Pasar por el aro

Como ya he contado en anteriores posts, yo estudié la carrera de arquitectura en Lima. Eso fue así porque, medio año antes de acabar sexto, a mi padre le enviaron de agregado laboral a la Embajada de España en el Perú. Yo me quedé hasta junio, hice mi reválida para conseguir el título que acreditaba la finalización de la enseñanza secundaria (saltándome COU) y viajé a Lima donde, en un par de meses y a la tierna edad de dieciséis años, ingresé en la universidad. Por supuesto, antes de desplazarme, mi padre se había asegurado de que una titulación peruana era plenamente convalidable en España. De hecho, conocíamos varios latinoamericanos que por esos años ejercían sus profesiones en este país tras haberlas homologado de forma "automática" en virtud de los correspondientes convenios culturales. El que por entonces había entre España y Perú establecía que se reconocía a los titulados de cada país el ejercicio de sus profesiones en el otro con igual alcance y competencias que en el suyo de origen. Así que, como desde el principio mi familia tenía previsto que regresase, no se pensó que fuera a haber ningún problema con la convalidación de los estudios. Eso sí, debía acabar la carrera, porque las convalidaciones parciales las hacían las universidades, mediante escrupulosas comparaciones entre asignaturas, lo que solía concluir en atrasos considerables.

En el año 81, sin embargo, las cosas habían cambiado; si no legalmente (el convenio seguía en vigor), sí en las actitudes de los órganos oficiales españoles. Para esas fechas había ya "demasiados" inmigrantes latinoamericanos con titulaciones superiores y, al menos en arquitectura, se empezaba a sentir la competencia. Además, empezaron a destaparse casos de irregularidades fraudulentas que, si bien sólo se referían a determinadas universidades y titulaciones concretas (las más famosas fueron las de odontólogos de países centroamericanos), sirvieron de excusa para generalizar el rechazo hacia cualquier título latinoamerican. El caso es que los trámites para la homologación de mi título fueron arduos y complejos, hasta el punto de que tanteé la posibilidad de la convalidación parcial. Mi padre, que se lo tomó casi como una ofensa personal (mucho más que yo), movió Roma con Santiago hasta que, tras unos añitos, me "concedieron" el título español de arquitecto. Pero no acabaron ahí mis avatares.

El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos para entonces había decidido pasar a la ofensiva que, en mi caso, se tradujo en un recurso contra la orden ministerial de homologación de mi título. Mientras el tema se resolvía judicialmente, lo cierto es que yo era oficialmente arquitecto español y, como tal, obligado a colegiarme para ejercer la profesión. No lo hice hasta que me desplacé a Tenerife y, al poco, recibí una carta del Colegio de Canarias advirtiéndome que, siguiendo las instrucciones del Consejo, salvo que mis proyectos los firmara en colaboración con un arquitecto con título español, informarían a mi cliente y al Ayuntamiento correspondiente de que, a su juicio, yo no acreditaba los conocimientos suficientes para ejercer la carrera. El argumento del Consejo era que los arquitectos peruanos no asumían la responsabilidad civil sobre el cálculo de las estructuras (lo que es cierto) de lo que se desprendía que no recibían formación suficiente en esas materias (lo que es falso). No voy a entrar aquí ni siquiera a resumir la discusión a ese respecto; me limito a declarar que revela un cinismo descarado por parte de la máxima institución corporativa de los arquitectos españoles.

Durante esos años ejercí mi profesión asociado con un compañero, por lo que, en la práctica, no tuve apenas ningún incidente práctico (hay que decir, en honor al Colegio canario, que hacían lo que hacían por órdenes de Madrid ya que ellos no eran ni mucho menos tan impresentables). Incluso accedí a la función pública como titulado superior de la escala técnica. Y como la justicia es muy lenta pasaron varios años y hacia el noventa y pocos, la Audiencia Nacional falló el recurso dando la razón al Consejo y declarando nula mi convalidación. De pronto me encontré con que pasaba de ser arquitecto superior a simple bachiller con la consecuencia (supongo que bastante inédita en la Administración española) de cesar como funcionario, ya que había accedido con un título que no era tal. Entonces, obviamente, fui yo quien recurrí y tras un par de años el Tribunal Supremo falló a mi favor y volví a ser arquitecto (y funcionario).

Vueltas las cosas a su cauce se suponía que debería haberme vuelto a colegiar (tras el fallo de la Audiencia recibí una carta del Consejo con un tonillo bastante insultante en la que ordenaban mi "descolegiación"). Sin embargo, como es natural, yo no le tenía mucho cariño a "nuestra" organización corporativa y, además, tampoco la necesitaba: era funcionario y los trabajillos externos que de vez en cuando hacía los facturaba al margen del Colegio, evitándome las tasas correspondientes (bien es verdad que había ido abandonando los proyectos de edificación, que es la actividad que de verdad controlan los Colegios). Así que opté por pasar del Colegio. Hasta ahora.

El 30 de mayo pasado causé baja en el régimen general de la Seguridad Social, como consecuencia inmediata de mi excedencia. Ha pasado todo junio sin que haya podido, por los agobios de la puesta en marcha del nuevo curre, arreglar los papeles. Hoy, por fin, me he tomado la mañana para pasar por la Hacienda canaria, la estatal y la Seguridad Social. En los dos primeros organismos, ningún problema; comprobé que ya estaba dado de alta en actividades profesionales desde hace dieciocho años y me puse al día de las obligaciones (y papeleos) que ahora me tocan. Pero en la SS una funcionaria muy borde, cuando le dije que llevo tantos años con actividad profesional, me dijo muy indignada que he incumplido mi obligación de pagar la cuota de autónomos. Yo no lo sabía; pensaba que si ya tenía seguridad social como empleado no había de pagar como autónomo. Sin embargo ella decía que debía de haber contribuido por ambos regímenes (lo cual no termina de cuadrarme, pero en fin) y que ahora tenía una deuda que había de saldar. Así, me informó, al darme de alta me llegaría un requerimiento de la inspección de trabajo reclamándome los cinco últimos años, unos 18.000 euros. Me quedé de piedra, le di las gracias y salí del edificio sin, por supuesto, presentar mi solicitud de alta en el régimen de autónomos.

Y decidí que había llegado el momento de olvidar viejas rencillas; el tiempo, ya se sabe, todo lo cura. Me encaminé al Colegio de Arquitectos y procedí a "recolegiarme", recuperando mi viejo número de hace más de veinte años (no me habría gustado que me dieran uno nuevo como si fuera un recién licenciado). Luego crucé la calle y entré en las dependencias de la Hermandad de Arquitectos, el seguro de salud y pensiones del colectivo que, oportunamente, tiene un concierto con la seguridad social de modo que, para los arquitectos, sustituye la cuota de autónomos. Allí, una chica encantadora, me explicó las prestaciones (bastante mejores que las de la SS; incluso que las de los seguros privados de salud) y me calculó la cuota mensual (exactamente tres euros más que la de la SS). Firmé lo que había que firmar y salí dando por resuelto un problema. Ya tengo los papeles en orden para trabajar como profesional autónomo.

Eso sí, he tenido que abdicar de otra de mis frívolas declaraciones de principios. Al final, casi todos pasamos por el aro.

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