libertad el mismo día, mientras que el escritor fue retenido casi una semana. Por suerte, sus pesares acabaron ahí; lo que no sé es si siguieron siendo amigos el poco tiempo que le quedaba a Apollinaire de vida (murió apenas siete años después, con sólo treinta y ocho años).
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Miroslav Panciutti
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Ha quedado ya definitivamente sentada, fuera de toda duda científica, la decisiva influencia de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), en el rápido calentamiento de la atmósfera terrestre. Antes incluso de la publicación del Cuarto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC en sus siglas inglesas), el Gobierno de Chipunia, consciente de la gravedad que sobre nuestra civilización tendrán los inminentes cambios climáticos, apostó decididamente por la lucha institucional contra lo que, en palabras del ex presidente yanquiano, es “la mayor catástrofe que jamás ha amenazado a nuestra especie”. Hace tres años, se promulgó la Ley 53/2005, contra el Cambio Climático y a favor del Desarrollo Sostenible; poco después, se constituyó la Agencia Chipuna de Seguridad Ambiental, cuya dirección fue encargada al prestigioso científico Anselmo Ruiz Fontecalda.
Con este calentamiento de la atmósfera política, el PICHi consiguió que se aprobase la polémica Disposición Adicional Primera de la Ley 53/2005, que establecía la “extra-legalidad” de las medidas que se adoptasen en la lucha contra el cambio climático. Las Órdenes ejecutivas del Director de la Agencia, siempre que se enmarcaran en las medidas en el Plan Estratégico de Seguridad Ambiental (PESA), no estarían sujetas a otras normas legales y ni siquiera podrían ser recurridas jurisdiccionalmente. Este carácter de Ley (y actuaciones) al margen del sistema legal se justifica someramente en la propia exposición de motivos en base a lo catastrófico del cambio climático. En el debate parlamentario algún diputado del PICHi trajo a colación, quizá algo cogida por los pelos, la USA PATRIOT Act, mediante la cual el presidente Bush, en 2001, restringió varios derechos civiles para poder garantizar la seguridad nacional y combatir el terrorismo. El terrorismo ahora es contaminar la atmósfera, declamó dramáticamente Aquilino Jambón, el más señalado ideólogo del nacionalismo chipuno, y combatirlo eficazmente es nuestro primer deber patriótico.
Las emisiones de gases de efecto invernadero en Chipunia ascienden a 13.500 kilotoneladas anuales, lo que supone un 46% de incremento respecto a la cantidades de 1990. Como es sabido, el Protocolo de Kioto establece que en 2012 se debe haber logrado una reducción de al menos el 5% en el total mundial de emisiones; esta cifra, no obstante, es un valor medio, que ha sido repartida por países atendiendo a sus situaciones de partida, toda vez que, las emisiones per capita pueden considerarse un indicador del grado de desarrollo. Por eso, en el reparto europeo, a Cascaterra le ha sido asignado un margen de crecimiento hasta el 2012 del 15% respecto a los valores de 1990, mientras que otros países mucho más desarrollados tienen que alcanzar en ese año límite cantidades de emisión sensiblemente menores a las de 1990 (Alemania, por ejemplo, debe reducirlas hasta el 21%). Ahora bien, la situación de Chipunia dentro del estado cascaterrano, presenta especiales singularidades derivadas, según el gobierno nacionalista, de un régimen económico de marcado carácter colonialista. Las emisiones per capita en Chipunia están en 6,75 toneladas por habitante anuales, frente a las 9,50 de media en el Estado. Para colmo, en la última década y media, los chipunos apenas han aumentado sus emisiones (en 1990 eran 6,40 toneladas anuales), mientras que la aportación media del Estado se ha incrementado en más de un 25%. La progresiva divergencia entre los niveles de emisión demuestran claramente la discriminación de la economía chipuna en el conjunto de Cascaterra. Con simples reglas de tres, Anselmo Ruiz Fontecalda argumentó que la evolución diferencial de las emisiones de GEI entre Chipunia y Cascaterra cuantifican meridianamente nuestro déficit de desarrollo respecto al Estado. Éste puede cifrarse, actualmente, en cinco millones y medio de toneladas de GEI.
Así que el PICHi se encuentra, gracias al muy mayoritario consenso político y social en Chipunia y a su hábil propaganda en el resto del Estado, en una posición de fuerza nunca antes vista en la corta (apenas veinte años) historia del partido. Los dirigentes nacionalistas, siempre desde foros ajenos al Gobierno, se explayan en declaraciones que suenan mucho a órdagos al Estado. El pueblo chipuno, ha llegado a decir Aquilino Jambón, no podría admitir ser cómplice de un Estado carente de la mínima responsabilidad ecológica; hemos soportado a lo largo de nuestra historia una continuada opresión colonial pero ésta ha de tener un límite, máxime cuando ese límite atañe a nuestra supervivencia como especie. Pero, al mismo tiempo que se suceden estos cacareos mediáticos, el gobierno chipuno ha empezado a dar algunos pasos, titubeantes todavía, bajo el manto (o con la excusa) de la lucha contra el cambio climático. Así, por ejemplo, ha firmado convenios de colaboración con otras Comunidades Autónomas e incluso con otros países para llevar a cabo actuaciones ambientales conjuntas, comprometiendo, antes de haberlas conseguido, las subvenciones que habrían de venir del Estado. Además, en aplicación de los mecanismos previstos en la Ley 53/2005 (los que calificábamos de “extralegales), se han adoptado ligeras medidas intervencionistas sobre algunas empresas privadas (todas multinacionales cascaterranas) que, de momento, han pasado desapercibidas.
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Estoy a las afueras de Rosedale, he caminado por la Highway 1. Las praderas pantanosas descienden hasta el Mississippi. Un armadillo se esconde entre los matojos. Busco la West Highway 8, hacia Pace. Quizá allí encuentre techo para esta noche.
Me enderecé y miré pero nada veía, sólo oscuridad. Sí, dije, eso es lo que quiero. ¿Pagarás el precio? No necesité que me dijera cuál; sólo quise saber el plazo. Serán diez años, respondió. Pagaré, susurré, Dios no atiende a los negros. Entonces un golpe seco me arrojó hasta la carretera, mi cabeza golpeó el asfalto. Un hilo de sangre manó de mi frente y trazó signos rojos que brillaron un instante para enseguida volatilizarse.
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Sin embargo, no pasa nada hasta enero de 1996, cuando el Consejo de Ministros aprueba una directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo volcánico, que ordena a los Gobiernos del Estado y de la Comunidad Autónoma que elaboren sendos planes y organicen sistemas de información, seguimiento y coordinación. Parece ser, no obstante, que en la práctica estas iniciativas no se mantuvieron con la constancia deseable y, en todo caso, no mejoraron la situación de descoordinación e indefensión que se sigue teniendo frente a una eventual erupción volcánica. Así las cosas, durante la pasada legislatura, y durante unos meses de cierta alarma social en esta Isla ante síntomas y rumores de que el Teide parecía con ganas de marcha, distintos representantes de las Instituciones Canarias iniciaron reclamaron al Gobierno del Estado actuaciones concretas en esta materia.
Yo no sé mucho del asunto, pero sí comparto una opinión que he oído por ahí y es la de que no hay suficiente conciencia pública de que vivimos en un territorio con vulcanismo activo. Si no hay suficiente conciencia en estas islas, no es de extrañar que mucho menos la haya en la península. Creo que es muy importante que se den todos los pasos necesarios para contar con la información y estrategias más adecuadas para prevenir y/o minimizar los riesgos; cualquier otra actitud sería la suicida del avestruz. Esta mañana me han hecho llegar otra petición por correo electrónico: que suscriba un manifiesto ciudadano que reclama la urgente e inaplazable creación del Instituto Volcanológico de Canarias en este 2008, Año Internacional del Planeta Tierra. Esta sí la he firmado, en primer lugar por evidente interés personal. Me permito pedir a mis lectores, aunque no vivan en Canarias, que también la apoyen. Gracias de antemano.
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Quien esto escribió es Sándor Márai (¡Tierra, Tierra! Salamandra, 2006. Pags 172-173). Quizá no podamos ser sinceros, no sólo escribiendo sino en la vida, y no sólo ante otros, sino incluso ante nosotros mismos. Así lo he sentido, al menos yo, muchas veces. Quizá sea vano esperar que algún día seamos capaces de pronunciar las palabras esenciales que, aunque ignoradas, ansiamos que nos desvelen a nosotros mismos. Pero, incluso convenciéndonos de ello (y no he llegado todavía a ese extremo), no hay ciertamente escapatoria: somos incapaces de callarnos.
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Miroslav Panciutti
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La capilla de Ronchamp, así como los terrenos sobre los que se asienta, son propiedad de la Association Œuvre Notre-Dame du Haut. Esta asociación se formó después la guerra con la finalidad de, sumando las indemnizaciones recibidas por los daños bélicos, reconstruir la capilla de peregrinación mariana que desde siglos hubo en ese lugar. Son ellos quienes encargan la obra a Le Corbusier y quienes, todavía en la actualidad, se han ocupado de la gestión y conservación de esta obra maestra de la arquitectura.
Parece ser que a los miembros de esta asociación se les ocurrió hace unos años invitar a un grupo de monjas a vivir junto a la capilla con la finalidad de reforzar el carácter religioso del lugar frente al excesivo predominio del turismo. Es verdad que ésta es la actividad fundamental que acoge el lugar, que atrae más de 100.000 personas al año (con un porcentaje muy significativo de estudiantes de arquitectura de todo el mundo), pese a que se encuentra a desmano de cualesquiera rutas turísticas. Según leo, sólo tres días al año se celebran actos de peregrinación religiosa. El propio Corbu, en la carta dirigida al obispo de Besançon en 1955 (imagino que al finalizar las obras), dice que ha buscado crear un lugar de silencio, oración, paz y alegría espiritual. Creo recordar vagamente, además, que ya en los años de su construcción se planteó al propio arquitecto la posibilidad de erigir en la colina un pequeño convento, idea que finalmente no cuajó.
Quiero pensar, en cualquier caso, que las mejores intenciones animaron a Jean-Francois Mathey, el director de la Asociación, a promover un proyecto de intervención en la colina de Bourlémont que, además de 12 celdas para monjas clarisas, comprende un nuevo centro de visitantes y un espacio de meditación para las religiosas. La propuesta de Renzo Piano se basa en el enterramiento de las nuevas construcciones en las faldas de la colina (que además es abundantemente reforestada), de modo tal que no son vistas desde la capilla ni interfieren con la visión de ésta. Resulta más que evidente que Piano plantea una intervención desde un absoluto respeto hacia la obra del maestro y, además, con exquisita y contenida calidad arquitectónica.
De hecho, en el mensaje que me llega y en la propia carta a la ministra francesa, no se cuestiona la calidad arquitectónica, sino que la intervención planteada pone en peligro la “sutil unidad entre la capilla y el sitio”, que fue una de las mayores motivaciones de Le Corbusier. A la vista del proyecto, uno se queda pensando que para los celosos guardianes corbuserianos de la Fondation, cualquier intervención en la colina pondría en peligro dicha unidad esencial, porque es difícil imaginar una alternativa más limitada y controlada en sus efectos sobre el conjunto arquitectura-lugar que la de Renzo Piano. Lo cual me lleva a pensar si “la conservación y salvaguarda de los inmuebles y lugares de nuestra memoria colectiva” (palabras de la solicitud a la ministra) han de pasar siempre por preservar la integridad original. No lo creo, como no creo tampoco que el mismo Le Corbusier mantuviese unas posturas tan inmovilistas respecto a los “monumentos”.
Por añadir una nota personal a este asunto, diré que con la capilla de Ronchamp mantengo desde hace más de treinta años una especial relación de amor. Durante la carrera fue objeto de un intenso trabajo de estudio (a medias con un querido amigo a quien volveré a ver en unos días) en el que desmenuzamos, como enamorados, todos sus detalles, recurriendo para ello, a muchísimos kilómetros de distancia, a cuantas fuentes podíamos encontrar (ojalá hubiese existido entonces internet). No me gusta hacer listas, pero es indudable que en la de mis gustos arquitectónicos, la capilla del Corbu se ha mantenido todos estos años en lo más alto. Hace relativamente poco tiempo, unos cinco o seis años, pude por fin conocerla "en persona". Nos desviamos exprofeso desde Estrasburgo para ir hasta ese pueblo perdido y subir por la estrecha carretera que llega hasta la cima. Durante ese último tramo del trayecto me sentía emocionado y así, emocionado y además gozoso, pasé las dos o tres horas que permanecí allí, mirando y remirando la capilla, por dentro y por fuera, tocando, sintiendo, pensando ... En fin, que fue una experiencia importante en mi simbología personal. Por eso, me resultaría muy fácil pedir a las autoridades francesas que no dejen que nada cambie y, sin embargo ...
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