Verificar trabajos pagados con dinero público

Una Administración Pública encarga un trabajo. Para no hablar en abstracto, lo haré sobre casos reales que conozco. Por ejemplo, encarga un inventario de las edificaciones existentes en un Parque Rural. A partir de la cartografía se estima que hay unos tres mil edificios. El adjudicatario del contrato debe recorrer el Espacio Natural y llegarse a cada uno de ellos, sacar una o dos fotos y rellenar una ficha con algunos datos básicos (estado de conservación, uso, ocupación, etc). Luego, en su oficina, ha de pasar la información a una base de datos geográfica (GIS) y completarla con algunos datos a obtener de la cartografía digitalizada mediante el ordenador. Es un encargo específico, que se integra dentro de los trabajos de formulación del Plan Rector de Uso y Gestión. La redacción de ese Plan la lleva a cabo la Administración Pública de la que hablo, los funcionarios; no obstante, algunas tareas específicas, como el inventario que he descrito, se externalizan.

Otro ejemplo, ahora de otra Administración, un Ayuntamiento, que está haciendo el Plan General de su municipio. Contratan a un equipo de seis personas para que digitalice y sistematice las alineaciones de la ordenación urbanística vigente. Para los profanos, la alineación es la línea que define el límite entre el espacio viario (público) y las manzanas urbanas, y por tanto, también el lindero frontal de las parcelas privadas. Es un trabajo pesado, porque se trata de delinear (a ordenador, claro) los trazos de un plan en papel y pasarlos sobre una nueva cartografía. El operador debe identificar cada tramo de alineación e interpretar el trazado vigente para decidir cómo lo dibuja sobre la cartografía más reciente. Esa decisión, además, debe hacerse constar en el GIS, rellenando dos o tres campos asociados a cada tramo (por ejemplo, si se afecta suelo privado, si la línea coincide con elementos reales, etc). También este trabajo es uno externalizado del conjunto de tareas de redacción del Plan General, cuya autoría corresponde a los funcionarios municipales.

En estas dos administraciones distintas hay dos jefas de servicio, ambas juristas, que opinan lo mismo sobre lo que deben hacer con los trabajos que contratan: una vez que los profesionales externos los entreguen deben verificarlos. Nada extraño, desde luego; los funcionarios deben garantizar que se hace bien el trabajo pagado con dinero público. El problema estriba en que ambas entienden que la verificación ha de ser exhaustiva y, en trabajos como los descritos, ello equivale prácticamente a volver a hacerlos, pero esta vez con personal funcionario. De hecho, eso es lo que ha hecho la jefa de servicio del Ayuntamiento: ha puesto a cuatro aparejadores a revisar todos los tramos de alineación digitalizados, uno a uno. Cuando no están conformes (o tienen dudas) con la solución adoptada por los profesionales externos hacen una observación que queda registrada en un nuevo campo de la base de datos. Los funcionarios municipales tienen bastante menos capacitación en el manejo de los programas GIS y también menos dominio del Plan General que los profesionales externos a quienes se encargó la digitalización. De hecho, aunque todavía no está acabado el proceso, estimo que las horas-persona que dedicará el Ayuntamiento a la revisión del trabajo serán aproximadamente el 150% de las que emplearon los profesionales. Como, de otra parte, el precio por hora que se paga a los funcionarios es aproximadamente un tercio más que el que resulta del contrato adjudicado, el coste de la “verificación” es el doble del de ejecución. Y esto, sin hablar del tiempo empleado y de otras “disfunciones” menores. Del primer ejemplo que he puesto no puedo decir gran cosa porque el encargo aún no se ha adjudicado. Pero es que, si se adjudica y luego hay que seguir el criterio de esta jefa de servicio, lo mejor sería que lo hicieran directamente los funcionarios. Naturalmente, como son bastante menor productivos (y más caros) que profesionales de la calle, saldría más caro, pero en términos globales se ahorraría dinero al evitarse la “verificación” concebida tal como lo he descrito.

Llevo toda mi vida profesional trabajando para o desde la Administración Pública (soy funcionario) y hasta hace los dos o tres últimos años nunca me había encontrado con personas que mantuvieran este criterio. Lo curioso es que estas dos funcionarias son absolutamente inmunes a cualquier argumentación que demuestra que, si las verificaciones han de ser exhaustivas, en vez de defender el dinero público se está aumentando desmesuradamente el coste de los trabajos. Y lo son, me explican, porque también lo son algunas recientes sentencias judiciales, que imputan a los funcionarios la responsabilidad personal de los trabajos externos que han validado. Por tanto, me dicen, para que la Administración dé el visto bueno a un encargo externo, un funcionario tiene que asegurar que todo su contenido, cada parte que lo constituya, es correcto. Una absoluta locura, un panegírico a la ineficiencia y, sobre todo, un motivo más para reafirmar a quienes están convencidos de que la administración pública no es más que una rémora y que, por tanto, lo mejor sería que no existiese o que tuviera la más mínima dimensión posible. Algunos de quienes así piensan, además, tienen motivos más que justificados, cuando han sido adjudicatarios de encargos públicos, los han realizado y, para cobrar sus trabajos, han tenido que esperar a que los funcionarios los “verificasen” y, tras un plazo superior incluso al que ello tuvieron, les exijan correcciones abusivas.