Cook versus Trump

El 25 de agosto, Trump le envió una carta a Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, que decía lo siguiente: 

 

 “Por la presente, se le notifica que usted queda destituida de su cargo como Gobernadora de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, con efecto inmediato. Esta acción se basa en un informe remitido por el Director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), William Pulte, en el cual se detalla un posible fraude hipotecario de su parte. El informe alega que usted declaró falsamente en solicitudes de préstamo que dos propiedades —una en Atlanta, Georgia, y otra en Ann Arbor, Michigan— eran su residencia principal. Esa representación, de ser cierta, le habría permitido obtener indebidamente tasas de interés preferenciales. El Sistema de la Reserva Federal tiene la enorme responsabilidad de fijar tasas de interés, supervisar instituciones financieras y mantener la confianza del pueblo estadounidense en la integridad de su economía. Es fundamental que cada miembro de la Junta de Gobernadores posea la mayor honestidad e integridad. A la luz de estas alegaciones de conducta deshonesta y posiblemente criminal en un asunto financiero personal, carezco de confianza en su capacidad para cumplir con las obligaciones de su cargo. Por lo tanto, su mandato como Gobernadora queda terminado inmediatamente”. 

 

Trump publicó esta “carta de despido” en su red social Truth y, como es natural, la noticia se difundió internacionalmente. La cobertura mediática, sin embargo, fue confusa y no quedó del todo claro si Lisa Cook había cesado en su cargo o solo se trataba de un intento de Trump de echarla. Desde luego, para quienes desconocemos el sistema administrativo de los EEUU resultaba extraño que un alto cargo de la administración pudiera ser cesado fulminantemente mediante una carta del Presidente. 

 

Ahora bien, tres días después Lisa Cook presentó una demanda en el Tribunal del Distrito de Columbia contra la acción de Trump. Como argumentó un amigo mío, si ha presentado una demanda es que está efectivamente cesada. Sin embargo, una de las razones de la demanda era justamente que el poder judicial dictara que la pretensión de Trump de despedirla era nula por ilegal y, por tanto, quedase claro que Cook seguía siendo miembro activo de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Pero, además de eso, Cook también tenía otro objetivo, que era ganar tiempo, impidiendo que Trump tomara otras medidas contra ella mientras durara el proceso. De hecho, el 9 de septiembre, la jueza federal emitió una orden cautelar en ese sentido. En resumen, el que Cook presentara una demanda no implica que hubiera sido efectivamente cesada. 

 

Dos días después, la administración Trump presenta un recurso contra la orden cautelar del Juzgado de Distrito, solicitando que se revoque la suspensión y que se pueda proceder al despido de Cook. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, ayer mismo, confirma la orden cautelar del tribunal de distrito y dictamina que Cook está protegida en su cargo y que se le negó el debido proceso, al no darle audiencia. Lo que me importa resaltar es que, como yo presumía, el Presidente no puede despedir a un miembro de la Reserva Federal por carta; es necesario seguir un procedimiento administrativo que debe ofrecer al que se pretende destituir la posibilidad de exponer sus argumentos y que, además, ese “acto” es susceptible de ser recurrido en los tribunales. 

 

Todo ello es absolutamente normal y obligado en un sistema democrático y que así haya ocurrido permite verificar que, al menos en este caso (y de momento), que en Estados Unidos sigue vigente el estado de derecho. Pero también muestra que el más alto cargo del ejecutivo no cree en estas reglas elementales del ejercicio del poder y que considera que puede tomar decisiones arbitrarias y al margen de los procedimientos establecidos precisamente para garantizar los derechos. Hay demasiados ejemplos de que Trump pretende imponer una forma de ejercer la presidencia muy cercana a como lo hacen los dictadores. Lo que es poco discutible es que desprecia olímpicamente las reglas de la administración, que considera trabas burocráticas que le obstaculizan en su loable voluntad de make America great again. Afortunadamente, no puede desmontar el sistema y someter a todas las instituciones a sus arbitrarios y volubles deseos. Lo sabe y, por eso, lo que hace es colocar en los puestos claves a personas que le son sumisas. 

 

En el caso de Lisa Cook, la sentencia del Tribunal de Apelaciones fue emitida por un Tribunal de tres magistrados y uno de ellos, Gregory G. Katsas emitió un voto discrepante. Este Katsas (61 años de edad) fue nombrado por Trump en 2017, al final del primer año de su anterior mandato y había trabajado entre los asesores legales de la Casa Blanca durante los meses previos. En opinión de este magistrado, los argumentos de Trump para destituir a Cook (posibles declaraciones falsas en solicitudes hipotecarias) son suficientemente graves para que haya una legítima preocupación sobre su idoneidad como reguladora del sistema financiero y, por tanto, el Tribunal debería permitir que, en paralelo al juicio, la Casa Blanca pudiera llevar a cabo el proceso de destitución. Nótese que, al margen de que podamos sospechar que la intención de Katsas es favorecer a Trump, su voto es respetuoso con la lógica del Derecho. Argumenta que es más conveniente para el interés público permitir el proceso de destitución de Cook, pero reconociendo que debe hacerse mediante la preceptiva tramitación, garantizando los derechos de Cook en el proceso administrativo.