Un artículo del Financial Times sobre Podemos

En el Financial Times del pasado domingo 23 de noviembre, uno de sus redactores más prolíficos (que tiene el cargo de editor asociado), especializado en la economía de la Unión Europea, el alemán Wolfgang Münchau, publicó un artículo con el revelador título "La izquierda radical acierta en cuanto a la deuda de Europa". Adjunto a continuación una traducción propia de ese texto, pero antes déjenme que señale algunas impresiones personales sobre el mismo.

En primer lugar, la conclusión más obvia. Una firma autorizada de un periódico que desde siempre está claramente alineado con el "mercado capitalista" plantea como un hecho irrefutable en términos lógicos que la deuda de los países europeos es insostenible. Dicho de otro modo, sí o sí, la actual situación llevará inevitablemente a una quiebra en el pago de ésta. Sin embargo, los partidos del "sistema" siguen actuando como si ese futuro seguro no fuera con ellos, como si se pudiera continuar haciendo ver que no pasa nada. Seguir con las reglas impuestas del pago de la deuda equivale a aumentar las vías de agua del endeble barco de la economía europea y todos lo están viendo. Durante los casi tres años de gobierno del PP, con todas sus medidas de "austeridad necesaria", sólo la deuda pública ha pasado de 737.406 millones de euros a algo más de un billón en el último dato, y se prevé que se sitúe en una cantidad igual al PIB español a final de año (en torno a un billón cincuenta mil millones de euros). Para que se entienda: durante estos años de gobierno del PP la deuda pública española ha aumentado cada día una media de unos 285 millones de euros al día. Pero lo que hay que hacer es seguir pagándola sin discutir nada, aunque es más que evidente que en breve no se va a poder. (Habría que proponer una "derrama patriótica" para liquidar la deuda de una vez: que cada españolito pague unos 22.000 euros y ya está).

Pero lo que más me llama la atención del artículo es el "desconcierto" del autor ante el hecho –para él sorprendente– de que sean los partidos de la "izquierda radical" quienes propongan las medidas de actuación que dicta el sentido común para salvar la economía capitalista europea. Münchau da por sentado que Podemos es un partido de ultraizquierda (como los otros europeos con los que lo asocia); ahora bien, se supone que un partido de izquierda radical se define por unas propuestas dirigidas a acabar con el capitalismo, no a salvar el sistema económico. Para el redactor, las medidas que proponen los chicos de Pablo Iglesias son las que deberían de asumir los partidos del sistema, los que no son de ultraizquierda. Entonces, ¿por qué califica como tal a Podemos? Pues simplemente porque el adjetivo se ha convertido en una "verdad oficial", una especie de dogma que se acepta a priori sin necesidad de cuestionarlo. Subyace también en Münchau el temor –no soportado en ningún indicio razonable hasta el momento– de que, como estos chicos son de ultraizquierda, aunque digan que van a llevar a cabo los programas correctos, una vez en el Poder –los hagan o no– irán más lejos y nos conducirán a regímenes totalitarios de corte comunista. De ahí su casi desesperada reclamación a que sean los partidos tradicionales quienes, cambiando su sometimiento a las suicidas imposiciones del capital financiero, asuman estas medidas necesarias; no sólo para salvar la economía sino para evitar que lleguen al poder estos peligrosos radicales.

Lo anterior me recuerda una anécdota que le escuché hace pocos días a Alberto Garzón. Contaba el diputado de Izquierda Unida que un amigo suyo le había confesado que hace treinta años sus ideas en política económica le colocaban en una posición centrista o, como mucho, socialdemócrata, mientras que ahora le dicen que es un izquierdista radical, un peligroso comunista. Y sin embargo, le aseguraba esa persona mis ideas no han cambiado. Mucho de eso está pasando, lo que se ha movido, lo que se ha desplazado exageradamente hacia la derecha (por seguir usando una terminología tradicional) es la ideología dominante, el entorno político oficial, el que se impone para que sea asumido como dogma incuestionable; y es este entorno el que califica de "izquierdistas radicales" propuestas que no hace demasiados años eran sostenidas por sus antecesores. Sin más comentarios por mi parte, ahí va el artículo en cuestión.

La izquierda radical acierta sobre la deuda de Europa

Supongamos que usted comparte el consenso generalizado sobre lo que debe hacerse en la eurozona. Específicamente, más inversión pública y una reestructuración de la deuda. Ahora hágase la siguiente pregunta como ciudadano europeo: ¿a qué partido político ha de votar para que eso ocurra? Se sorprenderá al comprobar que no hay demasiadas opciones. En Alemania, el único que se acerca a un programa así es Die Linke, los antiguos comunistas, en Grecia sería Syriza y en España Podemos, que ha salido de la nada y está ya liderando las encuestas de opinión. Puede que a usted no le guste la izquierda radical, pero si vive en la eurozona y apoya esas políticas, es su única opción.

¿Qué pasa con los partidos de centro-izquierda de Europa, los socialdemócratas y los socialistas? ¿Es que no defienden esta línea de actuación? Suelen hacerlo cuando están en la oposición, pero una vez en el gobierno sienten la necesidad de convertirse en respetables, descubren que llevan el mercado en sus genes. Por ejemplo, François Hollande, presidente de Francia, ha justificado el cambio de orientación de su política económica política argumentando que la oferta crea la demanda.

Entre los partidos radicales que han surgido recientemente, uno a seguir con atención es Podemos. Todavía es joven, con un programa en construcción. Por lo que he leído hasta ahora, puede ser el que más se aproxime de todos los de la zona euro a un enfoque coherente de la gestión económica posterior a la crisis. En una reciente entrevista, Nacho Alvarez, miembro del equipo económico del partido, expuso su programa con una claridad refrescante. Este profesor de economía de 37 años de edad, asegura que la carga de la deuda española, tanto pública como privada, es insostenible y debe ser reducida; ello podría suponer alguna combinación de renegociación de las tasas de interés, períodos de gracia, reprogramación de los pagos y una quita. También dijo que el objetivo de Podemos no era salir de la zona euro, pero que el partido no admitiría la pertenencia a toda costa. El objetivo es el bienestar económico del país. A un observador extranjero, le parecería una posición equilibrada. No es así en España. El establishment teme que estas medidas conviertan al país en una versión europea de Venezuela. Sin embargo, es absolutamente cierto que si la deuda es insostenible se necesita reestructurarla; o que si el euro trae sufrimiento, es perfectamente legítimo cuestionar las políticas e instituciones de la eurozona.

Los partidos de centro-izquierda y centro-derecha están permitiendo que Europa se dirija hacia el equivalente económico de un invierno nuclear. La posición de Podemos reconoce una verdad elemental sobre la eurozona de finales de 2014: es un absurdo lógico para la moneda única entrar en un estancamiento y no reestructurar la deuda. Como no se hace nada para evitar lo primero, hay una probabilidad cercana al 100% de que ocurra lo último. Sin embargo, todavía hoy los gobiernos europeos siguen en el mismo juego de "prorrogar y fingir". A dónde conduce una estrategia tan miope lo muestra Grecia. Después de seis años de depresión económica, el gobierno se encuentra en una gravísima crisis política. Syriza lidera las encuestas, con bastantes oportunidades de llegar al poder en las próximas elecciones generales, probablemente en 2015. España todavía no está en esa coyuntura, pero Podemos podría impedir la mayoría absoluta de los dos mayores partidos (el Popular del primer ministro Mariano Rajoy, y el Socialista ahora en la oposición); podría obligarlos a formar una gran coalición al estilo alemán, convirtiendo al nuevo partido en la principal oposición. La situación en Italia es distinta, pero no menos grave. Si el primer ministro Matteo Renzi no consigue generar una recuperación económica en los tres años que le quedan de gobierno, el opositor Movimiento Cinco Estrellas se colocaría en la pole position de la carrera electoral; a diferencia de Podemos, éste sí es un partido verdaderamente radical, un firme defensor de la salida del euro. También lo son el Frente Nacional en Francia y Alternativa für Deutschland en Alemania.

Lo que Podemos todavía tiene que hacer es ofrecer una visión coherente de la vida después de una reestructuración de la deuda. Sería una buena idea que el partido se organizara a nivel de la zona euro más allá de su alianza con Syriza en el Parlamento Europeo, ya que es allí donde se toman las decisiones de política pertinentes. Una resolución de la deuda para España, por necesario que sea, sólo puede ser el inicio de un cambio más amplio de política económica. La tragedia actual de la eurozona es esa sensación de resignación de los partidos de centro-derecha y centro-izquierda, que permiten pasivamente que Europa derive hacia el naufragio. Y es especialmente trágico que sean los partidos de la extrema izquierda los únicos que apoyan políticas sensatas, como la reestructuración de la deuda. El crecimiento de Podemos muestra que hay demanda de políticas alternativas. A menos que los partidos del establishment cambien sus planteamientos, se ampliarán cada vez más las oportunidades reales para los del tipo de Podemos y Syriza.

 
Canción para naufragios- Patricio Rey y sus redonditos de ricota (Oktubre, 1986)

Ana Mato

En mayo de 2003, Jesús Sepúlveda gana con el PP la alcaldía de Pozuelo de Alarcón. Para entonces, ya llevaba unos añitos "colaborando" con Francisco Correa, casi desde el inicio de los contactos de Don Vito con el entorno más cercano al presidente Aznar, el llamado "clan de Valladolid" (estoy remontándome a finales de los noventa). La organización publicitaria de las citadas campañas electorales de 2003 fueron encargadas por el Partido Popular a una de las empresas del entramado Gürtel, lo que –además de sus efectos de financiación irregular– supuso una pequeña gratificación (apenas catorce mil euros) por sus gestiones para Sepúlveda. Una vez asentado el hombre en el sillón de alcalde, siguió la colaboración entre ambos amigos, hasta marzo de 2009 en que el marido de la ya ex-ministra de Sanidad dimite de su cargo al ser imputado. Según consta en el auto con el que el juez Ruz concluye las diligencias previas de una de las piezas separadas del caso Gürtel (época I: 1999-2005), durante estos años Sepúlveda recibió de Correa al menos setecientos treinta y pico mil euros en dinero negro, coches de lujo, viajes y distintos regalos. Tampoco es que lo necesitara, porque tanto él como su mujer tenían ingresos más que holgados, pero al fin y al cabo, a nadie le amarga redondearlos.

Ana Mato conoció a Sepúlveda mientras estudiaba Políticas en la Complutense, se casaron en 1983 (24 años ella, 29 él) y han tenido tres hijos, un varón y dos hembras. Desde la época castellano-leonesa de Aznar, ambos matrimonios eran muy amigos (se han apadrinado recíprocamente los hijos). Sin embargo, la situación afectiva de la pareja debió deteriorarse hacia finales de los noventa (tal vez la tercera hija, seis años menor que su hermana obedeciera a un "intento reconciliatorio", algo que tengo visto en demasiadas parejas y que rara vez da resultado). Parece que en el año 2000 los cónyuges se separan pero, sorprendentemente (aunque conozco un par de casos cercanos) siguen viviendo en la misma casa; cada uno haciendo su vida, eso sí. Para esas fechas, si bien Sepúlveda ya había estrechado su relación con Correa, probablemente aún no habría obtenido beneficiosos suficientemente jugosos; quizá –elucubro– esa amistad haya sido un factor más en los embroncamientos del matrimonio, a lo mejor a Ana no le gustaba nada ese tipo que, con el entusiasmo de su marido, se metía cada vez en su selecto circulo de amistades. Pero todo esto pertenece al ámbito de la intimidad de la señora Mato.

¿Por qué no se fue cada uno a vivir por su lado? Pues según dicen los allegados y dan fe los cotilleos mediáticos, porque la Mato es una persona muy religiosa, de buena familia y muy preocupada por proteger a sus hijos de 12, 10 y 4 añitos por entonces. No comparto en nada esa forma de pensar pero me abstengo de críticas (también conozco más de un caso); quiero decir que, en un ejercicio consciente de presumir la inocencia de Ana, estoy dispuesto a creer que desde ese momento ella dejó de enterarse de los manejos de su marido. Reconozco que cuesta, porque obviamente tuvo que ser testigo de los signos externos de lo bien que le iba a su ex –que aparezca un jaguar S-type en tu garaje a cualquiera le llama la atención– pero, si es cierto que ninguno se metía en la vida del otro, que incluso hasta voluntariamente se prohibían querer saber lo que hacía el cónyuge (y también sé de alguna situación similar), entonces puede admitirse que la Mato, aún sabedora del tren de vida de Sepúlveda, podía mantenerse ignorante de sus fuentes auríferas. Difícil empeño, sí, porque en ese plan aguantaron nada menos que cinco años y además guardando las formas ante el mundo. Por ejemplo, uno de los vídeos que más han repetido en estos días las televisiones es el de la pareja muy emperifollada en la boda Agag-Aznar (en la que también intervino el dinero sucio de Correa, por cierto), en el que dan la imagen de un matrimonio bien avenido cuando se supone que ya llevaban un par de añitos "separados".

En fin, que cada uno crea lo que quiera, pero lo cierto es que el juez Ruz, al no imputar penalmente a la ex-ministra pero sí considerarla partícipe a título lucrativo, entiende que Ana Mato ignoraba que los beneficios de que disfrutó (los viajes, la fiesta de cumpleaños de su niña, etc) procedían de negocios ilícitos (cita en el auto sentencias del Supremo que dejan claro que tal es una de las condiciones necesarias para exigir esta responsabilidad civil, que no penal). O para decirlo quizá con mayor precisión, el juez Ruz no ha encontrado pruebas suficientes para sostener que Ana Mato conocía durante esos años las actividades delictivas de su marido (lo que no descarta que aparezcan en las próximas fases del procedimiento judicial). O sea, que si nos preciamos de demócratas y creemos de verdad en la presunción de inocencia, apliquémonos el cuento y no acusemos a esta señora de corrupta. De momento, lo más pertinente sea calificarla de tonta, aunque se trate de una tontería voluntaria (el no querer saber) derivada de sus problemas de pareja. Porque parece, según leo en los cotilleos mediáticos, que ese mantener las apariencias por el qué dirán (y el bien de sus hijos, no lo olvidemos) la llevó a aguantar tragos bastante amargos, como que el presumido de su maridito se enamorara locamente de su jefa de prensa en el Ayuntamiento, una chica veintitrés años menos que él, con la que finalmente se fue a vivir en 2005 (a un modesto chaletito de 500 m2). Dicen también algunas fuentes que la relación con esta chica fue uno de los acicates que cambió el carácter del nuevo alcalde de Pozuelo impulsándole a meter cada vez mas la mano donde no debía. Cuando en 2009 se destapó la trama Gürtel la muchacha se dio el piro (curiosamente, el auto del juez ni la cita, aunque quizá debería considerarse también partícipe a título lucrativo) y dejó hecho polvo a Sepúlveda. Ay, el amor ...

En mi opinión, las circunstancias personales –hasta íntimas– de Ana Mato pueden llevarnos a entender que es injusto tildarla de corrupta y, por tanto, me parece un nuevo ejercicio sucio de hipocresía oportunista, esgrimir su ya cadáver político como arma acusatoria contra el gobierno. En todo caso, lo que sabemos de este caso sólo permite concluir que se trata de "salpicaduras" de una corrupción que enfanga al PP; feo es, por tanto, que los políticos de la oposición hagan bandera de esta mujer, abundando en el todo vale y desviando la atención de las cuestiones centrales porque tienen menos trascendencia mediática. Pero dicho esto, no hay que olvidar que como mínimo a partir de 2009 –cuando se destapa la trama Gürtel– y se conocen los manejos de Sepúlveda, ni Ana Mato ni el resto de sus compañeros de partido, incluyendo a Rajoy, podían ignorar lo que había pasado. Y aunque todos estuvieran convencidos de la inocencia de Mato, de que había sido completamente ajena a los negocios de su marido, es evidente que políticamente era una persona "quemada" (recuérdese el viejo adagio sobre la mujer del César). ¿Cómo puede ocurrírsele al presidente de un gobierno nombrar ministra a un personaje con estos antecedentes? Salvo que pensemos que con ello cumplía alguna deuda –en cuyo caso estaríamos sospechando que nadie era inocente–, hemos de concluir que Rajoy es soberanamente estúpido (tampoco la Mato parece un prodigio de inteligencia, desde luego). Dimitirla ahora, no por obligado deja de ser un reconocimiento de la tremenda torpeza política del PP. Si es que, como ya llevo diciendo desde hace varios posts, solitos se están cavando su propia tumba.

 
Ana- Los Saicos (¡Demolición! The complete recordings, 2010)

Esta canción se justifica en el post sólo por el título (para nada por su letra), pero me basta como excusa para presentar a un grupo rockero peruano de los sesenta. El tema es del 65 y se aprecian claramente las influencias de la moda musical entre los jovencitos USA de entonces (me recuerda a Paul Anka o Neil Sedaka), pero cantado en castellano, algo bastante raro en esos momentos y lugar.

Derecho de propiedad

Dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente; además añade que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. En un post anterior manifesté mi sorpresa de que una conferenciante considerara el derecho a la propiedad privada, junto con los de a la vida y a la libertad, como la triada básica de los derechos humanos. Para mí hay otros derechos humanos muy por delante del de propiedad privada e incluso, como le manifesté a Vanbrugh en un comentario, creo que hay que hacer muchos matices sobre qué contenido del derecho de propiedad, para entenderlo como fundamental. Cabe señalar que nuestra jurisprudencia constitucional ha distinguido entre derechos fundamentales y otros derechos constitucionales, reservando la primera categoría a los enumerados en la sección primera del capitulo segundo del título primero (a la vida y a la integridad física y moral; a la libertad ideológica y religiosa, a la libertad y a la seguridad; al honor, la intimidad y la propia imagen; a la libre elección de residencia y circulación; a la libertad de expresión y de creación; a la reunión pacífica; a la asociación; a participar en los asuntos públicos; a la tutela judicial efectiva; a la educación; a la sindicación), mientras que los de la segunda sección (derechos y deberes de los ciudadanos) tendrían un carácter –por decirlo de alguna manera– menor, no serían tan importantes; entre estos últimos está el de propiedad. En todo caso, discutir sobre la prelación de los múltiples derechos que tenemos (que se supone que tenemos) es bastante estéril. Lo cierto es que, con el grado de importancia que cada uno le dé, tanto por la DUDH como por nuestra Constitución (artículo 33), tenemos reconocido el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

La propiedad es la relación institucionalizada que se establece entre un poseedor y algo que es poseído. Cuando digo institucionalizada me estoy refiriendo a que es una relación reconocida socialmente, jurídicamente para ser más precisos. Yo soy propietario de algo sólo si se me reconoce tal relación con eso que poseo. Sobra decir que la institución de la propiedad es uno de los cimientos sobre los que desde tiempos inmemoriales se ha organizado la sociedad. Pareciera que el ser humano tiene una irrefrenable obsesión por vincular casi todo mediante relaciones de propiedad; casi diría que nuestra civilización siente un verdadero horror vacui ante cualquier cosa que carezca de propietario. Lo cierto es que, en la actualidad, el carácter sacrosanto de la propiedad privada está asumido por muchísimas personas, por la mayoría diría yo. Cuestionar en el plano teórico ese dogma es consecuentemente recibido como un sacrilegio laico. De hecho, son abundantes los ideólogos que sostienen que hay una especie de íntimo y esencial vínculo entre propiedad privada y libertad individual, de modo que atacar el derecho de propiedad equivaldría a atacar la libertad y dignidad del ser humano. Nunca me han resultado del todo convincentes esos argumentos porque, aunque puedan ser ciertos referidos a sociedades históricas concretas, no veo a esa vinculación ninguna necesariedad intrínseca; es más, puedo imaginarme sin apenas esfuerzo una sociedad en la que la propiedad privada apenas existiera y en la que, sin embargo, sus miembros fueran más libres y felices que nosotros. De otra parte, uno tiende a desconfiar de quienes sacralizan el derecho de propiedad cuando con frecuencia descubre que lo que en realidad están pensando es en el derecho que ellos tienen a hacerse con la mayor cantidad de propiedad.

Justamente, la cantidad de la propiedad es uno de los asuntos que a mí me hace recelar del derecho enunciado en términos universales. Porque, claro, en un mundo finito, la propiedad es justamente la institucionalización del reparto de las cosas (hasta hace relativamente poco, dentro del concepto de cosas cabían los seres humanos). Así, no pondría en principio objeciones a que se reconociese el derecho a la propiedad privada de los bienes que razonablemente necesita un ser humano para vivir adecuada y hasta holgadamente. Sin embargo, he de confesar que me repugna atribuir el carácter de derecho humano (y más si lo adjetivamos de fundamental) a que una persona tenga excesivas propiedades, muchísimas más de las que puede necesitar y usar. Me viene a la cabeza la célebre frase de Proudhon –la propiedad es un robo– y, pese a su intención provocadora, he de confesar que, en lo que se refiere a los grandes propietarios, pienso que es bastante cierta. No hace falta remontarse a los orígenes de las grandes familias terratenientes, cuyas extensísimas propiedades provienen siempre de descarados abusos basados en la fuerza. En nuestros tiempos, la propiedad es una institución tan fundamental porque está en la base del sistema económico; lo que mueve al sistema capitalista es la acumulación de beneficios, pero no olvidemos que estos beneficios son privados. O sea, que el motor de la actividad económica es el incremento de la propiedad de los capitalistas y esos imparables aumentos de las propiedades individuales son a costa de disminuir otras propiedades, de robar a otros –a los desfavorecidos, a los proletarizados– gracias a unas reglas de juego profundamente injustas y abusivas (por eso no me parece inexacto calificar el proceso como robo). Así que yo haría una primera objeción al sacrosanto derecho de propiedad: no deberíamos tener derecho a acumular propiedad, a incrementar nuestra propiedad sin ningún límite. Ya sólo por esto, soy un antisistema.

¿En qué consiste el derecho de propiedad, que uno sea propietario de algo? Tradicionalmente –es decir, según los romanos de los que seguimos bebiendo–, comprende tres facultades: el derecho de usar la cosa (ius utendi), el de aprovecharse de los beneficios que deriven de la propiedad (ius fruendi) y el de disponer de ella (ius abutendi). Si algo es mío, significa que puedo hacer todo eso; ahora bien, de acuerdo a las limitaciones legales que se supone que se establecen para supeditar la propiedad privada a la función social. Y aquí empieza otro problema que, a mi juicio, es intrínseco al propio reconocimiento de este derecho. Porque es evidente que ser propietario de algo no puede significar que uno puede ejercer esas facultades sin límites, ya que ello implicaría conflictos sociales permanentes. Como el equipo de música es mío y estoy en mi casa, lo pongo a toda su potencia de tropecientos watios; como el perro es mío, nadie puede impedirme que lo apaleé hasta matarlo; como este terreno es mío, construyo en él lo que me dé la gana ... No creo que nadie se atreva hoy a defender –al menos explícitamente– que el derecho de propiedad es absoluto. Sin embargo, cuando se empieza a delimitar el contenido preciso de cada derecho de propiedad –es decir, del derecho de propiedad sobre cada tipo de bien– surgen inmediatamente los disensos que revelan los dos enfoques extremos. De un lado, el de quienes priorizan ante todo la propiedad privada, como valor primigenio, y por tanto se resisten tremendamente a admitir limitaciones a sus facultades hasta que se demuestra argumentadísimamente que aquéllas son necesarias. De otro, quienes por el contrario entienden que el derecho de propiedad se legitima por su función social y, consecuentemente, el ejercicio de sus facultades es el que debe justificarse como favorable o, al menos, no lesivo al bien general. Ciertamente, entre ambos extremos puede haber cuantas posiciones se quiera; incluso he comprobado que una misma persona es capaz de manifestarse muy "privatista" respecto de unos bienes y muy "función-socialista" respecto de otro. Yo he de declarar que me sitúo más en el segundo enfoque, y lo digo porque tengo la intención de escribir sobre la "Ley reguladora del derecho a la vivienda" de Andalucía, contra la que nuestro recurridor Gobierno ha presentado recurso de inconstitucionalidad, y así ya voy dejando que adivinen por qué derroteros irán mis opiniones.

 
Private property - Ringo Starr (Stop and smell the roses, 1981)

Un Congreso poco transparente

El pasado martes 18, el presidente del Congreso, el popular Jesús Posada Moreno, emitió una Resolución que se incorpora al Reglamento del Congreso relativa al control y publicidad de los desplazamientos de los diputados. Como todos sabemos, esta medida pretende dar respuesta al cabreo público generalizado al enterarnos, con motivo de los viajecitos del presidente extremeño a Tenerife a ver una preciosa mujer con la que parece que mantenía una relación sentimental, de que nuestros representantes en las Cortes podían viajar por todo el territorio nacional sin necesidad de pedir autorización ni dar cuenta de nada. Durante la pasada semana, varios políticos de prácticamente todos los partidos han desfilado por los medios para declarar que, tal como estaban las cosas y por un mínimo sentido de transparencia ante los ciudadanos, entendían que la normativa se había quedado obsoleta y convenía reformarla para que cualquier gasto de un diputado con cargo al erario público pudiera conocerse por todo el mundo. Vamos, que aparentemente, a todos les parecía muy bien declarar cada uno de sus desplazamientos: cuándo, a dónde, por qué ...

No obstante, a la hora de la verdad, la reforma normativa ha resultado bastante parca. Ya lo anunció el señor Posada, diciendo que los diputados eran mayorcitos, responsables y honestos, y que él no estaba dispuesto a controlarles los gastos, amén de que opinaba que muchos de los desplazamientos debían realizarse con discreción y, por tanto, no le parecía apropiado que hubiera que motivarlos para que fuesen sufragados con dinero público. Ante estas declaraciones, uno se pregunta si Posada (y el resto de los dirigentes del PP) son conscientes del hartazgo de la ciudadanía ante estos comportamientos privilegiados o si, por el contrario, son tan estúpidos como para pensar que con arreglos cosméticos pueden reconducir ese estado de ánimo. Lo cierto es que la Resolución salió en la línea de lo dicho por el Presidente y parece que con el acuerdo del grupo parlamentario socialista, por más de que digan de que han aceptado la reforma porque es un paso adelante respecto a la regulación actual (ciertamente lo es) pero que a ellos les parece insuficiente y por eso van a publicar trimestralmente el detalle de todos los viajes de sus diputados. Débil excusa, a mi juicio, porque, dada la mayoría absoluta, el PP podría haber aprobado esta reforma sin su apoyo y así no se habrían vinculado a lo que parece una tomadura de pelo; y el negarse a avalarla no les impediría publicar voluntariamente sus gastos, tal como han prometido que van a hacerlo (ya veremos por cuanto tiempo).

¿Y qué dice la nueva norma? Que "el ejercicio de la labor política y parlamentaria debe ser libre sin que deba imponerse ningún tipo de censura o control previo, en forma de autorización, sobre la misma, más allá de los límites ya establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello no deben establecerse mecanismos de control o autorización previa en los desplazamientos, pero sí mecanismos de supervisión que involucren a las direcciones de los Grupos Parlamentarios en el aval de la realización de determinados tipos de desplazamientos, como ya se efectúa en los desplazamientos en vehículo propio dentro del territorio nacional. Sin duda es el propio Diputado quien debe utilizar de manera responsable los medios que la Cámara pone a su disposición. Pero en la medida en que esos medios son sufragados con recursos públicos, resulta conveniente reforzar las fórmulas o mecanismos de supervisión que, sin menoscabo al libre ejercicio de su labor política y parlamentaria, eviten desviaciones o abusos indeseables". Traducido: que al diputado el Congreso le paga todos sus viajes salvo los causados por motivos personales; si son desplazamientos entre su lugar de residencia o circunscripción y Madrid (o viceversa) no tiene que dar ninguna explicación, y si son para realizar actividades de naturaleza política (se entiende que se incluyen las propias del partido político) requerirán presentar un aval (de fecha previa o inmediatamente posterior) del grupo parlamentario al cual pertenecen. Nótese que basta con que el grupo parlamentario diga que el viaje de su diputado a tal sitio ha sido para realizar acti-vidades propias de su cargo, sin necesidad de que especifique cuáles han sido éstas y sin que, por tanto, podamos nunca enterarnos (salvo que así lo permita graciosamente el partido) de la justificación de ese u otro desplazamiento. No es que se exija mucha transparencia, me parece a mí.

Conste que estoy de acuerdo con la primera frase de la exposición de motivos de esta reforma light; es decir con eso de que no conviene establecer mecanismos de control previos a los desplazamientos de los diputados. En otras palabras, me parece bien que cuenten con suficiente autonomía para moverse con agilidad, sin necesidad de pedir permiso antes y someterse al enervante papeleo burocrático que ello implicaría. Que un diputado quiere ir a reunirse con un determinado colectivo porque le interesa conocer sus problemas ya que está trabajando en alguna norma que les afecta –por poner un ejemplo–, pues que encargue el billete de avión (en turista, eh) con cargo al Congreso sobre la marcha y sin decir nada, que haga el viaje y que vuelva a Madrid o a su casa; nada que objetar. Ahora bien, una vez de regreso, que rellene un formulario tipo en el cual detalle los actos realizados y justifique el por qué del desplazamiento, adjuntando las correspondientes facturas, y que todo eso lo entregue a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior del Congreso, para que este órgano valide los gastos. No me parece que sea una carga muy pesada ni desde luego nada que no se haga con absoluta naturalidad en cualquier otra esfera laboral. Naturalmente, no deberían ser sufragados por el Congreso los viajes motivados por intereses del partido político.

¿Por qué no han hecho una reforma en este sentido? La única explicación que han dado –apenas desarrollada– es que los viajes de los diputados muchas veces deben ser discretos, sin que el público se entere del objeto o los interlocutores de los actos a los que van. Cuesta entender (y más en estos momentos) qué reuniones deben ser secretas y, lo que es más, deben mantenerse como tales una vez celebradas. Es inevitable pensar que, si hemos de ignorar lo que hacen los diputados, no serán actuaciones muy dignas (pienso inmediatamente en los centenares de reuniones de algunos eurodiputados para negociar con multinacionales el futuro tratado comercial con los USA, asunto al que dediqué recientemente un post). Pero es que, como escuché el otro día a la parlamentaria madrileña de Izquierda Unida Tania Sánchez, si un diputado quiere tener una reunión secreta que se la pague él, porque una condición elemental para sus gastos sean sufragados por el erario público habría de ser que pueda justificarlos con pelos y señales. En fin, que vuelvo a la pregunta que me hice más arriba: ¿cómo pueden ser tan estúpidos –los del PP pero también los del PSOE– para no darse cuenta de que no es así como pueden contrarrestar el cabreo de la ciudadanía? Por el contrario, con medidas como ésta, lo único que logran es reforzar la idea generalizada de que son unos privilegiados, que actúan a espaldas de los ciudadanos y que no están dispuestos a someterse a un control mínimamente serio de éstos. Es decir, perseveran en cavar su propia tumba, en aumentar la posibilidades de éxito de quienes acopian el descontento.

 
Tutti vogliono viaggiare in prima - Ligabue (Fuori come va?, 2002)

Imputados

En teoría –es decir, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia al respecto– cuando un juez admite una denuncia contra una persona determinada debería ponerlo inmediatamente en conocimiento de ésta. En principio, esta norma parece absolutamente congruente para garantizar la tutela judicial efectiva que es uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Imagino que cualquiera preferiría enterarse de que le han puesto una denuncia lo antes posible y no que, sin decirle nada, la policía, el fiscal y/o el juez se dediquen a investigarle a sus espaldas. De hecho, como sabemos por las pelis americanas los que casi nada sabemos de derecho penal, es habitual que los policías que investigan un delito se dediquen a conseguir el mayor número posible de pruebas para montar la acusación; pero eso lo hacen antes de llevar el caso al juzgado. Desde el momento en que se presenta ante un magistrado, si éste admite la denuncia, debería inmediatamente imputar a la persona. A partir de ese momento, en que hay un imputado (o varios), se inicia la instrucción judicial.

Así las cosas, estar imputado dista mucho de ser acusado del delito; ni siquiera me parece lícito presuponer que esa persona sea culpable por el simple hecho de que la hayan imputado. Lo único que debería significar es que el juez ha tenido conocimiento de la posibilidad de que haya cometido un delito y, consiguientemente, inicia un proceso de instrucción en el que ha de estar presente con todas las garantías el imputado para, al final de éste, concluir si hay que procesarle o no. Sin embargo, con la que está cayendo, el hecho de que imputen a un político ya significa para la gran mayoría de ciudadanos que es culpable. Algunos partidos, en un bobo afán de presumir tardíamente de éticas intachables, salen ahora con que hay que dimitir si a uno le imputan o que en sus listas electorales no admitirán ningún imputado. Teniendo cuenta que la actividad de cualquier cargo público implica necesariamente moverse en ámbitos en los que siempre se puede sospechar la comisión de un delito, basta que tenga enemigos (que siempre los tendrá) o que el juez que le toca se sienta proclive a "luchar contra la corrupción" para que haya altas probabilidades de que le imputen, aunque luego resulte que no haya bases suficientes para sostener la existencia del delito y se archive el caso sin llegar al procesamiento.

Somos –los españoles– gentes de muy "mala follá", nos encanta creer que los otros (especialmente los políticos) son unos chorizos y delincuentes; debe ser que nos reconforta. Desde luego, lo de la presunción de inocencia no son más que palabritas políticamente correctas que en absoluto interiorizamos, lo cual dice muy poco de nuestras convicciones democráticas. Y también dice muy poco de las convicciones democráticas de los dirigentes políticos que ahora reclaman la estigmatización de los imputados. Y, para ser justos, no hay que mirar sólo a los partidos de siempre –carentes casi de cualquier autoridad pues hasta ahora han exhibido muy poco interés por el asunto– sino también a estos chicos nuevos que tantas ilusiones despiertan. Pablo Iglesias, tras ser elegido secretario general, manifestó tajantemente que cualquier imputado de Podemos será expulsado de forma inmediata. Este tipo de declaraciones son una muestra más de que se dice lo que la gente quiere oír (demagogia), renunciando a la obligación moral que tienen los representantes públicos de hacer pedagogía.

Con lo anterior no quiero decir que el que a alguien lo imputen sea irrelevante. Pero en vez de dar por sentado que es culpable, deberíamos tomarnos la molestia, de enterarnos de los hechos denunciados que han llevado al juez a estimar que cabe la posibilidad de la existencia de un delito para formarnos una primera opinión: cuán "acusadores" son los hechos, cuál es la naturaleza del posible delito, etc. Bien es verdad que muchas veces el auto de imputación es ya muy convincente, lo cual plantea un tema polémico que es el de las diligencias previas que ha realizado el juez antes de imputar. Es decir, le llega la denuncia y, en vez de hacer la imputación que proceda, el magistrado se dedica a investigar al imputable sin su conocimiento; por ejemplo, es relativamente frecuente que ordene pincharle el móvil para ver si le pilla alguna conversación que dé más firmeza a la imputación. Por supuesto, estas prácticas de los jueces son "legales" pero, en mi opinión, rozan el fraude de ley, al poner en entredicho el derecho a la tutela judicial.

En fin, que sin duda hay en España muchos corruptos, pero no caigamos en el entusiasmo típico de las cazas de brujas. Moderemos los ciudadanos nuestra natural tendencia a condenar de entrada. Preocúpense más los jueces por garantizar la tutela judicial y resistan las tentaciones de abusar de medios poco éticos así como de vanidades justicieras. No se suban con tanta alharaca los políticos a carros demagógicos para colgarse absurdas medallas de moralidad, máxime cuando la mejor manera de convencernos de su honestidad es actuando antes de que los asuntos lleguen a los Tribunales; ¿o acaso pretenden que nos creamos que ni se les había pasado por la cabeza que el compañero de partido al que conocen casi íntimamente estaba choriceando? Y, además de todo esto, dótense de medios y personal suficiente al paupérrimo sistema español de administración de justicia, porque los procedimientos han de resolverse con muchísima más celeridad.

 
Not guilty - Bo Diddley (Bo Diddley is a Lover, 1961)

Las "primarias" de Podemos

Como todo el mundo conoce, el viernes pasado a las 23:59 finalizó el proceso electoral interno de Podemos para configurar sus cargos organizativos, a saber: secretario general, los 62 miembros electos –porque hay 18 que acceden por otras vías, además del secretario general– del consejo ciudadano (el órgano ejecutivo de dirección política), y los 10 –5 titulares y 5 suplentes– de la comisión de garantías democráticas (una especie de órgano de fiscalización interna). Las votaciones se desarrollaron a través de la web del partido durante los cinco días laborables de la pasada semana y podía votar cualquiera que se hubiera inscrito. Pese a que había más de 250.000 inscritos, sólo votaron 107.488, o sea, en torno al 42%. Bien es verdad que difícilmente puede decirse que haya habido casi un 60% de abstención, porque inscribirse no significa ningún tipo de compromiso con el nuevo partido. Más significativo a efectos de aproximar el número de "miembros" (por analogía con los partidos tradicionales) me parece el de colaboradores económicos, que asciende a sólo 15.364 personas (con una media de 25,28 €). Desde luego, cifras muy inferiores al número de afiliados que pagan cuota en el PP (unos 100.000), el PSOE (unos 200.000) o incluso Izquierda Unida (36.000), pero ya veremos como evolucionan las cosas a medida que se vaya consolidando como partido político.

Si comparamos este proceso electoral con las primarias del PSOE del pasado julio –sólo votaron los militantes: unos 128.300, apenas un 20% más que los que han votado en el proceso Podemos– parece lícito concluir que, como afirmó Pablo Iglesias, el número de los que han participado es significativo, y mucho más si tenemos en cuenta el escaso tiempo que llevan en la escena política. Otro aspecto relevante es lo fácil que era presentarse como candidato: bastaba con el aval de alguno de los círculos, que es la el elemento mínimo de la organización territorial del nuevo partido, muchos de ellos poco más que un grupito de gente más o menos ilusionada. Así se presentaron unos 1.300 candidatos para 73 puestos, una barbaridad. El votante podía chequearlos todos, uno a uno, e incluso conocer algunos breves datos de su biografía y motivaciones. No es que se sacara mucha información, pero hay que tener en cuenta que la práctica totalidad de los candidatos carecían de todo antecedente "político", caras nuevas y como tales, hojas casi en blanco. Por supuesto, si bien la mayoría de los candidatos se presentaban agrupados en listas (había 30), éstas eran abiertas; es decir, uno podía "desplegar" una lista y elegir a los candidatos de la misma que quisiera o también (mucho más cómodo) dar el voto a la lista, lo que equivalía a seleccionar a todos los incluidos en la misma.

En teoría pues todo muy democrático, aunque los resultados no han reflejado la diversidad que cabía esperar ante la multiplicidad de listas y candidatos. La lista "Claro que Podemos - Equipo Pablo Iglesias" ha conseguido los tres plenos: secretario general, los 62 miembros del consejo ciudadanos y los 10 del comité de garantías. Y no sólo eso, sino que por una abrumadora mayoría de votos. Pablo Iglesias ha conseguido casi cien veces más votos que el siguiente candidato a secretario general (95.311 frente a 995); el que menos votos de su lista ha conseguido para el consejo ciudadano ha logrado el 73,62% frente al 5,23% del más votado de cualquier otra lista; y algo mayor todavía es la distancia entre el menos votado del equipo de Pablo Iglesias para el comité de garantías y el que le sigue. La conclusión es bastante obvia: aunque algunos pocos han votado a candidatos sueltos, la inmensa mayoría ha votado listas (en concreto la de "Claro que Podemos"). Es decir, se daban todas las posibilidades para que fuera una elección abierta pero lo cierto es que ha resultado cerradísima.

Desde luego, sería injusto echar la culpa al modelo electoral diseñado. Estaba cantado que iba a ganar el equipo de Pablo Iglesias por la sencilla razón de que los pocos que se conocían eran de esa lista (recuérdese que algunos otros con cierta popularidad, como Echenique, optaron por no presentarse). En mi opinión, existiendo tanto desequilibrio de partida, habría sido una buena (y democrática) medida que se hubiera puesto alguna limitación al número de personas que podían presentarse en una lista (por ejemplo, no más del 50% del total de miembros del órgano colegiado correspondiente). Así, el equipo de Pablo Iglesias habría sacado sin duda la mitad del consejo ciudadano y del comité de garantías, pero las otras dos mitades las habrían cubierto personas de otras listas (de hecho, sólo la lista de "Claro que Podemos" presentó 62 y 10 candidatos). Creo que más o menos de ese tipo eran las críticas al proceso de Echenique. Sin embargo, aunque existe la posibilidad (y tentación) de que rodeado exclusivamente de sus fieles Pablo Iglesias tienda hacia el autoritarismo interno (lo que ya se han apresurado a declarar algunos maledicentes hablando de "elecciones a la búlgara", comparación absolutamente fuera de lugar), lo cierto es que el propio sistema organizativo interno cuenta con muchos más mecanismos que en cualquier partido tradicional para evitar que eso ocurra (aparte del propio modelo electoral, la posibilidad de consultas revocatorias con sólo el 20% de los inscritos en Podemos).

En fin, veremos cómo evolucionan. De momento, ya son un partido con organización central y un equipo suficiente para empezar a trabajar en la elaboración de propuestas concretas, de medidas de gobierno que puedan defenderse ante el futuro electorado (porque, ciertamente, en la entrevista que le hizo Ana Pastor el domingo por la noche, Pablo Iglesias no fue capaz de dar una sola respuesta concreta). Parece que es verdad que están ello e imagino que durante los próximos meses empezarán a aparecer estas medidas. Les es imprescindible porque decir que "podemos" vale durante un tiempo, pero hay que completarlo explicando "cómo podemos". A una música que parece que ha ilusionado a muchos hay que ponerle pronto la letra.

 
Disculpe el señor - Joan Manuel Serrat (Utopía, 1992)

El negociete que tengo montado

Hace ya bastantes años que tengo montado un negocio fantástico. Un amigo mío, un tipo muy rico pero que es un desastre con las finanzas y también algo tonto (ahora que no nos oye), está siempre necesitado de liquidez para sus muchos y cuantiosos gastos. Yo me dedico a prestarle dinero, y lo hago, como buen tiburón que soy, cobrándole un interés según la fiabilidad que en cada momento me ofrezca su capacidad de pago. Hace un par de años, como el tío estaba muy apurado, le puse unos intereses bastante altos que, la verdad sea dicha, he ido poco a poco bajándoselos. En todo caso, el tipo cada vez me debe más; de hecho, para liquidarme la deuda actual tendría que gastarse prácticamente todo lo que ingresa en un año. Hace algunos años el porcentaje era bastante inferior, ni siquiera llegaba a la cuarta parte de sus rentas anuales. Confieso que algo he tenido yo que ver en que mi amigo se haya endeudado tanto; al fin y al cabo, es parte de mi cometido profesional pues ¿de qué viviríamos los prestamistas si la gente no se endeudara?

Por ejemplo, he convencido a mi amigo de que es bueno endeudarse, que no importa que la deuda suba tanto porque, al fin y al cabo, para eso están los largos plazos de devolución. Y es que el tener dinerito contante en el bolsillo da muchas alegrías y anima a gastar, sin preocuparse demasiado de si se está derrochando en caprichos. Claro que también he tenido que vigilarlo porque por momentos se ha pasado y peligraban los pagos periódicos que tenía que hacerme. Así que un día tuve una conversación seria con él. Le advertí que había de reducir los gastos, apretarse el cinturón como suele decirse y, sobre todo, conseguí su promesa solemne de que lo primero era pagar todos los meses las cuotas pactadas de la deuda. Aunque tu familia pase hambre, aunque no tengas para el recibo de la luz, porque si no lo haces no te doy un duro más, y sabes que tampoco ningún otro lo hará. Tuvo que ser un plato amargo para el hombre, pero aceptó, aunque desde luego no se lo consultó a la familia (habrían puesto el grito en el cielo, claro).

Supongo que hasta ahora no os habré sorprendido con mi negocio; al fin y al cabo, el de prestamista es un oficio de toda la vida, por muy mala prensa que haya tenido en otras épocas. Se presta el dinero y a cambio, a lo largo de un tiempo pactado, se recibe el capital más los intereses. Hay que arriesgarse a que te salga un moroso (se supone que ahí está la justificación del interés), pero afortunadamente ese riesgo es hoy bastante pequeño, si eres lo suficientemente hábil para convencer a tu deudor de que cumplir contigo debe ser su objetivo prioritario. En ese convencimiento no todo son argumentos; no tengo inconveniente en admitir –sin entrar en detalles– que dispongo de bastantes recursos de dudosa moralidad para lograr que mi amigo pase por el aro; pero, ¿qué importa la moralidad cuando se trata de ganancias?

Pero no es sólo en mis métodos –que, por otro lado, son los habituales hoy en día– donde radica el verdadero chollo del negocio, no. Verán, resulta que mi amigo pertenece a un club también de gente rica. No crean, le costó bastante que lo aceptaran y ahora se siente tremendamente orgulloso de codearse con los otros socios, tanto que por nada del mundo estaría dispuesto a irse; es más, cree que si no estuviera en ese club su vida se convertiría en un infierno. Por eso mi amigo paga las cuotas del club religiosamente, igual que hace conmigo. Pues bien, el tesorero del club es un buen colega mío –quiero decir que se dedica también a esto de prestar guita–. Así que hemos llegado a un acuerdo para que me pase efectivo a medida que lo necesito y tiene el detalle de cobrarme un interés bajísimo, simbólico, mucho menor, desde luego, que el que yo le cobro a mi amigo.

En resumen, que mi amigo le pasa dinero al tesorero del club, éste me lo presta a mí a bajo interés y yo se lo hago llegar de nuevo a mi amigo a un interés más alto. Es decir, que mi amigo se presta dinero a sí mismo y paga mis beneficios en la operación, mientras yo no arriesgo ni un euro. ¿Es o no un chollo? Pero es que no acaba ahí la cosa. Cuando hace un par de años hice algunas operaciones que me salieron mal y perdí un pastón (que tampoco era mío, pero eso es irrelevante), mi bueno y tonto amigo le pidió dinero al tesorero del club para salvarme el culo. Ya me lo devolverás cuando puedas, me dijo ingenuamente, pero lo importante es que sigas prestándome cuando te lo pida.

Pero no vayan a creer que todo es de color de rosa. Últimamente, negros nubarrones se otean en el ambiente amenazando el chollo. Resulta que, como consecuencia de las apreturas que le impuse a mi amigo, su familia se ha venido cabreando. Yo solía ir con frecuencia por la casa y hasta hace poco prácticamente todos me hacían caso cuando les contaba que la situación era así porque era así, algo inevitable como tantas cosas en la vida; que había que tener resignación y paciencia porque es sabido que tras las vacas flacas vienen las gordas. Sin embargo, notaba que cada vez tenía menos predicamento, sobre todo entre los hijos más jóvenes. Y el asunto ha empeorado mucho, tanto que ahora me tengo que ver casi a escondidas con mi amigo, sin que se entere el resto de la familia.

Lo cierto es que en charlas amistosas con mis colegas, alguno ya había advertido que a lo peor nos estábamos pasando con nuestra forma de hacer las cosas, pero nunca creí del todo que la indignación creciente de la familia de mi amigo pudiera llegar al extremo de poner en riesgo mi negocio. Por suerte, mi amigo sigue fielmente todos mis dictados y ni se le pasa por la cabeza cuestionarlos. Pero el otro día me enteré de que la mayoría de los hijos está pensando en incapacitarle y asumir ellos la administración de las finanzas familiares; cuando lo consigan parece que comentan entre ellos que revisarán a qué obedece la cuantiosa deuda y pretenden obligarme a renegociarla. Naturalmente, no voy a permitirlo, qué se habrán creído esos niñatos.

 
Deudas - Los Bunkers (Barrio Estación, 2008)

TTIP

Desde el fin de la Guerra Fría (justamente acabamos de cumplir el cuarto de siglo desde la "caída" del Muro de Berlín), la Comunidad Europea y Estados Unidos han planteado diversas iniciativas para liberalizar las relaciones económicas entre ambos bloques, sin que hasta la fecha hayan alcanzado los objetivos que se proponen sus impulsores. La última iniciativa, declarada por el presidente Obama en el Discurso del Estado de la Unión de 12 de febrero de 2013, consiste en suscribir entre ambas partes una Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés). Al día siguiente, el Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso anunció conversaciones para la negociación del acuerdo. Gracias al mismo, dicen sus partidarios, se incrementarán sensiblemente los intercambios de bienes, servicios y capitales entre ambas partes (que, en todo caso, ya son enormes), constituyéndose el área de libre comercio más grande la historia (se estima que cubriría el 46% del PIB mundial) y generando un significativo crecimiento de la economía. Nuestro respetado ex-presidente Aznar, en el pasado campus de verano de la FAES –ese brillante laboratorio de ideas–, aseguró que se trata de "la más importante iniciativa que tiene la Unión Europea sobre la mesa, por no decir la única, de grandísima importancia en términos comerciales y transcendencia en términos estratégicos y políticos. Nos aclaró además que no estamos tan sólo ante una medida económica, sino que lo que en realidad subyace es una "ambiciosa y deseable visión política para fomentar los valores atlánticos de democracia, libertad e igualdad". ¿No es maravilloso? Y fíjense que yo, como probablemente muchos de ustedes, apenas me había enterado de esta prometedora iniciativa que tanto ha de contribuir a la felicidad mundial.

Bueno, tampoco hay que extrañarse de que el TTIP no sea tan conocido como merece porque lo cierto es que sus promotores están demostrando una extrema "discreción". El 14 de junio de 2013, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE acordó en Bruselas unas Directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América que remitió a las delegaciones que habían de ocuparse de poner a punto este Tratado. Estas directrices fueron clasificadas como restringidas, rogando a todos los destinatarios de las mismas que trataran el documento con el especial cuidado requerido por las normas de seguridad pertinentes, ya que su divulgación puede ser perjudicial para los intereses de la Unión. Sin embargo, el periódico digital alemán ZeitOnline filtró el 27 de febrero de este año 45 páginas de ese documento así como de la postura de la UE, advirtiendo a la opinión pública que las implicaciones del futuro Tratado son tremendamente importantes para la ciudadanía y, por lo tanto, no pueden negociarse secretamente. De hecho, sin entrar en ningún juicio de valor sobre el contenido de esas Directrices, no deja de ser sorprendente que cuando tanto se habla de transparencia como criterio básico de la actuación de gobierno, resulte que los máximos órganos ejecutivos de la Unión Europea puedan adoptar decisiones que no se publiquen, que se oculten a los ciudadanos y sus representantes parlamentarios. Sólo muy recientemente (el pasado octubre), después de la filtración y tras corroborar que en varios países europeos distintos movimientos comenzaron a organizarse para protestar contra esta iniciativa, nuestro democrático Consejo europeo desclasificó ese documento. Así que ahora conocemos lo que se decidió hace casi año y medio, pero todavía no de forma oficial (aunque también ha habido algunas filtraciones) el grado de avance y los contenidos de las negociaciones entre europeos y estadounidenses.

En realidad, el Acuerdo que se está negociando no es tanto entre Estados como entre las grandes multinacionales y las dos entidades políticas (USA y UE); dicho de otra forma: de lo que parece que se trata es de que en ambos espacios políticos haya bastante más homogeneidad en cuanto a las "reglas de juego" y, naturalmente, que esas "reglas" sean las menores posibles. Esta conclusión deriva no sólo los retazos de contenido que se han filtrado, sino también de lo que había ocurrido antes del anuncio en febrero de 2013 del "inicio" oficial de negociaciones entre los dos bloques. En la Cumbre UE-EE.UU. de 28 de noviembre de 2011, se decidió crear un Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento (HLWG), impulsado por Ron Kirk, Representante de Comercio de los Estados Unidos, y Karel De Gucht, Comisario de Comercio de la UE. Durante el año 2012, los miembros de ese Grupo mantuvieron más de un centenar de reuniones a puerta cerrada con los grandes empresarios europeos y norteamericanos (lobbies químicos, la coalición de la industria farmacéutica, la industria de armamentos ASD, la asociación de banqueros británicos, etc), a los que invitaron a señalar qué barreras reguladoras deberían ser suprimidas en la futura Asociación. Cuando en marzo de 2013, alertado, el Corporate Europe Observatory (CEO), un equipo sin ánimo de lucro con sede en Bruselas que se dedica a la investigación y a la organización de campañas sobre las amenazas a la democracia, la igualdad, la justicia social y el medio ambiente que supone el poder económico y político de las grandes empresas, pidió que se informase sobre el desarrollo de las actividades del HLWG, la Comisión Europea respondió que dicho Grupo no contaba con miembros identificables y que no había listas disponibles de los participantes en las reuniones o en la elaboración de los trabajos, en clara contradicción de las propias normas europeas sobre transparencia. Finalmente, a resultas de la presión, la Comisión publicó algunos de los documentos elaborados por las empresas, si bien fuertemente censurados (con partes borradas sobre las que aparece escrito a mano "NOT RELEASABLE"). Estas partes "no relevantes" fueron ocultadas –según responsables del HLWG– porque contenían opiniones de los grupos de presión privados, cuyo conocimiento público podía tener un impacto negativo sobre los intereses de la economía. Pese a este nada ejemplar comportamiento, en diciembre de 2013, el comisario De Gucht publicó una carta en The Guardian en respuesta a un artículo de George Monbiot (conocido escritor y activista inglés), en la que aseguraba textualmente que la acusación de que los trabajos en curso se estaban llevando en secreto era "cosa de risa", porque cada paso de esas negociaciones había sido anunciado públicamente y extensamente difundido en la prensa. A mi modo de ver, una descaradísima muestra de desvergüenza cínica.

La progresiva movilización de la opinión pública que empezó a organizarse en toda Europa a partir del primer trimestre de este año (aunque todavía este asunto dista mucho de haber alcanzado la difusión que merece) ha venido obligando a los políticos a soltar con cuentagotas información y a pronunciarse con enfáticas declaraciones huecas (sin contenido concreto, quiero decir) sobre las bondades de la futura Asociación. Así, por ejemplo, en nuestro Congreso se debatió en junio pasado una propuesta de Izquierda Plural que pedía (1) que el Gobierno rechazara el Acuerdo que se estaba negociando, (2) que en todo caso se sometiera a referéndum y (3) que se constituyera un grupo de trabajo que en el plazo de seis meses presente un informe que valore este acuerdo y su repercusión en nuestro país. Por supuesto, estas peticiones fueron denegadas; pueden verse en la web del Congreso los vídeos para abochornarse ante la cerrada defensa que la gran mayoría de los grupos hizo de un Acuerdo cuyo contenido obviamente desconocían, limitándose a planteamientos genéricos sobre las bondades del libre comercio y los beneficios que había de traer a España. Uno se queda con la sensación de que esos señores (en especial la del PP) eran meros voceros que repetían lo que les habían ordenado. Otro ejemplo más de la escasa independencia de nuestro Poder legislativo y su alejamiento de los intereses públicos: ni siquiera estuvieron dispuestos a enterarse del contenido y los efectos del futuro Tratado para poder informar cumplidamente a la ciudadanía. Después de veinte meses del inicio formal de las negociaciones bilaterales, y pese al creciente requerimiento público, la estrategia de la gran mayoría de representantes políticos en España y en el resto de Europa parece seguir siendo la de negarse a la transparencia a fin de lograr la firma del Acuerdo con la mínima repercusión posible.

¿Por qué tanto secretismo? Pues parece que se debe a que esta futura Asociación supondrá una vuelta de tuerca más en el proceso en marcha de blindaje del capitalismo salvaje y de prevalencia de éste sobre los intereses públicos. Un paso más, sí, pero bastante crucial, toda vez que, entre otras cosas, exime a las grandes empresas multinacionales de someterse a las normas nacionales, consideradas como obstáculos para el libre comercio. Se trata, como denuncian los detractores de esta deseada Asociación, de despojar a los Estados de gran parte de su soberanía, cediéndosela a unos comités de arbitraje de naturaleza privada y ajenos totalmente a mecanismos de control democrático. Un informe del Seattle to Brussels Network, otra organización civil organizada contra los manejos de los hacedores de la economía globalizada, sostiene que el Acuerdo consagraría la capacidad de las grandes corporaciones para actuar al margen de las decisiones políticas, convirtiendo de iure a los representantes elegidos por los ciudadanos en lo que ya son de facto: meros voceros de sus intereses. Si es así en cuanto a las formas, no hay que ser demasiado perspicaz para deducir de qué va el fondo del Tratado, cuáles son sus contenidos. Pues parece que, en efecto, se pretende suprimir toda regulación que limite o amenace los beneficios de las multinacionales, en asuntos tan sensibles y relevantes como, por ejemplo, la energía, la medicina, los productos químicos, la minería, las políticas sociales ... Aunque, debido al secretismo que persiste, es muy difícil hacerse una cabal idea de hasta donde se pretende llegar, los retazos que se van conociendo son desde luego para que cualquier persona decente se asuste. Si por ahí van los tiros (y parece que sí, que van por ahí), considero que cada uno de nosotros tiene la obligación moral de intentar enterarse y, para ello y como primera medida, sumarse a quienes reclaman como exigencia obvia que se hagan públicos los contenidos de este acuerdo y que se, antes de suscribirlo, se produzca el necesario debate político.

Poco a poco, las campañas de difusión de colectivos civiles van logrando, pese al obstinado silenciamiento oficial y mediático, que cada vez más gente se entere de este asunto y reclame lo que, bajo cualquier mínimo democrático, es evidente. Una de las personas que más respeto y crédito me merecen, la francesa nacida norteamericana Susan George, está empeñada desde hace meses en denunciar los graves efectos de este Tratado y suele acabar sus conferencias asegurando que "esta batalla la vamos a ganar". Pero para ello es necesario abandonar la habitual indiferencia, esforzarnos cada uno de nosotros en conocer y contribuir a la movilización ciudadana. De momento, ni siquiera se trata de estar en contra del Acuerdo, bastaría con que simplemente se sometiera su contenido al debate democrático. En el video que pongo a continuación, una chica de Gerona, editora de la revista internáutica Cafè amb llet narra muy didácticamente lo que se nos viene encima y lo que está en juego. Creo que merece la pena escucharlo completo y, a partir de ahí, ponerse manos a la obra.

El cáncer que nos devora

Lo realmente grave de la situación española no es el paro, tampoco la corrupción o el fraude fiscal, ni el desmantelamiento del estado del bienestar, ni la extensión de la pobreza en el marco de una escandalosa desigualdad social, ni el muy preocupante debilitamiento de la independencia de las instituciones democráticas, ni –desde luego– la amenaza nacionalista a la unidad de España ... Todos estos problemas son gravísimos, dramáticos varios de ellos pues los viven en sus carnes personas reales, suficientes casi cualesquiera de ellos para diagnosticar que el estado del paciente –sea éste la sociedad española o el Estado– es crítico, con altísimo riesgo de palmar a corto plazo. Sin embargo, ninguno de ellos es el problema principal, originario, sino consecuencias de éste. Siguiendo con la metáfora sanitaria, es como si España tuviera sida, y cada uno de los problemas que he relacionado una de las muchísimas enfermedades que se manifiestan debido al deterioro del sistema inmune.

Vivimos en un sistema capitalista, así se llama el marco socioeconómico en el cual se desarrollan nuestras vidas. Los dos componentes básicos e indisolubles del sistema –la propiedad privada de los medios de producción y la búsqueda del máximo beneficio– existen casi desde siempre (yo diría que desde antes del nacimiento del capitalismo como sistema prevalente) y han demostrado tener una fortaleza indiscutible, tanta que hay quienes opinan que derivan de la propia naturaleza humana. Lo cierto en cualquier caso es que hace mucho que ni siquiera se cuestionan (de forma definitiva tras el colapso de los regímenes del socialismo real de la Europa del Este), no sólo en términos prácticos sino tampoco teóricos. En tal sentido, es relevante el éxito ideológico que supone haber logrado vincular en una aparente unidad indisoluble valores éticos indiscutibles con los componentes del capitalismo, lo que otorga una especie de legitimidad moral a éstos (por ejemplo, hace unos días escuchaba a un conferenciante exponer que los tres derechos primigenios de todo ser humano eran a la vida, la libertad y ... ¡la propiedad privada!).

En Estados Unidos y en Europa occidental, desde el segundo tercio del pasado siglo, se llegó a un doble convencimiento: la aceptación (con distinto grado de entusiasmo) de que la economía debía desenvolverse en el marco del capitalismo y, en segundo lugar, que debían ponerse unas reglas y límites a los mecanismos capitalistas para evitar que éste impidiera el bienestar colectivo. Las acciones de gobierno guiadas por este planteamiento correspondieron mayoritariamente a los que se dieron en llamar partidos socialdemócratas, principales responsables de la consolidación en nuestro entorno de los estados del bienestar, gracias –no lo olvidemos– a unos desequilibrios globales profundamente injustos y a olvidar en las ecuaciones muchos factores (por ejemplo, los llamados costes ambientales). Pero, en todo caso, lo cierto es que esta especie de pacto entre el capital y el conjunto de la población funcionó razonablemente bien (sobre todo si lo miramos desde la actual situación), lo que, de rebote, permitió que el Estado, que nominalmente es el representante de la ciudadanía, obtuviera un alto grado de legitimidad social.

Ese pacto se basaba (y se basa) en reprimir las tendencias naturales intrínsecas al capitalismo. La lógica de éste es muy similar, por volver a las metáforas médicas, a la de un cáncer: crecer exponencialmente matando en el proceso a otras células. La apuesta socialdemócrata equivaldría, pues, a permitir esos crecimientos para aprovechar sus efectos beneficiosos pero evitando que aparecieran los malignos. Difícil y arriesgada tarea, sin duda, porque en la naturaleza de las células cancerosas no existe ningún mecanismo discriminador, lo único que se plantean es crecer cómo y dónde puedan, sin que el proceso venga condicionado por la valoración de sus efectos. Por tanto, que el modelo funcionara dependía casi exclusivamente de la firmeza de esos "médicos" socialdemócratas que habían de estar en constante atención a la evolución del cáncer para en cada momento ir adoptando las medidas necesarias para reconducirla. Ciertamente, podría haberse decidido cortar por lo sano, acabar con el cáncer. Sin embargo, los ejemplos que se conocían de tal alternativa –los vecinos países del socialismo real– parecían soluciones peores a mantener esta arriesgada coexistencia entre capitalismo y progreso social.

Ahora bien, hacia principios de los ochenta algunos gobernantes muy poderosos empezaron a pensar que se había exagerado el riesgo de los efectos malignos del capitalismo y que, consiguientemente, tampoco hacía falta mantener los corsés públicos tan ajustados. Ese cambio ideológico pudo ser bienintencionado o interesado; es decir, propiciado por aquéllos que están al servicio de las propias células cancerosas. El hecho es que desde la época de Thatcher y Reagan se empezaron a adoptar medidas concretas que removían varios de esos límites puestos por la socialdemocracia, con el resultado –no inmediato pero sí inexorable– de que poco a poco se iban disolviendo cosas que ingenuamente dábamos por realidades asentadas e inamovibles. El crecimiento canceroso se disparató expandiéndose a costa de casi todo, incluso sobre aquellos ámbitos más "sagrados". Y –lo que es muy importante– sus efectos durante la primera etapa en la que se iban desmontando las viejas barreras parecieron beneficiosos al conjunto de la ciudadanía. Esto posibilitó –junto con la muerte del paciente al que años antes se le había decidido extirpar el cáncer– la exaltación ideológica, casi hasta el extremo de erigirse en pensamiento único, de la bondad del capitalismo sin límites. Así se llegó a dos planteamientos que, sumados, alcanzaban una aceptación casi absoluta. El primero, que lo mejor para la ciudadanía es dejar al capitalismo que funcione con sus propios mecanismos sin interferir desde el Estado (desde la regulación pública); éste, en España, es el del PP. El segundo, cuyo más significativo representante ha sido en nuestro país el PSOE, sería el de la resignación; entienden que algunos abusos (bastante mayores de los que sus antecesores habrían admitido) deberían limitarse pero, como las cosas con como son, esos límites deben adoptarse con el permiso de los capitalistas, no vayan estos señores a enfadarse y empeorarnos la situación. En resumen, toda la clase política –con muy honrosas excepciones– había aceptado –a gusto o no tanto– como inevitable el modo en que funcionaba el sistema capitalista y, gracias a los mecanismos mediáticos del Poder, había convencido a la gran mayoría de la ciudadanía de que así tenían que ser las cosas.

En este marco nos cae la crisis, que no es otra cosa que la consecuencia absolutamente lógica e inevitable del funcionamiento canceroso del sistema. No es una crisis de la economía productiva, sino de la financiera, de algo que los mortales comunes no podemos entender por la sencilla razón de que es una soberana mentira, un monumental montaje ficticio organizado simplemente para la acumulación desaforada del capital. Dicho sea de paso, esa dificultad de entender la economía financiera es otro factor nada desdeñable del triunfo ideológico del sistema, con el suicida enaltecimiento a la categoría de sumos sacerdotes de perfectos ignorantes –muy bien pagados, eso sí– que con sus títulos de economistas, se dedican a pontificar sobre mecanismos del mercado (que demuestran, dados sus errores proféticos, no dominar) como si se tratara de leyes físicas. La crisis es –hay que decirlo con absoluta claridad– resultado de la voracidad sin límites del capitalismo. Sin duda sería acertado calificar a los capitalistas de idiotas, por no darse cuenta de que –como el cáncer– destruyendo el resto de células del cuerpo social se están condenando a sí mismos. Pero no es que no se den cuenta (al menos bastantes de ellos) sino, simplemente, que como el escorpión que le pidió a la rana que le ayudara a cruzar el río, no pueden hacer otra cosa: está en su naturaleza. Por eso es absolutamente lógico que, como todavía quedan células que se resistían a la destrucción generando una momentánea detención del proceso canceroso, los servidores del capitalismo –es decir, los gobernantes– adopten las medidas que han adoptado para salir de la crisis. Que, en efecto, son buenas medidas para salir de la crisis, de la crisis del capitalismo, para lograr que –por alguna temporadita más– el cáncer vuelva a gozar de buena salud. ¿Qué medidas? Pues, en síntesis, todas aquellas que faciliten que el capitalismo siga creciendo, siga devorando las células que todavía eran inmunes a la invasión.

Los resultados de estas políticas están a la vista. Tan a la vista que muchísima gente se siente indignada por la ineficacia de las medidas adoptadas para mejorar su situación y, lo que es más importante, por las tremendas injusticias que suponen. Una indignación generalizada que no es, desde luego, la primera vez que se produce pero ahora, como consecuencia en primer lugar de la torpe avaricia del capital, se articula constructivamente. Y así, después de tantos años, los dogmas (falsos) de la ideología neoliberal se ponen en cuestión, empiezan a tener audiencia y credibilidad voces que, con argumentos razonables, sostienen que no es necesariamente inevitable asumir la lógica voraz del cáncer financiero, que hay que ponerle determinados límites al capitalismo. Las propuestas que se hacen (a las que me gustaría referirme en otro momento) no son en absoluto comunistas, no pretenden extirpar el cáncer (prohibir el afán de lucro o la propiedad privada de los medios de producción). No, simplemente recuperar algunos de los presupuestos asumidos por la socialdemocracia desde los cincuenta, volver a establecer esos límites en los que encauzar (y a los que supeditar) la actividad económica privada. Pero desde su arrogante posición triunfante los capitalistas no están dispuestos a admitir a estas alturas lo que permitía hace unas décadas aunque lo cierto es que la fuerza del rechazo social y las posibilidades reales de que sus contramedidas puedan ponerse en práctica los han atemorizado. Por eso han movilizado sus múltiples instrumentos mediáticos y políticos a fin de ensuciar y desprestigiar a quienes convierten la indignación social en alternativas de actuación, y lo hacen sin rehuir los medios más ruines, abusando hasta el vómito de la demagogia y del populismo, recurriendo siempre a argumentos de autoridad (que cada vez valen menos ante el resquebrajamiento de los dogmas que creían tener tan sólidamente asentados) y evitando la discusión ordenada y racional sobre la viabilidad de las propuestas concretas. Esta estrategia, en mi opinión, es insostenible; no creo que ya puedan volver a convencernos de que la única forma en que la economía puede funcionar sea la del capitalismo desregulado. Por tanto, a los dueños del Poder (o sea, a los capitalistas y sus servidores) se les abren dos opciones: o admiten que deben someterse a ciertos límites (recuperar los viejos presupuestos de la socialdemocracia) o imponen a la fuerza sus condiciones (fascismo encubierto bajo una democracia cada vez más alejada de la soberanía ciudadana). De más está decir que –incluso para ellos– la alternativa más inteligente sería la primera. Sin embargo, por lo que se ve de momento, pareciera que nuestros estúpidos y suicidamente ambiciosos ostentadores del Poder están optando por la segunda.

 
L'estaca - Lluis Llach (Concentric, 1968)